REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
204º y 155º

Expediente Nº: AP11-V-2013-001300.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana ANA OLIVA ROSAS BONILLA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.758.194, representada Judicialmente por la Abogada FANNY BRITO DE ROYETT, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 63.156.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano VÍCTOR JOSE PETROLA BORGES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.122.612.

MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

TIPO DE SENTENCIA: PERENCIÓN (Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva).

I
SÍNTESIS DEL PROCESO

Comenzó la presente acción, por libelo proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documento del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de Septiembre de 2013, presentado por la Ciudadana FANNY BRITO DE ROYETT, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 63.156, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la Ciudadana ANA OLIVA ROSAS BONILLA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.758.194, mediante el cual demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, al Ciudadano VÍCTOR JOSE PETROLA BORGES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.122.612, consignaron recaudos, correspondiéndole conocer de la causa al Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 26 de Septiembre de 2013, el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncio y declino la competencia de la presente demanda, a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 31 de Octubre de 2013, el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, dicto auto ordenando la remisión del expediente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la misma fecha libró Oficio Nº 631-13, a los fines de su remisión.
En fecha 08 de Noviembre de 2013, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documento de los Juzgados de Primera en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole conocer de la causa a este Juzgado.
En fecha 14 de Noviembre de 2013, este Tribunal admitió la demanda, ordenó la citación del demandado ciudadano Víctor José Petrola Borges, domiciliado en Estado Carabobo, por lo cual se libró Oficio Nº 0774, comisionando al Juez Distribuidor de Municipio de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Maguana y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Igualmente, ordenó librar edicto de conformidad con lo establecido en los artículos 692 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Se instó a la parte actora a consignar la Certificación de Gravámenes del inmueble, ordenó aperturar cuaderno de Medidas Cautelares a los fines de pronunciarse sobre la medida solicitada. En la misma fecha se aperturo cuaderno de medidas signado con el Nº AH15-X-2013-000101, en el cual se negó la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la parte actora.
En fecha 21 de Noviembre de 2013, Compareció la Apoderada Judicial de la parte actora Abogada Fanny Brito, inscrita en el Inpreabogado Nº 63.156, mediante la cual solicitó se determinara otro diario para la publicación del Edicto y ser nombrada correo especial, a los fines del traslado de la citación al tribunal comisionado.
En fecha 22 de Noviembre de 2013, este Tribunal dictó auto ordenando se publicara el edicto en dos diarios “ultimas Noticias” y “El Nacional” de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 13 de Diciembre de 2013, Compareció la Apoderada Judicial de la parte actora Abogada Fanny Brito, inscrita en el Inpreabogado Nº 63.156, mediante la cual consignó los fotostatos requeridos para el cumplimientos de la citación personal.
En fecha 23 de Enero de 2014, compareció el Ciudadano Miguel Peña en su carácter de Alguacil Titular de este Circuito Judicial, consignó resultas del Oficio Nº 0774, debidamente sellado y firmado.
En fecha 13 de Mayo de 2014, se recibió resultas de comisión mediante Oficio Nº 340 de fecha 28 de Abril de 2014, proveniente del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual informan que la citación personal, no fue cumplida por cuanto la parte actora no consigno los emolumentos necesarios para su cumplimiento, en virtud que la dirección se encontraba a una distancia mayor a los quinientos metros de la sede del tribunal comisionado para cumplir con la misma.
En fecha 19 de Mayo de 2014, este Tribunal dictó auto acordando agregar las resultas de comisión, y corrección de la foliatura y su correspondiente tachadura de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil.

II
MOTIVA

Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:

“Artículo 267.-”También se extingue la instancia:

1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. (...).”


Así las cosas, considera esta Juzgadora oportuno citar el criterio sostenido y aplicado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 06 de Julio de 2004, por el Magistrado Ponente CARLOS OBERTO DE VELEZ, en el caso José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, en el cual se señala que si bien es cierto que hoy en día rige el principio constitucional de la gratuidad de la justicia, también es cierto que es necesario que la parte demandante suministre al Alguacil del tribunal los recursos económicos necesarios, a los fines de que el mismo cumpla la función que por Ley le ha sido asignada, lo cual lo estableció la Sala textualmente en los términos siguientes:

“...No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando esta haya de practicarse en un sitio que diste mas de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliarios de justicia que impone el articulo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso publico. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia anta la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demás que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece....”.

En este orden de ideas, esta Juzgadora a los fines de pronunciarse en el caso sub examine, verificando los hechos que se desprende de los autos, acoge y hace suyo el criterio Jurisprudencial establecido de forma reiterada y pacifica por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue aplicado en Sentencia de fecha 17 de Abril de 2012, Ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, la cual deja asentado:

“Ahora bien, realizado el recuento de los eventos procesales ocurridos en el sub iudice, la Sala considera necesario referirse previamente a la figura de la perención y a la doctrina imperante de esta Sala respecto a dicha institución procesal.
En relación a la perención, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla…”. (Negritas de la Sala).

La norma supra transcrita se refiere a la figura de la perención; institución procesal, íntimamente vinculada con el principio del impulso procesal, concebida por el legislador como una sanción para las partes involucradas en la causa que hayan abandonado el juicio por el transcurso del tiempo, trayendo como consecuencia la extinción del proceso.
La perención operará única y exclusivamente por la inactividad, negligencia o descuido de las partes al no realizar ningún acto para darle continuidad e impulso a la resolución de la controversia, más no puede ser atribuida a la omisión o falta de acción del juez. Dependiendo de las circunstancias de las que se traten podrá ser declarada entre un mes y el año, luego de haberse materializado la inacción. (Resaltado del este Tribunal).”

Ahora bien, de los criterios anteriormente citados, se desprende categóricamente, que la Perención Breve de la Instancia, establecida en el Artículo 267 de la norma adjetiva civil, refiere un hecho sancionatorío al justiciable al incumplir con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado, constituyéndose dos elementos para que opere, a saber de:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de treinta días sin haberse cumplido con las obligaciones impuestas por el legislador a los fines de impulsar la practica de la citación de la parte demandada; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Es menester destacar, que el legislador, de igual forma le otorga al Juez la potestad de declarar la perención aun de oficio, tal y como lo dispone del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente establece:

“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”

Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto de la revisión a las actas que conforman el presente expediente se evidencia que desde el 27 de enero de 2014, fecha en la cual le dio entrada el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia Libertador Los Guayos Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ente comisionado para cumplir con la citación personal de la parte demandada Ciudadano Víctor José Petrola Borges, hasta la fecha 25 de abril de 2014 transcurrieron mas de 90 días continuos para la consignación de los emolumentos a los fines de dar cumplimiento con la citación personal del demandado, por lo que debe concluirse que en este juicio ha operado la perención breve de la instancia, y ASÍ SE DECLARA EXPRESAMENTE.

DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento de los Criterios Jurisprudenciales anteriormente transcritos y de conformidad con el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario y Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. En consecuencia, se ordena notificar a la parte actora de esta decisión, de conformidad con el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 233 eiusdem.- ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, publíquese, notifíquese y déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.-
LA JUEZ TITULAR,

DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

ABG. LUÍS MIGUEL GONZÁLEZ.-

En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior sentencia, siendo las ___________.-


EL SECRETARIO ACCIDENTAL.

AMCDEM/LMG/fv.-