TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio De la Coordinación Laboral del Estado Aragua
Maracay, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis
206º y 157º
ASUNTO: DP11-O-2016-000007

Conoce este tribunal de la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ SEIJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 19.247.808, actuando debidamente asistida por las abogadas ALICIA SOLORZANO GLENYS CASTILLO y AURA SEIJAS, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 176.070, 179.016 y 116.707 respectivamente, contra la Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD) por la presunta violación de los derechos fundamentales a la seguridad social, protección al salario y al trabajo y los artículos 76 y 78 de protección de la maternidad, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la medicina.
Efectuada la distribución del presente asunto, correspondió su conocimiento a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, en esta misma fecha recibe el mencionado expediente y efectuado el estudio exhaustivo de las actas que lo conforman, pasa a pronunciarse en los siguientes términos:
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Alegó la presunta agraviada:

- Que en fecha 05 de enero de 2016 inicio relación laboral con la Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD), mediante contratación oral, como médico rural contratado, en el Ambulatorio Santiago Hermosa del Municipio de Costa de Oro del Estado Aragua, siendo trasladada posteriormente al Núcleo de Atención Primaria del Caserío las Monjas del mismo Municipio.
- Que en el mes de febrero comenzó a presentar malestares de vómitos incontrolables.
- Que una vez hechos los exámenes correspondientes le fue informado que se encontraba en estado de embarazo.
- Que su especialista le indicó que tenia ciertas limitaciones como el de realizar traslados en lancha y en ambulancias.
- Que informó de esta situación a su jefe inmediato Dra. Ángela Quiroga, quien se desempeña como Jefe de Médicos.
- Que la acción de Amparo Constitucional se dirige contra la decisión emanada de Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD), a través de la Dra. Ángela Quiroga, quien en fecha 04 de marzo de 2016, delante de todos sus compañeros y sometiéndola al escarnio público le informó que ya no pertenecía a Corposalud.
- Que en esa misma oportunidad le fue entregada por la Coordinadora de Administración, TSU Tania González comunicación mediante la cual le informaban que cesaban sus labores en el referido ambulatorio, fundamentando como causal su condición de embarazo.
- Que el día lunes 06 de marzo de 2016 se dirigió a las oficinas de Corposalud ubicadas en la avenida las Delicias, de la ciudad de Maracay, estado Aragua, realizándose reunión con la Lic. Moira Torres, oportunidad en que se ratificó que no volvería a su cargo y que cesaban sus funciones de médico por encontrarse embarazada.
- Solicita se ordene su reincorporación a su lugar de trabajo o en su defecto en algún ambulatorio que se encuentre más cerca de su residencia.; que cese la violación de los derechos constitucionales y se restituya la situación jurídica infringida; que el tiempo de suspensión de su cago como médico rural le sea computado al año que debe cumplir según lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina; que se le consideren las limitaciones que tiene por su estado de gravidez en cuanto al traslado en lancha y ambulancia y que sea declarado con lugar el amparo constitucional interpuesto.
II
COMPETENCIA
Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y observa al respecto lo siguiente:
Establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que corresponde la competencia para conocer de la acción de amparo a los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en materia a fin con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
De las normas antes mencionadas, resulta preciso hacer referencia a la decisión emanada de la Sala Constitucional N° 659, del 26 de marzo de 2002 (caso: Luís Mendoza c/ Director Oficina de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes), en la cual se estableció lo siguiente:

“Debe entenderse que el criterio rationæ materiæ expuesto, resulta fundamental para la obtención de una justicia idónea, conforme a las exigencias que supone la tutela judicial efectiva, en los términos del artículo 26 constitucional, pues el particular conocimiento que tiene el juez en virtud de su especialización, constituye una garantía para el justiciable, que se traduce en que la decisión correspondiente esté lo más ajustada a derecho posible. Este elemento forma parte de la noción de «juez natural» contenida en el artículo 49.4 constitucional, que más que aquél predeterminado por la ley, es el órgano jurisdiccional capaz de administrar justicia en los términos exigidos por la Carta Magna”

Asimismo, la Sala Constitucional en sentencia Nº 5 de marzo de 2010 (caso Constructora Ivan Moros Ghersy C.A. (I.M.G.C.A.) y otros) estableció lo siguiente:

“De acuerdo con el artículo anterior, la competencia para el conocimiento de las pretensiones de amparo se determina en función de diversos criterios; uno material, que depende de la garantía o derecho constitucional cuya violación se denuncie, para que el Juez cuya competencia material tenga más afinidad con el mismo resuelva la controversia; otro territorial, que depende del lugar donde hubiere ocurrido el hecho, acto u omisión del cual se derive la violación y otro de grado, ya que la competencia, en principio, es de los tribunales que decidan en primera instancia.
En lo que corresponde al criterio material al cual se hizo referencia, para la definición de la afinidad de la naturaleza del derecho cuya violación o amenaza se hubiere denunciado con el régimen general distributivo de competencia por la materia, debe revisarse la particular esfera en la cual el agravio se hubiere generado o pudiera producirse; es decir, la situación jurídica que vincule al agraviado y al agente del daño, situación jurídica que es el “(...) estado fáctico que surge del derecho subjetivo, [y] que se verá desmejorado por la trasgresión constitucional de los derechos y garantías de quien en él se encuentra (...)” ( Vid. S.S.C. núm. 1555/2000, caso: Yoslena Chanchamire)…”.

Ahora bien, observa quien aquí decide que en el presente caso se evidencia la existencia de un conflicto en el cual se encuentra involucrado el hecho social trabajo entre la presunta agraviada ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ SEIJAS, antes identificada, y el presunto agraviante Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD), por tanto, en atención a las disposiciones antes señaladas y congruentes con la jurisprudencia, se declara competente para conocer y decidir sobre el presente asunto. ASI SE DECIDE.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Efectuado el examen de las actas procesales que integran la presente causa, observa esta juzgadora que la parte querellante ejerce la presente acción de amparo por la presunta violación de los derechos fundamentales a la seguridad social, protección al salario y al trabajo y los artículos 76 y 78 de protección de la maternidad, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la medicina.

Ahora bien, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
(…omissis…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes” (…omissis…).”

En este sentido, se observa que el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha considerado al amparo constitucional, como una acción utilizada por aquellos interesados (agraviados o amenazados de violación de sus derechos y garantías constitucionales) cuando no hayan optado por hacer uso de las vías judiciales ordinarias para restablecer su situación jurídica infringida, en virtud del carácter extraordinario que la misma propugna (Vid. sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 2.198 y 726 de fechas 9 de noviembre de 2001 y 12 de julio de 2010, casos: Oly Henríquez de Pimentel y David Ramón Delgado Rubio, respectivamente).
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, ha venido sosteniendo que el amparo constitucional sólo opera cuando: i) el interesado haya acudido a la vía judicial ordinaria y el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada o amenazada de violación no haya sido satisfecha o ii) cuando es evidente que el uso de los medios judiciales ordinarios no dará satisfacción a la pretensión planteada, es decir, cuando el uso de esos medios procesales resulten insuficientes, ineficaces, para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, tomando en consideración las circunstancias fácticas o jurídicas que rodeen el caso en concreto (Vid. sentencias de la referida Sala Nros. 2.369 y 1.618 de fechas 23 de noviembre de 2001 y 30 de julio de 2007, casos: Mario Téllez García y Yvan José Vielma Castillo.
Así mismo en las referencias sentencias ha quedado establecido que la causal de inadmisibilidad del amparo constitucional contemplada en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se limita exclusivamente al supuesto de que “…el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias” o cuando haya “…hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”, sino que también resulta extensible a la hipótesis de cuando el presunto agraviado disponga de los recursos ordinarios idóneos, a través de los cuales pueda lograr una tutela judicial efectiva, es decir, satisfacer su pretensión, y no haga uso de tales medios.
Resulta necesario precisar que, la acción de amparo constitucional prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite su utilización para sustituir los mecanismos o recursos idóneos que brinda la Ley para la tutela judicial requerida ante el Órgano Jurisdiccional, dada su naturaleza extraordinaria, reservándose su ejercicio ante la ausencia de otros mecanismos procesales.
En ese sentido observa quien aquí decide, que quien solicita el amparo pretende ser restituida en su lugar de trabajo invocando el derecho al trabajo y la protección a la maternidad, siendo que estos derechos, efectivamente protegidos por el texto constitucional, se encuentran además especialmente protegidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras a través de disposiciones espacialísimas, tales como las previstas en el Título VI desde los artículos 330 hasta el 352, ambos inclusive. Pero además, prevé este texto legal el procedimiento idóneo y pertinente en caso de que una trabajadora en estado de gravidez sea despedida, desmejorada o trasladada, estado protegida por la norma contenida en el artículo 420 ejusdem y es el previsto en el artículo 425 de la misma ley, constituyendo en forma general la inmovilidad y en forma especifica la inmovilidad por fuero maternal del exclusivo conocimiento de la autoridad administrativa, en sede de las Inspectoras del Trabajo, no correspondiendo a los Tribunales Laborales.
Siendo así se evidencia que el amparo propuesto se encuentra dentro de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conforme a la interpretación dada por la Sala Constitucional precedentemente citada, por no constituir el amparo la vía idónea para el reestablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida y por existir otra distinta a ésta, capaz de la restitución de la situación jurídica constitucional supuestamente violentada antes de que ésta se haga irreparable, a través del mecanismo de impugnación previsto para ello. ASI SE DECIDE.
IV
DECISION
En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley: PRIMERO: INADMISIBLE el amparo interpuesto por ISABEL DEL CARMEN HERNANDEZ SEIJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 19.247.808, contra la Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD) por la presunta violación de los derechos fundamentales a la seguridad social, protección al salario y al trabajo y los artículos 76 y 78 de protección de la maternidad, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la medicina. Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay a los 25 días del mes de mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA,

ABG. SORY MAITA GONZALEZ
LA SECRETARIA,

ABG. BETHSI RAMIREZ

En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

ABG. BETHSI RAMIREZ
SMG