TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN
PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
EN SU NOMBRE
Maturín dieciocho (18) de Noviembre de dos Mil Dieciséis.
206º y 157º

ASUNTO: NP11-L-2016-001085.

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTE: ISIAS MIGUEL JIMENEZ MOTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-22.705.591, y de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES: GERARDO ACEVEDO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo los Nros.: 68.771

DEMANDADA: INVERSIONES INFECA 27, C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de abril del 2007 de 1982, bajo el N° 72, Tomo 40-A-.

APODERADOS JUDICIALES: CLAUDIA BABERA, JESUS JOAQUIN CAMPOS GOMEZ Y RAMON ORLADO PINO GUZMAN, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.129.258, 29.755 y 6.651, respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES

ANTECEDENTES.
Se inicia la presente causa en fecha Veinticuatro (24) de noviembre de 2015, la cual fue interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), de ésta Coordinación del Trabajo, siendo presentada y consignada por la ciudadana YSMAR DEL VALLE BRITO MONAGAS, supra identificada, debidamente asistida por la abogada en ejercicio INANOVA MENESSES, igualmente identificado, por Cobro de Diferencias de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, que incoara en contra de la entidad de trabajo SUPERMERCADOS UNICASA, C.A., previamente identificada. En fecha veinticuatro (24) de Noviembre de 2015, es recibida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial Monagas, correspondiéndole conocer previa distribución por ante la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS, (U.R.D.D.), entre los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Monagas, tal y como se evidencia en el auto cursante al folio siete (07) del presente expediente.

Señala el accionante en su escrito libelar que en fecha 05 de abril del año 2015 fue contratado por la empresa INVERSIONES INFECA 27, C.A, para desempeñar el cargo de “OBRERO1.1.1”, tal como está establecido, en el tabulador, en su nivel 1, oficio 1.1 de la convención colectiva de trabajo de la industria de la Construcción y similares y conexos de la de República Bolivariana de Venezuela , vigente desde el primero de mayo de del 2013, hasta la fecha 28/10/2015, donde fue Retirado por la culminación de Obra Injustificadamente a seguir prestando sus servicios como obrero 1.1.1, en esta empresa pase a encontrarse amparado por la INAMOVILIDAD PREVISTA EN DECRETO PRESIDENCIA n° 6.167 de fecha 30 de diciembre de 2014, la prevista en los artículos 94,418 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores (LOTTT), concatenada con los artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, devengando un salario Básico, para ese momento de de Bs. 281,17, cumpliendo una jornada de Trabajo de lunes a viernes de 1:00a.m a 4:00 p.m., siendo sus funciones en el ejercicio de ese cargo de cómo cargar bloques, Batir cemento, Cargar cabillas, Maderas entre otros, estando la delación laboral amparada por la CONVENCION COLECTIVA DE LA DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION Y SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA BOLIVSARIANA DE VENEZUELA, vigente desde el 01 de MAYO DE 2013. Habiéndose sido retirado injustificadamente realizó ante la empresa la aclaratoria respectiva, sin tener respuesta satisfactoria; por consiguiente demanda los siguientes conceptos y montos que a continuación se discriminan:

Antigüedad Acreditada: Bs. Legal (Clausula 46): Bs. 24.082,21. Bono Vacacional Fraccionado conforme a la Clausula 43: Bs. 11.246,80. Vacaciones Fraccionadas del año 2013 al 2014 de Conformidad con la Clausula 43: Bs. 23.618,28. Utilidad Fraccionadas conformidad con la clausula 45: Bs.21.802,80. Bono desde asistencia: Bs. 10.122,12 0. Total: Bs. 90.872,21

La demanda es recibida en fecha 24 de noviembre de 2016, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial Monagas, procede conforme a la ley a realizar todos los trámites legales pertinentes; siendo admitida la demanda en fecha veintisiete (27) de octubre de 2015, ordenándose la notificación de la entidad de trabajo demandada, comenzando a computarse, el lapso de comparecencia para la celebración del inicio de la audiencia preliminar.

En la oportunidad de inicio de la Audiencia Preliminar, en fecha catorce (14) de enero de 2016, el Tribunal dejó expresa constancia en el acta levantada, de la comparecencia de la parte actora y de la parte demandada, ambas partes consignan sus escritos de pruebas. Se dieron varias prolongaciones de la audiencia y en Acta de fecha tres (03) de mayo de 2016, siendo la última celebrada, no obstante que la jueza personalmente trato de mediar y conciliar las posiciones de las partes, se da por concluida la fase de mediación, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenándose la incorporación de las pruebas promovidas a los fines de su admisión y evacuación por el Tribunal de juicio que corresponda y, se ordenó la apertura del lapso de cinco (05) días de despacho para que la parte demandada incorpore al expediente la contestación a la demanda y una vez concluido este lapso, el expediente sea remitido al juzgado de juicio que corresponda. En la oportunidad procesal correspondiente, la abogada en ejercicio CLAUDIA BABERA, actuando en su condición de apoderado judicial de la entidad de trabajo INVERSIONES INFECA, consigna escrito de contestación de la demanda, inserto a los folios 88 al 90, ordenándose entonces la remisión del expediente al Tribunal de Juicio correspondiente.

Luego en fecha treinta y una (31) de mayo de 2016, el expediente es recibido por éste Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo y Transitorio de esta Circunscripción Judicial, y en fecha trece (13) de junio de 2016, pasó esta Juzgadora de Instancia a emitir pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenando librar lo conducente para su evacuación; y en la oportunidad legal, se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio, tal como consta de autos al folio 161, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 150 ejusdem.

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO.
En fecha 19 de julio de 2016, tuvo lugar el inicio de la de la Audiencia de Juicio, en la presente causa, se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante, Ciudadano ISAIAS JIMENEZ MOTA, C.I. N° 22.705.591, junto a su apoderado judicial, Abg. RAMON LOPEZ, Inpreabogado N° 38.146; por la parte demandada comparece su apoderada judicial Abg. CLAUDIA BAVERA, Inpreabogado N°. 129.258. Seguidamente. Una vez constituido el tribunal y reglamentada la audiencia de juicio , se le otorgó a las partes un lapso prudencial de tiempo para la realización de sus exposiciones; oídos los alegatos y defensas, la Jueza procedió a establecer los puntos controvertidos en la presente causa. Seguidamente se da inicio a la evacuación de las pruebas, comenzando con la Prueba Testimonial promovida por ambas partes, no compareciendo los testigos promovidos a la presente audiencia, quedando por consiguiente desierta dicha prueba. A continuación se prosiguió con la evacuación de las pruebas documentales y de informe promovida por el actor, haciéndose las observaciones a las mismas. Con respecto a la prueba de informe promovida igualmente por la demandante a la Sociedad Mercantil Agropecuaria Mi Llanura, C.A., visto que no consta en las actas procesales la consignación de la Unidad de Alguacilazgo de haber hecho entrega del oficio librado, la Jueza ordenó instar a la unidad a hacer entrega del mismo o en su defecto consignar las resultas respectivas. En este estado se precedió a prolongar la presente audiencia.

En fecha dieciocho 18 de noviembre de 2016, oportunidad fijada para dar continuidad a la Audiencia de Juicio, en la presente causa, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandante ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno; por la parte demandada compareció su apoderada judicial Abg. CLAUDIA BAVERA, antes identificada. Seguidamente, se declaró constituido el Tribunal, dejándose constancia de la grabación del acto con video grabadora. Acto seguido, la Jueza, vista la consecuencia jurídica derivada de la incomparecencia de la parte accionante declaró DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO, en la causa incoada por el Ciudadano ISAIAS JIMENEZ MOTA contra la Entidad de Trabajo INVERSIONES INFECA 27, C.A.
DE LOS MOTIVOS DE LA DECISIÓN.
Es importante resaltar, que el sistema de audiencias sobre el cual se estructura el proceso laboral venezolano exige la asistencia de las partes a todos sus actos, pues cada uno de ellos entraña un acto único y preclusivo; máxime, tratándose de la audiencia de juicio, debido a que ella es la oportunidad de exponer ante el Juez o jueza que decidirá el fondo de la controversia, los hechos en los cuales se fundamentan cada una de las defensas, además que en dicho acto, se traba válidamente el debate probatorio y se realiza el control de las pruebas evacuadas.

En este sentido, se hace necesario hacer referencia al artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se establece:

“En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.
Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo”.

Al efecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1184 de fecha 22 de septiembre de 2009, estableció:

“Asimismo, hay que señalar que ese desistimiento de la acción puede ocurrir en virtud de una manifestación expresa de voluntad del actor en tal sentido, o en virtud de cualquier otra conducta del mismo que la Ley considere como un acto de desistimiento, tal como ocurre en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, el referido artículo establece que si la parte demandante no comparece a la audiencia de juicio, se entenderá que desiste de la acción, institución que extingue el proceso pendiente, que compone la litis y, en fin, que pone fin al juicio.

Como se afirmó ut supra, tal conducta implica la abdicación o renuncia de la acción (p. ej. “renuncio al derecho de acudir a la jurisdicción para hacer valer mi pretendido derecho a la propiedad”), y no precisamente la renuncia al derecho pretendido en ella (p. ej. “renuncio al derecho a la propiedad que pretendía hacer valer en este juicio”), y mucho menos la renuncia aislada y general de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico (p. ej. “renuncio para siempre a mi derecho a la propiedad en general”).
En palabras de Celso: “nihil aliud est actio quam ius persequendi in indicio quod sibi debetur” (“la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe”).
Generalmente, sin pretender ahondar en el tema, la acción se concibe como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, generalmente, la pretensión de que se tiene un derecho válido.
(…Omissis…)

En tal sentido, ante todo, no debe confundirse la acción a que se refiere el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, con él o los derechos materiales pretendidos que se alegan a través de ella.
(…omissis…)
De allí que, una cosa es el desistimiento de la acción, otra, la renuncia del derecho material pretendido, y otra muy distinta, la renuncia general de un derecho reconocido por el orden jurídico.

En todo caso, el derecho pretendido por el accionante (p. ej. “tengo derecho a la propiedad sobre este inmueble”), es simplemente eso, un derecho alegado, un derecho supuesto que no se reconoce hasta que así lo haga el órgano jurisdiccional encargado de resolver la litis; no es entonces, una facultad material per se, no es efectivamente, por ende, un derecho, y, en fin, no es un derecho material al que se pueda renunciar.

Así pues, la pretensión del trabajador no se traduce en si misma en un derecho (otra cosa es el derecho a la acción, vid. ut supra), es sólo la pretensión de un supuesto derecho, de un “derecho” alegado, concepto que excede los términos y la finalidad del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de nuestra Carta Magna. Se renuncia de lo que se tiene, si no se tiene un efectivo derecho material, no se puede renunciar a él (mucho menos luego de iniciada la litis, en la que simplemente se discute un derecho pretendido).

No es igual acordar con el patrono la renuncia de un derecho laboral al inicio o en el curso de una relación de trabajo, a que el trabajador se quede sin acción frente a una pretensión, como consecuencia impuesta por el ordenamiento jurídico en virtud de una conducta injustificada de su parte, dentro del proceso que él mismo ha activado.
…omissis…”

De otra parte, una cosa son los derechos del trabajador y otra la sanción de la cual se hace acreedor cuando incumple con el deber de comparecer a la audiencia de juicio, la cual se convocó en virtud de la acción que él mismo interpuso. Una cosa es el derecho a la acción y otra la consecuencia jurídica resultante del inadecuado comportamiento procesal de quien ha ejercido ese derecho, situación que no debe entenderse como la renuncia, por parte del trabajador, a sus derechos laborales.

Si el demandante trabajador no concurre a la audiencia de juicio, la Ley le suprime su derecho a la acción respectiva, lo cual no implica la renuncia por parte del mismo a sus derechos laborales, al menos en los términos del artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De todo lo expuesto hasta este punto, se desprende que el desistimiento de la acción previsto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene relación, al menos directa y suficiente, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de la Constitución. En este último sentido, podría intentar nuevamente la acción si no hay caducidad o prescripción de la misma, y aún habiéndola tendría que ser alegada en juicio.”

En este mismo sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 0009 del veinte (20) de enero de 2012, estableció:

“De otra parte, si en salvaguarda del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación, el efecto de la incomparecencia del trabajador a la audiencia de juicio se traduce en un desistimiento del proceso; y, no de la acción, acogiendo la doctrina de la Sala Constitucional parcialmente transcrita, menos podría declararse el desistimiento de la acción por incomparecencia de la actora a la audiencia para dictar el dispositivo del fallo, que no requiere la presencia de las partes, por cuanto el debate oral ha concluido y lo único que falta es la actuación del Juzgador quien debe dictar su decisión, no siendo el caso de autos, en el que la demandante tiene representación judicial acreditada con anterioridad a la audiencia. (Sentencia). (Destacado del Tribunal).

De tal manera, que analizado el contenido del artículo 151 ejusdem y de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcrito, se puede colegir, que el proceso laboral venezolano, establece sanciones a las partes cuando ocurra la incomparecencia de alguna de ellas a la celebración de la audiencia de juicio; en tal sentido, frente a la incomparecencia de la parte actora, y dada la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; considera esta Juzgadora, conforme a las consecuencias jurídicas establecidas en la norma anteriormente señalada, que procede el Desistimiento del Procedimiento intentado por la demandante, el ciudadano ISAIAS JIMENEZ MOTA, por cuanto resulta clara la obligatoriedad de la celebración de dicha audiencia y, además constituye una carga procesal su comparecencia, lo cual conlleva a que la inasistencia al acto se constituya en el desistimiento, y así está establecido a todo lo largo de la normativa procesal. Así se establece.

DECISIÓN.
Por lo anteriormente expuesto, éste Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO, intentado por la ciudadana ISAIAS JIMENEZ MOTA, contra la entidad de trabajo INVERSIONES INFECA 27, C.A, ambas partes plenamente identificados en autos.

Se advierte a las partes que podrán ejercer los recursos que consideren pertinentes dentro de los cincos días hábiles siguientes a la publicación de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA PARA SU ARCHIVO.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZA,

ABG. CARMEN LUISA GONZÁLEZ.- SECRETARIO (A),

En esta misma fecha se registró y publicó la sentencia, siendo las 03:20 p.m. Conste.-

SECRETARIO (A),