TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 207° y 158°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano LUIS ENRIQUE RAMOS GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 12.610.418.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL: asistido por el ciudadano Abogado Néstor Pildain González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.209
PARTE DEMANDADA: CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Aún no tiene acreditado en autos
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

ASUNTO Nº DP02-G-2017-000091
CUADERNO SEPARADO: DE01-X-2017-000017
Sentencia Interlocutoria
I.- ANTECEDENTES
En fecha 25 de septiembre del 2017, tuvo lugar la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, ante este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, con sede en Maracay, por el ciudadano Luís Enrique Ramos García, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-12.610.418, debidamente asistido en ese acto por el ciudadano Abogado Néstor Pildain González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.209, contra el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta..
Por auto de fecha 11 de octubre de 2017, este Juzgado Superior Estadal, ordenó la apertura del cuaderno separado a los fines de darle trámite a la solicitud formulada.
Ahora bien siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para emitir su pronunciamiento, este Órgano Jurisdiccional pasa a hacerlo previa las siguientes consideraciones.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
Fundamenta la solicitud de medida cautelar de la forma siguiente:
Que, "Omissis...en fecha 27 de junio presenté una solicitud al Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta. La solicitud fu e recibida en el despacho de la secretaria, la cual debió presentar mi solicitud al Consejo Directivo en la siguiente reunión ordinaria, para que este Consejo ordenase la remisión de mi solicitud a la comisión clasificadora, e informarme a mí de esa remisión, o en su defecto informarme si hubiese algún omisión de mi parte que debiera subsanar, o si por el contrario, si hubiese alguna razón de hecho o de derecho por la cual no pudiesen procesar mi solicitud…”
Que, "Omissis... solicito a este tribunal que de manera cautelar ordene al Consejo Directivo de la UNA lo siguiente:
1. Remitirme acuse de recibido a mi solicitud de fecha 27 de Junio de 2017 (…) De igual manera, sin tener nada que ver con el fondo del asunto, considero que tengo derecho amparado en nuestra Constitución, a solicitar la intermediación de este Tribunal para que garantice mi derecho ordenándole al Consejo Directivo remitir el acuse de recibido correspondiente.
2. Remitir mi solicitud a la Comisión Clasificadora, o informar a mi persona las razones de hechos o de derecho, por lo cual no ha hecho tal remisión. Esta solicitud la hago dentro del contexto del derecho a una respuesta adecuada y oportuna, ya que no basta con que el Consejo Directivo me indique que recibió la solicitud, pues eso no es suficiente, la respuesta debe ser, en primer lugar adecuada, esto es debidamente razonada, e indicando si va a dar cumplimiento al procedimiento reglamentado, o si por el contrario , y con el fin que tiene el demandado al derecho a la defensa, si existe un impedimento de algún tipo que no le permita a este cuerpo dar cumplimiento al mencionado reglamento.
3. Adviértasele a la Comisión Clasificadora, presidida por el ciudadano Néstor Leal Ortiz, que deberá cumplir con los lapsos establecidos en el articulo 10 del reglamento de Ubicación y Ascenso del Personal Académico de la UNA, en cuanto al procedimiento de la solicitud…”
III.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo al pronunciamiento que corresponde emitir sobre el asunto sometido a consideración, estima necesario este Juzgado Superior Estadal indicar que las medidas cautelares se encuentran consagradas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la N° 39.451 del 22 del mismo mes y año), en la cual de conformidad con las disposiciones del artículo 103 y siguientes eiusdem, se estableció un procedimiento para la tramitación de las medidas cautelares requeridas, a petición de parte, ante los órganos que conforman dicha jurisdicción.
En este sentido, cabe señalar que la Ley Orgánica en referencia establece respecto de las medidas cautelares, que el Juez o Jueza contencioso administrativa en ejercicio de sus amplios poderes cautelares (cfr., en igual sentido, el artículo 4 de la comentada Ley), puede, a petición de parte o de oficio, acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes durante la prosecución de los juicios, con el objeto de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos y ciudadanas, a los intereses públicos y, en general, para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas.
En este orden de razonamientos, este Tribunal Superior estima oportuno resaltar que con estricto señalamiento, la parte actora solicitó la Medida Cautelar a los fines de (…) Remitirme acuse de recibido a mi solicitud de fecha 27 de Junio de 2017(…) Remitir mi solicitud a la Comisión Clasificadora, o informar a mi persona las razones de hechos o de derecho, por lo cual no ha hecho tal remisión(…) Adviértasele a la Comisión Clasificadora, presidida por el ciudadano Néstor Leal Ortiz, que deberá cumplir con los lapsos establecidos en el articulo 10 del reglamento de Ubicación y Ascenso del Personal Académico de la UNA…
A tal efecto, el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece: "Omissis... A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. […] El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. […] En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante. (…)”
Por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo anterior se concatena supletoriamente con lo previsto en los artículos 585 y 588 en su Parágrafo Primero del Código Procesal civil vigente, que disponen:
“Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
“Artículo 588. (…) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión (…)”
En este sentido, resulta pertinente para quien decide indicar que, el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del derecho que se reclama y del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por cuanto la emisión de cualquier medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; está condicionada al cumplimiento coincidente de dos (2) requisitos principales, a saber: i) que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris), es decir, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil. Es decir, la apreciación del sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y ii) que exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), vale decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante, por el retardo en obtener la sentencia definitiva (vid. Sentencia Número 00925 de fecha 6 de junio de 2007 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, caso: Municipio Baruta del Estado Miranda, contra las sociedades mercantiles Seguros Bancentro, S.A. y Compañía Anónima de Seguros Ávila).
En Sentencia dictada por la Corte Segunda, (Caso: Ydania Molina Landaeta Vs. Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. de fecha 01 de Febrero de 2012), señaló que:
“Omissis…la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, posee como contenido la necesidad de asegurar que luego del proceso judicial correspondiente se dicte una sentencia de fondo ajustada a derecho y que a su vez, dicha sentencia sea ejecutada de manera oportuna y en sus propios términos. Esa necesidad de que la sentencia sea oportunamente ejecutada, debe ser consustanciada con una debida protección cautelar a las cual tienen acceso las partes como medio para materializar la ejecución de lo juzgado, de forma que para la plena existencia del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario que se adopten, en caso de ser procedentes, las medidas cautelares adecuadas que aseguren el cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso. De esta forma, la garantía de efectividad del fallo final es la médula misma de la institución cautelar; sin esa garantía, no hay tutela judicial. (…)
(…) Siendo ello así, la importancia de la verificación exhaustiva del buen derecho o del riesgo en la mora por parte del órgano jurisdiccional receptor del recurso que es interpuesto con medidas cautelares, debe ser verificado en estricta atención al caso en concreto y no con simples análisis técnico procesales que en nada ayudan al otorgamiento de una verdadera y efectiva protección de la tutela judicial, por el contrario pueden causar daños irreparables o de difícil reparación. (…)”
Es decir, tanto el periculum in mora como el fumus boni iuris, son presunciones que se desprenden de indicios aportados por el solicitante, y que contribuyen a crear en el ánimo del juez la conveniencia de acordar el amparo cautelar, por lo que, no basta con alegar un hecho o circunstancia, sino que corresponde al interesado en la medida aportar los medios que considere convenientes a fin de verificar tal situación y que finalmente serán el sustento de la presunción.
En el caso bajo examen, a los fines de determinar la procedencia de la medida solicitada, resulta necesario examinar los requisitos exigidos en las referidas disposiciones, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho reclamado (fumus boni iuris).
En sintonía con lo anterior, se vislumbra que la parte actora al solicitar la Medida Cautelar lo realizó en forma genérica, sin señalar los elementos y/o requisitos esenciales de la solicitud accesoria. Asimismo, de la revisión de las actas procesales se advierte que el recurrente no fué lo suficientemente diligente en darle cumplimiento a la carga procesal de aportar las copias fotostáticas de las actas conducentes de la pieza principal, los cuales debieron correr insertos en el presente cuaderno separado debidamente aperturado por éste Juzgado Superior Estadal, para darle tramite a la medida cautelar solicitada, por cuanto la misma debe seguir un procedimiento específico, contemplado en el artículo 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por su parte, atendiendo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tendiente a una correcta administración, la cual es una garantía consagrada en el artículo 26 de la Carta Magna, debe este Órgano entrar a examinar preliminarmente los medios de pruebas acordes con la presente etapa procesal que permanecen en la pieza principal, entre los cuales pueden evidenciarse los siguientes recaudos:
A.- Copia fotostática de Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Abierta, Numero 187 Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 2017, contentivo del Reglamento de Ubicación y Ascenso Personal Ordinario de la Universidad Nacional Abierta.
B.- Copia fotostática de Resolución Nº C.D.-1297, Acta Nº 0-21, de fecha 22 de junio de 2016, que resuelve el ascenso académico –administrativo de la categoría de instructor tiempo completo a la categoría de asistente tiempo completo a favor del profesor Luís Enrique Ramos García.
C.- Copia fotostática de solicitud al ciudadano Rector de la Universidad Nacional Abierta, Presidente del Consejo Directivo y demás miembros, de fecha 21 de junio de 2017, con fecha de recibido 27 de junio de 2017, mediante el cual, el ciudadano Luís Ramos, solicita la evaluación de sus credenciales académicas, con la finalidad de que se proceda a su reubicación en la categoría inmediatamente superior del escalafón universitario.
D.- Copia fotostática de solicitud al ciudadano Rector de la Universidad Nacional Abierta, de fecha 17 de septiembre de 2017, en el que el recurrente ratifica su solicitud presentada en fecha 27 de junio de 2017 al Consejo Directivo de la U.N.A.
E.- Copia fotostática de oficio Nº O-641, de fecha 05 de octubre de 2015, dirigido al ciudadano Luís Ramos, en la que se le informa que el Consejo Directivo conoció de su comunicación de fecha 17-09-2015, mediante la cual solicitaba la designación de jurado para evaluar el trabajo presentado.
Ahora bien, retomando el análisis de los hechos alegados adminiculados con tales medios de prueba que el querellante considera útiles, este Juzgado Superior Estadal pasa a verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, lo cual bajo ningún criterio debe examinar o tocar el fondo de la controversia; ya que la finalidad de la protección cautelar es básicamente asegurar las resultas del juicio, a la espera del cumplimiento de las fases procesales que conduzcan a proferir una sentencia definitiva, sin que el ejercicio de esa facultad cautelar signifique un adelanto de opinión. En lo que respecta al requisito concerniente al riesgo de imposibilidad o dificultad de ejecución de la sentencia definitiva ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, su verificación no se limita a una mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño alegado en virtud de la violación o desconocimiento del derecho o derechos reclamados, si éstos existiesen, y la dificultad o imposibilidad de su reparación bien por la demora del juicio, bien por las acciones que el demandado, durante el tiempo que tome la tramitación de aquél, pudiera efectuar con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Precisamente, esa protección cautelar tienen su razón de ser en la realidad jurídica, pues, para que una sentencia nazca con todas la garantías, debe estar precedida del regular y mediato desarrollo de toda una serie de actividades, para cuyo cumplimiento es preciso un período, no breve, de espera, existiendo el riesgo de hacer ineficaz la ejecución de lo juzgado; y por ello, precisamente se contemplan normativamente las medidas cautelares, para asegurar la materialización de la ejecución íntegra y eficaz del contenido del fallo, que por la inminencia de un daño grave o de difícil reparación podría transformar el contenido de la resolución definitiva en una ejecución ilusoria, inejecutable o ineficaz. Así pues, las medidas cautelares se consideran instrumentos para asegurar o garantizar la ejecución de las sentencias, en virtud del peligro en la demora del proceso.
En conexión con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en los autos a los fines de demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro (Vid. Sentencia de la Corte de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Barinas (Iaveb) vs. Servicios Integrales Alpasa, C.A.).
De acuerdo con el análisis de los hechos alegados y de los recaudos que rielan en autos, se evidencia que la pretensión accesoria posee fundamentos y consideraciones similares a las planteadas por la parte accionante en relación al objeto que persigue con la acción principal, por lo que esta guarda escrita relación con el objeto de la demanda, y por ende constituye el fondo del asunto y hasta la presente fecha apenas la causa principal se encuentra en trámite a la espera del impulso procesal para la activación de los lapsos previstos en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y a todo evento, el planteamiento cautelar efectuado en el caso en concreto por la parte actora carece igualmente de los requisitos enunciados en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como de los medios de pruebas útiles en esta etapa procesal; es decir, no explana con detalle en qué consiste según su apreciación la presunción de buen derecho y el perjuicio irreparable o de difícil reparación por la definitiva. En consecuencia, este Juzgado Superior Estadal, sin que se pueda afirmar que se ha adelantado opinión sobre el fondo de la demanda de nulidad interpuesta, se declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte actora. Y así se decide.-
IV. DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada
SEGUNDO: Se ordena agregar al correspondiente trámite en cuaderno separado signado con la nomenclatura del Sistema Integral de Gestión, Decisión y Documentación (Juris 2000).
Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
LA JUEZA SUPERIOR PROVISORIO
DRA. VILMA CAROLINA SALA COFELICE
LA SECRETARIA TITULAR,
ABOG. SLEYDIN REYES
En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley se publico la decisión que antecede y se libraron los oficios respectivos
LA SECRETARIA TITULAR,
ABOG. SLEYDIN REYES
Exp. DE01-X-2017-000017
VCSC/SR/mj