TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

En el juicio que por reclamación de de beneficios laborales, instaurado por los ciudadanos NEIL EDUARDO ORTIZ OROZCO, LUÍS ARTURO URBINA DUARTE, DANY RAFAEL PACHECO OSORIO, CARLOS ERNESTO ALMEIDA ABREU, JOSÉ ELÍAS CAMACHO ROSA, SHARY GIOVANNI BELLO SANTANA, MILAGROS DEL VALLE LÓPEZ GUARATE, JAVIER EDUARDO HURTADO CAMARGO, AYARI DEL CARMEN VEGAS, GABRIEL PATIÑO LUNA, GERSON ANTONIO CASTILLO ROSALES, REMBERTO EDUARDO OSPINO ROMERO, YENIFER MARGARET GRATEROL SOLÍS, EDIXON EZEQUIEL SANDOVAL BRICEÑO, ARGELIO JESÚS PÉREZ ORTEGA, NAILE YULIMAR ALVIAREZ SÁNCHEZ, y CÉSAR RUFINO LÍAS BOLÍVAR, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad Nos. 15.301.104, 17.703.746, V-16.435.558, 11.091.625, 10.811.052, 13.646.200, 8.741.815, 14.741.729, 8.827.570, 16.692.206, 13.977.863, 19.246.922, 17.374.805, 17.865.035, 16.132.447, V-15.471.460 y V-6.357.338respectivamente, representados judicialmente por los abogados Héctor Castellanos Aular, Bella Moreno Valera, Rubén Gregorio Palencia Lugo y José Rafael González; contra la sociedad mercantil contra la sociedad mercantil PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A. antes SNACKS AMERICA LATINA VENEZUELA, S.R.L., inscrita ante el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federa y estado Miranda en fecha 28/08/20964, bajo el N° 80, tomo 31-A, representada judicialmente por los abogados Ramón Alvis, Juan Carlos Pró-Risquez, Víctor Alberto Duran, Esther Cecilia Blondet, Yanet Aguiar, Eirys Mara, Bernardo Wallis, Pedro Cadenas, Federica Alcala, Larissa Chacin, Valentina Albarran, María Jiménez, Yeoshua Bograd Lamberti, María Gonzalez, Azael Marque y José Caraballo; el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en ciudad de Maracay, dictó sentencia definitiva en fecha 18 de octubre de 2017 en la presente causa.
Contra esa decisión, ambas partes ejercieron recurso de apelación.
Recibido el expediente del a-quo, se fijó oportunidad para la audiencia, celebrada la misma y dictado el pronunciamiento del fallo oral, se pasa a reproducir el mismo, en los siguientes términos:

I
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y DE LA CONTESTACIÓN

Alegaron los demandantes, en el escrito libelar:
Que, prestan sus servicios para la demandada desde las siguientes fechas: el ciudadano Neil Eduardo Ortiz en el cargo de Técnico de producción desde el 01/10/2003, con un salario mensual de 12.260; Luis Arturo Urbina en el cargo de Técnico de producción desde el 01/03/2006, con un salario mensual de 17.043; Dany Rafael Pacheco en el cargo Técnico de producción desde el 14/06/2006 con un salario mensual de 17.043; Carlos Ernesto Almeida en el cargo de obrero general desde el 19/09/2007, con un salario mensual de 14.400; José Elías Camacho en el cargo de obrero general desde el 24/03/2010, con un salario mensual de 14.121; Shary Giovanni Bello en el cargo de Técnico de Producción desde el 24/03/2003, con un salario mensual de 17.260; Milagros de Valle López en el cargo de obrero general desde el 09/02/2015, con un salario mensual de 14.586; Javier Eduardo Hurtado en el cargo de Técnico de Producción desde el 20/11/2000, con un salario mensual de 17.477; Ayari del Carmen Vegas en el cargo Técnico de producción desde el 20/04/2004 con un salario mensual de 17.260; Gabriel Patiño en el cargo obrero general desde el 24/04/2006 con un salario mensual de 14.586;Gerson Antonio Castillo en el cargo de obrero general desde el 19/05/2006 con un salario mensual de 14.586; Remberto Eduardo Ospino en el cargo de obrero general desde el 19/05/2006 con un salario mensual de 14.586; Yenifer Margaret Graterol en el cargo de obrero general desde el 19/03/2006 con un salario mensual de 14.400; Edixon Ezequiel Sandoval en el cargo de Técnico de Producción desde el 03/09/2007 con un salario mensual de 16.826; Argelio Jesús Pérez en el cargo de obrero general desde el 13/09/2007 con un salario mensual de 14.400; Naile Yulimar Alviarez en el cargo obrero general desde el 17/09/2007 con un salario mensual de 14.400.
Que, en fecha 12 de julio de 2010, la demandada anuncia unas supuestas vacaciones colectivas para todo el personal en la planta de Santa Cruz, entre el jueves 15 y el miércoles 28 de julio del 2010, ambas fechas inclusive.
Que, fue una decisión ilegal, violentando el derecho al trabajo y al disfrute del descanso anual en la oportunidad que por Ley corresponda.
Que, los Trabajadores solicitaron a la Inspectoría del Trabajo de Cagua estado Aragua, una inspección especial por ante la sede de la empresa en Santa Cruz de Aragua, la cual se realizó el día 19/07/2010 a las 03:30 p.m., mediante la cual se demostró que la demandada saco dos líneas de producción y las trasladó a otra planta.
Que, en fecha 23/07/2010, la Inspectoría del Trabajo de Cagua, ordeno nuevamente inspección especial con el objeto de dejar constancia del cumplimiento de la providencia administrativa Nº 00259-200 de fecha 14 de julio de 2014, en la cual negaba las vacaciones colectivas y ordenaba el reinicio inmediato de las actividades productivas, evidenciándose en dicha inspección que la demandada incumplió con la Providencia Administrativa.
Que, dichas vacaciones no son imputables a los trabajadores.
Que, la demandada deberá repetir el pago de dichas vacaciones según con lo establecido en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Que, reclaman el pago de cada trabajador vacaciones, bono vacacional y bono post-vacacional del periodo del año 2010, de conformidad con la norma antes señalada y con las cláusulas 50, 51 y 52 de la Convención Colectiva de Trabajo de 2014-2016, lo correspondiente al periodo de 2010.
Finalmente, solicita sea condenada la demandada al pago de las vacaciones correspondientes del año 2010 conforme a la convención colectiva 2014-2016 y la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, los cuales suman la cantidad de (Bs.1.062.371,18), así como las costas procesales, las cuales solicita no sean menores al 30% del valor de lo litigado.

La parte demandada, alegó:
Que, todos los demandantes a los que les fueron concedidas las vacaciones, disfrutaron efectivamente de 15 días hábiles de vacaciones.
Que, la demanda es improcedente, tanto por la forma como está planteada, como por lo pretendido y el falso derecho aducido por los demandantes.
Que, los demandantes incumplen con lo establecido en el art 123 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues no indican el objeto de la demanda, limitándose a reclamar de forma genérica el disfrute y pago de las vacaciones correspondientes al año 2010.
Que, presentan la demanda con intenciones de hacer ver que para julio de 2010 existía una situación de actividad análoga entre ellos, cuando ello no es así.
Que, el tribunal carece de jurisdicción para conocer la presente causa.
Que, los demandantes carecen de cualidad y de interés para incoar la presente demanda.
Que, los demandantes disfrutaron de forma efectiva las vacaciones colectivas otorgadas por PEPSICO en julio de 2010.
Que, los demandantes si convinieron en el disfrute de las vacaciones colectivas otorgadas por PEPSICO en julio de 2010.
Que, la empresa si estaba facultada legalmente para otorgar las vacaciones colectivas en julio de 2010.
Que, la empresa otorgo 15 días hábiles de vacaciones colectivas en julio de 2010 con el pago de los mismos, y pago de 35 días de bono vacacional y el monto correspondiente al bono post vacacional de conformidad con lo previsto en la clausula 46 de la Convención Colectiva de Trabajo 2007-2010.
Que, con posterioridad al disfrute de las vacaciones colectivas, y en la oportunidad en que lo solicitaron, cada uno de los demandantes disfruto del periodo de vacaciones correspondiente, imputándose a este el disfrute de los 15 días de vacaciones colectivas otorgadas por PEPSICO y disfrutando el resto de los días de vacaciones a los que tenían derecho legal conforme a su antigüedad.
Que, solicita sea declarada la inadmisibilidad de la demanda, por cuanto el libelo no reúne los requisitos de ley y presenta inconsistencias y deficiencias que impiden un plena y cabal defensa de los derechos e intereses de la empresa demandada.
Que, es improcedente el reclamo realizado por los demandantes respecto al pago de bono vacacional y bono post vacacional correspondiente al año 2010.
Que, es improcedente aplicar de manera retroactiva la convención colectiva de trabajo de 2014-2016.
Que, los únicos hechos admitidos son las fechas de ingreso por los demandantes.
Que, niegan los salarios indicados por los demandantes, así como haberles anunciado en fecha 12 de julio de 2010 vacaciones colectivas.
Que, al demandante Urbina no se le otorgaron vacaciones colectivas, por estar disfrutando sus vacaciones anuales.
Que, Bello, López, Vegas y Patiño, disfrutaron sus vacaciones 2009-2010, antes de otorgar vacaciones colectivas.
Que, Ortiz, Pacheco, Almeida, Hurtado, Castillo, Graterol, Sandoval, Pérez, Ospino y Alviarez, disfrutaron sus vacaciones del 2010, posterior al otorgamiento de vacaciones colectivas.
Que, Lías y Camacho, no tenían derecho a vacaciones por cuanto no tenían un año de servicio.
Finalmente, solicita sea declarada sin lugar la demanda.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Debe precisar esta Alzada, que conforme al efecto devolutivo que tiene el recurso de apelación, mediante el cual la causa apelada es transmitida al Tribunal Superior, adquiriendo el juez de dicha instancia ciertos poderes, partiendo siempre del principio general de que tal efecto devolutivo se produce en la medida de la apelación, el cual encuentra su fundamento en el principio del vencimiento como causa de la apelación y del principio de la personalidad de la apelación, según el cual la decisión de alzada no produce beneficio a la parte que ha consentido el fallo sino a aquella que lo ha apelado.
Es así, la apelación está sustentada en el principio contenido en el aforismo “tantum apellatum quantum devolutum” que no es otro, que el deber que tienen los juzgadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante; estándole vedado de igual modo, empeorar la situación de quien ha apelado cuando no media recurso alguno de su contraparte.
Visto lo anterior, esta Alzada revisará tan sólo los aspectos peticionados por las partes apelantes, a saber: Parte demandada, lo relativo a la falta de cualidad e interés, procedencia o no de las vacaciones, bono vacacional y bono post vacacional. Parte actora, lo relativo a la convención colectiva aplicable. Así se declara.

Determinado y precisado lo anterior, pasa esta Alzada a valorar los medios probatorios aportados por las partes:
La parte demandante produjo:
1) Respecto al principio de la comunidad de la prueba, se observa que la misma no fue admitida, por tanto no hay nada que valorar, Así se decide.-
2) En cuanto a la prueba de informes solicitada a la Inspectoría del Trabajo, se observa que la misma quedo desistida, por tanto este tribunal no tiene nada que valorar. Así se decide.
3) Marcados con las letras “A” y “B”, cursante desde el folio 02 al 17 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, contentivas de copias de Actas de Inspección de fecha 19/07/2010 y otra de fecha 23/07/2010, en las cuales consta la recurrencia de la empresa en darle cumplimiento a la Providencia Administrativa 00259-2010 de fecha 14/07/2010; al no ser impugnadas y emanar de un órgano publico, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose de su contenido la recurrencia de la empresa en darle cumplimiento a la providencia administrativa 00259-2010 de fecha 14/07/2010. Así se decide.
4) Marcados con las letras “C, D, E, y F”, cursante desde el folio 18 al 21 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, consistentes de comunicados emitidos por la demandada, de fechas 12, 13, 14, 29 de Julio de 2010, respectivamente, donde se evidencia el anuncio de las vacaciones colectivas entre el 15 y el 28 de Julio de 2010. Por cuanto se observa que la misma no fue impugnada por la parte accionada, se le otorga pleno valor probatorio, desprendiéndose de su contenido el anuncio de las vacaciones colectivas entre el 15 y el 28 de julio de 2010. Así se decide.
5) En relación a la documental marcada con la letra “G”, cursante desde el folio 22 al 29 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, de la pieza 1 de 1, consistente de Providencia Administrativa signada con el Nº 00259-2010 de fecha 14/07/2010 Inspectoria del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. Se verifica que se dictó acto administrativo donde se determinó: a) Reinicio de actividades en la empresa accionada. b) Se niega las vacaciones colectivas en virtud de que las mismas contradicen lo previsto en la cláusula 45 de la convención colectiva.
6) Con respecto a las documentales marcadas con las letras “H”, “I” y “J” (folios 28 al 33 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, relativas a las Convenciones Colectivas de Trabajo de la Planta Santa Cruz del Estado Aragua, se observa que la misma no fue admitida por este tribunal, por tanto no hay nada que valorar, Así se decide.-
7) En relación a las documentales cursantes a los folios 35 al 67 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”. Al respecto, se precisa que además de que la gran mayoría no esta suscrita por persona alguna, su contenido no es controvertido, ya que se refieren a periodos vacacionales distintito al reclamado, por lo cual, no se le confiere valor probatorio. Así se declara.
8) En relación a las documentales que rielan a los folios 68 al 105 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, consistente de copia de sentencias. Se observa que se trata de decisiones emanada de órganos jurisdiccionales, no siendo susceptible de valoración. Así se declara.
La parte demandada produjo:
1) Respecto al merito favorable de los autos y medio probatorio de inspección, se observa que no fueron admitidas, no habiendo nada que valorar. Así se declara.
2) Con respecto a las documentales cursantes a los folios 107 al 326 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”, consistente de ejemplares de convenciones colectivas. Se verifica que no fueron admitidas, por tanto no hay nada que valorar. Así se decide.
3) Marcados con el número “4”, “4.1” y “4.2” cursante a los folios 107 al 326 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”; se observa, que ya fueron valoradas al analizar los medios probatorios, promovidos por los demandantes, por lo cual, se ratifica lo antes expuesto.. Así se decide.
4) En cuanto a las documentales que rielan a los folios 329 al 332, 334, 335, 340 al 343, 348 al 353, 356 al 367, 369 al 375, 378 al 390, 392 al 398, 403 al 406, 408 al 414, 417 al 421, 424 al 430, 432 al 435, 437, 438 y 440 al 445 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”; se verifica que no están suscritas por persona alguna, por lo cual, no se le confiere valor probatorio. Así se declara.
5) En relación a las documentales que rielan a los folios 336, 337, 344. 345,346, 347, 354. 355, 368, 376, 377, 391, 399, 400, 407, 415, 416, 422, 423, 431 y 439, 329 de la pieza denominada “Anexo de Pruebas de Ambas Partes”; se verifica que se refiere a periodos vacaciones distintos al reclamado, no siendo en tal sentido controvertido su contenido, siendo irrelevante su valoración Así se declara.
6) En relación a las documentales que rielan a los folios 338, 339, 401 y 402, al no ser impugnadas se le confiere valor probatorio, demostrándose que los demandantes Luis Arturo Urbina y Ayari del Carmen Vegas, disfrutaron y le cancelaron el periodo vacacional reclamado. Así se declara.
7) Respecto a la prueba de informes solicitada a la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), las resultas enviadas por BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, expresan que las fechas de apertura de las cuentas de ahorro y corriente de los demandantes; sin embargo se precisa que dichos hechos no son controvertidos, siendo inoficiosa su valoración. Así se declara.
Valorados los medios probatorios, se constata que no es controvertida la existencia de la relación laboral. Asimismo se verifica que se demostró los siguientes hechos: 1) Que, se dictó acto administrativo contenido en la providencia de fecha 14/07/2010, donde se determinó: a) Reinicio de actividades en la empresa accionada. b) Se niega las vacaciones colectivas en virtud de que las mismas contradicen lo previsto en la cláusula 45 de la convención colectiva. 2) Que, en fecha 19 y 23 de julio de 2010, se realizó inspección donde se dejo constancia de la inactividad en la empresa demandada y del incumplimiento de la previdencia administrativa N° 00259-2010 de fecha 14 de julio de 2010 y que se observó a los trabajadores en el área de estacionamiento. 3) Que, los demandantes Arturo Urbina y Ayari del Carmen Vegas, se les concedió y canceló el periodo vacacional 2010 de forma individual Así se declara.
Verificado lo anterior, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la inadmisibilidad e ilegitimidad alegada ante esta Superioridad por la parte demandada, en los siguientes términos:
Indica la parte demandada, hoy apelante que la demanda que encabeza las presentes actuaciones es inadmisible ya que los accionante son trabajadores activos, por lo cual, se vulneraria el principio de la irrenunciabilidad. Asimismo indicó la accionada ante esta Alzada que los demandantes carecen de legitimidad para accionar judicialmente, debido a que no agotaron el procedimiento de solución conflictos previsto en la clausula 5° de la Convención Colectiva,

A los fines de decidir, sobre lo anterior, se observa:
Que, cuando un trabajador activo considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada. Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.”Por lo tanto, la acción implica el derecho subjetivo, abstracto y universal que tiene todo ciudadano de acudir a los órganos de administración de justicia, a fin de reclamar la actuación jurisdiccional y obtener un pronunciamiento, es decir, que la acción no está vinculada a un derecho material en concreto. Se afirma entonces que, mediante el ejercicio de la acción se deriva la pretensión que infiere la reclamación de un derecho. En este sentido, el estado de conformidad con el artículo 26 Constitucional, a través de los órganos jurisdiccionales, garantizará el debido proceso como derecho fundamental con el fin de lograr una tutela judicial efectiva, tal y como lo es el que en las dos instancias del proceso, se produzca un pronunciamiento acerca de la pretensión que se reclama.
Sentado lo anterior, y siguiendo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se hace necesario precisar en relación a los principios de intangibilidad y progresividad que los mismos comprenden dos acepciones apartes. La intangibilidad puede entenderse adjetivamente en el sentido que no debe ni puede tocarse; la progresividad se entiende como cualidad de progresivo que significa que avanza, favorece el avance o lo procura o que progresa o aumenta en cantidad o perfección. De allí que, los derechos de los trabajadores en cuanto intangibles no pueden alterarse o modificarse luego de haberse establecidos; y que de modificarse se debe favorecer su avance o progreso.
Sigue afirmando la Sala Social, que dentro de los fundamentos esenciales de los derechos de los trabajadores hay que resaltar la irregresividad y su correlativa progresividad. La legislación laboral debe desarrollar el beneficio en caso de haber alteración en las normas protectoras de los trabajadores.
La intangibilidad y progresividad en el orden constitucional se relaciona íntimamente con el principio interpretativo in dubio pro operario, por lo que el significado y alcance dado debe efectuarse de la manera más favorable para el trabajador. Así las cosas, es obligado garantizar y facilitar el acceso de los trabajadores a la justicia, ha sido considerado como un elemento esencial del Derecho Procesal del Trabajo como Derecho Social.
En total sintonía con la ya mencionada Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se debe concluir que una de las finalidades del proceso laboral es facilitar el acceso del trabajador a la justicia, cuya manifestación más elemental consiste en el acceso al órgano jurisdiccional para el planteamiento de sus reclamos.
Pues bien, en sintonía con todo lo antes expuesto, tenemos que todo trabajador de conformidad con el ordenamiento, tiene derecho a acudir a los órganos de administración de justicia, con la finalidad de demandar conceptos, beneficios y acreencias laborales que considere debe ser satisfechos; no siendo susceptible la inadmisibilidad de la demanda por el hecho de estar activa la relación laboral. Así se declara.
De igual modo, y con soporte de lo todo lo precisado, considera esta Superioridad, que no puede exigírseles a los demandantes el agotamiento de un procedimiento previo a la demanda previsto de forma convencional, ya que los derechos de los trabajadores y los principios que los protegen deben interpretarse de la forma más favorable al trabajador y procurando su progreso; y, correlativamente, las normas que tengan efectos limitantes de los mismos deben interpretarse en forma restringida. Sostener lo contrario es ir en contra de los principios establecidos, en otras palabras, es darle regresividad al derecho de los trabajadores de acceso a la justicia.
Visto lo anterior, se declara la improcedencia de la solicitud de inadmisibidad e ilegitimidad realizada ante esta Alzada por la parte demandada. Así se declara.
Determinado lo anterior, pasa esta Superioridad a pronunciarse sobre los conceptos reclamados, en los siguientes términos:

En relación a las vacaciones del periodo del 2010, precisa esta Superioridad:

Que, fue demostrado que la accionada informó a sus trabajadores mediante comunicado de fecha 12 de julio de 2010, que otorgaría vacaciones colectivas para todo el personal de la planta Santa Cruz de Aragua, entre el jueves 15 y el miércoles 28 de julio de 2010, ambos días inclusive; argumentando sus bajos niveles de ventas, los elevados inventarios, dificultades para la adquisición de insumos y materias primas, y el incremento de los costos operativos. Asimismo, se constató que la Inspectoría del Trabajo con sede en Cagua dictó Providencia Administrativa N° 00259-200 en fecha 14/07/2010, acto administrativo contra el cual no fue demostrado que se hubiera ejercido algún recurso administrativo o judicial alguno, estableciendo el mismo: 1) El reinicio de las labores en la empresa hoy demandada. 2) Niega las vacaciones colectivas, en virtud que las mismas van en contravención con lo establecido en la cláusula 45 de la Convención Colectiva vigente, hasta tanto no conste por este Despacho, mediante escrito, el consenso por el colectivo de trabajadores conjuntamente con la Organización Sindical y al Empresa sobre la oportunidad del disfrute de las vacaciones, en caso de modificarse lo establecido en la Convención Colectiva. Fue demostrado de igual modo, que en fechas 19 y 23 de julio de 2010, la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua, con sede en Cagua, realizó inspección en la sede de la demandada, donde dejó constancia del incumplimiento por parte de la accionada de la providencia que ordenó el reinicio de labores y negó las vacaciones colectivas; y a su vez, se dejó constancia de muchos trabajadores se encontraban en el estacionamiento de la accionada.
Que, la Convención Colectiva 2007-2010 suscrita por la accionada y sus trabajadores (Planta Santa Cruz de Aragua), vigente para el momento en que la demandada informó lo relativo a las vacaciones colectivas, establecía:
Clausula 45: VACACIONES
La empresa conviene en conceder a los Trabajadores amparados por esta Convención Colectiva de Trabajo, un periodo de vacaciones anules, equivalente a quince (15) días hábiles, más un (1) día adicional por cada año de servicios hasta un máximo de quince (15) días hábiles adicionales, remunerado con base en el salario devengado por el Trabajador en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al día en que nació el derecho al disfrute anual.

(…omissis…)

PARÁGRAFO PRIMERO: Es convenio entre las Partes que la fecha de incio del disfrute del periodo de Vacaciones anuales, deberá pactarlo el Trabajador con la Empresa, con por lo menos treinta (30) días continuos de anticipación, a los fines de facilitar la programación y ejecución previa de los Exámenes Médicos Pre-vacacionales, ello en concordancia con al disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medios Ambiente de Trabajo y su Reglamento.”

De la norma parcialmente transcrita, observa este Tribunal que en relación a las vacaciones la misma están concebidas para ser otorgadas de forma individual, en tal sentido, no podía la entidad de trabajo de forma unilateral modificar la forma cómo deben ser disfrutadas por los hoy accionantes sus vacaciones en el periodo del 2010; aunado a que existía un acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua con sede en Cagua, que ordenó la reanudación de las actividades y negó las vacaciones colectivas anunciadas por la demandada en el indicado periodo. Así se declara.
Vista la determinación anterior, y considerándose a su vez que en las inspecciones realizadas por la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua con sede en Cagua, quedó patentizado que muchos trabajadores permanecían en el estacionamiento de la accionada, es forzoso concluir que los hoy demandantes no disfrutaron del periodo vacacional correspondiente al año 2010. Así se declara.
Así las cosas, precisa este Tribunal que el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 (derogada), establecía:
“Artículo 226. El trabajador deberá disfrutar las vacaciones de manera efectiva.
Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado a concederlas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago.”

Por su parte el artículo 197 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

“Artículo 197. El trabajador o la trabajadora deberá disfrutarlas vacaciones de manera efectiva y obligatoria, esta misma obligación existe para el patrono o la patrona de concederlas.
En caso de ser necesaria la suspensión de las vacaciones, la misma debe ser autorizada por el Inspector o Inspectora del Trabajo, previa verificación del cumplimiento de los hechos que la motivan.
Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono o la patrona paga la remuneración de las mismas, sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador o la trabajadora las disfrute, lo obliga a concederlas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago.”

Vista la normativa antes citada, especialmente el articulo 197 ejusdem, es forzoso para esta Alzada concluir que siendo que los trabajadores NEIL EDUARDO ORTIZ OROZCO, DANY RAFAEL PACHECO OSORIO, CARLOS ERNESTO ALMEIDA ABREU, SHARY GIOVANNI BELLO SANTANA, MILAGROS DEL VALLE LÓPEZ GUARATE, JAVIER EDUARDO HURTADO CAMARGO, GABRIEL PATIÑO LUNA, GERSON ANTONIO CASTILLO ROSALES, REMBERTO EDUARDO OSPINO ROMERO, YENIFER MARGARET GRATEROL SOLÍS, EDIXON EZEQUIEL SANDOVAL BRICEÑO, ARGELIO JESÚS PÉREZ ORTEGA y NAILE YULIMAR ALVIAREZ SÁNCHEZ, no disfrutaron de la vacaciones del periodo del año 2010, la entidad de trabajo accionada queda obligada a concederlas con su respectiva remuneración, en tal sentido, se ordena a la accionada a conceder y cancelar las vacaciones correspondiente al periodo del año 2010, con su respectivo bono vacacional y bono post vacacional, a los demandantes antes indicados, conforme a las previsiones de las cláusulas 50, 51 y 52 de la Convección Colectiva 2014-2016 suscrita por la demandada con sus trabajadores, tomando en consideración que es la normativa vigente para el momento en que se dicta la presente decisión. Así se decide.
En cuanto a los ciudadanos JOSÉ ELÍAS CAMACHO ROSA, y CÉSAR RUFINO LÍAS BOLÍVAR, se verifica que ingresaron a prestar servicios el 24 de marzo de 2010 y el día 01 de febrero de 2010 respectivamente, no habiendo nacido el derecho al concepto de vacaciones para el momento en que la accionada anunció las vacaciones colectivas en el mes de julio de 2010; siendo en tal sentido, improcedente la demanda, para los señalados demandantes. Así se declara.
Visto que fue demostrado que los demandantes LUÍS ARTURO URBINA DUARTE y AYARI DEL CARMEN VEGAS, se les concedió y canceló el periodo vacacional 2010 de forma individual, se declara sin lugar la demanda por ellos interpuesta. Así se declara.
A mayor abundamiento debe precisar esta Superioridad que como supra se determinó la cancelación de los beneficios de vacaciones y bono vacacional se deberá realizar conforme a la convención colectiva antes indicada, que establece como salario base de calculo el salario normal percibido durante las cuatro semanas anteriores a la fecha del disfrute; y en cuanto al bono post-vacacional establece una cantidad fija. Así se declara.
Visto lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por ambas partes. Así se decide.
III
D E C I S I O N

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ambas partes, contra la decisión en fecha 18 de octubre de 2017, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, y en consecuencia SE MODIFICA la anterior decisión. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por los ciudadanos LUÍS ARTURO URBINA DUARTE, AYARI DEL CARMEN VEGAS, JOSÉ ELÍAS CAMACHO ROSA, y CÉSAR RUFINO LÍAS BOLÍVAR, en contra de la sociedad mercantil PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por los ciudadanos NEIL EDUARDO ORTIZ OROZCO, DANY RAFAEL PACHECO OSORIO, CARLOS ERNESTO ALMEIDA ABREU, SHARY GIOVANNI BELLO SANTANA, MILAGROS DEL VALLE LÓPEZ GUARATE, JAVIER EDUARDO HURTADO CAMARGO, GABRIEL PATIÑO LUNA, GERSON ANTONIO CASTILLO ROSALES, REMBERTO EDUARDO OSPINO ROMERO, YENIFER MARGARET GRATEROL SOLÍS, EDIXON EZEQUIEL SANDOVAL BRICEÑO, ARGELIO JESÚS PÉREZ ORTEGA y NAILE YULIMAR ALVIAREZ SÁNCHEZ, contra la sociedad mercantil PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A., en los términos establecidos en la motiva del presente fallo. CUARTO: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase el expediente al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines legales pertinentes.

Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado de origen, a los fines de conocimiento y control.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los días 15 del mes de diciembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez Superior,

_____________________
JOHN HAMZE SOSA
La Secretaria,

_____________________________¬¬¬¬¬__
YELIM DE OBREGON
En esta misma fecha, siendo 3:25 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia.
La Secretaria,

____________________________¬¬¬¬¬___
YELIM DE OBREGON
Asunto No. DP11-R-2017-000257.
JHS/ydeo.