REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 27 de noviembre de 2015
205º y 156º
ASUNTO: AP11-V-2015-000847
SOLICITANTE: Ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos V-6.917.169 y V- 6.148.571, respectivamente.-
APODERADOS JUDICIALES DE LOS SOLICITANTES: GERARDO HENRIQUEZ CARABAÑO, FRANCISCO SEIJAS RUIZ y NAKARID VALENTINA PINEDA, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 36.225, 39.677 y 148.087, respectivamente.-
PRESUNTA ENTREDICHA: Ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-25.532.118.-
MOTIVO: INTERDICCIÓN CIVIL.
-I-
Se refiere el presente proceso a una Solicitud o Instancia de INTERDICCION por defecto intelectual que iniciaran los ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábil y titulares de las cédulas de identidad N° V- 6.917.169 y V-6.148.571, respectivamente representados por los abogados GERARDO HENRIQUEZ CARABAÑO, FRANCISCO SEIJAS RUIZ y NAKARID VALENTINA PINEDA, abogados, en ejercicio de este domicilio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos 36.225, 39.677 y 148.087, en el mismo orden enunciado, actuando en su condición de parientes legítimos de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-25.532.118, esta última señalada como presunta entredicha en la presente solicitud que encabeza estas actuaciones.
DE LOS HECHOS
Expusieron los solicitantes, que su hija la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, desde que tenia Dos (02) años de edad, comenzó a presentar síntomas de Autismo en Grado Moderado a severo e integridad cognitiva disminuida, situación que fue agravando más su condición de enferma, que estuvo en constante evaluación por múltiples especialistas y recibiendo atención educativa especializada en el Centro Integral para la estimulación Cognitiva y Comunicativa (CIPECC).-
Que requiere de cuidados familiares y de enfermería permanente para garantizar su bienestar físico e integridad general, todo ello según consta de informe medico emitido por el Centro Integral así como por el médico psiquiátrico Dr. JESUS CORDOVA SAEZ, los cuales anexa.-
Que la patología que presenta su hija comporta problemas severos o profundos de aprendizaje y de comportamiento, los cuales le han impedido desarrollarse como una persona de forma independiente. Siendo que tal discapacidad hace que ella sea incapaz de manejar su propia persona o sus asuntos, por lo que requiere de cuidado, tratamiento y control para su propia protección, la protección de otros o la protección de la comunidad.-
En este sentido, los solicitantes acompañaron a los autos partida de nacimiento en copia certificada emitida por la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Municipio Baruta del Estado Miranda.-
Informes médicos y psicológicos que avalan los argumentos por el descritos en su escrito libelar, marcados “D” y “E” y en consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 395 del Código Civil, solicita se declare la interdicción de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, y se les nombre como tutores a los solicitantes ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA, arriba identificados.
Igualmente acompañaron anexo al libelo, Poder donde acreditan su representación, y copias simples de las cédulas de identidad de los solicitantes y de la presunta notada de interdicción.-
Recibida como fue la presente solicitud de interdicción, así como consignados como fueron los recaudos fundamentales en los cuales se sustenta y ampara la misma, el Tribunal Trigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante providencia dictada en fecha 15 de julio de 2014, ordenó su admisión y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil Vigente, ordenó proceder a la averiguación sumaria de los hechos narrados en el escrito de solicitud, oficiando lo conducente a la Dirección de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, específicamente al Departamento de Psiquiatría Forense, a los fines que el citado organismo procediera a nombrar y remitir una terna de médicos psiquiatras para la práctica del examen médico legal a efectuarse en la persona del presunto notado de defecto intelectual, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 ejusdem, ordenó la notificación al Ministerio Público, verificándose de autos que todos estos requisitos fueron cabalmente cumplidos.
Siguiendo en el mismo orden procesal en que se desarrolló la presente solicitud de interdicción, se verifica de autos que se dio cumplimiento en su debida oportunidad a los postulados contemplados en los artículos 733 del Código de procedimiento Civil y 396 del Código Civil vigente, lográndose el interrogatorio a los parientes o amigos de la familia de la presunta notada de demencia, así como también la declaración personal de esta última.
En el mismo orden procesal desarrollado y cumplidos con los trámites legales para la designación de la terna de médicos psiquiatras pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas y, posterior realización del informe pericial por parte de los galenos que a bien fueron escogidos para el examen practicado en la persona de la presunta entredicha, se observa que en fecha 28 de abril de 2015, se realizó el estudio psiquiátrico respectivo, remitiendo dichas resultas a dicho tribunal y agregadas a los autos del respectivo expediente, observándose del contenido íntegro del informe que realizaron las doctoras EVA GUEVARA y MARIA ELENA BERROETA, Psiquiatras Forenses, dicho peritaje arrojó como resultado lo que parcialmente se transcribe:
“…se concluye que el consultante presenta criterios clínicos para el diagnóstico de TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO, AUTISMO INFANTIL (F84.0 según CIE-10), la cual es una entidad en donde se encuentra afectado el desarrollo normal del cerebro y con ello las áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades comunicativas, generalmente, tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, tal y como vemos en esta evaluada.
En consecuencia, debido a dicho trastorno quien lo padece enfrenta serias dificultades para darle sentido a la información que le llega a través de los sentidos, organizarse a si mismo efectivamente, comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y relacionarse socialmente con otras personas, lo cual hace difícil su desenvolvimiento en los diferentes ambientes y el progreso con los métodos de enseñanza tradicionales.
Igualmente encontramos en este caso en particular un bajo nivel de rendimiento cognoscitivo, siendo frecuente la presencia de retraso mental significativo en los casos de autismo, con alteración de las funciones mentales superiores. Esto origina entre otros aspectos que sus capacidades de juicio y discernimientos estén afectadas. Ello propicia que sea fácilmente manipulable e influenciable.
Las características de este cuadro convierten a la evaluada en una persona mentalmente incapacitada, de manera total y permanente por lo cual, se recomienda su atención y cuidados por terceras personas, como se ha venido realizando, así como continua con el control ambulatorio y tratamiento farmacológico…”
Llenos los extremos de ley, el Juzgado de Municipio mediante auto de fecha 9 de junio de 2015, ordenó la remisión del expediente en su forma original a la Unidad de Recepción de Distribución de Documentos de los Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial a los fines que tramitado como fue el expediente procediera a decidir el mismo.-
Luego de la correspondiente distribución aleatoria correspondió a este Juzgado conocer de la misma, el cual mediante auto de fecha 01 de julio de 2015, se le dio entrada y se ordenó anotarlo en los libros para continuar el proceso en el estado en que se encontraba.-
Verificados y cumplidos con todos los requisitos legales para el pronunciamiento interlocutorio conforme a la normativa del artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, efectivamente así lo hubo sobre la interdicción promovida, tal como se verifica de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 02 de julio de 2015, a través de la cual se decretó la interdicción provisional de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, ampliamente identificada en autos designándole como tutor interino a los ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA.-
Del mismo modo se acordó proseguir el presente proceso por el procedimiento ordinario, quedando la causa abierta a pruebas evidenciándose en este último episodio que la representación de los solicitantes hicieron formal uso de este derecho.
-II-
Llegada la oportunidad para decidir al fondo de la presente solicitud de interdicción el Tribunal observa:
Se inició el presente procedimiento de interdicción a solicitud de dos (2) parientes de la presunta notada de demencia, quien entre otras cosas expuso en su escrito consignado en autos y que encabeza las presentes actuaciones, que la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, ampliamente identificada en autos, padece desde muy temprana edad de un defecto intelectual que lo hace incapaz y por ende proveerse asimismo sus propios intereses, por tanto requirieron su interdicción cumpliendo para ello con todos los requisitos legales establecidos tanto en la normativa adjetiva como sustantiva.
Ahora bien, de acuerdo a los hechos planteados por los solicitantes, corresponde a esta Juzgadora determinar si es procedente o no la incapacitación solicitada a favor de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, ampliamente identificado en autos.-
Bajo esta óptica debe así precisar esta juzgadora en base a las pruebas que cursan en el expediente, las cuales por tratarse de documentales no siendo impugnadas, ni tachadas dentro de la secuela del procedimiento por persona alguna, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, se le otorgan pleno valor probatorio del contenido que de ellas emana.
Ahora bien, es menester dejar presente si en el caso que nos ocupa tiene lugar una incapacitación absoluta o una incapacitación relativa, a saber, una interdicción o una inhabilitación, respectivamente, esto tomando como base que los solicitantes en su escrito, requirieron la interdicción de la ciudadana señalada como presunta notada de demencia.
Conforme a lo anterior y con conocimiento a las distintas doctrinas propiamente analizadas y discutidas por los estudiosos de esta materia (Interdicción e Inhabilitación Civil) los cuales han llegado a la conclusión de manera unísona a la determinación que la diferencia entre una y otra viene dado por la gravedad de la afección mental, la cual si es grave hace a la persona incapaz de proveer a sus propios intereses dando lugar a una incapacitación absoluta o interdicción, en tanto que si es leve desencadena en una incapacitación relativa o inhabilitación. El régimen correspondiente a la interdicción es la tutela en tanto que la inhabilitación da lugar a la cúratela.
Ahora bien, en razón que nuestro ordenamiento ha previsto las dos modalidades de incapacitación según el nivel o grado de afección de enfermedad mental de la persona, está dado al juzgador declarar una u otra según la gravedad de la situación o defecto intelectual.
En consecuencia, aun cuando se haya solicitado una determinada modalidad de incapacitación, ya sea absoluta (interdicción) o relativa (inhabilitación), el juez puede según las pruebas acaecidas en el proceso declarar con lugar el régimen de protección que considere pertinente.
Así lo ha indicado la doctrina:
La intensidad de la enfermedad mental finalmente determinará si se está en presencia de un pronunciamiento de interdicción o de inhabilitación. (Domínguez Guillén, María Candelaria. Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores N° 1. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 259). Y así el juez en la sentencia puede decidir: declarar la interdicción definitiva, declarar que no hay lugar al procedimiento o declarar con lugar la inhabilitación si el procedimiento no ha tenido lugar de oficio. (art. 740 del CPC). (ibid., p. 284).
Igualmente ha indicado la doctrina que la prueba por excelencia en el procedimiento es la experticia médica. En este punto tan especial aprecia esta Juzgadora de acuerdo al informe médico psiquiátrico que corre del 54 al 56, respectivamente, se desprende la existencia de una enfermedad, según diagnostico DE TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO, AUTISMO INFANTIL (F84.0 según CIE 10), que de acuerdo a las características según se indican en dicho informe atañen generalmente tanto a la facultades físicas como también las facultades mentales e intelectuales de la persona.
Se desprende asimismo de dicho informe que el nivel intelectual se encuentra comprendido, de un bajo nivel cognoscitivo siendo frecuente la presencia de retraso mental significativo en los casos de autismo, con alteración de las funciones mentales superiores.
En este sentido dada la gravedad que supone a nivel de la esfera individual del sujeto la incapacitación absoluta o interdicción, haciéndole perder el libre gobierno sobre sí e imponiendo la figura de la representación en lo que atañe a la capacidad de obrar, la ley prevé según el grado de la afección, la posibilidad de graduar la protección del presunto incapaz a una incapacitación relativa o inhabilitación si la enfermedad mental del afectado es leve. En este último caso, se mantiene el libre gobierno de la persona y no se queda sometido a un régimen de representación sino de asistencia.
En el caso que nos ocupa del informe médico se evidencia una enfermedad de retraso mental significativo en los casos de autismo, presentando el paciente un cuadro neuropsiquiatrico, que afecta de modo importante su adecuada capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento sobre sus actos, y dicho estado a criterio de esta juzgadora configura una afección lo suficientemente grave como para someterla a una incapacitación absoluta de interdicción. Ello resulta confirmado con otras pruebas que cursan en el expediente además del examen médico, a saber, el interrogatorio practicado en la persona de la presunta notada de demencia, en el que esta juzgadora apreció un sujeto con una incoherencia no característica de una persona con una afección intelectual relativa, sino mas bien grave. Aunado a las declaraciones aportadas por los ciudadanos GLADYS CASTILLA DE ORTEGA MARCO TULIO ORTEGA VARGAS, LIS MARIA SAMILA CASTILLA ALEGRIA DEL CARMEN ORTEGA DE COELLO venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nos V.- 6.148.571, V.- 6.917.169, V.- 5.598.285 y V.- 6.910.919, respectivamente, cuyas testimoniales son valoradas conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se tienen como ciertas al no haberse encontrado contrariedad alguna en sus exposiciones.
En lo que respecta a los testimoniales descritas ut-supra, vale observar que las mismas coinciden en la existencia de una afección que precisa de ayuda pero que a criterio de este juzgador por si mismas no logran denotar la diferencia jurídica entre una incapacidad absoluta o relativa.
De manera pues, que en razón de las pruebas descritas y que cursan en el expediente se aprecia la existencia de una afección intelectual que precisa la necesidad de incapacitación. Ahora bien, en razón que la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, presenta una afección mental que a criterio de esta Juzgadora resulta lo suficientemente grave, requiriendo un régimen de protección absoluta, a saber la Interdicción, es por lo que se declara ésta última. Y ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia, tomando en consideración las observaciones y probanzas anteriormente analizadas, se declara la incapacitación absoluta o interdicción de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, ampliamente identificada en autos, la cual surte sus efectos desde la misma fecha en que se declaró la interdicción provisional conforme a la disposición del artículo 403 del Código Civil y por tanto queda sometida la misma a un régimen de representación, tal como efectivamente será decretada en el dispositivo del presente fallo.
Por otro lado corresponde a esta juzgadora precisar la persona que se desempeñará como Tutor definitivo del entredicho. En este sentido, la norma del artículo 397 del Código Civil, indica que el entredicho queda bajo tutela y las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a la de los entredichos, en cuanto sean adaptables a la naturaleza de ésta.
En el caso de autos dada la gravedad que supone a nivel de la esfera individual de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, haciéndole perder el libre gobierno sobre sí misma e imponiendo la figura de la representación, considera quien aquí decide designar como en efecto lo hace, a los ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA plenamente identificados en autos, como Tutores definitivos de la ciudadana en mención, con lo cual se le impone proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 401 del Código Civil, el cual dispone: “La primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz adquiera o recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar principalmente los productos de los bienes”. Y ASÍ SE DECIDE.
-III-
Por todos los razonamientos expuestos este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley dicta los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: declara CON LUGAR la solicitud de incapacitación y declara la INTERDICCION de la ciudadana MARIA VICTORIA ORTEGA CASTILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-25.532.118, quien queda sometida al régimen de representación de la Tutela de entredicho según las previsiones de ley.
SEGUNDO: Se designa como Tutores definitivos a los ciudadanos MARCO TULIO ORTEGA VARGAS y GLADYS CASTILLA DE ORTEGA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos V-6.917.169 y V-6.148.571, respectivamente.-
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 414 del Código Civil, una vez declarara firme la presente decisión se ordena oficiar a la Oficina Principal de Registro Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, a los fines de protocolizar el presente decreto.
CUARTO: Igualmente se ordena una vez quede firme la presente decisión publicar en un diario de mayor circulación a nivel nacional el contenido del dispositivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 415 del Código Civil.
QUINTO: De conformidad con lo preceptuado en los artículos 324 y 325 del Código Civil, se ordena proceder con la apertura del Consejo de Tutela.
SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, a los fines de la consulta de ley.
En virtud de la naturaleza de la decisión, no hay condenatoria en costas.-
Por cuanto la presente decisión ha sido dictada dentro del lapso legal previsto para ello, no requiere notificación.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZ,
EL SECRETARIO,
CAROLINA M. GARCÍA CEDEÑO.-
CARLOS TMAURE ALVAREZ.-

Se deja constancia que en esta misma fecha, siendo la una y veinte minutos de la tarde (1:20 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-
EL SECRETARIO,

Abg. CARLOS TMAURE ALVAREZ.-