TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIODEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, 03 de septiembre de 2014
204° y 155°

ASUNTO: NP11-O-2014-000022

PARTE ACCIONANTE: LUIS ALBERTO CELIZ y OSWALDO PARRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.570.844 y V-6.218.014, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES: ANGEL ABREU y WILIAMS GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 160.152 y 168.033 sucesivamente

PARTE ACCIONADA: CONCRETERA VINCOMIX, C.A.

MOTIVO: Amparo Constitucional.

ANTECEDENTES
En fecha dos (02) de septiembre de 2014, los ciudadanos LUIS ALBERTO CELIZ OSWALDO PARRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.570.844 y V-6.218.014, respectivamente, asistidos por los abogados ejerceicios ANGEL ABREU y WILIAMS GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 160.152 y 168.033 sucesivamente, presentan por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, Acción de Amparo Constitucional en contra de la entidad de trabajo CONCRETERA VINCOMIX, C.A., y previa distribución realizada por la URDD, correspondió su conocimiento a éste Juzgado, siendo recibido mediante auto de esa misma fecha.

Alega la parte accionante en amparo constitucional lo siguiente:

- Que en fecha 02de agosto de 2010, se realizo asamblea de trabajadores a los fines de elegir el Delegado Sindical y el Delegado de Higiene y Seguridad de la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A., resultando electos los ciudadanos Oswaldo Parra C.I. 6.218.014 y Delegado Sindical Luis Celiz C.I. 5.570.874 Delegado de Higiene y Seguridad.

- En fecha 04 de agosto de 2010 el Sindicato de Trabajadores Revolucionarios Avanzadores de Industrias de Canteras, Cemento, Construcción, Minas, Industrias Básicas, No Metálicos, Vidrios, Arcillas, Asflato, sus Similares y Conexos del Estado Monagas, solicita la intervención de la Inspectoría del Trabajo por la obstaculización ejercida por la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A. ante el cumplimiento de las funciones de los delegados de Seguridad e Higiene y Sindical electos en fecha 02 de agosto de 2010.

- En fecha 10 de Agosto de 2010, el Sindicato antes mencionado envia a la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas la autorización de representación otorgada por los trabajadores de la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A. a los delegados electos ciudadanos LUIS ALBERTO CELIZ y OSWALDO PARRA, solicitando la citación de la empresa por la Inspectoría del Trabajo, siendo fijada dicha oportunidad, fecha y hora del acto al cual no comparecieron.

- En fecha 20 de septiembre de 2010 el Sindicato antes mencionado envía oficio a la CONCRETERA VINCOMIX, C.A., solicitando la aceptación del nuevo contrato colectivo de la industria de la construcción 2008-2010, indicando los nuevos beneficios obtenidos por los trabadores de esa área.

- En fecha 26 de Junio de 2012 y 12 de septiembre de 2012, el sindicato antes mencionado solicita el traslado de la Inspectoría del Trabajo hasta la sede de la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A. para verificar las prácticas anti-sindicales y ordenar el cese de esas prácticas.

- En fecha 21 de septiembre de 2012 la inspectoría del trabajo realiza inspección en la empresa donde levanta un acta en la cual los representantes de la empresa declaran no reconocer a los delegados y los trabajadores declaran que reconocen y aceptan las funciones de los delegados de Higiene y Seguridad Sindical.

- En fecha 10 de octubre de 2012 la Inspectoría del Trabajo dicta providencia administrativa N° 000139-2012 en el expediente N° 044-2012-01-00005, ordenándose el cese de practica anti-sindical contra el sindicato SINTRACMEN, y el pago de los beneficios establecidos por las CLAUSULAS 52 y 67 del Contrato Colectivo de la Industria de la Construcción, 2010-2012.

- EL 31 de octubre de 2012 la inspectoría del Trabajo realiza inspección en la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A para la ejecución forzosa de la providencia administrativa N° 000139.2012 del expediente administrativo N° 044-2012-01-00005, dando como resultado el no cumplimiento de lo indicado en la providencia.

- El 15 de noviembre de 2012, presentó Solicitud de Nulidad incoada por el Abogado José Sosa, Inpreabogado N° 48.464 en su carácter de apoderado judicial de la empresa CONCRETERA VINCOMIX, C.A. contra la Providencia Administrativa N° 000139-2012 por ante el Juzgado Primero de primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.

- El 09 de Julio de 2013 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas se pronunció declarando SIN LUGAR la solicitud de Nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos, tramitada en el expediente N° NP11-N-2012-000088.

- El 27 de enero de 2014, presentan apelación de la sentencia dictada en fecha 09 de Julio de 2013, la cual fue oída en ambos efectos y correspondiendo al Juzgado Segundo Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.

- El 21 de mayo de 2014 el Juzgado Segundo Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas se pronuncia declarando SIN LUGAR LA APELACIÓN, ratificando la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo en el expediente N° NP11-R-2013-000195.

- EL 16 de Junio de 2014, la inspectoría del trabajo se traslado a los fines de ejecutar la providencia administrativa N° 000139-2012, dejándose constancia del DESACATO por parte de la empresa accionada produciendo el ente administrativo a aperturar el procedimiento de SANCION, pronunciándose en el expediente N° 044-2014-06-00327.

- Por lo que consideró agotada la vía administrativa y en consecuencia violentados sus derechos constitucionales y es por ello, que acude ante esta Coordinación del Trabajo a los fines de que sean amparados sus derechos constitucionales. Conjuntamente con su escrito libelar la parte accionante promovió las pruebas que considero pertinentes.

- Fundamenta la presente acción en los artículos 2,3 26, 27, 87, 89, y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los artículos 2, 8 y 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Conforme se expresó, la petición del accionante se concreta a que se restituya la situación jurídica infringida, traducida en lograr la ejecución de la providencia administrativa que en su favor fue dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, signada la misma con el N°000139-2012 mediante el ejercicio del recurso extraordinario de amparo constitucional.

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente Acción de Amparo, lo hace al tenor de las siguientes consideraciones:

DE LA COMPETENCIA
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es la norma rectora que fija la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucionales, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma, y de la cual se desprende que son competentes para conocer de dichas acciones los tribunales de primera instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivare la solicitud de amparo.

Las acciones de amparo constitucional en materia laboral, en los cuales se denuncian la violación de derechos de naturaleza laboral, deberán ser conocidos por un Tribunal del Trabajo, conforme a la normativa del artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece: “Son competentes para conocer de la acción de amparo laboral, sobre derechos y garantías constitucionales, los Tribunales del Trabajo previstos en esta Ley, aplicándose el procedimiento establecido al efecto”.

Por su parte, la pacífica y reiterada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, desde la sentencia de fecha 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millán, precisó la competencia de los diversos tribunales del país en relación a la acción de amparo constitucional, estableciendo que la misma será determinada según el tipo de derechos que se denuncien como violentados, o en el caso de ser en contra de una sentencia, por el Juzgado Superior del Tribunal Recurrido, así quedó establecido por la Sala:

“…Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:
“…3.-Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta…”
En el mismo orden, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia vinculante número 955 del 23 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, estableció:

“…Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo […]”

En razón de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, observa el Tribunal, que la presunta violación de derechos constitucionales, en el caso que nos ocupa, ocurrió en virtud de la negativa del patrono a cumplir con la Providencia Administrativa de Reenganche dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, configurándose de acuerdo a lo alegado por el accionante, una violación de los artículos 2,3 26, 27, 87, 89, y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los artículos 2, 8 y 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por lo que la presunta violación denunciada de índole laboral, hacen competente a este Juzgado para conocer de la Acción de Amparo incoada. Así se establece.

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.
Seguidamente, corresponde pronunciarse respecto de la admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional propuesta, tomando en consideración las circunstancias del caso examinado.
La Acción de Amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que nuestra Constitución contempla y reconoce a todo ciudadano y ciudadana, a través de un proceso expedito que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes. El nacimiento de este recurso extraordinario se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece textualmente que: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
De acuerdo a lo anterior, es oportuno hacer referencia a los elementos necesarios para que proceda la admisión o no de la Acción de Amparo Constitucional; y en este sentido, la doctrina y la jurisprudencia, han determinado que para que la acción pueda ser admitida, es un requisito indispensable de parte del accionante, demostrar ante el Juez, los hechos ocurridos que dieron lugar, a la presunta violación de normas de rango constitucional por parte de los entes o personas a quienes se les atribuya tal infracción. En este sentido, siempre que al Juez o Jueza, se le consignen los documentos fundamentales de la acción y que de éstos pueda apreciarse la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, es que podrá decidir de acuerdo a lo solicitado, admitir o declarar inadmisible la acción de Amparo Constitucional intentada.

En este sentido, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra en su artículo 6, las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, y específicamente en el numeral 5° establece como causal de inadmisibilidad:

” … Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”

De la norma transcrita, se infiere que la vía del amparo constitucional, se hace viable en la medida que no existan vías ordinarias y preestablecidas en el ordenamiento legal para proteger los derechos fundamentales o, que aun existiendo no fueren idóneas, expeditas y eficaces para la protección constitucional.

Por otra parte, cabe destacar que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se le otorgan a las Inspectorías del Trabajo nuevas atribuciones y funciones, en lo que respecta a las ejecuciones de los actos administrativos de efectos particulares, en tal sentido, los artículos 512, 532 y 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, consagra:

Medidas para garantizar la aplicación de esta Ley
Artículo 4º. En ejercicio de las atribuciones previstas en la Legislación Laboral, las autoridades administrativas o judiciales del trabajo, por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están facultadas para lograr que sus decisiones administrativas o judiciales restituyan la situación jurídica infringida de carácter laboral, y aplicarán los correctivos
y medidas tendientes a lograr la ejecución de esas decisiones en el ámbito de aplicación de esta
Ley.

Obligaciones del inspector o inspectora del trabajo
Artículo 509. Son obligaciones del Inspector o Inspectora del trabajo para el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción:
(Omisis)
9. Garantizar el reenganche y sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral.

Artículo 512. Cada Inspectoría del Trabajo Inspectores o Inspectoras de Ejecución con la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran de medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de las mismas, que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social y protejan el proceso social de trabajo.

Artículo 532. Todo desacato a una orden emanada de la Funcionaria o Funcionario del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del Trabajo y Seguridad Social, acarreará al infractor o infractora una multa no menor del equivalente a sesenta unidades tributarias, ni mayor de equivalente a ciento veinte unidades tributarias.

Artículo 538. El patrono o patrona que desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral; el que incurra en la violación del derecho a la huelga, y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, será penado con arresto policial de seis a quince meses…omissis…El Inspector o Inspectora del Trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la acción correspondiente…”.

En este sentido se ha pronunciado recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en Sentencia N° 428 de fecha treinta (30) de abril de 2013, con Ponencia del Magistrado: Juan José Mendoza, caso: Alfredo Esteban Rodríguez contra Seravian, C.A, estableció:

… “En tal sentido, esta Sala aprecia que, en los casos que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el amparo es, sin lugar a dudas, la vía (excepcional y restringida) con la que cuenta el accionante para exigir la ejecución de una providencia administrativa, siempre y cuando se haya agotado el procedimiento de multa; mientras que, en los casos que se susciten bajo la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial (Extraordinaria) n.° 6076, del 7 de mayo de 2012, se aplica el procedimiento que expresamente debe seguirse para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo (Ver artículos 508 y siguientes). Así se declara…”

De tal suerte, que siguiendo el criterio vinculante de la Sala Constitucional y lo dispuesto en los artículos de la Ley Sustantiva, constata esta Juzgadora, que la presente Acción de Amparo Constitucional se inicia en virtud de la posición contumaz de la Sociedad Mercantil CONCRETERA VINCOMIX, C.A, en relación al cumplimiento de la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturín. Que la providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, signada con el Nº 000139-2012 es de fecha 18 de noviembre de 2012, así como la providencia administrativa sancionatoria N° 00321-2014 de fecha 21 de julio de 2014, vale decir, que todo el procedimiento administrativo ante el ente administrativo, incluido el proceso sancionatorio, fue sustanciado y decidido bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; tal como lo manifiesta el accionante en su libelo, lo cual se confirma con las documentales cursante en los folios 08 al 13, y los folios 46 al 53 de este expediente.

En consonancia con lo antes señalado, a criterio de esta juzgadora, al haberse producido los actos de ejecución en su totalidad bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual conforme se indicó, impone a la administración pública mediante las Inspectorías del Trabajo, el deber de hacer cumplir sus propios actos de efectos particulares, toda vez que legalmente se faculta al órgano administrativo, para que ejerzan actos o acciones que garanticen la supervisión, divulgación y ejecución de sus propias decisiones; hacen devenir, a criterio de esta Juzgadora, la inadmisibilidad de la acción;.

Por lo anteriormente señalado, al verificarse la existencia de otra vía procesal especial mediante el cual se puede lograr la ejecución forzosa de las Providencias Administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo que ordenen el cese de la practica anti sindical en contra del sindicato, establecido en los artículos 357 y 363, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; y visto que no consta en el expediente que se hayan agotado los procedimientos establecidos en la referida Ley a los fines de la ejecución de las Providencias administrativas, es por lo que este Juzgado declara Inadmisible la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se resuelve.

DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, que han motivado el presente fallo y en convicción de que el mismo brinda tutela judicial efectiva, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: INADMISIBLE la pretensión de Amparo Constitucional propuesta por los ciudadanos LUIS ALBERTO CELIZ y OSWALDO PARRA, contra la sociedad mercantil CONCRETERA VINCOMIX, C.A., antes identificados No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín a los tres (03) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014). 204º y 155º. Dios y Federación
La Jueza

Abg. Carmen Luisa González R. Secretario (a),

En esta misma fecha siendo las 11:45 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.

Secretario (a),