República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE SOLICITANTE: Ana Pascualina Pignataro Pignataro, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.364.066. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE SOLICITANTE: Beatriz del Valle Escobar Herrera, José Antonio Ramírez Rodríguez y Gracimar del Valle Fierro Chacare, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-9.917.128, V-6.362.068 y V-10.998.294, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 203.456, 186.086 y 58.867, respectivamente. PARTE REQUERIDA: Joao Leonel Rodrigues Martins, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.830.942. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Juan Ángel, en su carácter de Fiscal Nonagésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. MOTIVO: Divorcio 185-A. Llegada la oportunidad procesal para dictar sentencia definitiva en la solicitud de divorcio presentada por la ciudadana Ana Pascualina Pignataro Pignataro, debidamente asistida por la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, en vista de haber permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, es por lo que una vez efectuado el estudio individual de las actas procesales, se hacen las consideraciones siguientes: - I - ANTECEDENTES El presente procedimiento se inició mediante escrito presentado el día 15.02.2016, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de oficina distribuidora, quién luego de verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal. Luego, en fecha 17.02.2016, se admitió la solicitud por los cauces del procedimiento especial al cual se refiere la norma jurídica que la fundamenta, ordenándose la citación del ciudadano Joao Leonel Rodrigues Martins, en su condición de cónyuge de la solicitante, para que compareciera al tercer (3°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación, a fin de reconociera los hechos alegados en el escrito de solicitud, así como la citación de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que emitiese opinión respecto al divorcio propuesto, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su citación. Después, el día 25.02.2016, la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, consignó las copias fotostáticas requeridas para la elaboración de las copias certificadas que acompañarían a la boleta de citación dirigida al cónyuge requerido, siendo éstas actuaciones proveídas en fecha 26.02.2016. De seguida, el día 14.03.2016, el alguacil informó acerca de la práctica de la citación personal del cónyuge requerido. Acto continuo, en fecha 05.04.2016, la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, consignó escrito de promoción de pruebas. Acto seguido, el día 06.04.2016, se dictó auto por medio del cual se abrió una articulación probatoria por ocho (08) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la notificación del cónyuge requerido, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en sintonía con el criterio vinculante sentado en la sentencia N° 446, dictada en fecha 15.05.2014, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, se admitieron las pruebas promovidas por la parte solicitante, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, siendo que en relación a la prueba testimonial recaída sobre las ciudadanas María Da Luz Silva Freitas, Jessica Yajaira Suárez Freitas y Yajaira Josefina Aranguren de Suárez, se fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación del cónyuge, a las once de la mañana (11:00 a.m.), doce de la tarde (12:00 p.m.) y una de la tarde (1:00 p.m.), a fin de que los testigos rindieran su turno su declaración testimonial. Luego, en fecha 08.07.2016, el alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación del cónyuge requerido. Después, el día 14.07.2016, se declararon desiertos los actos correspondientes a la evacuación de la prueba testimonial recaída sobre las ciudadanas María Da Luz Silva Freitas, Jessica Yajaira Suárez Freitas y Yajaira Josefina Aranguren de Suárez. De seguida, en fecha 19.07.2016, la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, solicitó se fijara oportunidad para la evacuación de la prueba testimonial, cuyo pedimento fue ratificado en diligencia presentada el día 21.07.2016, en la cual además requirió una prórroga del lapso probatorio, cuya petición fue acordada mediante auto proferido ese mismo día, a cuyo efecto, se prorrogó el lapso probatorio por cinco (05) días de despacho, y se fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente a esa oportunidad, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), once de la mañana (11:00 a.m.) y doce de la tarde (12:00 p.m.), a fin de que las ciudadanas María Da Luz Silva Freitas, Jessica Yajaira Suárez Freitas y Yajaira Josefina Aranguren de Suárez, rindieran a su turno su declaración testimonial. Acto continuo, en fecha 01.08.2016, tuvo lugar la evacuación de la prueba testimonial recaída sobre las ciudadanas María Da Luz Silva Freitas y Jessica Yajaira Suárez Freitas, así como se declaró desierto el acto de declaración de la ciudadana Yajaira Josefina Aranguren de Suárez. Acto seguido, el día 02.08.2016, la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, desistió de la prueba testimonial recaída sobre la ciudadana Yajaira Josefina Aranguren de Suárez, el cual fue homologado mediante auto dictado en fecha 03.08.2016. Luego, el día 05.08.2016, se instó a la parte solicitante a consignar las copias fotostáticas requeridas para la elaboración de las copias certificadas que acompañarían a la boleta de citación dirigida a la Vindicta Pública, cuyo requerimiento fue satisfecho en fecha 10.08.2016, por lo cual, se procedió a librar la boleta de citación el día 11.08.2016. Después, en fecha 22.09.2016, el alguacil informó acerca de la práctica de la citación de la Fiscalía del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. De seguida, el día 30.09.2016, el abogado Juan Ángel, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consignó escrito en el cual dejó constancia de no tener objeción alguna respecto al divorcio propuesto. - II - FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD La ciudadana Ana Pascualina Pignataro Pignataro, debidamente asistida por la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, en el escrito de solicitud adujo lo siguiente: Que, en fecha 21.08.1986, contrajo matrimonio civil con el ciudadano Joao Leonel Rodrigues Martins, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Departamento Libertador del Distrito Federal, según consta en la partida de matrimonio Nº 393, la cual corre inserta en el Libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 1.986. Que, su último domicilio conyugal fue fijado en el apartamento N° 102, situado en el piso 10 del Edificio Residencias Los Dos Caminos, ubicado entre las Esquinas de San Fransisquito a Puente Ayacucho, Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital. Que, durante la relación conyugal procrearon dos (02) hijos, que llevan por nombre Manuel Antonio Martins Pignataro y Ana Karina Martins Pignataro, quienes detentan la mayoría de edad, así como que adquirieron bienes. Que, se encuentran separados de hecho desde el día 20.03.2010, es decir, por más de cinco (05) años de la ruptura prolongada de la vida en común. Fundamentó jurídicamente su petición en el artículo 185-A del Código Civil. En virtud de lo anterior, procedió a solicitar se declarase con lugar el divorcio propuesto y, en consecuencia, se decretase disuelto el vínculo matrimonial que los une. - III - ALEGATOS DE LA VINDICTA PÚBLICA El abogado Juan Ángel, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30.09.2016, consignó escrito en el cual dejó constancia de no tener objeción alguna respecto al divorcio propuesto, en los términos siguientes: “…Yo, Juan Ángel, actuando en este acto con el carácter de Fiscal Provisorio Nonagésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas, y Adolescentes, Civil, e Instituciones Familiares, respetuosamente ante su competente autoridad con el debido acatamiento ocurro a fin de exponer lo siguiente: Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, contentivas del procedimiento autónomo de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil, incoado por la ciudadana Ana Pascualina Pignataro, en contra del ciudadano Joao Leonel Rodrigues Martins, titulares de las Cédulas de Identidad N°V-6.364.066, y, V-15.830.942, respectivamente, esta Representación Fiscal observa que hasta la presente fecha se han cumplido con los requerimientos legales exigidos para este procedimiento. En consecuencia, este Despacho Fiscal no tiene objeción alguna que formular en la presente causa…”. - IV - COMPETENCIA Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes: La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso. En tal sentido, el artículo 3 de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18.03.2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Subrayado y Negrillas de este Tribunal) Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio (hoy Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas) el conocimiento de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, razón por la que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara. - V - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Planteada en estos términos la presente solicitud, procede de seguida este Tribunal a decidirla con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación: Antes de entrar a conocer sobre la solicitud de divorcio elevada al conocimiento de este Tribunal, se hace necesario reflexionar acerca de la pre-existencia de una relación vinculante de carácter legal denominada Matrimonio, el cual es considerado como una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un reconocimiento social, cultural y jurídico, ya que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección tanto jurídica como económica y emocional de la descendencia. En tal sentido, el matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y el régimen económico, que encuentran su reglamentación en el Código Civil y demás leyes aplicables. En este contexto, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apunta que el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, toda vez que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes, garantizándose así la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. De allí, que con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes, derivándose la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Código Civil. Por tal motivo, el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, protege al matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, extendiéndose dicha protección a las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, las cuales producirán los mismos efectos que el matrimonio. Así pues, que cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un pacto para toda la vida, el cual es reconocido legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad, pero ante la complejidad de las relaciones personales surgidas sobrevenidamente durante la convivencia, resulta también imperioso para el Estado resguardar el derecho fundamental de toda persona al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social, conforme lo propugna el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 446, dictada en fecha 15.05.2014, con ponencia del Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, expediente N° 14-0094, caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín, apuntó que “…el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem)…”. En ese mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 693, dictada en fecha 02.06.2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, expediente N° 12-1163, caso: Francisco Anthony Correa Rampersad, puntualizó que “…es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal…”. En razón de ello, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, en atención de lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de tal manera que ante la posibilidad jurídico constitucional concedida a toda persona para acceder a la autoridad judicial con el fin de hacer valer sus derechos e intereses, cualquiera de los cónyuges puede reclamar el divorcio como una de las formas de disolución del matrimonio, a consecuencia del rompimiento absoluto y definitivo del vínculo marital, en sujeción a las causales establecidas en la ley o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, tal y como fue precisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la indicada sentencia N° 693, dictada en fecha 02.06.2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, expediente N° 12-1163, caso: Francisco Anthony Correa Rampersad. En conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por dos (02) razones fundamentales, las cuales son: 1.- Por la muerte, debido que ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos válidos. 2.- Por el divorcio, que es la vía destinada a lograr el cese de la relación conyugal, a través de un procedimiento especial iniciado mediante demanda incoada por uno de los cónyuges o por medio de solicitud interpuesta de mutuo consentimiento. Así pues, según el Dr. Guillermo Cabanellas, el “divorcio” proviene “…del latín divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de impedimentos esenciales e insubsanables. Por descuido tecnicismo en la materia, recogido incluso por los legisladores civiles, como el español y el argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, profunda divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y actuaciones…”. (Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I. Bibliográfica Omeba. Sexta Edición; Buenos Aires, Argentina, 1.968, p. 731) Según el diccionario jurídico Omeba, divorcio es “…la separación legal de un hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes…”. Los conceptos antes citados coinciden en que el divorcio es la separación y ruptura del matrimonio que se encuentra constituido legalmente entre un hombre y una mujer, la cual puede darse por una causa legal o por cualquier otra situación que impide la continuación de la vida en común, debiendo ser puesta en consideración ante el Tribunal competente quien tiene la facultad de declarar disuelto el vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo que haya producido ese matrimonio cuando ordena la liquidación de la comunidad conyugal. Ahora bien, observa este Tribunal que la reclamación invocada por la ciudadana Ana Pascualina Pignataro Pignataro, debidamente asistida por la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, se patentiza en la disolución del vínculo matrimonial adquirido en fecha 21.08.1986, con el ciudadano Joao Leonel Rodrigues Martins, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Departamento Libertador del Distrito Federal, según consta en la partida de matrimonio Nº 393, la cual corre inserta en el Libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 1.986, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, en vista de haber permanecido separados de hecho desde el día 20.03.2010. Al respecto, el artículo 185-A del Código Civil, establece: “Artículo 185-A.- Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”. (Subrayado y Negrillas de este Tribunal) La anterior disposición jurídica concede a los cónyuges la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial competente, la extinción del vínculo matrimonial que los une, dada la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años, cuyo procedimiento se reducirá a acordar en la misma oportunidad en que se admite la citación tanto del otro cónyuge, en caso de que la solicitud fuese presentada por uno sólo de ellos, así como de la Fiscalía del Ministerio Público, a fin de que expongan en su oportunidad legal lo pertinente respecto al divorcio propuesto, resolviendo el Tribunal lo que juzgue respecto al mismo en el duodécimo (12°) día de despacho siguiente al vencimiento de los plazos para la comparecencia de los interesados. Pues bien, debe este Tribunal destacar que conforme al principio procesal de la carga probatoria, consagrado en el artículo 1.354 del Código Civil, reiterado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, según el cual quién solicita la ejecución de una obligación debe probarla, y quién pretende que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de su obligación, estima este Tribunal que a la parte actora atañe el deber de probar ab initio los hechos que fundamentan su pretensión o lo que es lo mismo, el onus probandi incumbit actori, ya que sólo a dicha parte corresponde en principio demostrar fehacientemente el derecho que aduce ostentar al momento de presentar la demanda ante la autoridad judicial que conocerá de la controversia. En el presente caso, la parte solicitante acreditó conjuntamente con el escrito de solicitud copia certificada de la partida de matrimonio N° 393, levantada en fecha 21.08.1986, por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Departamento Libertador del Distrito Federal, inserta en el Libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 1.986, al igual que copias certificadas de las partidas de nacimiento correspondientes a los ciudadanos Manuel Antonio Martins Pignataro y Ana Karina Martins Pignataro, a las cuales se atribuye el valor probatorio que dispensa el artículo 1.384 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, ya que fueron expedidas por un funcionario público con facultad de dar fe pública en el lugar donde se autorizaron, apreciándose de las mismas el vínculo matrimonial existente actualmente entre la solicitante y el cónyuge requerido, así como que procrearon dos (02) hijos, quienes detentan la mayoría de edad. También, la parte solicitante promovió durante la articulación probatoria el testimonio de la ciudadana María Da Luz Silva Freitas, quien en fecha 01.08.2016, depuso acerca de lo siguiente: “…En horas de despacho del día de hoy, primero (01) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar la evacuación de la prueba testimonial recaída en la persona de la ciudadana María Da Luz Da Silva Freita, para lo cual se anunció el acto a las puertas de las Salas de Audiencias ubicadas en el piso 4 del Centro Simón Bolívar, previas las formalidades de Ley, y a cuyo anuncio, hizo acto de presencia la ciudadana María Da Luz Da Silva Freita, quien juramentada en forma legal dijo ser y llamarse como quedó escrito, de cincuenta y tres (53) años de edad, de estado civil soltera, residenciada en la Avenida Sucre, Edificio Pereira, Piso 1, apartamento 2, Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital, de nacionalidad portuguesa, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº E-82.032.344. En este estado, se deja constancia que se encuentra presente la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titular de la cédula de identidad Nº V-9.917.128, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 203.456, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Ana Pascualina Pignataro, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.364.066. Acto seguido, se le concede el derecho de palabra a la apoderada judicial de la parte solicitante, quién procede a interrogar a la testigo de la siguiente manera: Primera Pregunta: ¿Diga la testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación por mas de diez (10) años a los ciudadano Ana Pascualina Pignataro y Joao Leonel Rodrigues Martins? Contestó: ‘Si los conozco de vista, trato y comunicación desde hace aproximadamente 30 años, es todo’. Segunda Pregunta: ¿Diga la testigo si tiene conocimiento que los ciudadanos Ana Pascualina Pignataro y Joao Leonel Rodrigues Martins, no mantiene vida en común por mas de seis (06) años? Contestó: ‘Si, es todo’. Tercera Pregunta: ¿Diga la testigo si sabe y le consta que durante este tiempo no ha habido reconciliación entre los cónyuges? Contesto: ‘Si, no se quieren para nada, es todo’. Cesaron las preguntas…”. Adicionalmente, la parte solicitante promovió durante la articulación probatoria el testimonio de la ciudadana Jessica Yajaira Suárez Freitas, quien en su deposición rendida el día 01.08.2016, manifestó lo siguiente: “…En horas de despacho del día de hoy, primero (01) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar la evacuación de la prueba testimonial recaída en la persona de la ciudadana Jessica Yajaira Suárez Aranguren, para lo cual se anunció el acto a las puertas de las Salas de Audiencias ubicadas en el piso 4 del Centro Simón Bolívar, previas las formalidades de Ley, y a cuyo anuncio, hizo acto de presencia la ciudadana Jessica Yajaira Suárez Aranguren, quien juramentada en forma legal dijo ser y llamarse como quedó escrito, de veintinueve (29) años de edad, de estado civil soltera, residenciada en la Marapamarina, Conjunto Residencial Marapamarina, Torre D, Piso 12, Apartamento 126, Catia la Mar, Municipio Vargas, Estado Vargas, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.922.879. En este estado, se deja constancia que se encuentra presente la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titular de la cédula de identidad Nº V-9.917.128, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 203.456, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Ana Pascualina Pignataro, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.364.066. Acto seguido, se le concede el derecho de palabra a la apoderada judicial de la parte solicitante, quién procede a interrogar a la testigo de la siguiente manera: Primera Pregunta: ¿Diga la testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación por mas de diez (10) años a los ciudadano Ana Pascualina Pignataro y Joao Leonel Rodrigues Martins? Contestó: ‘Si los conozco de vista, trato y comunicación desde hace aproximadamente 12 años, es todo’. Segunda Pregunta: ¿Diga la testigo si tiene conocimiento que los ciudadanos Ana Pascualina Pignataro y Joao Leonel Rodrigues Martins, no mantiene vida en común por mas de seis (06) años? Contestó: ‘Si ellos no tienen vida en común desde ese tiempo, es todo’. Tercera Pregunta: ¿Diga la testigo si sabe y le consta que durante este tiempo no ha habido reconciliación entre los cónyuges? Contesto: ‘No ha existido aun una reconciliación entre ellos, no se quieren para nada, es todo’. Cesaron las preguntas…”. En este sentido, en lo que concierne a la valoración de la prueba testimonial, a la luz de lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el Juez examinará si las deposiciones de los testigos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación. En el caso sub júdice, las testigos fueron contestes en afirmar que conocen de vista, trato y comunicación por más de diez (10) años a los ciudadanos Joao Leonel Rodrigues Martins y Ana Pascualina Pignataro Pignataro, quienes no mantienen vida en común por más de seis (06) años, sin que haya ocurrido reconciliación, cuyas aseveraciones concuerdan entre sí con las demás probanzas acreditadas en autos. Por lo tanto, juzga este Tribunal que desde el día 20.03.2010, oportunidad en la cual operó la ruptura de la vida en común entre los solicitantes, hasta la presente fecha, han transcurrido sobradamente más de cinco (05) años, sin que hayan asomado la posible ocurrencia de reconciliación alguna y, siendo que la representación de la Vindicta Pública en nada objetó la solicitud, es por lo que estas circunstancias conducen a declarar la procedencia del divorcio propuesto, por ajustarse a los parámetros contemplados en el artículo 185-A del Código Civil, como así se dictaminará de manera clara y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara. - VI - DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: Primero: Se declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio presentada por la ciudadana Ana Pascualina Pignataro Pignataro, debidamente asistida por la abogada Beatriz del Valle Escobar Herrera, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil. Segundo: Se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos Joao Leonel Rodrigues Martins y Ana Pascualina Pignataro Pignataro, el cual contrajeron en fecha 21.08.1986, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Departamento Libertador del Distrito Federal, según consta en la partida de matrimonio Nº 393, inserta en el Libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 1.986. Tercero: No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención acaecida en autos. Cuarto: Definitivamente firme como haya quedado el presente fallo, liquídese la comunidad conyugal, en caso de que ella existiese y remítase bajo oficio, copias certificadas de esta decisión, con inserción del auto de ejecución que se dicte, al Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Principal del Distrito Capital y Registro Civil de la Parroquia San José del Municipio Libertador del Distrito Capital. Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2.016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. El Juez Titular, César Luís González Prato La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.). La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado CLGP.- Exp. N° AP31-S-2016-001111