REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN LA VICTORIA La Victoria, seis (06) de octubre del dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º Revisado como ha sido el presente expediente, contentivo de demanda laboral por Prestaciones Sociales y Beneficios Sociales, incoada por el ciudadano LORENZO PEREZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-2.219.457, contra la Entidad de Trabajo TALABARTERIAS Y ARTESANIAS VENEZUELA, C.A.; se observa que en fecha 03 de los corrientes, se admitió la demanda en cuestión, y entre otras aspectos, el demandante debidamente asistido por la ABG. ILEANYE JOSE GONZALEZ CABELLO, Inpreabogado Nº 246.082, solicitó Medida Cautelar Innominada; al efecto, este Tribunal observa lo siguiente: PRIMERO: El actor en su demanda expresa: “[Solicita] a la ciudadana Jueza o Juez de Mediación tenga la bondad de Decretar MEDIDA CAUTELAR (Innominada) suspendiendo además La Solvencia Laboral a la parte patronal demandada por vía de Internet o la más expedita posible (…)”.- SEGUNDO: Vista la solicitud antes expuesta pasa esta Juzgadora a pronunciarse respecto a la cautelar solicitada. Al respecto observa que el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Juez podrá dictar medidas cautelares cuando exista riesgo manifiesto y se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de las circunstancias y el derecho que se reclaman. Asimismo, el artículo 588 ejusdem indica que el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor a que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación de derecho de la otra. Es decir, conforme al artículo antes mencionado, que se trata de un mecanismo de tutela anticipada de naturaleza preventiva y no restitutoria y que, por ello, va dirigida a la protección temporal de los derechos de la parte recurrente mientras se decida el fondo en el asunto principal, y dado que el Juez está obligado a ser prudente y observar los requisitos de Ley y los supuestos de procedencia para el decreto de las medidas preventivas. Asimismo, la solicitud de medida cautelar no sólo debe estar fundamentada en las razones de hecho y de derecho que la parte afectada alega, sino que el solicitante también está en el deber de explicar con claridad la magnitud del daño que le podría producir la ejecución del acto impugnado, pues no basta con indicar que vaya a causarse un perjuicio sino que deben señalarse los hechos o circunstancias específicas que considere la parte afectada, le causan un daño o perjuicio irreparable, real y procesal, aportando al juicio los elementos suficientes que permitan al Órgano Jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del mismo por la definitiva, acompañando a tal efecto algún medio probatorio del cual pueda desprenderse que la ejecución del acto administrativo recurrido le afectaría significativamente, y cuyo daño no podría ser reparado por la decisión definitiva. De allí que, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren y la providencia cautelar sólo se concede cuando se verifiquen concurrentemente los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Dichos requerimientos se refieren a la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y en algunos casos, se impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni). El primero de los requisitos, el fumus boni iuris, consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Se entiende entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y finalmente el periculum in damni, se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el Tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra. Al respecto observa esta Juzgadora que en el caso bajo estudio, la recurrente solicitó se decrete medida cautelar innominada para suspender la solvencia laboral de la parte demandada por vía Internet o la más expedita posible. Ahora bien, la decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación mediante elementos probatorios fehacientes, de los hechos concretos que permitan crear en el Juzgador, al menos, una presunción grave de la existencia de un posible perjuicio material y procesal para la parte solicitante. De manera pues que cuando se solicita una medida cautelar innominada, no basta con que el peticionante de dicha medida se limite sólo a solicitarla, sino que tal argumentación debe estar acreditada mediante elementos probatorios fehacientes, con respecto a los hechos concretos que permitan crear en el Juzgador, al menos, una presunción grave de la existencia de un posible perjuicio material y procesal a la parte que presuntamente se verá afectada por la ejecutoriedad del acto demandado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esta Juzgadora aprecia que el solicitante de la medida cautelar innominada del acto impugnado no especificó la irreparabilidad que le pudiere ocasionar la decisión definitiva, limitándose sólo a solicitar dicha medida, en consecuencia, resulta forzoso para este Juzgado declarar su improcedencia. Así se decide. Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN LA VICTORIA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: NIEGA POR IMPROCEDENTE la medida solicitada por la parte actora. No prejuzga este Tribunal con la presente decisión sobre el fondo de la causa, ni posibles solicitudes de medidas preventivas que en un futuro puedan hacer las partes, sino sobre lo aquí analizado. Es todo. LA JUEZA ABG. EMILE J. REBOLLEDO SILVA LA SECRETARIA ABG. PAOLA MARTINEZ EXP. Nº DP31-L-2016-000392 EM/af