REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas Caracas, veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016) 205° y 156º ASUNTO: AP21-L-2016-000254 PARTE ACTORA: VIVIAN GABRIELA IRAÑETA VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.339.475. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: DHAISY PAREDES GUZMAN, Abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 216.938. PARTE DEMANDADA: BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 11 de abril de 1978, bajo el Nº 73, tomo A, siendo su última modificación realizada en fecha 15 de diciembre de 2011, mediante Asamblea General extraordinaria, registrada por ante el Registro Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 38, Tomo 91-A-Cto. APODERADO JUDICIAL DE LA ENTIDAD DE TRABAJO DEMANDADA: ANGEL ALVAREZ, abogado en ejercicio de este domicilio e inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 81.212. MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES Visto el escrito, presentado en fecha 17 de febrero de 2016, por ambas partes en el proceso, ciudadana VIVIAN IRAÑETA, titular de la cédula de identidad Nº V-13.339.475, parte actora en el presente juicio, asistida por la Abogada DHAYSY PAREDES, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 216.938; y por el Abogado ANGEL ALVAREZ, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 81.212, en su condición de apoderada judicial de la entidad de trabajo demandada, BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL, quienes estando debidamente facultados para ello, celebran un acuerdo transaccional, por la suma total de Bs. 2.030.242,01, para poner fin al presente asunto, en los términos y condiciones por éstos establecidos; este Tribunal observa: Dispone el numeral 2º del artículo 89 de nuestra carta fundamental, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que: “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” (En cursiva y resaltado por el Tribunal) Asimismo dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras que: “En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras. Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales…” (En cursiva y resaltado por el Tribunal) Este Tribunal, revisado como ha sido el contenido de la diligencia presentada, observada la debida asistencia y representación jurídica, además de la relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos, que arrojaron el monto acordado, de Bs. 2.030.242,01, verificado el cumplimiento de los parámetros dispuestos en el artículo 19 de La Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores; al no encontrarse vulnerados derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, lo HOMOLOGA en los términos en ésta especificados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.713 y 1.718, del Código Civil y 255 del Código de Procedimiento Civil, que aplica este Despacho atendiendo a las facultades otorgadas al Juez Laboral en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia se da por concluido el proceso, contentivo de la demanda por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, intentada por la ciudadana VIVIAN GABRIELA IRAÑETA VASQUEZ contra la entidad de trabajo BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL. EL JUEZ ABG. ALCY SALAZAR LOZADA LA SECRETARIA ABG. MARLY HERNANDEZ