TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio con
Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la
Circunscripción Judicial del estado Aragua
Maracay, 5 de Noviembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : DP01-P-2014-000028
ASUNTO : DP01-P-2014-000028

LA JUEZA: GABRIELA CAMPOS RIVAS
LA FISCAL 6 DEL MINISTERIO PÚBLICO
EL ACUSADO: JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ
LA DEFENSA PÚBLICA N° 02: ABG. HÉCTOR PÉREZ
LA SECRETARIA: ABG. CLARISSA MILLAN
Vista las solicitudes realizada en fecha 05.10.2015, por la Defensa Pública ABG. HÉCTOR PÉREZ , en su carácter de defensoras públicas del ciudadano JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ, a quien se le sigue causa ante este Juzgado por la presunta comisión de los delitos de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana victima: JONEILY MAILE AGUDO BOLÍVAR; quien solicita al Tribunal decrete el Decaimiento de la Medida Judicial Privativa de Libertad a favor de sus representados, de conformidad con el artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando además el cambio de centro de reclusión de su representado, este Tribunal para decidir previamente observa:

DE LOS HECHOS

En fecha 11 de Noviembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones Sexto de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, celebró Audiencia de Presentación de Imputado, en la que se decreta Medida Privativa de Libertad en contra del ciudadano JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana victima: JONEILY MAILE AGUDO BOLÍVAR.

En fecha 05 de Enero de 2005, el Representante de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, consignó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos escrito de acusación.

En fecha 18 de Enero de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones Primero de Control del Circuito Judicial del Estado Aragua, celebra e Audiencia Preliminar, ordenando el pase a juicio.

En fecha 15 de Julio de 2014 el Tribuna Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del Estado Aragua, Declina la competencia a los Tribunales con competencia en Delitos en Violencia contra las Mujeres, la presente causa en razón de la naturaleza del delito de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana victima: JONEILY MAILE AGUDO BOLÍVAR

En fecha 18 de Julio de 2014, se recibe en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos el oficio N° 1017 por parte del Abogado Pedro Antonio Linarez, en su condición de Juez del Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal Estado Aragua, en contra del ciudadano JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ.

En fecha 21 de Julio de 2014, se recibe la distribución de la causa DP01-P-2014-000028 seguida en contra del acusado JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ, este Tribunal procede a fijar fecha de Apertura a Juicio para el día 14/08/2014.

En fecha 14 de Agosto de 201, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, difiere la presente Audiencia por cuanto no se hizo efectivo el traslado procedente del Internado Judicial Aragua con Sede en Tocorón; fijándose nuevamente para el día tres (03) de Octubre de 2014.

Se observa de la revisión que el no se ha realizado el respectivo acto de apertura oral por distintas situaciones que han dilatado el proceso, en varias oportunidades por falta de traslados, asimismo, si bien es cierto en varias oportunidades no comparecieron otras de las partes, no es menos ciertos que para la realización de dicho acto es necesaria la presencia del acusado de autos, ya que en dicho acto debe imponer del procedimiento especial por admisión de hechos, así como del precepto constitucional consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado a que no consta en autos que el mismo haya renunciado a tal derecho, no obstante no se materializa el traslado aun cuando diligentemente se ha librado los oficios de traslados correspondientes.

DEL DERECHO

Nuestra Constitución de modo imperativo consagra que: “…todo ciudadano debe ser juzgado en libertad…”, así lo establece en el articulo 44 numeral 1º, este mandato está dirigido para que todos los órganos del poder público, incluidos los tribunales de justicia, hagan cumplir este principio, de lo contrario no estaríamos en presencia de un verdadero estado democrático y de derecho, tal y como lo promulga nuestra carta magna en su artículo 2º.

El mencionado derecho a ser juzgado en libertad se encuentra debidamente reglamentado en la Ley, que prevé los casos y modalidades de excepción que permiten la privación o la restricción de dicha libertad, estableciendo toda una serie de principios de obligatorio cumplimiento, que rige la actividad de los diferentes operadores de justicia, especialmente los jueces, con miras a evitar que bajo el amparo de algunas de estas figuras de excepción, se cobijen de manera subrepticia mecanismos que permitan el cumplimiento del material del mandato constitucional, aquí aludido.

Nuestro Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, es el texto legal encargado de desarrollar y reglamentar el principio de libertad citada, señalando aquellas situaciones de excepción que permiten la privación o la restricción a la libertad de un ciudadano.

Dicho Código señala toda una seria de medidas de coerción personal que afectan la libertad del ciudadano involucrado en un proceso penal; ahora bien, igualmente describe una serie de Principios que deben orientar al juzgador en la oportunidad de imponer al juzgado, alguna de esas medidas. Dentro de tales principios resaltan; El Principio de la Necesidad, El Principio de Proporcionalidad, El Principio de Excepcionalidad y de Carácter Restrictivo, el Principio de Judicialidad, Motivación, Provisionalidad y Temporalidad; a los fines de ilustrar esta solicitud valga hacer las siguientes consideraciones:
PRINCIPIO DE NECESIDAD: La medida de coerción solo podrá ser impuesta en cuanto sea necesario para los fines del proceso. Esta necesidad debe ser apreciada casuísticamente por el Juez, pero en todo caso sólo se puede entender como necesaria la medida, si la misma es imprescindible para asegurar la persona del imputado a los fines de su comparecencia al debate o del cumplimiento de la pena; o para evitar la destrucción o alteración de pruebas o la obstaculización de su búsqueda.

Ahora bien, la sala Constitucional ha establecido en sentencia de fecha 02-03-2004, número 246, con ponencia del Dr. Antonio J. García García cual es la etimología de las medidas de coerción en los siguientes términos:

“…etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase…”

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 626, Expediente N° 05-1899, dictada en fecha 13 de Abril de 2007, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien dejó establecido lo siguiente:

“…El simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el supuesto del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad… El decaimiento de la privación de libertad transcurridos los dos años no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, el juez tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas…”.

En este orden de ideas, surge la necesidad de establecer que en base a un evento delictuoso, trascendente y dañoso socialmente, el infractor vulnera normas de orden público, transgrede las reglas de la convivencia y por ende debe responder de sus actos frente a la comunidad, debiendo además, ser respetados los intereses de quien particularmente sufre los efectos del delito a quien se le ha denominado víctima, porque no solo comprende al agraviado sino a otras personas; por lo que dentro de los objetivos del Estado, es buscar que los responsables de los delitos sean castigados adecuadamente, que las víctimas sean atendidas, que reciban una apropiada asesoría jurídica, que los daños que sufrieron con motivo de la comisión del delito sean reparados.

En este sentido, es importante, señalar al recurrente, que según criterio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Sentencia Nº 2249, de fecha 01/08/2005; se denota que cuando se evidencie que la concesión de la Libertad del Imputado amenace o coloque en riesgo la integridad de la Victima; no procederá el decaimiento automático de la Medida de Coerción personal; aun cuando se haya sobrepasado el lapso de los dos años establecidos en el articulo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo ello versado en que los derechos consagrados a las victimas nacen por un mandato establecido en el articulo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las victimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, mandato éste desarrollado como garantía procesal también en el articulo 23 de nuestra Ley Penal Adjetiva, cuando prevé entre otras cosas: “La protección de las victimas y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal”.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: Con el que se persigue que la medida de coerción aplicable a cada enjuiciado. Debe existir proporcionalidad entre la Medida Cautelar impuesta y la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, proporcionalidad que implica para el juez, la obligación de verificar en cada caso las condiciones en que ocurrió el delito, el posible daño causado y la pena que ha de imponerse, haciendo la acotación que para efectuar el análisis de este último elemento no basta con constatar el quantum de la pena, sino que además es conveniente verificarse una vez impuesta la misma, si el procesado puede ser objeto de un beneficio o medida alterna de cumplimiento de libertad, y el juez debe verificar las condiciones personales del enjuiciado, de modo que se impida la desnaturalización de la medida, al gravar necesariamente la situación del sometido al proceso penal cuando se le impone una medida que le resulte imposible de cumplir en virtud de sus características culturales, socio-económicas o personales de cualquier otra índole. Fundamentación esta que se basa en lo dispuesto en el artículo 230 del Código Adjetivo Penal.

Es necesario acotar que la regulación que contiene el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que se refiere a las medidas de coerción personal, apunta a impedir la privación innecesaria de la libertad del encausado y la imposición de medidas excesivamente gravosas para él, cuando dicha imposición no sea absolutamente indispensable a los fines del proceso; evitando así la consecuencia que dicha privación de libertad acarreaba en el pasado cuando bajo el sistema inquisitivo, la medida cautelar (fundamentalmente la detención judicial), se convertía en la imposición de una pena anticipada. La utilización de cualquier tipo de medida cautelar sustitutiva de libertad en forma tal, que de todos modos se constituya en una privación de libertad del imputado representa solo una vil manera de desaplicar los principios que orientan el sistema penal vigente, sino que además representan aberrantes y perversas modalidades de aplicar la ley, en forma por demás injusta y discriminadora, precisamente contra aquellos quienes representan un cuadro económicamente desfavorable.

En el presente caso el acusado se encuentra bajo una Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, desde el 11.11.2004, la cual claramente es superior a los dos años que contempla el artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal al haberlo así decretado el Juzgado Sexto en Función de Control, habiendo el Ministerio Público presentado acto conclusivo en su oportunidad, y siendo realizada la respectiva audiencia preliminar, en la cual se admitió totalmente el acto conclusivo por los tipos penales de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana KYSBEL DANIELA PATIÑO, por lo cual permanece el acusado bajo una medida de coerción Privativa Preventiva de Libertad hasta este momento. En este orden el artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

“…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años”.

Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en conspicua y reiterada jurisprudencia, sobre las decisiones fundamentadas en la aplicación del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, hoy artículo 230, de la cual me permito reproducir una pequeña muestra:

“…Siendo ello así, es evidente que, en el presente caso, la medida de coerción personal impuesta al imputado sobrepaso el término establecido en el señalado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la garantía que el legislador ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, siempre y cuando no existan tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores para que el proceso penal pueda tardar mas de dos años sin sentencia firme…

…De allí que tal como o declaró el juez constitucional, al no cursar en el expediente prueba alguna que permita determinar a quien debe atribuirse el retardo procesal, se hace necesario ordenar al Juzgado….que verifique si la dilación procesal fue obra del imputado o su defensa, de no ser así el juez accionado debe proceder a revisar la medida cautelar sustitutiva que le fue acordada al imputado y sustituirla por otra de posible cumplimiento…” (Sentencia de fecha 28-04-05, expediente Nro. 1572, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Ahora, si bien es cierto que ha transcurrido en demasía el lapso a que se contrae el artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, sin que exista sentencia definitiva en contra del ciudadano JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ, el Ministerio Público tampoco solicitó en la oportunidad correspondiente la prorroga a que se contrae la norma antes citada, no obstante he de resaltar que el juicio no ha podido llevarse a efecto motivado a la cantidad de diferimientos, de los cuales en su mayoría se han efectuado por la falta de traslado del acusado, aún cuando este Tribunal de manera diligente libró en varias oportunidades las boletas de traslado al centro de reclusión del mismo sin que se haya podido llevar a efecto, motivo por el cual quien aquí decide, considera que a los subjúdices, se le sigue enjuiciamiento por un delito sumamente grave como lo es los delitos de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana KYSBEL DANIELA PATIÑO, cuya pena a imponer en caso de una sentencia condenatoria jamás sería menor a QUINCE (15) AÑOS, lo que va muy por encima de los DOS (02) AÑOS que prevé la norma procesal penal como mínima del delito en cuestión, en base a ello considera quien aquí decide que una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad no resultaría suficiente para asegurar las finalidades del proceso pues ello significaría una infracción al artículo 55 Constitucional, aunado a ello, en fecha 22.06.2015, la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, emitió pronunciamiento en el cual declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa pública en contra de la decisión emanada de este Juzgado, ordenando la celebración inmediata de un nuevo juicio, por lo que en consecuencia este Tribunal declara sin lugar la solicitud de DECAIMIENTO impetrada por la defensa, haciendo la acotación que se hará lo necesario para la realización de la apertura el debate en el menor tiempo posible.

De la misma manera, se ordena oficiar al Ministerio para el Poder Popular para el Sistema Penitenciario a los fines de solicitarle que gestione lo necesario para la materialización del traslado del acusado de autos.

DISPOSITIVA

Por los razonamiento de hecho y derecho antes señalados, este JUZGADO UNICO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO, CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: NIEGA LA SOLICITUDES DE DECAIMIENTO DE LA MEDIDA impetrada en fecha 05.10.2015, por la Defensa Pública ABG. HÉCTOR PÉREZ, en su carácter de defensoras públicas del ciudadano JOSÉ ALBERTO CASTILLO GÓMEZ, a quien se le sigue causa ante este Juzgado por la presunta comisión de los delitos de VIOLACIÓN y ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 375 y 460 del Código Penal con las agravantes genéricas de los numerales 8° y 12° del articulo 77 del Código Penal, en perjuicio de la victima ciudadana JONEILY MAILE AGUDO BOLÍVAR. SEGUNDO: De la misma manera, se ordena oficiar al Ministerio para el Poder Popular para el Sistema Penitenciario a los fines de solicitarle que gestione lo necesario para la materialización del traslado del acusado de autos. En consecuencia, se acuerda notificar de la presente decisión a las partes.
LA JUEZA
GABRIELA CAMPOS RIVAS

LA SECRETARIA

CLARISSA MILLAN