REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Sentencia Interlocutoria Exp. 2015-2324 En fecha 15 de enero de 2015, el abogado en ejercicio Rafael Enrique Utrera Rodríguez, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 24.404, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MELBA JUDITH VILLAMIZAR GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-8.012.961, consignó ante el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (en funciones de Distribuidor), escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Previa distribución efectuada en fecha 15 de enero de 2015, correspondió el conocimiento de la causa a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual fue recibida en fecha 16 del mismo mes y año y quedó signada con el número 2015-2324. Ahora bien, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pasar a realizar las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL La parte actora solicita a través del recurso contencioso administrativo funcionarial: “(…) PRIMERO: cancelar la cantidad de Ciento Veintitrés Mil Trescientos VeintidósBolívares (sic) con Once Céntimos (Bs. 123.322,11) por concepto de intereses de mora art. 92 CRBV, (sic) SEGUNDO: la aplicación del concepto de Indexación de las cantidades acordadas por el Tribunal en la presente causa, de acuerdo a la Jurisprudencia de La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/05/2014, que se practique una experticia complementaria del fallo en los términos del articulo 249 del Código de Procedimiento Civil (…)” (Resaltado del original). II DE LA COMPETENCIA Ahora bien, debe este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo determinar su competencia para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado en ejercicio Rafael Enrique Utrera Rodríguez inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 24.404, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MELBA JUDITH VILLAMIZAR GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-8.012.961 contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN y se observa que el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada el 11 de julio de 2002, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.482, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, así como la Disposición Transitoria Primera eiusdem, establece que la competencia corresponde a los Jueces Superiores en lo Contencioso Administrativo del lugar en donde hubieren ocurrido los hechos, en donde se hubiere dictado el acto administrativo o el del lugar donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia; visto que en la presente causa se ventilan pretensiones derivadas de una relación de empleo público suscitadas entre la parte actora y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, asimismo, que el referido ente tiene su ubicación territorial en esta región, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, resulta competente para conocer, en primer grado de jurisdicción, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se declara. III DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO Ahora bien, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo funcionarial y observa salvo su apreciación en la definitiva, que en el mismo no concurren ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por cuanto la querella cumple con los requisitos contenidos en el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE cuanto ha lugar en derecho, a tenor de lo dispuesto el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, se ordena citar al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines de que dé contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, oportunidad en la que se entenderá citado, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, de conformidad con el encabezado del referido artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, deberá consignar el expediente administrativo del recurrente, esto es, de todas las actuaciones concernientes al mismo que deben constar en copias debidamente certificadas y foliadas en orden cronológico y consecutivo. De igual manera, se ordena notificar al MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, a los fines legales consiguientes. Finalmente, en virtud de lo previsto en el segundo aparte en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la parte recurrente deberá consignar los fotostátos correspondientes para certificar las compulsas y practicar la citación y notificaciones ordenadas, de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Líbrense oficios. IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- COMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado en ejercicio Rafael Enrique Utrera Rodríguez inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 24.404, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MELBA JUDITH VILLAMIZAR GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V-8.012.961 contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- ADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: 2.1.- se ordena citar al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines de que dé contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, oportunidad en la que se entenderá citado, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 2.2.- Se ordena notificar al MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, a los fines legales consiguientes. Se imprimen dos (02) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los veintiuno (21) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA, LA SECRETARIA, GERALDINE LÓPEZ BLANCO CARMEN VILLALTA En esta misma fecha, siendo las _______________________ (________) se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nro. 2015-________.- LA SECRETARIA, CARMEN VILLALTA Exp. Nro. 2015-2324/GLB/CV/MPB