REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS SOLICITANTES Ciudadana Omaira Carmela Peralta de Saima, venezolana, viuda, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.320.917. Abogado Asistente: José Gregorio Rodríguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 137.320. MOTIVO Autorización para Cobrar Dinero TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. EXPEDIENTE: AP31-S-2012-006881 MATERIA: Familia -- I -- DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Se inicia la presente solicitud mediante escrito presentado por la ciudadana Omaira Peralta de Saima, debidamente asistida por el abogado en ejercicio José Gregorio Rodríguez, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 11 de julio de 2012, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal, siendo recibido el 12 de julio de 2012. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2012 se admitió la presente solicitud ordenando la realización de los interrogatorios correspondientes, a fin de emitir el pronunciamiento respectivo, por lo que previa consignación de las preguntas a realizar en la evacuación de testigos, en fechas 28 de mayo y 12 de junio de 2013, rindieron declaraciones los ciudadanos Yudeici Saima, Leninson Saima, Yurelbi Saima y Jhonatan Saima, tal como fue requerido en el auto de admisión. - II - DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal” En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibidem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. Ahora bien, en el caso sub examine desde el 12 de junio de 2013, oportunidad en la cual rindieron declaraciones los ciudadanos Yurelbi Saima y Jhonatna Saima, hasta la fecha actual ha transcurrido más de un (01) año sin impulso procesal por parte de la solicitante, aunado a que se le instó en auto de fecha 28 de mayo de 2013 a consignar declaración sucesoral. De manera que, ha quedado evidenciado en el presente caso la falta de impulso procesal por parte de la solicitante, paralizándose la causa por más de un (01) año, debiendo este Tribunal de acuerdo con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la interesada, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención, por lo que no se podrá intentar de nuevo la solicitud antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. - III - DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un (01) año a contar desde el día 12 de junio de 2013, oportunidad en la cual rindieron declaraciones los ciudadanos Yurelbi Saima y Jhonatna Saima, sin impulso procesal, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara consumada la perención anual en la presente solicitud, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem. Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, al primer (1º) día del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación. LA JUEZA, Dra. DAYANA ORTIZ RUBIO. LA SECRETARIA, Abg. BLENDY BARRIOS En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.). LA SECRETARIA, Abg. BLENDY BARRIOS DOR/BB/fp AP31-S-2012-006881