TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro de Comercio llevado en la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 30 de Septiembre de 1952, bajo el Nº 488, Tomo 2-B, transformado en Bando Universal según documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 03 de diciembre de 1996, bajo el Nº 56, Tomo 337-A Pro., y cuyos estatutos vigentes están contenidos en un solo texto, conforme a documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de octubre de 2008, bajo el Nº 10, Tomo 189-A. Apoderados Judiciales: Ciudadanos José Argüello, Gloria Sánchez y Angélica Castro, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 58.763, 65.294 y 144.794, respectivamente.

PARTE DEMANDADA
Ciudadano Julio Martín Delgado Valles, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-13.750.129. No consta en autos representación judicial.

MOTIVO
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVAS DE DOMINIO

TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.
EXPEDIENTE: AP31-V-2010-004579
MATERIA: Civil
-- I --
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado por la abogada Gloria Sánchez, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 22 de noviembre de 2010, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal, siendo recibido en fecha 24 de noviembre de 2010.
A través de auto de fecha 14 de diciembre de 2010, este Tribunal admitió la presente causa por el procedimiento breve, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y se instó a consignar los fotostátos relativos al cuaderno de medidas que a tal efecto se ordenó abrir, por lo que una vez verificado en autos la consignación de los fotostátos correspondientes a la compulsa de citación, en fecha 19 de enero de 2011, se libró la mencionada boleta dirigida a la parte demandada.
Ahora bien, luego de una serie de trámites y gestiones llevadas a cabo por la representación judicial de la parte actora a los fines de agotar la citación personal de la parte demandada cuyo resultado fue infructuoso, en fecha 27 de enero de 2012 dicha representación solicitó se librara cartel de citación dirigido a la parte demandada, el cual se libró en fecha 1º de febrero de 2012, retirado y posteriormente publicado y consignado en fecha 10 de mayo de 2012. En fecha 17 de mayo de 2012, se le instó a la representación judicial de la parte actora a comparecer ante la Secretaría de este Despacho con el objeto de que se realizara la fijación del cartel de citación en la morada de la parte demandada y así dar fiel cumplimiento a las formalidades requeridas por el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
-- II --
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”;
Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.-
Ahora bien, en el caso sub examine se puede verificar que desde el 17 de mayo de 2012, oportunidad en la cual la se instó a la representación judicial de la parte actora a comparecer ante la Secretaría de este Despacho a fin de dar cabal cumplimiento a las formalidades requeridas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, han transcurrido más de dos (02) años sin que constara en autos que la parte actora haya impulsado el proceso, verificándose la paralización de la causa por más de dos (02) años.
De manera que, ha quedado evidenciado en el presente caso la falta de impulso procesal por parte de la parte actora, paralizándose la causa por más de dos (02) años, debiendo este Tribunal de acuerdo con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso del proceso, que interrumpiera dicha perención, por lo que no se podrá intentar de nuevo la presente demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.-
- III -
DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de dos (02) años a contar desde el día 17 de mayo de 2012, oportunidad en la cual la se instó a la representación judicial de la parte actora a comparecer ante la Secretaría de este Despacho a fin de dar cabal cumplimiento a las formalidades requeridas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, no constando en autos impulso procesal por dicha representación de darle continuidad a la misma, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código Procesal Civil.
Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA,

Dra. DAYANA ORTIZ RUBIO
EL SECRETARIO,

CESAR PEREZ
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.).
EL SECRETARIO,

CESAR PEREZ
DOR/CP/fp
AP31-V-2010-004579