TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
ASUNTO PRINCIPAL AP01-S-2014-006654
Caracas, 01 de Septiembre de 2014
204° y 155°
Decisión Desestimación de Denuncia
Corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación a la desestimación de denuncia solicitada por la Fiscalía (144) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en el artículo 285 numeral 6 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 16 ordinal 18, 37 numeral 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y 111 ordinal 19 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, este juzgado evidencia lo siguiente:
Fue presentada solicitud por la Abog. ISMAEL QUIJADA FARFAN, En su carácter de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía (144) del Área Metropolitana de Caracas, DESESTIMACION DE DENUNCIA, conforme alo establecido en el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión del articulo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , basada en lo siguiente:
Identificación de las Partes
Victima CANDY MARGARITA DIAZ, cedula de identidad Nº V-12.668.262
Presunto agresor ALBERTO ENRIQUE REALES cedula de identidad Nº (No fue aportado)
Descripción del hecho:
Se inicia en fecha 21 de marzo de 2011, en virtud de la denuncia interpuesta por la ciudadana C.M.D. , en la que la mima manifiesta que el ciudadano ALBERTO ENRIQUE REALES, quien es el inquilino en la casa de su mama la señora DIAZ MARIA JACINTA, desde hace tres años y de un tiempo este señor la ofende, la amenaza y la agrede verbalmente, le dice que la hará cuadritos, le pega afiches con amenazas que se la va a pagar, pinta las paredes de la fachada de la casa y de las áreas comunes internas, solicitando una supuesta regulación de precios sin autorización de su mama que es la dueña de la casa es un acoso psicológico su mama sufre de la tensión y se limita de ir a cobrar los cánones por temor a este señor concrete sus amenazas, ella tiene miedo y por eso ella denuncia en nombre de su mama.
Preceptos Jurídicos Aplicables:
Luego de analizadas las actuaciones donde la ciudadana CANDY MARGARITA DIAZ HERRERA, en su condición de victima, manifiesta que el ciudadano ALBERTO ENRIQUE REALES, amenaza constantemente a su mama, que la va a picar en cuadritos y que su madre teme que este señor concrete su amenaza observándose que nos encontramos en presencia de un delito que encuadra dentro de la disposición contenida en el articulo 175 del Código Penal. El cual establece:” Cualquiera que sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violentas u otros apremios, ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o impidiere ejecutar alguno que no le esta prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses.
El que fuera de los casos indicados y otros que prevea la ley amenazare a alguno con causarle un daño grave e injusto, será castigado con relegación a colonia penitenciaria por tiempo de uno a diez meses o arresto de quince días a tres meses previa la querella del amenazado.
Al respecto el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal
“El Ministerio Publico, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitara al juez de Control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción este evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.”
Se procederá conforme a dispuesto en este articulo, si luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada.
Por lo que en el presente caso debe desestimarse la acción, toda vez que en ella procede solo a instancia de parte agraviada, constituyendo un obstáculo legal para que el Ministerio Público ejerza su acción en contra del denunciado.
Petitorio:
En consecuencia a los hechos y fundamentos procedentes expuestos y a las normas legales citadas y considerando que la presente causa debe proceder a Instancia de parte Agraviada y tomando en consideración lo que establece el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente a y ajustado a derecho es SOLICITAR SE ACUERDE LA DESESTIMACION, de la causa seguida en contra de4l ciudadano ALBERTO ENRIQUE REALES.
Ahora bien este Tribunal observa lo siguiente:
El artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone lo siguiente:
“El Ministerio Publico, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitara al juez de Control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción este evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.”
Se procederá conforme a lo dispuesto en este articulo, luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de la parte agraviada..”
Imperiosa resulta aclara una vez hecha la trascripción del articulo anterior, el contenido de esta norma, en cuanto a los supuestos de procedencia de Desestimación visto que un sin numero de operadores de justicia mal interpretan el contenido de este articulo, al pesar y llevar la practica ideas tales como que “para saber si el hecho es típico o no, se debe investigar.” Al respecto ha dicho la doctrina lo siguiente.
“La desestimación es una institución destinada a la depuración del proceso penal, pues este no debe incoarse si no existen bases serias para ello. Pero la desestimación no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado, es decir, como bien dice cabrera Romero, no necesita de mayor prueba sino fundamentalmente de máximas de experiencias por sentido común pues se trata de establecer del mero análisis de la fuente de la noticia criminis, si el hecho es típico y de serlo si la acción penal esta evidentemente prescrita o si hay algún obstáculo legal que impida perseguirlo.
Tal y como describe y explica la doctrina, la desestimación de la denuncia obedece a razones de sentido común y máximas de experiencia en sumatoria en tal virtud, no puede pretender la denunciante por ejemplo, hacer una denuncia ante el órgano penal competente para el conocimiento de la misma donde aluda” determinados supuestos” y por ende, pide que se investigue si se ha cometido un delito o no contra de su persona, si ello fuera así el operador de justicia en este caso, el Fiscal del Ministerio Publico , no jugaría un papel de profesional en la materia en que se desempeña, ello con las consecuencias nefastas que esto arrojaría al sistema de justicia.”
La presente petición se fundamenta en las previsiones contenidas en el ultimo enunciado del articulo 283 del código Adjetivo penal, por cuanto de la denuncia interpuesta por la ciudadana, CANDY MARGARITA DIAZ, cedula de identidad Nº V-12.668.262 se desprende que ha sido denunciada la comisión de hechos existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso toda vez de que su contenido versa sobre hechos que amenaza constantemente a su mama, que la va a picar en cuadritos y que su madre teme que este señor concrete su amenaza observándose que nos encontramos en presencia de un delito que encuadra dentro de la disposición contenida en el articulo 175 del Código Penal. El cual establece:” Cualquiera que sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violentas u otros apremios, ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o impidiere ejecutar alguno que no le esta prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a treinta meses.
El que fuera de los casos indicados y otros que prevea la ley amenazare a alguno con causarle un daño grave e injusto, será castigado con relegación a colonia penitenciaria por tiempo de uno a diez meses o arresto de quince días a tres meses previa la querella del amenazado.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece al Estado venezolano como un Estado de Derecho, el cual se conceptúa como un Estado en orden, un Estado que se rige por las normas que conforman el ordenamiento jurídico, el cual precisamente sirve para poner orden en el grupo social, y este orden es que salvaguarda ante todo los bienes superiores de un Estado Social que se afinca, en la vida, la libertad, la justicia, en la igualdad ante la ley, en la participación de los más diversos grupos sin discriminación alguna, en la dignidad de la persona humana, y en el respeto a los Derechos Humanos, pudiéndose establecer que parte de ese orden lo establece el DEBIDO PROCESO, el cual se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su encabezamiento siguientes:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas...1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”.
A este artículo se le debe adminicular el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica:
“Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Con los artículos anteriormente transcritos, se puede establecer que el Debido Proceso, señala hasta donde puede permitirse la intromisión del Estado en el espacio vital dominado por los derechos fundamentales intrínseco a la persona y bajo que límites puede intrometerse, todo ello dentro de un marco de derecho constitucional y su procedimiento, con la finalidad de mantener el equilibrio entre las dos columnas vertebrales del Estado de Derecho, como lo son la necesaria protección de la sociedad y el respeto a los derechos fundamentales del individuo.

Según el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:
“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determine las leyes...”.
Importante es indicar que administración de justicia no es una frase o una función cónsona con un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como el constitucionalmente establecido en Venezuela, ya que la administración de justicia se encuentra afectado por la doctrina liberal individualista, donde la función de los jueces era secundaria a la del legislador, habida cuenta que les correspondía únicamente ser la boca de la ley mediante el silogismo de la justicia, y esta actividad varió con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que dicha actividad pasó a ser una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos; en otras palabras, la sujeción del juez es a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución. Al tener los Jueces Jurisdicción, la cual es la potestad y el deber que concede el Estado para conocer y dilucidar los conflictos que nazcan dentro de la sociedad, potestad esta que se confiere en virtud de la abolición que se dio en el derecho a la ley del talión o por mano propia para resolver las controversias, dejándose por sentado igualmente que la Jurisdicción es única, y por ser el oficio principal del Poder Judicial el de proveer a la declaración y restauración de los derechos desconocidos o violados en la practica de la vida civil, desarrollándose con una independencia absoluta del Poder legislativo y del Ejecutivo, esa potestad se encuentra medida por la competencia, la cual distribuye dicha potestad entre las diferentes autoridades judiciales.
Ese conjunto de atribuciones dadas a un órgano que limita su accionar, las impone el legislador, primero por el interés público que existe, para asegurar el conocimiento de cada conflicto a los jueces más adecuados, siendo importante recalcar que en materia penal la competencia es siempre de orden público, por cuanto en esta rama del Derecho, la atribución de conocer de una causa a los jueces no se hace en atención al interés particular, sino, conforme al interés social, dividiéndose la competencia en materia Penal en RATIONE LOCI, RATIONE MATERIAE y RATIONE PERSONAE, determinándose la primera, según el lugar en que se ha cometido el hecho delictuoso, la segunda conforme a la entidad del hecho delictuoso, mientras que la tercera es según el agente responsable.
Dentro de las relaciones humanas han surgido una serie de necesidades a objeto de poder sancionar a aquellas personas, que con su comportamiento, vulneraron la solidaridad como regla principal de la formación social, lo cual condujo a ofrendar al Derecho como legitimador del poder, por lo que en general, este nunca ha tenido buena fama, muchas veces las instituciones jurídicas y procesales estaban en ocasiones a disposición de una persona o bien de una política no acorde con la búsqueda social. Sin embargo, generalmente se recurre a una instancia profesional para encontrar respuestas a sus Derechos lesionados o puestos en entredicho por cualquier otro, incluso en aquellas sociedades donde se trató de dar soluciones de manera alterna a la resolución de conflictos tuvieron que ir a la juridicidad.
Bajo este contexto ha de surgir el concepto de proceso, el cual ha atravesado muchas definiciones, pero se tomará una creada en América Latina, sostenida por el ilustra maestro uruguayo VÉSCOVI, quien lo contextualiza así:
El conjunto de actos dirigidos a realizar la función jurisdiccional, la cual es la resolución del conflicto. Y resulta, en último término, un instrumento para cumplir los objetos del Estado: imponer a los particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho, y, a la vez brindar a eso la tutela jurídica. (1984. Teoría General del Proceso. p.103: Temis, Bogotá. Colombia).
Por lo que este Tribunal luego de un exhaustivo análisis del contenido de las actas Comparte la Opinión solicitada y presentada por la Fiscalía (144º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas considera que lo mas procedente y ajustado a derecho es Declarar Con Lugar el requerimiento de Desestimación incoada, Y DESESTIMA LA DENUNCIA de conformidad con lo establecido en el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del articulo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una vida Libre de Violencia, por considerar que la denuncia interpuesta por la ciudadana, CANDY MARGARITA DIAZ, cedula de identidad Nº V-12.668.262 se desprende que ha sido denunciada la comisión de hechos existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso toda vez de que su contenido versa sobre hechos que amenaza constantemente a su mama, que la va a picar en cuadritos y que su madre teme que este señor concrete su amenaza observándose que nos encontramos en presencia de un delito que encuadra dentro de la disposición contenida en el articulo 175 del Código Penal. En contra del Presunto agresor ALBERTO ENRIQUE REALES cedula de identidad Nº (No fue aportado) .
Notifíquese a la victima, al denunciado, Fiscalía Novena (9º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA:
Por todos los razonamientos antes expuesto este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, Comparte la Opinión solicitada y presentada por la Fiscalía (144º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas considera que lo mas procedente y ajustado a derecho es Declarar Con Lugar el requerimiento de Desestimación incoada, Y DESESTIMA LA DENUNCIA de conformidad con lo establecido en el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del articulo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una vida Libre de Violencia, por considerar que la denuncia interpuesta por la ciudadana, CANDY MARGARITA DIAZ, cedula de identidad Nº V-12.668.262 se desprende que ha sido denunciada la comisión de hechos existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso toda vez de que su contenido versa sobre hechos que amenaza constantemente a su mama, que la va a picar en cuadritos y que su madre teme que este señor concrete su amenaza observándose que nos encontramos en presencia de un delito que encuadra dentro de la disposición contenida en el articulo 175 del Código Penal. En contra del Presunto agresor ALBERTO ENRIQUE REALES cedula de identidad Nº (No fue aportado)
Notifíquese a la victima, al denunciado, Fiscalía (144º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas Y ASI SE DECIDE.
LA JUEZA.

ETEL POLO GARCIA
LA SECRETARIA
ABG. MARISABEL TRANSVENT
Se le dio cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión, notifíquese las partes.
LA SECRETARIA
ABG. MARISABEL TRANSVENT
ASUNTO PRINCIPAL AP01-S-2014-006654