REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Asunto nº AP21-O-2014-000067. En la oportunidad de pronunciarse sobre la admisión de la pretensión de amparo constitucional y autónoma interpuesta por la sociedad mercantil denominada “INMOBILIARIA BRICKS COMPAÑÍA ANÓNIMA”, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 04/10/2004, bajo en nº 59, t. 977−A, cuyo apoderado es el abogado Alí Venturini, contra la INSPECTORA EJECUTORA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN MIRANDA ESTE, este Tribunal observa lo siguiente: 1.- La accionante demanda a dicha funcionaria pública para que le restablezca la situación jurídica, según infringida; para que este tribunal le ordene suspender la orden de reenganche hasta tanto se ordene el inicio de una articulación probatoria; para que decida previamente el procedimiento de solicitud de calificación de faltas; para que reciba y de entrada a todos de los alegatos y escritos y además, cite a la trabajadora.- 2.- En este sentido, la reclamante pretende mandamiento de amparo constitucional para que un funcionario público cumpla con sus obligaciones, lo cual a todas luces permite la alineación de la pretensión de tutela constitucional en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, porque dispone –la accionante– de mecanismos ordinarios para lograrlo por otras vías como lo sería la prevista en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Administrativa en su artículo 9.2º, demandando la abstención o negativa de la inspectoría para que cumpla sus obligaciones ante los tribunales del trabajo competentes.- Ello es así, porque no podemos obviar lo establecido por la s. n° 2.198 del 09/11/2001 y dictada por la SC/TSJ en el caso Oly Henríquez de Pimentel, en el sentido que la acción de amparo constitucional opera en los siguientes supuestos: “a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores, por lo que, en consecuencia ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos”. De allí que, si la acción constitucional que nos ocupa fue ejercida contra una conducta del supuesto agraviante frente al cual el ordenamiento jurídico prevé canales o medios ordinarios para atacar, resulta claro que los quejosos debían y podían agotarlos. Por lo demás, tampoco se evidencia, de manera inmediata, que hayan acudido por esta vía aportando elementos para demostrar que el uso de aquellos dispositivos ordinarios resultan inútiles para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida. Por tanto, respetando el criterio vinculante de dicha Sala se establece que el amparo propuesto resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASÍ SE CONCLUYE. 3.- Por las motivaciones que anteceden, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, toma la siguiente determinación: 3.1.– INADMISIBLE la acción de amparo constitucional –autónoma– interpuesta por la sociedad mercantil denominada “INMOBILIARIA BRICKS COMPAÑÍA ANÓNIMA” contra la INSPECTORA EJECUTORA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN MIRANDA ESTE, ambas partes debidamente identificadas y en atención a lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.2.– No hay condenatoria en costas por cuanto ninguna de las partes ha resultado vencida en esta queja constitucional en atención a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.3.– Se deja constancia que el lapso para ejercer recursos (03 días de despacho ex artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día de hoy, exclusive. Publíquese y regístrese en el diario (SISTEMA JURIS 2000). Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, miércoles UNO (1) DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). Año 204º de la Independencia y 155º de la Federación.- EL JUEZ, CARLOS J. PINO ÁVILA EL SECRETARIO, CARLOS MÉNDEZ. En la misma fecha y siendo las dos con cuarenta y tres minutos de la tarde (02:43 pm.), se consignó y publicó la anterior decisión. EL SECRETARIO, CARLOS MÉNDEZ. ASUNTO Nº AP21-O-2014-000067.- 01 PIEZA. CJPA ∕ cm ∕ mg.-