TSJ Regiones - Decisión

RESOLUCIÓN JUDICIAL INTERLOCUTORIA
SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Revisadas como han sido las presentes actuaciones se observa que la ultima actuación, fue la fijación de la Audiencia de Apertura a Juicio para el 27.07.-2017 en horas 10:30 a.m de la mañana, cuya convocatoria fue nugatoria, por lo tanto se acordó revisar el contenido de los autos y verificar si por la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta la presente fecha ha operado la prescripción de la acción penal, por lo tanto este tribunal antes de pronunciarse observa:
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
ACUSADO: SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, de nacionalidad Venezolana, nacido el 12.11.1973, de 45 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.271.294, natural de Maracay, estado Aragua, comerciante, estado Civil Soltero, domicilio: calle Ayacucho cruce con calle Páez, Centro Comercial y Profesional Ayacucho Piso 01, Oficina 07 Cagua, Estado Aragua.-
VÍCTIMA: ELEN MARILYN PEREZ BANDES, de nacionalidad Venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.493.330, natural de Maracay, estado Aragua, estado civil Divorciada, domiciliada en las Vegas calle Sabana Larga casa N° 23-03 Cagua, Estado Aragua.-
HECHOS QUE SE ATRIBUYEN
En fecha 29-08-2011 la ciudadana ELEN MARILYN PEREZ BANDES denunció ante la Comisaría Santa Ana del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, al ciudadano SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, su ex-esposo, quien en forma reiterada, permanente y consecutiva, desde hace seis (06) años le profiere improperios, insultos y malas palabras; situación esta que generó el hastío de la victima; razón por la cual denunció.
FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DERECHOS
* Cursa en autos la denuncia formulada por la victima ELEN MARILYN PEREZ BANDES, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.493.330 contra el ciudadano SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA; de fecha 30 de Agosto de 2011, interpuesta ante el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, Estación Policial Comisaría Santa Ana.
* Cursa en autos, Acto de Imputación, de fecha 21.03.2012, realizada al ciudadano SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, por la presunta comisión de los Delitos de Violencia Psicológica y Amenazas.-
* Cursa en autos, escrito de acusación formal, presentado en fecha 03 de Abril de 2012, por parte de la Fiscalía 23° del Ministerio Público en contra el acusado SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, por la presunta comisión de los Delitos de Violencia Psicológica y Amenazas, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
* Cursa en Acta de Audiencia Preliminar realizada ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio Itinerante en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer De La Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 01-06-2012, en dicho acto se admitió la calificación jurídica del delito de Violencia Psicológica y Amenazas, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se Ordenó la Apertura a Juicio, decretando medidas de protección a favor de la victima de acuerdo al artículo 90 ordinales 5°, 6° y 13 ejusdem.-.
Hechas las anteriores consideraciones, ésta juzgadora en atención a lo establecido en el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 81 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el articulo 49 Constitucional y artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, como garante de derechos constitucionales y principios procesales y controladora de los procesos penales que se colocan a la disposición de quien aquí se pronuncia, y controladora de la actividad del Ministerio Público, observa que de la revisión exhaustiva de las actuaciones que componen el presente asunto, constituido por acusación fiscal en contra del ciudadano SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, observa que desde el momento en que ocurrieron los hechos 29 de Agosto del 2011 y del acto interruptivo de la prescripción, como lo fue la imputación celebrado 21.03.2012, hasta la fecha; han transcurrido SEIS (06) años y CINCO (05) meses, lapso éste superior a lo establecido por el legislador en el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal, para que opere la prescripción de la acción penal, y no habiéndose interrumpido judicialmente, siendo la prescripción de orden público.
La figura de la prescripción constituye una institución de indudable relevancia procesal y constitucional, en el entendido de que la misma comporta una limitante de índole político criminal, que en atención al transcurso del tiempo, establece un freno al poder punitivo del Estado, para la persecución penal del delito, sancionándose la inactividad para perseguir y sancionar a los reos de delitos en todos aquellos casos de dilaciones procesales imputables al Estado y sus representantes.
En este orden de ideas, consecuencia del Estado Democrático Social de Derecho y Justicia que propugna el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe precisarse, que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la ulterior materialización del castigo, se encuentra íntimamente ligado al derecho constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al principio de seguridad jurídica, toda vez que a ningún ciudadano se le puede mantener indefinidamente bajo una investigación o sometido a un proceso, que le genere una situación de incertidumbre, ante la inacción de la persecución penal y la no imposición del castigo o absolución correspondiente, en los términos que pauta la ley.
En este sentido, la Sala Penal, ha sosteniendo que la prescripción penal es la extinción por el transcurso del tiempo del ius puniendi del Estado, es decir, la pérdida del poder estatal de imponer una pena a la persona acusada.
Al respecto esta misma Sala, en Sentencia N° 251 del 6 de junio de 2006, indicó lo siguiente:
“… La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos. Dicha limitación ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, el Código Penal dispone en el artículo 108 eiusdem, los presupuestos que motivan la prescripción ordinaria.
La doctrina penal especializada, ha precisado dos circunstancias para el establecimiento de la prescripción: la primera de ellas referida al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial)…”.
Ahora bien, visto el criterio de la Sala en cuanto a la prescripción de la acción penal, corresponde realizar el cálculo del tiempo transcurrido en el presente caso, a los fines de verificar si efectivamente ha operado la prescripción ordinaria o extraordinaria de la acción penal, y la existencia o no de actos interruptivos de la misma, para lo cual es necesario hacer un recorrido sobre las principales actuaciones en la presente causa:
La prescripción ordinaria evidentemente puede ser interrumpida sucesivamente, pero esa situación no es la que determina que la prescripción haya operado o no, es el transcurso del tiempo verificado en el conteo realizado por el juzgador, el que determina con precisión que, entre el inicio del conteo de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del Código Penal y cada interrupción, no se haya verificado el transcurso del tiempo limitado por la ley para que la acción se considere prescrita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 eiusdem.
Por ello, aceptar sólo esa afirmación equivaldría a admitir que, mientras sean interpuestas diligencias o celebrados actos procesales, siempre se mantendrá “viva” la persecución, no importando en consecuencia el tiempo que transcurra durante esas actuaciones, pudiendo ser interpuestas “ad infinitum” y sobrepasando el lapso legal establecido en los artículos 108 en concordancia con el artículo 110 del Código Penal. Por ello el Juez debe realizar el conteo preciso del transcurso del tiempo, tomando en cuenta las interrupciones o suspensiones procedentes, para luego poder afirmar que no se ha verificado la prescripción, es decir, que no se ha llegado al límite temporal de persecución, a pesar de la continuidad de interrupciones. Debe ser precisa la determinación del lapso transcurrido y esto vale para la consideración de los diferentes tipos de prescripción.
Los actos de interrupción, siendo estos:
a) La sentencia condenatoria.
b) La requisitoria librada contra el reo si éste se fugare.
c) La citación que como imputado practique el Ministerio Público.
d) La instauración de la querella y
e) Las diligencias y actuaciones procesales que le sigan.
La prescripción extraordinaria de la acción penal, la cual se debe computar desde la fecha de inicio del conteo de la prescripción, que es la establecida en el artículo 109 del Código Penal, para ambos modos de prescripción en general. Dicho artículo establece:
“Comenzará la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o la permanencia del hecho….(omissis)…”. (Resaltados míos)
Nótese que el referido artículo 109 del Código Penal no hace referencia a distinción alguna sobre prescripción ordinaria o extraordinaria, por ello, el inicio del conteo del lapso de toda prescripción, excepto la prescripción de la pena, es el indicado en dicha norma y no el primer acto de interrupción, tanto para la ordinaria como la extraordinaria o judicial.
En el caso de marra, queda evidenciado que en fecha 30 de Agosto de 2011, la ciudadana ELEN MARILYN PEREZ BANDES, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.493.330 interpuso denuncia contra el ciudadano SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA; i ante el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, Estación Policial Comisaría Santa Ana, por haberse suscitado en esa fecha los hechos, denunciados; por lo tanto corresponde al Tribunal determinar sí en efecto la acción penal se encuentra o no prescrita.
En primer término, aparece que el hecho ocurrió en fecha 29-08-2011, PIEZA UNO (f. 02) según lo refiere la victima, en segundo lugar se realiza acto de imputación al acusado de autos ante el Ministerio Público, en fecha 21.03.2012, transcurriendo desde esta última SEIS (06) años y CINCO (05) meses. Ahora bien, conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, contempla una pena de SEIS (06) A DIECIOCHO (18) MESES DE PRISION, y el delito de AMENAZAS contempla una pena de DIEZ (10) A VEINTIDÓS (22) MESES DE PRISIÓN. Mientras que por su parte, el artículo 110 del mismo cuerpo legal, en su primer aparte in fine, prevé: “… pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.” De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 108 eiusdem, la acción penal prescribe a los tres (3) años, si el delito mereciere pena de prisión de tres (3) años o menos.
Revisadas en detalle los motivos de diferimiento de la audiencia de apertura a juicio oral, el Tribunal observa que no se ha producido por contumacia por parte del imputado, ya que no consta en autos que él mismo haya sido debidamente notificado; este tribunal debe presumir, conforme al principio in dubio pro reo, esto es, que en caso de dudas debe siempre decidirse a su favor; no consta que los actos no se hayan celebrados por la sustracción del imputado al proceso. En todo caso, resulta procedente, considerar este Tribunal que desde la fecha de la denuncia a la fecha de la presentación y fijación de la Apertura de juicio Oral y Privada, vale decir 21.03.2012, a la fecha 17-08-2018, transcurrieron aproximadamente Seis (06) años cinco (05) meses, siendo lo ajustado a derecho resolver y reconocer que se extinguió fatalmente la acción penal por el transcurso del tiempo, ya que desde la ocurrencia del hecho 29-08-2011, al 17-08-2018, trascurrieron seis (06) años cinco (05) meses, siendo el lapso de prescripción judicial o extraordinario el de cuatro (4) años y seis (6) meses, por lo que el lapso transcurrido a la fecha es muy superior al de la prescripción judicial de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 108.5 en concordancia con el artículo 110 ambos del Código penal Vigente. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO ITINERANTE EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO PENAL a favor del ciudadano: SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.271.294, ya identificado, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de haber operado a su favor la PRESCRIPCIÓN JUDICIAL O EXTRAORDINARIA, porque desde la fecha del acto de imputación 21-03-2012 al 17-08-2018, trascurrieron seis (06) años, cinco (05) meses, siendo el lapso de prescripción judicial o extraordinario el de cuatro (4) años y seis (6) meses, por lo que el lapso transcurrido a la fecha supera con creces al de la prescripción judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 108 y en concordancia con el artículo 110 ambos del Código Penal Vigente, como de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 3 (primer supuesto) y en concordancia con el articulo 49 numeral 8 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
Remítase en su oportunidad, vencido el lapso de Ley a la sede del archivo de los Tribunales de Violencia contra la Mujer del Estado Aragua para su posterior remisión al Archivo Regional. Se acuerda otorgar copia del acta así como de la presente resolución a las partes.
Regístrese, publíquese y déjese copia.
LA JUEZA,
Dra. YELITZA ACAACIO CARMONA
LA SECRETARIA,
ABG. YELEMY LEON

YAC.-
ASUNTO PRINCIPAL : DP01-S-2011-005613