REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 27 de octubre de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AH16-V-2008-000320
PARTE QUERELLANTE: Ciudadano LUIS FERNANDO SALAZAR DORTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.221.158
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE QUERELLANTE : RAMON SUAREZ FIGUEROA Y FLABIO SEGUNDO VILLAMIZAR, abogados en ejercicios e inscrito en el Inpreabogado bajo los Nros 26.225 y 131.062, respectivamente.
PARTE QUERELLADA: Ciudadana EUSTAQUIA MARTIN , venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nr . V-4.834.134
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE QUERELLADA : No tiene apoderados judiciales constituidos en autos.
MOTIVO: INTERDICTO DE DESPOJO
-I-
Conoce este Tribunal previa la distribución de ley, la demanda por INTERDICTO DE DESPOJO que interpuso el ciudadano LUIS FERNANDO SALAZAR DORTA, venezolano, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nro. V-5.221.158 contra la ciudadana EUSTAQUIA MARTIN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.834.134.
En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil nueve (2009), se admitió la demanda por el procedimiento especial interdictal y se ordeno ordenó la citación de de la querellada a los fines de que compareciera al SEGUNDO (2DO) día de su citación formularas sus alegatos
En fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009), el Tribunal libro la respectiva compulsa. En fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009), compareció el abogado RAMON SUAREZ FIGUEROA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.225, en su carácter de abogado asistente de la parte querellante, y mediante diligencia consigno copias simples para que se certificaran.
En fecha veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010), el Tribunal dicto auto mediante la cual el Juez de este despacho LUIS TOMAS LEON SANDOVAL se aboco al conocimiento de la causa, y ordeno expedir copias certificada
En fecha dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011), el Tribunal dicto auto en el cual ordeno la SUSPENSION del juicio de conformidad con establecido en los artículos 1,2,3 y 4 del Decreto con Fuerza y Rango de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, a los fines de que cumplieran con el procedimiento especial.
-II-
Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem:
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente.
Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
(…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…).
Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”.
Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.
En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que, desde el dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011), cuando este Tribunal dicto auto en el que ordeno la SUSPENSION del juicio de conformidad con establecido en los artículos 1,2,3 y 4 del Decreto con Fuerza y Rango de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, a los fines de que cumplieran con el procedimiento especial, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide.-
-III-
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Todo de conformidad con lo establecido en artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido por haber transcurrido mas de un (1) año de inactividad entre las partes.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
EL JUEZ, LA SECRETARIA ACC.,
Dr. LUÍS TOMAS LEÓN SANDOVAL. Abg. CAROLYN BETHENCOURT.
En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión siendo las 11:30 a.m.
LA SECRETARIA.
LTLS/MSU/(03)*
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