TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
205° y 156°

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

PARTE DEMANDANTE: empresa PROAMBIENTE S.A., inscrita por ante Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 09 de abril de 1996, anotado bajo el Nº 26, Tomo “A”, y reformada por última vez en fecha 11 de mayo de 1998, anotada bajo el Nº 17, Tomo 4-A.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: ciudadanos MARIA MILAGROS BARROZZI PRADA, JOSÉ ANTONIO ADRIAN ALVAREZ, ORLANDO RAFAEL ADRIÁN ALVAREZ, ORLANDO RAFAEL ADRIÁN ALVAREZ, JUAN CARLOS REGARDIZ SALAS y GABRIEL ENRIQUE ADRIÁN TCHELEBI, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 30.187, 2.032, 10.382, 32.200 y 45.365 respectivamente, tal como se evidencia de instrumentos poder inserto a los folios 293 y 303.

PARTE DEMANDADA: sociedad de comercio MUDCO S.A. Inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el Nº 22, Tomo 102 A Qto, en fecha 3 de abril de 1997 y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, bajo el número 26, tomo “A-2”en fecha 23 de julio de 1999.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadanos, JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ TABLERO, GABRIEL LÓPEZ MORALES, DANIEL LÓPEZ MORALES, OLGAFRANCYS LÓPEZ MORALES y JOSÈ GREGORIO MÁRQUEZ MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 4.729, 30.045, 30.259, 67.454 y 62.280 respectivamente, tal como se evidencia de instrumentos poder inserto a los folios 397 al 398.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACIÓN).

EXPEDIENTE Nº 007731

Conoce este Tribunal nuevamente sobre el recurso de apelación ejercida en fecha 28 de noviembre del año 2000, por la abogada en ejercicio YONEIRIS MARQUEZ REQUENA, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, en contra de la decisión de fecha 27 de noviembre del año 2000, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, ahora denominado Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en el juicio con motivo de COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACIÓN) incoado por EMPRESA PROAMBIENTE S.A., contra la sociedad de comercio MUDCO S.A., inserta en los folios que van desde el 262 al 271 del presente expediente, en virtud de haberse declarado Con Lugar el recurso de casación anunciado, en razón a ello, esta Alzada conoce de manera reiterada.-
ÚNICO

1. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 19 de mayo de 2003, dicto el fallo correspondiente, mediante el cual declaró con lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por esta alzada, en fecha 20 de marzo de 2001, y en consecuencia decretó la nulidad del fallo, ordenando la reposición de la causa al estado dictar nueva decisión.

2. Posteriormente, en fecha 07 de julio de 2003, este Tribunal procedió a reingresar las presentes actuaciones provenientes del Máximo Tribunal de la República.

3. Seguidamente en fecha 09 de julio de 2003, el abogado JUAN JOSÉ BETANCOURT en su condición de juez de este tribunal, se inhibió de seguir conociendo de la presente causa por estar incurso en la causal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; y en fecha 23 de ese mismo mes y año, se procedió a convocar a los jueces suplentes de este Juzgado, con el fin de que siguieran conociendo de la presente causa.

4. En fecha 01 de abril de 2005, la abogada ANTONIETA COVIELO M, se excusó de seguir conociendo la presente causa, en virtud de haber sido designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, como Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción judicial del estado Sucre.

5. Posteriormente, en fecha 04 de mayo de 2006, se aboco al conocimiento de la causa el abogado DAVID RONDÓN JARAMILLO, en su condición de juez de este Tribunal y se libraron boletas de notificación. (Folios 457 al 459).

6. Subsiguientemente, fecha 21 de septiembre de 2015, ME ABOQUE al conocimiento de la presente causa, por cuanto fui designado como Juez de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº CJ-15-1794 de fecha 03 de Junio de 2015, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, siendo debidamente juramentado en fecha 08 de Julio del año en curso, por ante la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, tomando posesión del mismo en fecha 10 de Julio del año que discurre .

Ahora bien, efectuado el correspondiente recorrido procesal quien decide denota; que desde el día 07 de julio de 2003, fecha en la cual este Tribunal reingreso las presentes actuaciones provenientes del Máximo Tribunal de la República, hasta la presente fecha han transcurrido mas diez (10) años, sin que se haya realizado ningún otro acto para impulsar la actividad de este Órgano Jurisdiccional; de lo cual se desprende una total falta de interés procesal que se evidencia por la injustificada paralización en que se ha mantenido esta causa y la falta del debido impulso, conducta que debe ser sancionada conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001 con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, referida al Decaimiento de la Acción, que de seguidas se copia en extracto:

“(…) Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción…”

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2.002, indicó, entre otras cosas lo siguiente:

“(…) Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso…”

En atención a lo supra expuesto, adoptando íntegramente el precedente vinculante sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y constatada la falta de interés de las partes en el presente Juicio en esta instancia judicial, este Sentenciador considera procedente declarar EL DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION POR PERDIDA DEL INTERES PROCESAL, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO EN ESTA INSTANCIA. Y así se declarara en la dispositiva.-

DISPOSITIVA
Por los razonamientos que anteceden este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y en total apego a criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001, declara el DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, en el juicio con motivo de COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACIÓN), incoado por la EMPRESA PROAMBIENTE S.A. contra la SOCIEDAD DE COMERCIO MUDCO S.A. En consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL PROCESO EN ESTA INSTANCIA y se CONFIRMA en todas sus partes la decisión recurrida.

En virtud, de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, así como también, se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil; en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará la remisión del presente expediente al Tribunal de Origen.

Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.-

Publíquese, Regístrese, déjese copia y cúmplase.-

Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. En Maturín, veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. PEDRO JIMÉNEZ FLORES.

LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.

En esta misma fecha siendo las 10:45 A.M se publicó la anterior decisión. Conste:

LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.

PJF/nnr/***