REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 207º y 158º Caracas, 30 de mayo de 2017 ASUNTO: AP31-M-2015-000031 PARTE ACTORA: MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, (antes BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL), sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, originalmente inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 03 de Abril de 1925, bajo el Nro 123, cuyos actuales estatutos sociales modificados y refundidos en un solo texto constan de asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 28 de Septiembre de 2011, anotado bajo el Nro 46, Tomo 203-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogados Enrique Troconis Sosa y Andreina Vetencourt Giardinella, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 39.626 y 85.383, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil INVERSIONES ALIENDRES & CASTRO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de julio de 2012, anotada bajo el Nro 26, Tomo 61-A; en la persona de su Presidente, ciudadano RODOLFO ELIEZER CASTRO ROJAS, titular de la Cédula de Identidad Nro V-15.978.270, y a éste mismo, en su carácter de Fiador Solidario y Principal Pagador.- MOTIVO DE LA DEMANDA: COBRO DE BOLÍVARES. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA EXPEDIENTE: AP31-M-2015-000031 CAPITULO I BREVE RESEÑA DE LA CONTROVERSIA De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se desprende que la presente demanda se inicia por libelo de demanda junto con sus recaudos, presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 03 de marzo de 2015, la cual fue recibida por ante la Secretaria de este Juzgado en esa misma fecha.- Mediante auto de fecha 06 de marzo de 2015, se admitió demanda de Cobro de Bolívares, por los trámites relativos al procedimiento oral, contenido en los Artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En fecha 08 de abril de 2015, se dictó auto mediante el cual este Tribunal ordenó elaborar compulsa a la parte demandada y su remisión a la Oficina de Atención al Público (OAP), de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 21 de enero de 2016, se recibió diligencia presentada por la abogada ANDREINA VETENCOURT, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.383, actuando en su carácter de apoderada de la parte actora, mediante la cual dejó constancia de haber retirado exhorto por la taquilla de la OAP.- Ahora bien, vistas las actas que conforman el presente expediente, y de una revisión efectuada a las mismas, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador.- La Doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.- Al respecto, el ilustre maestro Rengel Romberg dice que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo.”.- Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “(…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Ahora bien, en el caso de autos debe señalarse que desde el día 16 de enero de 2016, fecha en que la abogada ANDREINA VETENCOURT, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.383, actuando en su carácter de apoderada de la parte actora, dejó constancia de haber retirado exhorto por la taquilla de la OAP, ha transcurrido más de Un (01) año, sin que la parte actora haya realizado ningún acto de procedimiento, a los fines de impulsar la presente acción, por lo que no ha cumplido con su obligación de impulsar el proceso; todo lo anterior es traducido en inactividad procesal dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el anteriormente trascrito Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los Artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Se ordena la devolución de los documentos consignados junto al libelo de demanda, una vez conste en autos los fotostátos requeridos para tal fin. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en los Cortijos de Lourdes, a los treinta (30) días del mes de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017). 207º Años de la Independencia y 158º Años de la Federación.- LA JUEZ, Abg. FLOR DE MARÍA BRICEÑO BAYONA.- LA SECRETARIA IDALINA PATRICIA GONCALVES