REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÀNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.
206º y 158º
Cagua, 28 de Abril de 2.017

EXPEDIENTE Nº 17303

PARTE DEMANDANTE: BLANCA SILVERIA CANELATARAZONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, estado civil divorciada, titular de la cédula de identidad Nº V-7.189.751.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: DARWINSON KEFREN VARGAS DIAZ y MILAGROS FIGUEROA BLANCO, abogados en ejercicio, de este domicilio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 233.935 y 31.358, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: OSWALDO RAFAEL ARCIA TARAZONA, SOL TERESA ARCIA TARAZONA, IVAN JESUS ARCIA TARAZONA, JOSE LUIS ARCIA TARAZONA, CARMEN ELENA CANELA DE LAYA y REINA ISABEL CANELA DE STERLING, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en San Francisco de Asís, Estado Aragua, titulares de las cedulas de identidad N° V-7.226.104, V-8.822.118, V-8.824.751, V-7.297.911, V-4.388.899, Y V-2.523.185, respectivamente.

MOTIVO: ACCION MERODECLARATIVA.

TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

Se inició el presente procedimiento mediante demanda interpuesta en fecha 14 de junio de 2016, por los abogados DARWINSON KEFREN VARGAS DIAZ y MILAGROS FIGUEROA BLANCO, abogados en ejercicio, de este domicilio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 233.935 y 31.358, respectivamente, actuando en representación de la ciudadana BLANCA SILVERIA CANELATARAZONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, estado civil divorciada, titular de la cédula de identidad Nº V-7.189.751, contra los ciudadanos: OSWALDO RAFAEL ARCIA TARAZONA, SOL TERESA ARCIA TARAZONA, IVAN JESUS ARCIA TARAZONA, JOSE LUIS ARCIA TARAZONA, CARMEN ELENA CANELA DE LAYA y REINA ISABEL CANELA DE STERLING, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en San Francisco de Asís, Estado Aragua, titulares de las cedulas de identidad N° V-7.226.104, V-8.822.118, V-8.824.751, V-7.297.911, V-4.388.899, y V-2.523.185, respectivamente; Siendo admitida por este Tribunal mediante auto de fecha 17 de Junio de 2016; asimismo, se libró Edicto a los sucesores desconocidos de los de Cujus identificados en autos, y en fecha 05 de octubre de 2016 se ordenó la citación de la parte demandada plenamente identificados en autos.
PRIMERO: El Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece “…También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” (Negrillas adicionadas). Por su parte la Ley de Arancel Judicial en su Artículo 12 establece la obligación del demandante de proveer al alguacil los medios necesarios para la práctica de la citación, cuando dispone textualmente: “Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas, la parte promovente interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ello, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado y proveerán los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población donde resida el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas, en lugares que disten más de quinientos metros (500 m2) de su recinto…” (negrillas del tribunal), de tal suerte que el aún vigente Artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial obliga al demandante a proveer los mencionados gastos, ya que tal como lo ha interpretado la Sala Constitucional en diversos fallos, la gratuidad de la Justicia a que se refiere el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se interpreta únicamente como la prohibición a los funcionarios de los órganos jurisdiccionales, de realizar algún cobro por concepto de aranceles o exigir pago por sus servicios, más no exime a los actores de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Arancel judicial, por lo que la práctica a seguir es que el demandante una vez admitida la demanda y antes de que transcurra el lapso de treinta (30) días continuos siguientes, presente diligencia ante el secretario en la cual ofrece los medios al alguacil para la práctica de la citación o proporcioné al alguacil el vehículo o expensa necesaria para el traslado, y éste último deje constancia de ello en el expediente correspondiente, lo cual palabras más, palabras menos, fue establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de Julio de 2004.

SEGUNDO: Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el particular primero, por cuanto se observa que la parte demandada se encuentra domiciliada en San Francisco de Asís, Estado Aragua, es decir, fuera de los QUINIENTOS METROS (500m2) de la sede de este juzgado, lo procedente era que la parte demandante cumpliera con la obligación señalada antes de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la admisión de la demanda, lo cual no hizo, puesto que se observa que la demanda fue admitida en fecha 17 de Junio de 2016, y hasta la presente fecha han transcurrido más de los mencionados treinta días, por lo que, en consecuencia lo procedente es declarar la perención breve, quedando extinguida la instancia. Y así se declara.-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Se ordena el archivo de la presente causa.-
LA JUEZA

Dra. MARIELA DE LA PAZ SUAREZ SILVA
LA SECRETARIA TEMPORAL.

Abg. LOLIMAR SOLORZANO
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo a las dos y Media de la tarde (02:30 p.m.).
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. LOLIMAR SOLORZANO
EXPEDIENTE Nº 17303.
MDLPSS