REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 30 de Octubre de 2015 205º y 156º ASUNTO: AH16-V-2008-000344 PARTES DEMANDANTE: INDUSTRIAS LUCERO, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 18 de octubre de 1978, bajo el número 45, tomo 83-A, domiciliada en Caracas. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: AZMY ABDUL-HADI SALEH y CARLOS GOTTBERG, abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 5.263 y 51.871, respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadano MOHAMAD MAHMOUD ZAHRAMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.681.551. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderados constituidos en autos. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -I- Conoce el Tribunal previa Distribución de ley, la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que intentara el ciudadano AZMY ABDUL-HADI SALEH abogado en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro 5.263 actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS LUCERO S.A., en contra el ciudadano MOHAMAD MAHMOUD ZAHRAMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.681.551. Mediante auto de fecha diecinueve (19) de Enero de dos mil diez (2010), se admitió la demanda por el procedimiento breve y se ordenó la citación de la parte demandada. En fecha 25 de febrero de 2010, el Tribunal dejo constancia de haberse librado compulsa de citación a la parte demandada. En fecha 25 de mayo de 2011, se dictó sentencia mediante el cual se ordeno la suspensión del presente juicio, hasta no haber cumplido con el procedimiento especial en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas. En fecha 7 de mayo de 2012, el Tribunal acordó la devolución de los documentos originales insertos en el presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. -II- Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: (…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…). Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”. Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que, desde el 25 de mayo de 2011, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se ordeno la suspensión del presente juicio, hasta no haber cumplido con el procedimiento especial en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide.- -III- Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Todo de conformidad con lo establecido en artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido por haber transcurrido mas de un (1) año de inactividad entre las partes. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación. EL JUEZ Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO En esta misma fecha, siendo las 10:15 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia. EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO Asunto: AH16-V-2008-000344