TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Control
Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del estado Monagas
Maturín, 15 de Marzo de 2016
205º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2016-000677
ASUNTO : NP01-S-2016-000677

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional, pronunciarse en relación a la presente causa, en la cual la Fiscalía Novena del Ministerio Público de este Estado solicitó para el ciudadano CESATR DANIEL PINTO GARCIA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.044.085, como imputado por la presunta comisión del delito de de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE EN MODALIDAD DE COMPLICE NECESARIO, previsto y sancionado en el Ordinal 4 del Artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia concatenado con los artículos 80 y 83 del Código Penal Venezolano, en perjuicio de la Victima ADOLESCENTE, Identidad omitida conforme al Parágrafo Segundo del Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de las Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) solicitando la aplicación de las Medidas de Protección y Seguridad prevista en los ordinales 5, 6 y 13 del articulo 90 de la precitada Ley, así como la aplicación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad prevista en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal , En virtud de los argumentos anteriormente expuestos, con ocasión a que el mismo resultó aprehendido en flagrancia, por lo que en consecuencia considera la representación Fiscal que como quiera que de los argumentos anteriormente expuestos, así como del contenido de las actas que conforman el legajo documental de la presente causa surgen suficientes elementos de convicción que hacen procedente la precalificación que se hace, actas de las cuales se evidencian los siguientes elementos:
La presente tuvo su inicio en fecha 11/03/2016, mediante acta de:
ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL cursante al folio 01 y su Vto., de fecha 11-03-2016, donde los funcionarios del Órgano de Investigación Actuantes dejan constancia de cómo obtienen conocimiento de los hechos.
ACTA POLICIAL cursante al folio 03 y 04, de fecha 11-03-2016, donde los funcionarios del Órgano de Investigación Actuantes dejan constancia de cómo obtienen conocimiento de los hechos, y como se produjo la ubicación y aprehensión del Imputado.
ACTA DE ENTREVISTA cursante al folio 05, y su Vto., de fecha 11-03-2016, donde la victima narra las circunstancias de modo , tiempo y lugar de los hechos donde resultó victima.
ACTA DE ENTREVISTA cursante al folio 06, y su Vto., de fecha 11-03-2016, donde la Representante Legal de la victima narra las circunstancias de modo , tiempo y lugar de los hechos donde resultó victima, su hija.
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FÍSICA cursante al folio 09 y su Vto., de fecha 11-03-2016, levantada por los funcionarios del Órgano de Investigación a una Prenda Intima de Vestir de color blanco con rallas rosadas y azules impregnada de color pardo rojizo, y una franela de color blanco marca Graciano con letras bordadas que se leen IDEA.
EVALUACION MEDICO FORENSE cursante al folio 11, de fecha 11-03-2016, practicado por el Medico CARLOS CHADI WEKY, adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, practicó a la Victima mediante la cual se deja constancia que hay DESFLORACION HIMEAL RECIENTE.
MEMORANDUM cursante al folio 16 y su vto, de fecha 11-03-2016, donde se deja constancia que el Imputado no presenta Registros Policiales.
INSPECCIÓN TÉCNICA N° 056, de fecha 11-03-2016, cursante al folio 16 y su vto, en la cual los funcionarios el Órgano de investigación dejan constancia del lugar de la ocurrencia de los hechos, tratándose de un sitio MIXTO

A tales efectos considera este Tribunal que los elementos de convicción antes señalado son suficientes a los fines de corroborar el dicho de la parte denunciante, de acuerdo a lo narrado por ésta. de haberse perpetrado tal violencia en contra de las Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA), de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente Tal como consta en el folio uno (1) y vuelto de las actas procesales que conforman el presente Asunto Penal, Acta de Investigación Penal de donde se desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos denunciados y los aportes para la identificación del responsable de los hechos.
En razón de lo antes señalado considera este Tribunal que estamos en presencia del delito que ha sido endosado por la Representante Fiscal.
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; este Tribunal, precisa, que de las actas emergen fundadas sospechas de que el ciudadano imputado ha sido probablemente autor de los hechos aquí señalados; Tal presunción se desprende de los Elementos ante señalados que rielan a las presentes actuaciones consistentes de Acta de denuncia de la víctima, Inspección Técnica.
Se explica de Sentencia Nº 179 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C04-0239 de fecha 10/05/2005, que: “…El testimonio de la víctima o sujeto pasivo del delito tiene pleno valor probatorio, considerándosele un testigo hábil. Al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se produce la exclusión del testimonio único, aun procediendo de la víctima, ello en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de ésta o susciten en el Tribunal una duda que le impida formar su convicción al respecto…” Negrilla y subrayado mío

Ahora bien, tomando en consideración que las circunstancias narradas a las actas considera esta juzgadora que tales hechos comportan situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad para la integridad de la mujer, es en virtud de ello lo procedente en la aplicación de medidas de naturaleza preventiva, que permita salvaguardar la integridad física y psicológica de la Adolescente y su entorno familiar, en forma expedita y efectiva, en consecuencia, se impone Medida de Protección y Seguridad a favor de la victima, las contempladas en los numérales 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, consistentes en: 5. Prohibición al imputado CESAR DANIEL PINTO GARCIA, de acercarse a la víctima adolescente, bien por si mismo o por terceras personas a su lugar de residencia y a su lugar de estudio. 6. No realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la adolescente o algún integrante de su familia. 13.-Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres victimas de violencia y cualquiera de los integrantes de su familia

Este Tribunal a los fines de imponer la medida de coerción correspondiente, observa lo solicitado por la Representante de la Fiscalía: “…Solicito se sujete al imputado a este Proceso mediante la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, prevista en el Articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar llenos los extremos, así mismo lo solicitado por la defensa publica especializada Vista las actuaciones que conforman el presente asunto, Esta Defensa Técnica hace valer a favor de mi representado a razón de que la precalificación versa en la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 ordinal 4° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, CONCATENADO CON EL ARTICULO 80 DEL CODIGO PENAL, en perjuicio de la Adolescentes de diecisiete (13) años de edad, de quienes se omite su identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y encontrándose desvirtuados los extremos jurídicos de peligro de fuga y de obstaculización del proceso, no contando el imputado con suficientes medios económicos como para obstaculizar y evadir la acción de la justicia, invocándose a su favor el principio de presunción de inocencia y afirmación de libertad establecidos en los Artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, quien no presenta prontuarios policiales, ni antecedentes penales que prejuzguen sobre su responsabilidad penal, indicativo de su buena conducta predelictual, con residencia fija en San Antonio de Capayarcual, Municipio Acosta, que es trabajador y estudiante en el Instituto Pedagógico, lo cual garantiza que el mismo puede en libertad someterse al proceso, aunado al hechos de encontrarnos en el inicio de la fase investigativa, aunado a esto aun no existen suficientes diligencia practicadas por el Ministerio Público, la defensa publica señala que no se observan y no constan lesiones en la Medicatura Forense razón por la cual considera esta que considera que la Victima pudo ser manipulada por su madre a su vez solicito, es por ello que se le solicita el otorgamiento de Libertad Plena, o en su defecto una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de menos gravosa, en las modalidades que a bien tenga decretar este Tribunal”
En este particular, se puede verificar que el artículo 237 de la Ley Adjetiva Penal, en lo atinente al peligro de fuga, señala que se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
PAR. 1º—Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. (Subrayado del Tribunal).
Al respecto, observa este Tribunal que la Constitución de la República, en su artículo 44, consagra y garantiza el Derecho a la Libertad durante el proceso; a saber:
El artículo 44. La Libertad personal es inviolable; en consecuencia: “… Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
Este precepto constitucional es desarrollado dentro del proceso penal por el articulo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya literalidad indica: “El artículo 229: “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. En consecuencia No es menos cierto; que La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Es relevante citar la Sentencia S/N de fecha 22 de Marzo del año 2010, expediente Nº.- 2009-0018663, Del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Pag. 110. La Jurisdicción Especial en el área de Violencia de Género. Caracas Venezuela 2010, Magistrada YOLANDA JAIME GUERRERO.
“ (… )con delitos de esta naturaleza se lesionan los derechos a la integridad personal, que comprenden integridad Física, síquica y moral el derecho a una salud sexual, y reproductiva, el derecho a ser informado y educados, de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual, y una maternidad y paternidad responsable, voluntaria y sin riesgo, así como el derecho al honor, Reputación propia imagen, Vida Privada e intimidad familiar y ante esta situación el legislador impone a los Operadores y Operadoras de Justicia, encontrándonos en condición de garantes de la legalidad y de justicia dentro de un Estado Social de Derecho sancionar estas conductas por resultar reprochables e inaceptables (…).
De la exégesis concatenadas de las disposiciones transcritas, se desprende que las medidas privativas de libertad, son posible de aplicación solo cuando sea absolutamente necesaria para asegurar las resultas del proceso, vale decir, lograr un justo equilibrio en el proceso que permita asegurar que en los lapsos de Ley se procederá a emitir la correspondiente sentencia, debiendo con ello quedar en el entendido que la protección de los derechos del imputado y hacer tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, sin embargo; ello tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar, los objetivos del proceso, esto es su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, cuyo interés no es solo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas.
En relación a la solicitud de medida cautelar requerida por la fiscal del Ministerio Público, pasa esta juzgadora a analizar si se encuentran llenos los extremos contenidos en las normas adjetivas que autorizan esta extrema medida de coerción personal, lo cual se hace de la siguiente manera:
En el presente asunto nos encontramos ante la comisión de hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, como lo es el delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE EN MODALIDAD DE COMPLICE NECESARIO, previsto y sancionado en el Ordinal 4 del Artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana adolescente, el cual acarrea pena de prisión.
Existen elementos suficientes para estimar que el imputado es autor de los hechos objeto del presente proceso, como lo son el acta policial de investigación penal, y las declaraciones de las víctimas expuestas en la audiencia de presentación, siendo estos elementos suficientes para estimar en esta oportunidad procesal que el imputado es autor de los hechos que señala la víctima cometió en su perjuicio.
Existe en el presente asunto una presunción razonable de peligro de fuga, conforme a lo dispuesto en el artículo 237 numeral 1 en virtud de que el imputado tiene facilidad para permanecer oculto frente al proceso que se adelanta, motivos por los cuales se estima que existe una presunción razonable de peligro de fuga conforme a lo dispuesto en el artículo 237 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.
Se puede verificar igualmente en el presente asunto una presunción razonable de peligro de obstaculización, tomando en consideración la pena a imponer por lo cual estima razonable esta juzgadora que el imputado pudiera evadir el proceso que se adelanta, circunstancia esta que se encuentra descrita en el artículo 238 del texto adjetivo penal. Y ASI SE DECIDE.

En virtud de la señalado anteriormente, se puede verificar que en el presente asunto se encuentran llenos lo extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en relación a los dispuesto en los artículos 237 numeral 1, y artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual hace procedente el decreto de una medida de privación judicial preventiva de libertad que a criterio de esta juzgadora puede ser satisfecha por una medida menos gravosa atendiendo al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 239 del texto adjetivo penal, tomando en consideración que es criterio reiterado y pacifico de el Máximo Tribunal que la Medida Cautelar Sustitutiva de Detención Domiciliaria surte iguales condiciones que la Medida Privativa de Libertad motivo por los cuales se DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, del ciudadano CESAR DANIEL PINTO GARCIA, por la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE EN LA MODALIDAD DE COMPLICE NECESARIO, previsto y sancionado en el Ordinal 4 del Artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana ADOLESCENTE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que consiste en Detención Domiciliaria en su propio domicilio, y quien quedará detenido en Calle Principal del Sector Santa Rosa, Municipio Acosta, Casa S/N, frente de la Cancha de Santa Rosa, Teléfono:04165901397 y el de mi hermana Laura José Brito García 04163973307.
Se decreta la Flagrancia del ciudadano CESATR DANIEL PINTO GARCIA titular de la cédula de identidad Nº V-25.615.513, venezolano, soltero, Agricultor, de 20 años, natural de San Antonio de Capayarcual, Estado Monagas, nacido el 09-01-1996, hijo de la ciudadana Carmen Elena García (F) y del ciudadano Jaime José Pinto Calzadilla (V), conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
En relación al procedimiento que debe regir la presente causa, este Tribunal luego de ser analizadas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se produjeron los hechos, se considera que lo procedente conforme a derecho es acordar la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y ASI SE DECIDE.
En virtud de ello debe destacar esta Juzgadora que la violencia contra la mujer constituye una VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES que impiden a la mujer, a las adolescentes y a las niñas gozar de dichos derechos, y corresponde al Estado ser garante de esos derechos humanos y promover un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Por mandato constitucional La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a Una Vida Libre de Violencia garantizar el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la mujer, la adolescente o la niña, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos.

Siendo así del análisis de los elementos esgrimidos por el Ministerio Público los Jueces y Juezas de la República debemos adoptar nuestras decisiones con la finalidad de que el proceso establezca la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho.

Es importante resaltar para esta Operadora de Justicia que en la Materia Violencia Contra la Mujer se ha identificado que violentar a una mujer cualquiera que sea su edad, credo, religión, entre otros, constituye una violación sistemática de los derechos humanos en las mujeres víctimas, las cuales son “blanco” de ataques, siendo más lamentable la realidad en muchos países del mundo, no escapando Venezuela a esta gran problemática de Estado, que esto se venía concibiendo como “normal”, y lo que realmente es una injusta trasgresión al orden natural, justificándose tales conductas agresivas en patrones socioculturales, heredados como una “maldición ancestral del patriarcado”.
De sentencia Nº.- 065-26210-2010, de fecha 02 de octubre del año 2012, de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAN MORANDY MIJARES, se extrae lo que se lee textualmente:
“…En el caso particular de la declaración de la víctima, resulta de gran importancia observar que nuestro sistema de valoración de pruebas se rige por el principio de la sana crítica, según el cual el juez debe apreciar las pruebas siguiendo los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, por ello como ha sido analizado el testimonio de la agraviada en el presente proceso, quien es testigo en esta actividad probatoria de cargo de legítima. Su admisión como cargo de prueba tienen lugar, fundamentalmente, en relación a los delitos contra la libertad sexual, en base, entre otras consideraciones, al marco de clandestinidad en que suelen consumarse tales delitos que hacen que el testimonio de la víctima tenga carácter fundamental al ser, en la mayoría de las ocasiones, el único medio para probar la realidad de la infracción penal…” Negrilla y subrayado Del Tribunal.
DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Control, Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Decreta: PRIMERO: Se ratifica la orden de aprehensión del ciudadano CESAR DANIEL PINTO GARCIA, titular de la cédula de identidad Nº V-25.615.513, venezolano, soltero, Agricultor, de 20 años, natural de San Antonio de Capayarcual, Estado Monagas, nacido el 09-01-1996, hijo de la ciudadana Carmen Elena García (F) y del ciudadano Jaime José Pinto Calzadilla (V),, conforme a lo establecido en el del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, encontrándose llenos los extremos previstos en dicha norma. SEGUNDO: Se acuerda la continuación de la causa por el procedimiento especial, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. TERCERO: De lo actuado, y consta en autos, así como de lo manifestado en audiencia, se desprende la comisión de un hecho punible que merece pena corporal sin que esté evidentemente prescrita la acción para perseguirlo, como lo es la presunta comisión de los delitos de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE EN LA MODALIDAD DE COMPLICE NECESARIO, previsto y sancionado en el articulo 44 ordinal 1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Libre de Violencia, concatenado con el articulo 80 del código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana Adolescente de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, con lo cual estima este Tribunal que se encuentran satisfechos los extremos legales previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con la existencia de fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos que se le atribuyen, y que permiten estimar que el mismo ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho por el cual lo presentan ante este tribunal. CUARTO: Se decreta Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 ordinal 1o del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en Arresto Domiciliario,. QUINTO: Se acuerdan a favor de la victima Medidas de Protección y Seguridad contempladas en los numérales 5, 6 y 13 del Articulo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, consistentes en: 5. Prohibición al imputado ciudadano CESATR DANIEL PINTO GARCIA titular de la cédula de identidad Nº V-25.615.513, venezolano, soltero, Agricultor, de 20 años, natural de San Antonio de Capayarcual, Estado Monagas, nacido el 09-01-1996, hijo de la ciudadana Carmen Elena García (F) y del ciudadano Jaime José Pinto Calzadilla (V), de acercarse a la víctima Adolescente de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su lugar de estudio y de residencia. 6. No realizar actos de persecución, intimidación o acoso por si mismo o por terceras personas a la ciudadana Adolescente de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, o algún integrante de su familia. Se acuerdan las copias solicitadas por las partes. El imputado fue informado que el incumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas conllevará a la revocatoria de la medida acordada de conformidad con el artículo 248 Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.
La Jueza de Control, Audiencias y Medidas,

ABGA. MILAGRO FARIÑAS IDROGO.
La Secretaria Judicial,

ABGA. GRACIELA CIRCELLI JIMENEZ.