TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN SEGUNDO DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 07 de Marzo de 2015
204º y 156 º
ASUNTO PRINCIPAL : DP01-S-2015-000601
ASUNTO : DP01-S-2015-000601

LA JUEZA: AURALIS PEREZ LOPEZ
EL REPRESENTANTE FISCAL 16° MINISTERIO PUBLICO ABG. BENITO LUGO
LA VICTIMA: ADOLESCENTE (NO PRESENTE) DE IDENTIDAD OMITIDA POR DISPOSICION LEGAL (Articulo 65 Parágrafo Segundo LOPNNA)
LOS IMPUTADOS: LIGIA COROMOTO FERNANDEZ, JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ y CRUZ VLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT
LA DEFENSA PÚBLICA: ABG. ESTHER ROJAS
LA SECRETARIA: SCARLETH FLORES SOLANO.

PUNTO PREVIO
En virtud del contenido de oficio N° CJ-443-14-14 de fecha 05 de Noviembre de 2014, suscrito por la Jueza Coordinadora Carmerys Materano Medina, mediante el cual se designa a la profesional del Derecho Abg. Auralis Pérez López, como Jueza Suplente del tribunal Primero en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Por otra parte.

AUTO DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Con fundamento a lo establecido en el último aparte del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con lo previsto artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como Supletoriedad y complementariedad de normas, este Tribunal procede a dictar Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en el proceso seguido en contra de los ciudadanos: LIGIA COROMOTO FERNANDEZ, JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ y CRUZ VLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT, todo ello conforme a lo pautado en el artículo 235 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia OBSERVA:

DE LA PETICIÓN FISCAL
Celebrada como ha sido la audiencia para oír al imputado conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en Audiencia, con motivo de las actuaciones presentadas por el Fiscal 16°del Ministerio Público del estado Aragua, en virtud de la aprehensión de los ciudadanos: LIGIA COROMOTO FERNANDEZ, JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ y CRUZ VLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT, quien solicitó:“Que se califique la aprehensión como flagrante y que la presente investigación se llevará por la Vía del Procedimiento Especial, contenido en el artículo 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se califique la flagrancia de conformidad con el articulo 96 Ejusdem. Calificó provisionalmente los hechos que le imputa al ciudadano JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, por la comisión del delito ABUSO SEXUAL CON PENETRACION EN ACCION CONTINUADA y el delito de EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en el artículo 259, articulo 260 y articulo 258 todos de la Ley Orgánica para La Protección de Niño, Niña y Adolescente, en relación con el artículo 99 del Código Penal, de quien se encuentra embarazada por la cual manifiesta que ha abusada; al ciudadano CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT la presunta comisión de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION y EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en los articulo 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes y para la ciudadana LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO la presunta comisión de los delitos de COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE y AUTORA DE EXPLOTAXION SEXUAL, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes. Asimismo visto el delito imputado y la edad de la víctima solicito le sea tomado declaración a la víctima como prueba anticipada, conforme a lo estipulado en el artículo 289 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ello a los fines de no revictimizarla. De la misma manera solicito medida privativa de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 236, 237, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo”.

DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO
Este Tribunal luego de haber oído la exposición del Fiscal representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 133 a realizar advertencia preliminar al IMPUTADO y éste encontrándose provisto de todas las garantías procésales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asistido por la DEFENSA PUBLICA ABOG. ESTHER ROJAS, fue impuesto igualmente el ciudadano imputado del contenido del artículo 128 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que lo faculta de declarar durante la investigación ante el funcionario del Ministerio Público encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público, siendo que en el presente caso lo hará por ante el Juez de Control, por cuanto ha sido aprehendido por la autoridad competente bajo las circunstancias antes señaladas, de igual forma, que lo hace dentro de las doce horas contadas desde su aprehensión, plazo que pudiere prorrogarse por otro tanto, si así lo solicitare para nombrar defensor. Se le explicó que en todo caso, su declaración será nula si no la hace en presencia de su defensor. Seguidamente de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 129 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a identificar al imputado consultándosele sobre sus datos personales, quien libre de toda coacción y apremió expuso: CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT, natural de Caracas Distrito Capital, nacido el día 24.11.1949, de 66 años de edad, soltero, profesión u oficio: Chofer, residenciado en: Sector C, Calle 4, casa nro. 06, Barrio El Castaño, La Victoria, Estado Aragua, teléfono: 0243-672.5463, titular de la cédula de identidad N° V-28.013.509. Con relación a los hechos manifestó: “lo que tengo que decir es que no sé porque motivo esta niña está diciendo lo siguiente, porque yo no tengo trato con ellos, ni con sus hermanos, todo eso es falso y deseo abogado defensor público y no si mi familia sabe algo, es todo”.

Se procedió a identificar al imputado consultándosele sobre sus datos personales, quien libre de toda coacción y apremió expuso: JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, venezolano, natural de Maracay, Estado Aragua, de 50 años de edad, nacido en fecha 14.12.1963, soltero, profesion u oficio: Albañil, residenciado en: Sector C, detrás del CDI, casa sin número, Barrio El Castaño, La Victoria, Estado Aragua, titular de la cedula de identidad V-10.455.077. Con relación a los hechos manifestó: “ME ACOJO AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, es todo”.

LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO, natural de La Victoria Estado Aragua, nacido el día 28.09.1967, de 47 años de edad, soltera, profesión u oficio: del Hogar, residenciado en: Sector C, Calle 19, casa nro. 09, Barrio El Castaño, La Victoria, Estado Aragua, titular de la cédula de identidad N° V-8.818.212. Con relación a los hechos manifestó: “yo me apego a mi derecho yo no sé porque ella dice eso, y a ella le tienen que hacer un examen para determinar las cosas, y haces unos meses estaba corriendo un rumor que estaba embarazada, y la enfrente y le pregunte, y me dijo que no, me dio la espalda y me dijo, yo no estoy embarazada, yo me estoy dedicando a mi evangelio y a mis estudios, cuando voy al CDI, le digo vaya a buscar unos medicamentos que son para mi papa que le puede dar muerte súbdita y cuando la mando a buscar las cosas al CDI, se demoro bastante y la fui a buscar y me dijo que se le bajo la tensión y la estuvieron atendiendo, yo le digo que eso no es normal, le digo para hacerle entonces los exámenes, y en eso yo estuve con mi papa en el hospital, me dice que el amigo de mi papa, el albañil me beso a la fuerza y desde que le paso lo que le paso a ella, quiere ser abogado penalista, ella dice que desde los 4 años el la viola y yo le digo que si el salió fue por algo, luego me dijo que dichito le hacía correr y allí me puse a cazarla y yo le digo que yo no he visto a ese señor por allí, y si yo tengo que ir a poner la denuncia, tienen que decirme la verdad, ella me dice no mami olvídalo, ella tiene eso en la mente y ella se me puso coqueta y se me puso a llegar tarde, y un día me llego a las 4 de la tarde y me puso a revisarle el bolso porque ella se corta con las hojillas, y llamo a su teléfono y me contesto el papa de un muchachito, me dijo que estaba allí en su casa, y le pregunto dónde queda, y como es cerca de la casa, fui y hable con ello y está muy coqueta, ella no le había venido la menstruación porque yo estoy pendiente, pero como en Enero le duro 15 días más casi 20 días y como le duro mucho yo le dije que eso no le vino en Febrero y si ella está embarazada, lleva como un mes si acaso porque ella tenía todavía sus pantalones apretados y mi hija está mintiendo porque a José Martínez, yo a ese señor solo le venía desde lejos, pero ni el vive conmigo, ni fue en mi casa y cuando salió llame a la Dra Yelitza Acacio y me dijo que si quería apelar pero mi hija dijo que no quería volver para allá, es todo”.

DE LO ALEGADO POR LA DEFENSA

DEFENSA PÚBLICA ABOG. ESTHER ROJAS, quien expuso: “Buenas tardes a todos y escuchado esta defensa, solicita una medida menos gravosa para los tres y tampoco existe un reconocimiento Médico, conforme a la ciudadana Ligia, solicito una medida menos gravosa, solicito que se entreviste a la víctima y se le practique evaluación a los imputados, es todo”.

FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO

La calificación jurídica dada a los hechos por la representante Fiscal, está centrada en JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, por la comisión del delito ABUSO SEXUAL CON PENETRACION EN ACCION CONTINUADA y el delito de EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en el artículo 259, articulo 260 y articulo 258 todos de la Ley Orgánica para La Protección de Niño, Niña y Adolescente, en relación con el artículo 99 del Código Penal, de quien se encuentra embarazada por la cual manifiesta que ha abusada; al ciudadano CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT la presunta comisión de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION y EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en los articulo 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes y para la ciudadana LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO la presunta comisión de los delitos de COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES y AUTORA DE EXPLOTAXION SEXUAL, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes, se colige que la agresión del sujeto activo en estos tipos penales, constituye un atentado aberrante contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la adolescente, igualmente que ésta modalidad de delito atenta contra el desarrollo de la víctima, por tanto, se estima en la generalidad que el delito se perfecciona cuando se produce la penetración vaginal, oral o anal; no obstante, de cara a esta materia especial en las transgresiones de carácter sexual debe el Juez o Jueza acoger el principio del Interés Superior del Niño por cuanto El sistema jurídico venezolano consagra la doctrina de la protección integral de la infancia. Esta doctrina considera al niño y al adolescente como sujetos de derecho cuyo interés superior debe ser la consideración primordial en cualquier decisión que tomen las autoridades. En este sentido el juez o jueza venezolanos, en atención al principio del interés superior del niño debe tomar sus decisiones, en el marco de sus postulados. Tomando en cuenta la cooperación de los poderes públicos y la interpretación coordinada y jerarquizada de los diferentes instrumentos jurídicos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente reconoce el principio de prioridad absoluta que priva en materia de protección del niño y del adolescente, expresado en el texto del artículo 78 que reza:

Art. 78: "Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Ley, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, la protección integral, para lo cual se tomará en cuenta el interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes."

La CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO consagra el interés superior del niño de la manera siguiente:

Art. 3.1: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

A la consagración anterior debemos agregar el mandato que como norma vigente para nuestro sistema establece el Art. 2 de la CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO:

Art. 2: "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción (…).

En el ámbito interno el principio del interés superior del niño está consagrado en la nueva Constitución en los términos siguientes:

Art. 75: "El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección de la madre, del padre o quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Desde el punto de vista de la legislación especial, debemos señalar que es sólo a partir de la promulgación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en 1998, que una normativa interna consagra en Venezuela el principio del interés superior del niño.
Así, la Ley, actualmente con rango constitucional, introduce en la regulación interna la doctrina de la protección integral. Es fundamental recordar, sin embargo, que esta doctrina ya estaba vigente en nuestro ordenamiento desde 1990 por aplicación preferente de la normativa internacional descrita en el punto anterior, específicamente la CDN y ahora es reafirmada por la Constitución y por la normativa especial interna.

La propia Exposición de Motivos de la Ley nos señala en qué consiste y debe consistir cualquier aproximación jurídica al problema de la infancia:
"Simplemente, el niño está primero".
En su articulado la Ley de Protección, establece:
Art. 8: "El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes.

Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

La regulación interna optó por darle una guía a nuestro operador jurídico, particularmente al juez, para la determinación del interés superior del niño. Así, señala:

Artículo. 8: Parágrafo Primero: "Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se debe apreciar:

La opinión de los niños y adolescentes;

La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes;
La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño o adolescente;

La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente;

La condición especifica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo."

En apego a las normas legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, y que de manera supletoria pueden ser aplicadas a este proceso, la ciudadana Fiscala solicitó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, fundamentada en el contenido de los artículos 236.

Ahora bien, observa este Juzgado que para proceder a decretar una Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad, deben establecerse en forma concurrente, los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente los numerales 1, 2 y 3, los cuales se especifican a continuación:
Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción procesal para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación…”

Con respecto al numeral primero de dicho artículo, observa este Tribunal que, debe existir un hecho punible, perseguible de oficio, que amerite pena corporal y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita, por cuanto de existir alguno de estos obstáculos procesales, afecta la efectiva persecución penal y consecuente sanción punitiva del Órgano Jurisdiccional, como ente encargado de administrar justicia, concedida así por el Estado, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el caso de marras, observa este Juzgado, luego de un análisis exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente y de lo manifestado por las partes en la Audiencia Oral celebrada, el Acta Policial de Aprehensión, acta de entrevista y denunciante de los mismos, se puede determinar que se encuentran llenos los requisitos establecidos en este numeral, en la acción antijurídica tipificada en la Audiencia Oral como ABUSO SEXUAL CON PENETRACION ADOLESCENTE EN ACCION CONTINUADA, EXPLOTACION SEXUAL y COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes, siendo la víctima una persona especialmente vulnerable, dada su minoría de edad y por ende su contextura física con respecto al agresor, las relaciones de poder y dependencia de éste en su contra y por tanto la dificultad de afrontar esta experiencia.

Con relación al numeral 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, observa quien aquí decide, que de autos emergen suficientes elementos de convicción procesal para estimar que los ciudadanos JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, por la comisión del delito ABUSO SEXUAL CON PENETRACION EN ACCION CONTINUADA y el delito de EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en el artículo 259, articulo 260 y articulo 258 todos de la Ley Orgánica para La Protección de Niño, Niña y Adolescente, en relación con el artículo 99 del Código Penal, de quien se encuentra embarazada por la cual manifiesta que ha abusada; al ciudadano CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT la presunta comisión de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION y EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en los articulo 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes y para la ciudadana LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO la presunta comisión de los delitos de COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES y AUTORA DE EXPLOTAXION SEXUAL, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes, lo cual Fundamenta esta juzgadora, con los siguientes elementos de convicción:

• Acta Policial de fecha 06 de Marzo de 2015, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub Delegación La Victoria, en la cual dejan constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión de los imputados de autos.

• Acta de denuncia formulada por la Adolescente victima Y.M, quien manifestó que desde que ella tenía 4 años aproximadamente su padre JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, ha estado abusando sexualmente de ella (…) hasta el pasado 29 de Agosto de 2.014 cuando cumplí 15 años, luego de haber bailado el Vals con mis amigos, mi papa me paso por un lado y me dijo “Prepárate que voy por ti” (…) este me siguió violándome cada vez que mi mama no se encontraba, fue entonces cuando en el mes de Diciembre me di cuenta que no me venía la menstruación y tenia malestares, fui al CDI inmediatamente me hicieron los exámenes y es cuando me dicen que tenía tres meses de embarazo, para ese momento se lo dije a mi mama pero esta no me creyó y menos que le bebe fuese de mi papa (…)”.

Ahora bien, con relación al numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige una presunción razonable, en atención a las circunstancias específicas del caso, acerca del peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, observa este Tribunal lo siguiente:
Igualmente la magnitud del daño causado es de connotación social importante, por cuanto, la violencia contra la mujer a la luz de la Ley que rige la materia viene a ser un problema de salud pública, que atenta contra la integridad y estabilidad emocional de la víctima y su libertad de decidir acerca de su sexualidad y el derecho por causar afectación psíquica, por lo que es considerado así por la doctrina y la Jurisprudencia, aunado a que se trata de una adolescente, la cual desconoce cómo afrontar este tipo de problemas y por tanto es especialmente vulnerable.
Tales circunstancias están dadas por cuanto el imputado es familia de la niña víctima y pudiera diligenciar lo pertinente para lograr influenciarla en torno a la versión de los hechos e igualmente que ella o los posibles testigos del hecho se comporten de manera reticente.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, considera esta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD contra de los ciudadanos: JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, por la comisión del delito ABUSO SEXUAL CON PENETRACION EN ACCION CONTINUADA y el delito de EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en el artículo 259, articulo 260 y articulo 258 todos de la Ley Orgánica para La Protección de Niño, Niña y Adolescente, en relación con el artículo 99 del Código Penal, de quien se encuentra embarazada por la cual manifiesta que ha abusada; al ciudadano CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT la presunta comisión de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION y EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en los articulo 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes y para la ciudadana LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO la presunta comisión de los delitos de COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES y AUTORA DE EXPLOTAXION SEXUAL, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes, siendo la víctima una persona especialmente vulnerable, dada su minoría de edad y por ende su contextura física con respecto al agresor, las relaciones de poder y dependencia de éste en su contra y por tanto la dificultad de afrontar esta experiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA
Acto seguido, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN SEGUNDO DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, ACUERDA: PRIMERO: En atención y apego a las necesidades de celeridad y no impunidad de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del instrumento legal, se establece la prosecución de la investigación por el único procedimiento penal especial. SEGUNDO: Por cuanto de los elementos hasta ahora consignados y observados en este asunto, son suficientes para demostrar la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio y no prescrito, este Juzgado acoge provisionalmente la calificación de los delitos a los ciudadanos: JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, por la comisión del delito ABUSO SEXUAL CON PENETRACION EN ACCION CONTINUADA y el delito de EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en el artículo 259, articulo 260 y articulo 258 todos de la Ley Orgánica para La Protección de Niño, Niña y Adolescente, en relación con el artículo 99 del Código Penal, de quien se encuentra embarazada por la cual manifiesta que ha abusada; al ciudadano CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT la presunta comisión de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION y EXPLOTACION SEXUAL, previsto y sancionado en los articulo 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes y para la ciudadana LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO la presunta comisión de los delitos de COMISION POR OMISION DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTES y AUTORA DE EXPLOTAXION SEXUAL, previstos y sancionados en los artículos 259, 260 y 258 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niño, Niña y Adolescentes, advirtiendo a las partes, que tal circunstancia pudiese variar al término de la investigación. TERCERO: Se acuerda celebrar la Prueba Anticipada de conformidad a lo establecido en el artículo 289 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: En cuanto a la aprehensión de los ciudadanos: JOSÉ ALEJANDRO MARTINEZ, CRUZ WLADIMIR ESPINOZA TOTESAUT y LIGIA COROMOTO FERNANDEZ LIENDO, dado que estamos en presencia de un hecho punible, perseguible de oficio y no prescrito y existen suficientes elementos de convicción para estimar la participación del imputado en el mismo, así como la presunción razonable del peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, se decreta MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 236, 237 y 238 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario Aragua con Sede en Tocoron, por un lapso de treinta (30) días que se cumplen en fecha 09.03.2015, prorrogables por quince (15) días a requerimiento del Ministerio Público, advirtiendo al imputado que en caso que no sea presentado acto conclusivo en el lapso de los treinta (30) días el Tribunal de oficio procederá a modificar la medida decretada en este acto. QUINTO: Se acuerda que en su oportunidad legal sean remitidas las presentes actuaciones a la Fiscalía Decima Sexta (16°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que declare el acto conclusivo a que haya lugar. Regístrese, Publíquese. CÚMPLASE.-
La Jueza Suplente,

AURALIS MILEXI PEREZ LOPEZ
La Secretaria

Abog. SCARLETH FLORES SOLANO.
9:59 AM