TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 15 de octubre de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AP11-V-2012-001277
PARTE ACTORA: Ciudadano MIGUEL ANGEL CONTRERAS VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-10.473.968.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: GLADYS YOLANDA PINEDA y ALFREDO DANIEL IZQUIEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-3.657.979 y V-6.247.704, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo los Nos: 25.375 y 131.974, en el mismo orden enunciado.-
PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARIA GREGORIA ALVARES APONTE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-12.057.384.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.
MOTIVO: DIVORCIO.-
- I -
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda y sus respectivos recaudos, presentados en fecha 3 de diciembre de 2012, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la abogada GLADYS YOLANDA PINEDA, quien actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL CONTRERAS VALERA, procedió a demandar por DIVORCIO CONTENCIOSO a la ciudadana MARIA GREGORIA ALVARES APONTE, todos supra identificados, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 185 del Código Civil.-
Habiendo correspondido el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, previa distribución, se admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho por auto de fecha 4 de diciembre de 2012, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 756 del Código de Procedimiento Civil, asimismo se ordenó la notificación mediante Oficio del Fiscal del Ministerio Público, instándose a la parte actora a consignar los fotostatos respectivos a fin de librar la compulsa y el oficio ordenado.
Mediante diligencias presentadas en fecha 9 de enero de 2013, la apoderada actora dejó constancia del pago de los emolumentos necesarios para el traslado del Alguacil a efectos de la práctica de la citación personal de la demandada, asimismo consignó los fotostatos necesarios para librar la compulsa.-
Así, en fecha 10 de enero de 2013, se libró oficio Nº 014-2013, dirigido al Fiscal del Ministerio Público, advirtiéndosele que una vez conste en autos dicha notificación se procedería a librar compulsa respectiva.-.
Consta al folio 26, que en fecha 16 de enero de 2013, el ciudadano JOSE F. CENTENO, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, consigna oficio librado al Fiscal del Ministerio Público, debidamente recibido, firmado y sellado por dicho organismo.
En fecha 13 de marzo de 2013, la representación judicial de la parte actora, consigna un juego de copias simples para la elaboración de la compulsa, siendo librada la misma en fecha 14 de marzo de 2013, tal y como consta al folio 33.-
Consta al folio 34, que en fecha 28 de mayo de 2013, el ciudadano JAIRO ALVAREZ, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, informó haber resultado infructuosa la citación personal de la demandada.-
En fecha 21 de junio de 2013, comparece la abogada MILAGRO DA CORTE LUNA, Fiscal Nonagésima Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual solicitó se oficio al Servicio Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin que dichos organismos informaran el último domicilio que registra la ciudadana MARIA GREGORIA ALVARES APONTE, lo cual fue acordado en conformidad por auto fechado 25 de junio de 2013, librándose al efecto oficios Nos 435/2013 y 436/2013 dirigidos a Servicio Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), respectivamente, los cuales fueron debidamente entregados ante los referidos organismos, en fechas 2 y 3 de julio de 2013, tal y como consta de las declaraciones del Alguacil encargado insertas a los folios 45 y 47.-
Por auto de fecha 5 de agosto de 2013, se ordenó agregar a las actas, oficio Nº R11E-1-0501-3338, proveniente de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), contentivo de las resultas de la información requerida.-
Finalmente, por auto fechado 8 de octubre de 2013, se agrego el oficio Nº 4613-2013, proveniente del Consejo Nacional Electoral (CNE), contentivo de las resultas de la información solicitada.-.
- II -
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
En el caso bajo estudio, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente, que la última actuación data del 8 de octubre de 2014, oportunidad en la cual se agregaron a los autos resultas de la información solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que a la presente fecha 15 de octubre de 2014, transcurrió holgadamente el lapso de perención establecido en la norma civil adjetiva, es decir, que durante más de un año, no hubo constancia a los autos de este expediente de la que se haya verificado diligencia alguna dirigida a impulsar la citación de la parte demandada, para la continuación del proceso o impulso del mismo, con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual evidencia inactividad por parte de la actora; en tal sentido, señala el artículo 267 del referido Código lo siguiente:
“...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”

Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que sigue:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (Subrayado de este fallo).

De las disposiciones precedentemente transcritas, esta Juzgadora observa que la perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 ejusdem, antes citado, sin necesidad que ocurra alguna otra circunstancia o que sea alegada por alguna de las partes.
Por su parte, el tratadista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó:
“...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”.

Es así como la misma Sala, en la sentencia Nº 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”.

Igualmente, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, ha establecido lo siguiente:
“…la perención de la instancia es un medio de extinción del proceso que opera como sanción a la inactividad de las partes en la realización de los actos procesales tendentes a impulsar el proceso, a fin de evitar que éste se convierta en una litis interminable cuya decisión definitiva resulte ineficaz.- De tal modo, que el decreto de perención de la instancia no ataca en modo alguno la pretensión que originó el proceso extinguido ni las decisiones dictadas en el mismo, así como tampoco las pruebas promovidos por las partes.- “… En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verificara de derecho, la que no es renunciable por las partes.-

“…La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho.- Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió.- El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.- Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Sala Constitucional. S.n. 956 de 01-06-2001. Caso: Valero Portillo. Exp. N. 00-1491.- Sala Constitucional. S.n. 137 de 09-02-2001. Caso: Cadenas de Tiendas Venezolanas, Cativen, s.a. (Cada). Exp. N. 1626.-

Conforme a la norma y a las jurisprudencias antes parcialmente transcritas y con vista a la situación planteada en autos, el Tribunal debe forzosamente considerar que ha habido una inactividad del proceso de más de un (1) año, situación ésta que conlleva forzosamente a que opere de pleno Derecho la Perención de la Instancia. ASÍ SE DECIDE.-
En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Despacho Judicial declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. ASÍ SE DECIDE.-
-III-
DECISIÓN
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por DIVORCIO incoara el ciudadano MIGUEL ANGEL CONTRERAS VALERA contra la ciudadana MARIA GREGORIA ALVARES APONTE, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ,
EL SECRETARIO

CAROLINA GARCÍA CEDEÑO
CARLOS TIMAURE ALVAREZ
En esta misma fecha, siendo las ocho y treinta y un minutos de la mañana (8:31 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,

CARLOS TIMAURE ALVAREZ.
Asunto: AP11-V-2012-001277
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA