TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL PRIMERO DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, veintiséis (26) de Enero de dos mil dieciocho (2018)
207º y 158º
ASUNTO: DH11-X-2018-000001

PARTE ACTORA: Entidad de trabajo WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogada GODOY VILLEGAS EDYUVIRI, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 101.171.
PARTE DEMANDADA: ORGANIZACIÓN SINDICAL MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y YTRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO).
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUIDO.
MOTIVO: DISOLUCIÓN DE SINDICATO.

Visto el escrito libelar presentado en fecha 31 de Octubre del año 2017, por el ciudadano CANDIDO VIVAS MENDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 9.231.458, en su carácter de Representante Legal de la Entidad de Trabajo WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A., debidamente asistido por la abogada EDYUVIRI ANA CLARET GODOY VILLEGAS, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 101.171, parte actora en el presente asunto, en la cual solicita medida cautelar innominada de suspensión de la condición y carácter de Organización Sindical y de su Junta Directiva, a fin de que fuesen dictadas las siguiente providencias:
1. Se ordene a la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Costa de Oro, Santiago Mariño, Linares Alcantara y Libertador Sede en Maracay, Estado Aragua; la paralización Sindical MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), llevado por ante la Sala de Derechos Colectivos, hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
2. Se ordene al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, a través de la Sede Aragua, que funciona, en la Inspectoria del Trabajo antes mencionada, la suspensión de los efectos legales de la inscripción y registro del Sindicato MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), BAJO EL No. 2017-5-00450 y por ende de su Junta Directiva, hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
3. Se ordena a la mencionada Inspectoria del Trabajo, se abstenga de procesar cualquier solicitud, Reclamo, Pliego, Proyecto, Comunicación, Elecciones, Modificación de estatutos, o cualquier acción que intento por antes esta instancia administrativa, el Sindicato MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), a través de los miembros de su Junta Directiva, representantes legales o afiliados en su nombre, respecto a mi representada y sus trabajadores y trabajadoras, hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
4. Se ordene a la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales-Geresat-Aragua se abstenga de procesar solicitud alguna que efectué por ante esa Institución el Sindicato MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), los miembros de su Junta Directiva, sus representantes legales o afiliados en su nombre, respecto a mi representada y sus trabajadores y trabajadoras, hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
5. Se autorice a los trabajadores y trabajadoras afiliados de la empresa WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO, a suspender el aporte de la cuota sindical a la organización Sindical MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), y a la Entidad de Trabajo accionante a suspender la retención de la cuota sindical del salario de los trabajadores y trabajadoras afiliadas; hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en este asunto.
6. Se ordene a la DIRECCIÓN DE GESTION SOCIAL DEL MINISTERIO PUBLICO, ubicada en la Torre Oeste, piso 2, Parque Central, Caracas; para que se abstenga de procesar cualquier solicitud que le efectué el Sindicato MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), su Junta Directiva, representante legales o cualquiera de sus afiliados en su nombre y de cursar cualquier invitación, actividad, evento, conferencia, taller, seminario, al mencionado sindicato en virtud de la presente acción y hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
7. Se autorice a la Entidad de Trabajo accionante a no atender ningún requerimiento del Sindicato MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), su Junta Directiva, representantes legales, afiliados en su nombre, ni permitir reuniones, asambleas, manifestaciones ni actuaciones de ningún tipo que intente efectuar dentro de las instalaciones de WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A., o alrededor de ellas (entrada, salida, estacionamiento, vía única de entrada principal) que de alguna forma perturben las laborales normales de trabajo y producción o impidan el acceso salida de vehículos y/o personal de la sede de la accionante empresa; autorizándola para apoyarse con los organismos de seguridad del estado y fuerza pública, en caso de considerarlo necesario para el resguardo de sus instalaciones y la integridad física de sus trabajadores y trabajadoras afiliados o no afiliados y demás personal de la empresa WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A., hasta tanto se produzca sentencia definitivamente firme en este asunto.
8. Cualquier otra que el Tribunal considere pertinente y necesaria decretar para resguardar los derechos e intereses de la Entidad de Trabajo WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A., de sus trabajadores y trabajadoras afiliados o no afiliados, o que sobreviniere en el curso del proceso respectivo.
Ahora bien, en virtud de lo antes indicado, este Tribunal debe realizar las siguientes consideraciones:
Al respecto, es necesario mencionar nuestra legislación adjetiva faculta a los Administradores de Justicia para decretar Medidas Cautelares, con la finalidad de evitar que se haga ilusoria la pretensión del fallo, siempre que exista presunción grave del derecho que se reclama, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Pues la misma ley adjetiva laboral permite aplicar de forma analógica otras disposiciones que se encuentren en el ordenamiento jurídico venezolano y que estén relacionadas con el asunto tratado, de tal manera que el caso que nos ocupa habría que analizar el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el citado 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que:
“A petición de parte, podrá el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…” Resaltado por este Juzgado.
Ahora bien, como se desprende de la norma antes transcrita, la procedencia de una medida cautelar, exige el cumplimiento concurrente de dos (02) requisitos, a saber:
1.- Presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni juris).
2.- Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Dicho lo anterior, estima este Tribunal que dicha norma establece ciertamente la potestad discrecional que tienen los jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución de dictar medidas cautelares.
En razón de ello debe esta juzgadora examinar si en el presente caso los presupuestos que configuran la norma se encuentran presentes de manera concurrente, a fin de determinar la procedencia o no de la medida solicitada y a tal efecto decide, en primer término analizar si en el caso bajo estudio se configura el fumus bonis juris, y si ello tiene lugar examinará adicionalmente, si está presente el periculum in mora.
La doctrina y la jurisprudencia han definido el fumus bonis juris como la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho incoado por parte del sujeto que solicita la medida, se trata pues como decía el maestro Piero Calamandrei de un cálculo de probabilidades que el solicitante de la medida será, en definitiva, el sujeto de juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es.
Con relación al segundo presupuesto, la doctrina y la jurisprudencia han definido el periculum in mora, como el temor razonable de un daño posible, inminente o inmediato en el ámbito jurídico y personal del solicitante, que se hace necesario prevenir, de modo que no basta el simple alegato de la supuesta irreparabilidad del daño, sino la convicción de que la cautela solicitada es necesaria para evitarlo, no procediendo en consecuencia sin la evidencia o prueba de su presupuesto, este es la irreparabilidad o dificultad de la reparación del daño por la sentencia definitiva y el razonable fundado temor de que la voluntad de la Ley, contenida en una sentencia definitiva, sea nugatoria. (Resaltado por esta Juzgadora)
En relación a este punto, Simón Jiménez Salas, en su Libro Medidas Cautelares, expresa:
“El periculum in mora, o peligro en la demora, es la previsión contra la insolvencia o contra conductas que tiendan a evitar la ejecución de la sentencia definitiva. Es la verdadera garantía de la acción y de la existencia de la jurisdicción. Como el proceso es una marcha lentamente hacia el esclarecimiento de la verdad, como condición sine qua non para dictar el fallo definitivo, puede ser indispensable recurrir a las medidas preventivas para asegurar la eficacia de la Ley. Este presupuesto está calificado de tal forma que el temor a que la demora, propia de todo proceso, dé tiempo al demandado a insolventarse, debe ser MANIFIESTO. Es un temor manifiesto que se hace motivar toda solicitud de embargo o de medida preventiva, sobre una base confiable y aceptable”.
Así mismo, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de agosto del año 2004 (Caso MIGUEL HUMBERTO CROCE PAZ, contra la sociedad mercantil DESARROLLO TURÍSTICO ANDINO, S.A. (DESTURANSA), lo siguiente:

“…Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil otorga a los jueces la facultad de decretar medidas preventivas, esta Sala considera oportuno atemperar el señalado criterio jurisprudencial, en lo que respecta a los supuestos de las sentencias interlocutorias que se dictan con motivo de una incidencia de medidas preventivas y, en especial en lo que respecta a las interlocutorias que la niegan.
La Sala de Casación Civil de este máximo Tribunal ya ha establecido criterio, el cual es acogido por esta Sala de Casación Social, respecto a la facultad soberana que le otorgó el legislador al juez para acordar el decreto de una medida preventiva, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, así en sentencia de fecha 31 de marzo de 2000 dicha Sala expresó:
“...Estas evidencias, si bien es cierto que en principio pudieran no guardar sintonía con los planteamientos consignados en la recurrida, no es menos cierto que más allá del deber del jurisdicente, de pronunciarse sobre el contenido de la documental en cuestión, ésta, rige para el caso particular, la facultad soberana que le ha otorgado el legislador al juez para negar las medidas cautelares que le puedan ser solicitadas.( subrayado de quién suscribe)

En efecto, el solicitante debe alegar y demostrar la aludida lesión o daño para que sea procedente la medida cautelar solicitada, es decir, demostrarle al juez que es necesaria la medida para que no quede ilusoria la ejecución del fallo, lo cual debe alegar y demostrar el solicitante prima faciem y en forma anticipada, para que el juez utilice sus poderes cautelares discrecionales y decrete la medida, y al no hacerlo, resulta improcedente la medida, pues la sola presunción del derecho reclamado, no es suficiente para el decreto de la medida y de acordarse la medida cautelar anticipada al fallo del juicio principal, vulneraria el principio de la homogeneidad e instrumentalidad de la medida cautelar. Y así se decide.
En cuanto al punto que nos ocupa, es criterio pacífico y reiterado de la Sala la cual se señala, que las medidas cautelares son una manifestación de la actividad jurisdiccional y un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia, que constituyen una garantía de los derechos cuya vulneración se discute mientras se dicta el fallo definitivo, evitando así que el mismo pueda resultar ineficaz (Vid. Sentencia Nº 15 de fecha 7 de febrero de 2001. Caso: William Dávila Barrios y Timoteo Zambrano vs. Consejo Nacional Electoral), de allí la excepcionalidad que comportan, exigiendo del juez especial cuidado y ponderación a objeto de declarar o no su procedencia, lo cual pasa por el necesario análisis de los argumentos y medios de prueba que el solicitante tiene la carga de aportar como fundamento de su pretensión.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los autos que conforman el presente asunto, se observa que no existe ab initio elementos de simple convicción para presumir la existencia del riesgo manifiesto de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo y por ende permitan a esta juzgadora tomar el tipo de medida peticionada, por lo que no existen suficientes elementos probatorios, ni argumentos calificados de condiciones para la procedencia del decreto de la medida solicitada, es decir no se demuestra con certeza que la medida cautelar es necesaria a fin de evitar la posible insolvencia del demandado y por ende la supuesta irreparabilidad del daño. Así se decide.-
En virtud de lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de procedimiento Civil, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, SEDE MARACAY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA solicitada por ciudadano CANDIDO VIVAS MENDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 9.231.458, en su carácter de Representante Legal de la Entidad de Trabajo WILSON LABORATORIO ORTOPEDICO C.A., debidamente asistido por la abogada EDYUVIRI ANA CLARET GODOY VILLEGAS, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 101.171, parte actora en el presente asunto, en contra de la ORGANIZACIÓN SINDICAL MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y YTRABAJADORES REVOLUCIONARIOS DE LA MANUFACTURA DEL CALZADO ORTOPEDICO, PROTESIS, EQUIPOS, AFINES, SIMILARES Y CONEXOS (MOTRAREVO-CALZAORTOPEDICO), parte demandada. Así se decide.-
Dada, firmada y sellada por este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA

ABOG. JOCELYN C. ARTEAGA Z.
LA SECRETARIA,

ABOG. SCARLET ARIAS.
En esta misma fecha, siendo 08:45 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

ABOG. SCARLET ARIAS.
JCAZ/sa.-