REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
PARTE ACTORA: Sociedad mercantil PROMOTORA 204 C. A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha primero (1º) de Abril de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el Número 54, Tomo 6-APro., de este domicilio y con sucesivas modificaciones, las cuales fueron refundidas en un sólo texto, según Acta de Asamblea inscrita en esa Oficina de Registro en fecha once (11) de Mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), bajo el Número 76, Tomo 101-A-Pro.
APODERADO JUDICIALES: ZAIDA GONZALEZ AFONSO y JESUS ENRIQUE SILVA MATHEUS, Abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 21.374 y 23.266, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil DISTRIBUIDORA IVAMAL C. A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha dieciocho (18) de Agosto de dos mil (2000), bajo el Número 78, Tomo 14-A-Sgdo, de este domicilio.
DEFENSOR JUDICIAL: OSWALDO JESUS MADRIZ ROBERT, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Número 101.864.
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.
EXPEDIENTE NUMERO: AH1B-V-2003-000111 (Tribunal de la causa).
EXPEDIENTE NUMERO: 12-0406 (Tribunal Itinerante).
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
I
NARRATIVA
Se refiere la presente causa a una demanda que por Resolución de Contrato sigue la sociedad mercantil PROMOTORA 204 C. A. contra empresa mercantil DISTRIBUIDORA IVAMAL C. A.
Previa su distribución, la demanda fue admitida en fecha nueve (09) de Julio de dos mil tres (2003) por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Siendo imposible la citación personal de la parte demandada ni por si ni por medio de Apoderado Judicial alguno, se ordenó practicar la misma mediante Cartel de citación, cumpliéndose con el último de los requisitos a que se contrae el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en fecha quince (15) de Septiembre de dos mil cuatro (2004), según nota dejada por el Secretario del Tribunal.
Transcurrido el lapso para darse por citado sin que la demandada haya comparecido ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno, a solicitud de la representación Judicial de la parte actora se le designó un Defensor Judicial, recayendo dicho nombramiento en la persona del ciudadano OSWALDO JESUS MADRIZ ROBERTY, Abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Número 101.864, quien una vez cumplidos los trámites de Ley, quedó debidamente notificado mediante diligencia de fecha veintinueve (29) de Noviembre de dos mil cinco (2005); en esa misma fecha el defensor Ad-Litem renunció al lapso de comparecencia y aceptó el cargo recaído en su persona y prestó el juramento de Ley ante ese Juzgado.
En la oportunidad para dar contestación a la demanda el Defensor Judicial designado consignó su respectivo escrito de contestación y anexó telegrama en copias simple sin ningún tipo de sello de recibido del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).
En la oportunidad correspondiente para promover pruebas, sólo la parte actora ejerció su derecho, siendo admitidas por el Tribunal de la causa en fecha veintisiete (27) de Enero de dos mil seis (2006).
En fecha trece (13) de Febrero de dos mil doce (2012) el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial en acatamiento a la Resolución Número 2011-0062 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha treinta (30) de Noviembre de dos mil once (2011), remitió bajo oficio Número 21944-12 este expediente para su distribución a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U. R. D. D.) de esos Juzgados.
Consta que en fecha nueve (09) de Abril de dos mil doce (2012) este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le dio entrada a las presentes actuaciones y le asignó el Número 12-0406.
En fecha diecisiete (17) de Octubre de dos mil trece (2013), este Tribunal dejó constancia del avocamiento de la suscrita Juez.
Consta en actas del expediente que en fecha treinta (30) de Octubre de dos mil trece (2013), se agregó a los autos el cartel único publicado en esa misma fecha en el Diario Últimas Noticias y se fijó en la sede de este Tribunal, se publicó en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia y se dejó constancia por nota de Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley.
II
MOTIVA
PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL OBSERVA:
En este respecto, considera este Tribunal menester hacer referencia al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a las funciones del Defensor Ad-Litem, mediante sentencia de fecha veintiséis (26) de Enero de dos mil seis (2006), Expediente Número 02-1212, con ponencia del Magistrado Doctor JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO mediante la cual expresó: “…En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante. El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado. Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa…”.
En este mismo orden de ideas, quedó establecido por sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciocho (18) de Noviembre de dos mil once (2011) con ponencia del Magistrado Doctor CARLOS OBERTO VELEZ lo siguiente: “…Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad-litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión Nº 33, que “(…) la función del defensor ad-litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad-litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad-litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad-litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable…”
En forma reiterada ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la actuación del defensor judicial, que no puede circunscribirse a la mera aceptación del cargo y posterior juramentación, sino que deberá realizar todas aquellas actuaciones necesarias a favor del demandado, pues de lo contrario se impone que el Juez como director del proceso debe asegurar la defensa del demandado, en función de que la actividad del defensor judicial es de función pública y se le impone velar porque se cumpla el proceso como es debido, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
Del estudio de las actuaciones realizadas y visto lo expuesto por la Sala Constitucional respecto de la obligación del defensor ad litem de procurar en su buena defensa contactar a su defendido, se concluye que el abogado designado como defensor de la demandada no cumplió debidamente con los deberes inherentes a su cargo, puesto que sólo se evidencia que su actuación para contactar a sus defendidos estuvo reducida a un telegrama consignado en copia simple, sin ningún tipo de sello del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) que demuestre que fue entregado a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA IVAMAL C. A., para dar contestación a la demanda. Por lo cual a juicio de esta sentenciadora constituye una omisión en el cumplimiento de formalidades esenciales para la validez de este proceso. Por lo que se repone la causa al estado de que se lleve a cabo nueva contestación en autos del acuse de recibo de telegrama enviado por el defensor Ad-Litem, a la parte accionada avalado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL). Y ASÍ SE DECIDE.
III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena:
PRIMERO: La REPOSICION de la causa al estado de que se lleve a cabo la contestación a la demandada, todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: Quedan nulas todas las actuaciones a partir de la contestación a la demanda del defensor judicial.
TERCERO: Se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que notifique a la parte actora de este fallo; así como al Defensor designado o en su defecto sea designado un nuevo defensor judicial y den continuidad al presente juicio.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE y REGISTRESE.
Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ,
CELSA DIAZ VILLARROEL.
LA SECRETARIA,
DAYANA PARODI PEÑA.
En la misma fecha siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a. m.), se registró y publicó la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
LA SECRETARIA,
DAYANA PARODI PEÑA.
EXP. Nº: 12-0406 (Tribunal Itinerante)
EXP. Nº: AH1B-V-2003-000111(Tribunal de la Causa)
CDV/DPP/Yajaira*
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