REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 22 de mayo de 2015 205º y 156º ASUNTO: AP11-V-2012-001031 PARTE ACTORA: ciudadana JENFRI JOSE SANCHEZ GUILARTE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 11.143.833. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogados ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENZUELA, JOSÉ VICENTE HARO GARCÍA y MARÍA ESTELA ZANNELLA TORRES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 32.176, 64.815 y 114.214, respectivamente. PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil PROMOTORA VALLES DE PARACOTOS C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital del estado Miranda, en fecha 17 de Mayo de 2007, bajo el Nº 99, Tomo 1577-A. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos. MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA PRIMERO: la presente causa se inicia por libelo de demanda consignado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial y en virtud de la distribución previo sorteo de Ley, fue asignado para su conocimiento, sustanciación y decisión, a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, quien la admitió por auto de fecha 17 de Octubre de 2012, ordenándose la citación de la parte demandada. Seguidamente, el día 17 de Enero de 2013, el Tribunal dictó auto de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 206 del Código del Procedimiento Civil de Venezuela, corrigiéndose error material involuntario y dictó un nuevo auto de admisión de la demanda. Posteriormente, en fecha 3 de Diciembre de 2013, encontrándose el presente juicio en fase de citación en virtud de haber resultado infructuosa la misma de manera personal, el Tribunal designó como defensora judicial de la parte demandada a la abogada ADA LETICIA D’ ANGELO. Seguidamente, el día 04 de Febrero de 2014, compareció la abogada MARÍA ESTELA ZANNELLA TORRES, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, con la finalidad de solicitar se designe nuevo defensor judicial a la parte demandada, lo cual el Tribunal acordó mediante auto de fecha 11 de Febrero de 2014, designándose a la abogada INES JACQUELINE MARTÍN MARTELL. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.-Toda instancia se extingue por el transcurso de un año si haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, quien aquí decide no aprecia motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente: El Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. Así mismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas el término instancia es utilizado como impulso; el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el Juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el Juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Así mismo, debe considerarse en el presente pronunciamiento, que la parte accionante en la presente causa no realizó actuación procesal alguna desde el día 04 de Febrero de 2014, por lo que ha transcurrido holgadamente más de un año, tiempo superior al establecido por el legislador para que proceda la perención, es por lo que, resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE. TERCERO: Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de mayo de 2015. Años 205º y 156º. El Juez, Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Abg. Oscar L. Medina Coronado En esta misma fecha, siendo las 10:25 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Abg. Oscar L. Medina Coronado Asunto: AP11-V-2012-001031 CARR/OLMC/lr