REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO SEDE CONSTITUCIONAL Maturín, 17 de Junio de Dos Mil Dieciséis (2.016) 206° y 157° ASUNTO PRINCIPAL: NP11-O-2004-000003 ASUNTO ANTIGUO: 1940 - I - DE LAS PARTES De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo (2°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece: PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: GRICELI JOSE SILVIO HERRERA titular de la cédula de identidad Nº V- 11.907.877, asistido por el Abogado Erasmo Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 104.311. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9 C.A. ASUNTO: AMPARO CONSTITUCIONAL. - II - DEL ITER PROCESAL En fecha 27 de Agosto de 2004, fue presentado escrito contentivo de la presente Acción de Amparo Constitucional. En fecha 1 de Septiembre de 2004, mediante auto se le da entrada y se admite la presente acción, ordenándose las respectivas notificaciones. En fecha 15 de noviembre de 2004, una vez notificadas todas las partes, se procedió a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En fecha 18 de Noviembre de 2004, tiene lugar el acto de Audiencia Oral y Pública dejando constancia de la no comparecencia de la parte presuntamente agraviante y se declaró con lugar la acción en presencia del Juez Héctor Coronado Flores. En fecha 20 de Enero de 2005, mediante sentencia, este Tribunal declara que debe remitir el presente expediente a la Corte de lo Contencioso Administrativo, en su calidad de Juzgado Superior para que revise las actuaciones procedimentales señaladas y ordene lo conducente. En fecha 15 de julio 2005, mediante sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso administrativo ordena al Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, se aboque al conocimiento de la causa y dicte el fallo correspondiente a la acción de amparo declarada con lugar, en forma oral, en fecha 18 de noviembre de 2004. En fecha 02 de febrero de 2006, mediante auto le da entrada a la comisión proveniente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, contentivo de la presente acción. En fecha 16 de septiembre de 2015, la Jueza Marvelys Sevilla Silva, se abocó al conocimiento de la presente acción de amparo. En fecha 13 de junio de 2016, la Jueza Niljos Lovera Salazar, se abocó al conocimiento de la presente acción de amparo. -III- DE LA ACCIÓN DE AMPARO El presuntamente agraviado en su escrito de acción de amparo manifiesta lo siguiente: “En fecha 08 de Enero del año 2001, comencé a prestar mis servicios personales para la empresa, QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A. bajo el cargo de JEFE DE ALMACEN devengando un salario mensual de DOSCIENTOS SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 207.000,00), así fue hasta el 26 de Abril del año 2003, fecha en la cual fui DESPEDIDO INJUSTIFICADAMENTE a pesar de encontrarme amparado por Inamovilidad Laboral prevista en el decreto presidencial N° 2.271. Posteriormente a mi despido, en fecha 29 de Abril del año 2003, inicie por ante la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad, un procedimiento de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, en contra de dicha institución, pautado en el articulo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y solicité se ordenara mi REENGANCHE al cargo que venia desempeñando (…)” (Negrillas y mayúsculas del original). Agrega: “Es el caso, ciudadano juez, que la solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS que inicié en contra de la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A. De la cual, fue notificada la representación patronal, fijándose el acto de contestación de la referida solicitud. Una vez anunciado el acto de contestación de la solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS y previa las formalidades de ley el funcionario del trabajo levantó el acta respectiva (…)” (Mayúsculas del original). Asegura que: “Seguidamente el funcionario del trabajo, paso a realizar las preguntas establecidas en el articulo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez presentado todos los alegatos correspondientes el Inspector del Trabajo, y ordenó mi Reenganche y pagos de salarios caídos según providencia administrativa N° 467 por cuanto quedó plenamente demostrado la violación de mis derechos constitucionales, en especial el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral, establecidos en los artículos 87 y 93 respectivamente, de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.” (Negrillas del Original). Destaca que: “(…) el órgano administrativo del trabajo del cual emanó dicha decisión, comisionó a un funcionario del trabajo; quien se trasladó y constituyó en la sede donde funciona la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A. a dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano administrativo del trabajo, dejándose constancia de la negativa a cumplir con lo ordenado por esta Inspectoría del Trabajo agotándose de esta manera la vía administrativa y en resguardo a mis legítimos derechos constitucionales que me ha violado dicha empresa, es por lo que acudo ante su competente autoridad para interponer el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL para que se ordene el restablecimiento a mi situación jurídica infringida.” (Negrillas y mayúsculas del original). Basó su pretensión en el contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los artículos 3, 27, 87, 89, 4 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 2, 3, 11, 23, 24 y 112. Finalmente solicita: “(…) se decrete AMPARO CONSTITUCIONAL a mi favor, mediante el procedimiento breve y sumario previsto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su articulo 1° y siguientes, que concluya con el RESTABLECIMIENTO INMEDIATO de la situación jurídica infringida, ordenando a la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT. 9. C.A ampliamente identificado, mi REENGANCHE inmediato a mi puesto de trabajo.” (Negrillas y mayúsculas del original) -IV- DE LA COMPETENCIA Por cuanto el presente caso trata de una Acción de Amparo Constitucional contra la empresa Quinta Leonor Inversiones Mat 9, C.A., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 3, 27, 87, 89, 4 y 93, en especial el derecho al trabajo y el derecho a las estabilidad laboral, establecidos en los artículos 87, y 93 respectivamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la accionante Griceli Jose Silvio Herrera ampliamente identificado, alega que el funcionario del trabajo levantó el acta respectiva y ordenó el reenganche y pago de salarios caídos mediante providencia administrativa signada con el N° 467 de fecha 16 de diciembre de 2003. Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha providencia administrativa, el órgano administrativo del trabajo comisionó a un funcionario; quien se trasladó y constituyó en la sede donde funciona la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A. oportunidad en la cual se deja constancia de la negativa a cumplir con lo ordenado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas agotándose de esta manera la vía Administrativa motivo por el cual interpone el presente Recurso de Amparo Constitucional para que se ordene el Reenganche inmediato a su puesto de trabajo y por ende el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Este Tribunal pasa a revisar su competencia para conocer de la presente causa y al respecto observa: En sentencia N° 1/00 de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haciendo referencia a los artículos 7 y 8 de la Ley de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señaló que corresponde a los “Tribunales de Primera Instancia en materia relacionada o a fin con el amparo, el conocimiento de los Amparos que interpongan distintos a los expresados en los números anteriores (Altos funcionarios, Apelaciones o amparo contra Juzgados Superiores) siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanan de los mismos, de cuyas dediciones no habrá apelación ni consulta.” Ahora bien, siendo este Juzgado un Tribunal Superior, en Materia Contencioso Administrativo lo es de Primera Instancia, ya que tiene atribuido el conocimiento de nulidades de acto administrativos en primera instancia y como Alzada están las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas. Tratándose de un amparo contra una providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 20 de Noviembre de 2.002 (caso Ricardo Baroni) estableció el criterio vigente ratione temporis y aplicable al caso de autos: ... esta sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la Republica. “(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión-distinta a la pretensión de amparo constitucional que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa. (ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando esta proceda, a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia” (iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la presunta lesión constitucional, y en segunda instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” Ahora bien, si se verifica detenidamente el libelo, se observa que la acción de amparo esta dirigida contra la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A, presunto agraviante de los derechos constitucionales denunciados como violados, al hoy accionante, ciudadana Griceli José Silvio Herrera, motivado al hecho de negarse a acatar y dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia administrativa N° 467, de fecha 16 de diciembre de 2003 la cual ordenó el reenganche de la ciudadana Griceli José Silvio Herrera, por lo que en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, relacionado con la materia contencioso administrativo, del fallo citado aplicado de la Sala Constitucional ratione temporis y en virtud del contenido del fallo recaído en el presente expediente, dictado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 15 de julio de 2005 N° 2005-02026, este Juzgado es Competente para dictar el presente fallo. -V- DE LA DECISION Este Juzgado procede a emitir el extenso de la decisión dictada en fecha 18 de Noviembre de 2004, por el Juez Héctor Coronado Flores, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 15 de julio de 2005 N° 2005-02026 en los siguientes términos: El Tribunal observa que en el caso de marras, se ha intentado una acción de amparo constitucional por parte de la ciudadana Griceli Jose Silvio Herrera, contra la empresa QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A, cuya pretensión es que se reestablezca la situación jurídica infringida, en el sentido de la presunta negativa de la parte accionada para acatar la orden emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas en fecha 16 de Diciembre de 2003 la cual ordena el inmediato reenganche y correspondiente pago de salarios caídos de la accionante. (Ver folios 40 al 42). Observa el Tribunal que la parte presuntamente agraviante no compareció a la Audiencia Constitucional oral y publica celebrada en fecha 15 de noviembre de 2004 en virtud de ello la Sentencia N° 7 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha Primero (1°) de febrero del año 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), estableció interpretaciones acerca del contenido y alcance de los artículos 27 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y respecto a la falta de comparecencia de algunas de las partes a la Audiencia Constitucional, se determinó lo siguiente: “(…) En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y publica, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en el que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso. La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden publico” Cabe destacar lo previsto en el referido artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se establece lo siguiente: “La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos incriminados.” En adición a lo anterior, en el caso de autos, destaca este Tribunal que tal ausencia por parte del presunto agraviante a la audiencia constitucional implica una aceptación de los hechos denunciados como violatorios de la Constitución, tratándose de una denuncia sobre la violación del Derecho al trabajo, que ha sido conocido por el órgano del Estado competente para hacerlo, como lo es la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, mediante el dictado de una Resolución Administrativa de reenganche y pago de salarios caídos y demostrado que la empresa se resiste a cumplirla, ante la aceptación de los hechos debido a su ausencia en la Audiencia Constitucional, este Tribunal Constitucional debe declarar Con Lugar la Acción de Amparo intentada y en consecuencia ordena dar cumplimiento a la providencia administrativa emanada por la Inspectoría del Trabajo N° 467 de fecha 16 de diciembre de 2003, la cual ordena el inmediato Reenganche de la ciudadana Griceli José Silvio Herrera al puesto de trabajo y el correspondiente pago de salarios caídos. Así de la declara. -VI- DISPOSITIVO En torno a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Estadal Contenciosos Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, actuando en sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara CON LUGAR la acción de amparo intentada por la ciudadana GRICELI JOSE SILVIO HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.055.561, asistida por el abogado Erasmo Hernández, inscrito en el IPSA bajo el N° 104.311, contra QUINTA LEONOR INVERSIONES MAT 9, C.A en consecuencia, ordena dar cumplimiento a la providencia administrativa emanada por la Inspectoría del Trabajo N° 467 de fecha 16 de diciembre de 2003, la cual ordena el inmediato Reenganche de la ciudadana Griceli Jose Silvio Herrera al puesto de trabajo y el correspondiente pago de salarios caídos. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Estadal Contenciosos Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, actuando en sede constitucional, con sede en la ciudad de Maturín del estado Monagas, a los diecisiete (17) días del mes de Junio de dos mil dieciséis (2.016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Jueza Provisoria, NILJOS LOVERA SALAZAR El Secretario Temporal JHOIKY RIVERA En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 am), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Jueza, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://monagas.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste El Secretario Temporal JHOIKY RIVERA Exp. Nº NP11-O-2004-000003 NLS/JR/af*