TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 5 de marzo de 2015
204º y 156º

ASUNTO: AF43-U-2000-000147

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

Se inicia esta controversia mediante escrito presentado en fecha 23 de septiembre de 1997 por ante la extinta División de Tramitaciones de la Aduana Principal de Maracaibo del Ministerio de Hacienda, el cual fue remitido mediante oficio No. HGJT-98-3297 de fecha 09-12-1998 al Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor para esa fecha), a través del cual el abogado SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No. 3.113.711 e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado bajo el No. 56.857, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “ZULIA TOWING AND BARGE COMPANY, C.A.”; interpuso recurso contencioso tributario subsidiario al jerárquico en contra del acto administrativo contenido en la planilla de liquidación de gravámenes No. H-970015284, de fecha 12 de septiembre de 1997 (folio 43), por concepto de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor por la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 208.933,30), correspondiente a la alícuota del 16,5% de la importación de dos (2) remolcadores identificados como “SEA CHEETAH” y “SEA LEOPARD”.

El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como repartidor único, asignó su conocimiento a este Tribunal Superior el 07-01-1999, siendo recibido en esa misma fecha (folio 98), y se le dio entrada mediante auto de fecha 08 de enero de 1999 (folio 99), y se ordenó notificar a los ciudadanos Contralor y Procurador General de la República; así como al Gerente Jurídico Tributario del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente; que al décimo (10º) día de despacho siguiente a la consignación de la última de las boletas de las notificaciones acordadas, el Tribunal dictará la decisión prevista en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario de 1992, respecto a la admisión o no del recurso.

Las notificaciones de la contribuyente “ZULIA TOWING AND BARGE COMPANY, C.A.”, y de los ciudadanos Contralor y Procurador General de la República, así como al Gerente Jurídico Tributario del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), fueron debidamente practicadas e incorporadas al asunto tal y como consta a los folios 100, 108, 109 y 110, respectivamente.

Iniciado y culminado todo el proceso judicial del recurso contencioso tributario establecido en el Código Orgánico Tributario, tuvo lugar la presentación de los informes en fecha 28 de mayo de 2000, por la ciudadana MARIA EMILIA BARON HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la mencionada contribuyente (folios 220 al 223).

En fecha 12 de mayo de 2000 (folio 260), comenzó el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia.

En fecha 20 de noviembre de 2014, este Tribunal Superior, dictó auto ordenando notificar a la contribuyente “ZULIA TOWING AND BARGE COMPANY, C.A.”, para que exponga si mantiene interés en que se dicte sentencia en la presente causa (folio 282). Se libró Boleta de Notificación en esa misma fecha, al efecto se comisionó al Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia en fecha 25 de noviembre de 2014, la cual fue debidamente cumplida y agregada a los autos como consta a los folios 287 al 297.

I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Correspondería a este Tribunal Superior pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario ejercido en contra de los actos administrativos anteriormente identificados.

Ahora bien, observa esta Juzgadora que en el curso del proceso, el 12 de mayo de 2000 (folio 260), comenzó el lapso de sesenta (60) días para sentenciar. Igualmente se verificó que en fecha 23 de enero de 2015, se agregó comisión librada a fin de notificar a la contribuyente para que manifestase o no su interés en que se dicte sentencia en la presente causa.

Este Órgano Jurisdiccional, tomando como base el fallo No. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben:

“(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”. (Destacado de este Tribunal).

En sentencia No. 1139 del 05 de agosto de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado lo siguiente:

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que se dijo “Vistos” el 26 de abril de 2001, y que la última actuación en el caso bajo examen se produjo el 10 de febrero de 2005, cuando la representación judicial de las asociaciones civiles solicitó a esta Alzada dictar la sentencia.
Como corolario de lo antes expuesto, concluye esta Sala que en el presente caso hay inactividad procesal, toda vez que la causa entró en estado de dictar sentencia en fecha 26 de abril de 2001 y que desde el 10 de febrero de 2005 no existe actuación alguna de la parte actora a los fines de impulsar el proceso; razón por la cual se declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide.

De los fallos parcialmente transcritos se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia o iii) que la misma puede ser declarada de oficio, ya que el interés procesal debe mantenerse a lo largo del proceso.

En el caso concreto, de la revisión del expediente se evidencia que el 12 de mayo de 2000 comenzó el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia, y que desde el 08 de septiembre de 2004 (folio 270) no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente; y siendo que en fecha 23 de enero de 2015 (folio 297), se agregó comisión librada a fin de notificar a la contribuyente para que manifestase o no su interés en que se dicte sentencia en la presente causa; para que informe en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, contados a partir de su notificación, si conserva su interés procesal en el mencionado recurso; no habiendo manifestado dicho interés; razón por la cual considera este Tribunal Superior que en el caso bajo análisis se verificó la inactividad procesal, por lo que, en consecuencia, se declara extinguido el recurso de nulidad por pérdida del interés. Así se decide.

II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN POR DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL del recurso contencioso tributario interpuesto por el abogado SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No. 3.113.711 e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado bajo el No. 56.857, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “ZULIA TOWING AND BARGE COMPANY, C.A.”; en contra del Acto Administrativo anteriormente identificado.

Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Notifíquese al Vice-Procurador General de la República, con copia certificada de la presente decisión conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la “ZULIA TOWING AND BARGE COMPANY, C.A.”, de conformidad con lo establecido en el artículo 284 del Código Orgánico Tributario. Líbrense boletas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015). Año 204° de la independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZA,

BEATRIZ B. GONZÁLEZ. EL SECRETARIO ACC.,

JEAN CARLOS AGUANA.-

La anterior decisión se publicó en su fecha siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (11:55a.m.).
EL SECRETARIO ACC.,

JEAN CARLOS AGUANA.-

BBG/ivbm.-