BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JOSÉ FÉLIX RIBAS Y JOSÉ RAFAEL REVENGA DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
La Victoria, veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
205º y 156º
ASIENTO _______
EXPEDIENTE N° 152-16
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA
DEMANDANTE: MARISELA DEL VALLE MARTINEZ DE LANDAETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.404.393.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO BOLIVAR RODRIGUEZ y GLADYS MARIA MIRABAL RIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 151.485 y 154.075, respectivamente.
DEMANDADO: WILLIAN EDUARDO MARTINEZ ARAÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° C.I. V-8.575.301
ABOGADO ASISTENTE: NO ACREDITA
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Efectuado como ha sido el sorteo Nº 274-1141, de fecha 19-01-2016, por el Tribunal Distribuidor Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, correspondiendo a este Tribunal el conocimiento y sustanciación de la causa, ordenando su registro y quedo signada bajo el expediente N° 152-16.
Este Tribunal, a los fines de pronunciarse sobre la admisión de la demanda contentiva del Juicio que por RECONOCIMENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, intentada por la Ciudadana MARISELA DEL VALLE MARTINEZ LANDAETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.404.393, debidamente asistidas por los Abogados CARLOS EDUARDO BOLIVAR RODRIGUEZ y GLADYS MARIA MIRABAL RIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 151.485 y 154.075, respectivamente, en contra del ciudadano WILLIAN EDUARDO MARTINEZ, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° C.I. V-8.575.301. Considera lo siguiente:
Establece la demandante en su escrito libelar que con fundamento a los artículos 1363, 1364 y 1.366 del Código Civil y en concordancia con los establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, se ordene la citación al ciudadano WILLIAN EDUARDO MARTINEZ, antes identificado, a los fines de que manifieste sí reconoce de manera pura y simple y sin limitaciones o reservas, en su contenido y firma, de un documento privado de cesión de derechos, otorgado por el demandado a la demandante. En el mismo escrito la demandante manifiestan expresamente que el documento privado a reconocer por la cesión de derechos, fue autorizado por la ciudadana CAROLA FRANCESCHELLI DE MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.580.911, en su carácter de cónyuge del ciudadano WILLIAN EDUARDO MARTINEZ, antes identificado .
En este sentido esta sentenciadora de conformidad con el artículo 151 del Código Civil, en virtud de que la solicitante manifiesta en su escrito y también se expresa en el documento objeto del reconocimiento que la cesión de derechos es sobre un bien heredado, se considera un bien propio del cónyuge y aunque la ciudadana CAROLA FRANCESCHELLI DE MARTINEZ, aparece como autorizando a su cónyuge para la cesión de los derechos, Esta juzgadora considera que no se hace necesario la citación de la ciudadana CAROLA FRANCESCHELLI DE MARTINEZ, en virtud de que los bienes heredados son bienes propios de cada cónyuge y podrán disponer de ellos sin el consentimiento del otro.
Ahora bien, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción considera pertinente realizar las siguientes consideraciones:
De la lectura del libelo, se observa que la parte actora fundamento la solicitud en el artículo 1.364 del Código Civil Venezolano, que entre otras cosas, establece:
“…Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere se tendrá igualmente por reconocido…”
En este sentido esta operadora de justicia, considera lo siguiente que uno de los requisitos esenciales de la prueba escrita firmada, es la de estar suscrita por la persona de quien proviene, por otro lado los artículos 1.363 al 1.370 del Código Civil Venezolano, establecen las reglas que deben observarse en cuanto a los documentos privados.
En otro orden de ideas, en relación a la cuantía, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“(…) la competencia por el valor de la demanda se rige por las disposiciones de este Código y por la Ley Orgánica del Poder Judicial (…)”.
Por lo tanto, en la determinación de la competencia por el valor no se atiende a la calidad de la relación controvertida, sino al aspecto cuantitativo de la misma, y con base al valor se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces, salvo las excepciones establecidas en la Ley. La determinación de la competencia por el valor de la demanda no da lugar, como ocurre en la determinación de la competencia por la materia, a la distribución de las causas entre jueces ordinarios y jueces especiales, sino a la distribución de ellas entre diversos tipos de jueces ordinarios.
Para conocer este reparto, el Legislador nos remite a un orden de prelación de fuentes, a saber: 1° al Código de Procedimiento Civil 2°, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 29. En este sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo Justicia, por facultad concedida por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce ese Tribunal Supremo de Justicia según sentencia N° 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de su Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió mediante la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, a establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil, modificando la competencia a nivel nacional, disponiendo en el artículo 1 lo siguiente:
“Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
c) A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.” (Negrillas y subrayado de esta Juzgadora).
d) Los efectos procesales de esta resolución tendrán efectos Ex Nunc, es decir, desde el momento de su publicación hacia el futuro y nunca retroactivamente, por lo que su vigencia temporal comenzó a imperar en fecha 02 de abril de 2.009, con la publicación de la Gaceta Oficial Nº 39152.
De lo antes expresado se infiere que es un deber del accionante expresar o estimar la demanda, al momento de interponerla, estableciéndole su equivalente en unidades tributarias, por así ordenarlo la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, que entró en vigencia en fecha 2 de abril de 2009 con la publicación de la Gaceta Oficial Nº 39152. A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en Unidades Tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.
Debiendo por ende recalcar, sentenciadora, que si bien era cierto que la referida Resolución no establece como consecuencia del incumplimiento del requisito establecido en el Artículo 1 de la misma, la inadmisibilidad de la demanda, no resulta menos cierto que dicha resolución señala en forma imperativa y obligante que el demandante debe expresar tanto el MONTO EN BOLÍVARES COMO EN UNIDADES TRIBUTARIAS, situación ésta que no puede quedar al arbitrio de las partes ni del Juez cumplir o no con la resolución, por lo que, es criterio de quien aquí decide, al incumplir el actor con esa obligación, viola la seguridad jurídica en el proceso y por lo tanto mal puede esta administradora de justicia subsanar el cuestionable error del accionante, mediante un despacho saneador, ya que resulta importante resaltar que el establecer el quantum de la demanda tanto en bolívares como en Unidades Tributarias.
En términos generales el despacho Saneador constituye una manifestación contralora encomendada al Juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in liminelitis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales.
Por ello se le ha atribuido al Juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del Juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
El despacho Saneador deviene fundamentalmente del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes, por cuanto al ser depurada la pretensión del demandante, el accionado tendrá una mejor claridad y seguridad en cuanto a los hechos narrados por el actor en su libelo, lo cual le permitirá ejercer un control sobre lo que puede admitir o negar como medio de defensa.
En este orden de ideas, considera esta juzgadora hacer mención de lo expresado por el Tratadista RENGEL ROMBERG, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil, en relación al DESPACHO SANEADOR:
“Así como la Sentencia debe llenar los requisitos de forma que establece el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, para asegurar su congruencia con la pretensión, así mismo la Ley establece los requisitos que debe llenar la demanda, los cuales guardan una estrecha relación con aquellos, de tal manera que el cumplimiento del deber del Juez de asegurar la congruencia de la Sentencia con la pretensión, está en cierto modo condicionado por la forma como han sido cumplidas los que tiene a su cargo el actor respecto a la demanda”.
Asimismo, La doctrina Nacional (léase Juan García Vara. Procedimiento Laboral en Venezuela), ha establecido que:
“El Despacho Saneador no se encuentra enmarcado en una frontera minúscula, por el contrario y a tenor de lo establecido en la Exposición de motivos de la Ley, se le atribuyó al operador de justicia la facultad de examinar la demanda antes de decidir sobre su admisión, permitiéndole al Juez que ordene la subsanación de aquellos defectos que impiden darle a la demanda el trámite de ley o decidir apropiadamente. El despacho Saneador tiene por norte, vigilar y erradicar las impurezas que afecten el proceso, respondiendo así a la idea de la economía procesal, debe tenerse en cuenta que este nuevo proceso prohíbe la interposición de las cuestiones previas, por lo que la participación del Juez cobra vida a través del despacho Saneador.” (Sentencia emanada Juzgado Superior Tercero del Área Metropolitana de Caracas de fecha 26 de Febrero de 2004, Nro. AP21-R-2003-00070, Juez Dr. Reinaldo Paredes MENA).
De lo antes expresado se infiere que es un deber del accionante estimar la demanda en bolívares y expresar en el escrito libelar su equivalente en unidades tributaria, dando cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
Corolario de lo anterior, este Tribunal examinada como ha sido la demanda y en virtud de que la misma no cumple el requisitos establecido en la Resolución del T.S.J Nro. 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, que entró en vigencia en fecha 2 de abril de 2009 con la publicación de la Gaceta Oficial Nº 39152, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en ejercicio del Despacho Saneador del Juez, ordena a la parte actora, antes suficientemente identificada a que corrija los defectos u omisiones antes indicado; para que una vez corregida se provea sobre su admisión o no, para lo cual se le otorgan tres (3) días de despacho siguientes al de hoy. Y Así se decide.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del 2016. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR.-
DRA. EMMA CONSTANZA GARCIA BELLO
EL SECRETARIO TEMPORAL
ABG. ESTEBAN RESTREPO ZIEMS.
En ésta misma fecha se publicó la anterior sentencia previo anuncio de Ley a las puertas del Tribunal, siendo las 01:20 p.m.
EL SECRETARIO TEMPORAL
EXP: 152-16
ECGB/ER/rr
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