TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO UNICO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN
DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 28 de febrero de 2018
207° y 158°
CAUSA: EA-2198-13.
JUEZA: ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA.
SECRETARIA: ABG. YASDEICY HERRERA.
FISCAL 18° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. CARLOS ROJAS.
DEFENSA PÚBLICA 5ª: ABG. EDILIA AVILA.
SANCIONADO: D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA).
DELITO: HOMICIDIO INTENCIONAL.
ASUNTO: CESE POR CUMPLIMIENTO DE LIBERTAD ASISTIDA Y PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REGLAS DE CONDUCTA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Atendiendo a la garantía dispuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativa al ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y garantías establecidos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral del Estado, la Sociedad y la Familia, a la cual quedan obligados desde el momento de su concepción; y por cuanto, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela confiere jerarquía constitucional a los principios y normas contemplados en referida Ley especial, y toda vez, que entre las atribuciones que le corresponden a este Tribunal de Ejecución se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que las ordena y decretar el cese de las mismas cuando corresponda, es por lo que este Juzgado de Ejecución, efectúa análisis detenido al presente atado documental, en orden a emitir el pronunciamiento de ley, del cual se observa:

En fecha 20/03/13, el Tribunal Segundo (2°) de Juicio de esta Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, declara penalmente responsable al ciudadano D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el artículo 405 del Código Penal, imponiendo en su contra la medida de PRIVACION DE LIBERTAD, por espacio de CINCO (5) AÑOS, motivo por el cual, por auto de fecha 25/06/13, declara la firmeza de la sentencia definitiva, por vencimiento del lapso para la interposición del recurso de apelación, sin que las partes lo hayan ejercido, y ordena la remisión de la causa a este Tribunal Ejecutor.

En fecha 27/06/13, ingresa la presente causa seguida al sancionado D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), al Tribunal Único de Primera Instancia en función de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal, y en ocasión a eso, el día 02/07/13, se dicta el auto de ejecución de medidas, el cual fue impuesto en audiencia de fecha 06/08/13.

El día 18/02/16 se celebra audiencia en la cual este Tribunal, revisa la medida de PRIVACION DE LIBERTAD, y la sustituye por las sanciones simultaneas de LIBERTAD ASISTIDA y REGLAS DE CONDUCTA, por espacio de ONCE (11) MESES Y TRES (3) DIAS, y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por SEIS (6) MESES.

En fecha 19/02/18 se recibe informe procedente del Programa de Libertad Asistida San José, de cuyo contenido se extrae que el sancionado D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), cumplió con los propósitos de la medida de LIBERTAD ASISTIDA.

Ahora bien, en lo que respecta a las sanciones REGLAS DE CONDUCTA y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, no se evidencian en autos, documentos o informes que permitan darlas por cumplidas en forma total o parcial.

Así las cosas, y transcurrido el tiempo de acatamiento de las sanciones, esta Decisora, procede al estudio de la normativa relacionada con la institución de la prescripción de sanciones, contenida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 616 se contempla: “Las sanciones prescribirán en un termino igual al ordenado para cumplirlas mas la mitad. Este plazo empezara a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva, o desde la fecha en que se compruebe que comenzó en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomara como ultimo acto procesal, la fecha de la declaratoria de rebeldía”. (Cursivas del Tribunal).

Deviene entonces de lo anterior, que cuando se trate de sanciones que no ameritan la privación de libertad, el Juez para poder considerar la institución jurídica de la prescripción debe tomar en cuenta: a) que exista una sentencia condenatoria definitivamente firme, esto es un pronunciamiento judicial donde se hayan agotado o dejado de ejercer los recursos y por tanto ya no pueda ser impugnado; y b) que se haya verificado el decurso del tiempo ordenado como sanción mas la mitad del mismo, tiempo que debe ser computado desde el día de la firmeza de la sentencia, desde la fecha de comprobación en la causa del incumplimiento, o de la declaratoria de rebeldía, si fuere el caso.

En cuanto a la prescripción se ha señalado en doctrina que constituye un modo de liberarse de una obligación por el curso del tiempo, y el tiempo para tal figura extintiva no comienza si la obligación no ha surgido. Al respecto, Mendoza Troconis, en su Curso de Derecho Penal Venezolano Parte General Tomo III, señala que...” el Transcurso del tiempo sin ejecución de lo condenado hace inútil esa ejecución....”. (Cursivas del Tribunal).

Igualmente, destaca el referido jurista, que:... “la pena tardía no tiene objeto, no es eficaz, no llena los fines buscados por la represión, se borra la necesidad de dar satisfacción al ofendido, se pierde el ansia de retribución, desaparece la importancia del delito y con ello pierde su sentido la pena”. (Cursivas del Tribunal).

De ahí, se afirma que la prescripción es un medio que extingue la ejecución de la pena, que opera cuando ha transcurrido un determinado lapso de tiempo, que previamente esta establecido en la ley, sin que se haya verificado la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional a través de una sentencia firme; todo lo cual produce como efecto, la extinción para el Estado del poder de hacer efectivo el castigo al delincuente. Como en el caso de la acción penal, también la prescripción de la pena es de orden público, de allí que dadas las condiciones para que opere, es obligación del juez declararla.

En este mismo orden de ideas, el articulo 645 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prescribe: “Cumplida la medida impuesta u operada la prescripción, el juez o la jueza de ejecución deberá de oficio o a solicitud del ente publico, Consejo Comunal u otra organización social, que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de la misma y en su caso, la libertad plena”. (Cursivas del Tribunal).

Asimismo, se extraen del articulo 647 de la Ley Adjetiva Especial, en su encabezamiento, las funciones del juez de Ejecución, entre las que se encuentra en el literal “h”: “Decretar la cesación de la medida”. (Cursivas del Tribunal).

Dicho lo anterior, y como quiera que el cese de las medidas esta supeditado a su cumplimiento o al decurso del tiempo por el cual opera la prescripción de las sanciones, y habida consideración, que de acuerdo a lo estipulado en la norma 616 de la Ley antes mencionada, las sanciones prescriben por el transcurso del tiempo mas la mitad, el cual debe ser contado desde el incumplimiento de la sanción o desde el día en que se declaro firme la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo (2°) de Juicio (cuando no se inicio el cumplimiento), se determina que el ciudadano D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), cumplió totalmente la sanción de LIBERTAD ASISTIDA, y que no empezó a acatar las medidas REGLAS DE CONDUCTA y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

De otro lado, queda sentado a la luz del articulo 616 de la Ley Rectora en esta Competencia, y con vista a las actas que integran el dossier, que en el caso bajo examen, la sanción de REGLAS DE CONDUCTA, prescribe en el tiempo de UN (1) AÑO, CINCO (5) MESES Y CUATRO (4) DIAS, y los SERVICIOS LA COMUNIDAD, a los NUEVE (9) MESES, también se concluye que ninguna de esas medidas se empezó a cumplir, por lo que el conteo del tiempo para la prescripción se inicia a partir del 25/06/13, por ser la fecha en la cual se declara la firmeza de la sentencia definitiva.

Asimismo, y visto que desde el 25/05/13 al día de hoy, ha transcurrido el tiempo de CUATRO (4) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y CUATRO (4) DIAS, que resulta superior a aquel por el cual opera la prescripción de las medidas de REGLAS DE CONDUCTA y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, es por lo que estima esta Juzgadora, que lo procedente y ajustado en derecho, es decretar, como en efecto se hace, la PRESCRIPCION de las referidas sanciones, que pesan sobre el ciudadano D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), antes identificado, conforme a lo previsto en el artículo 616 eiusdem; y así se decide.

Finalmente, y transcurrido en su totalidad el lapso para el cumplimiento de la medida de LIBERTAD ASISTIDA, y verificado como ha sido que el sancionado D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), ha cumplido con los propósitos para los cuales fue concebida tal medida, lográndose así el fin socio-educativo a que se refiere el articulo 629 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual que se establece que la ejecución de las medidas tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente y la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social, es por lo que esta Juzgadora, considera procedente y ajustado a derecho decretar el cese de la sanción LIBERTAD ASISTIDA, establecida en los artículos 620 y 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y consecuencialmente, la LIBERTAD PLENA del sancionado, a favor de quien se acuerda emitir la respectiva boleta de libertad plena, de acuerdo a lo establecido en la norma 645 ibidem; y así se decide.

Dado lo antes resuelto, por cuanto no existen otras actuaciones que practicar en este asunto, se ordena la remisión de la causa en su oportunidad al Archivo Judicial Central, para su custodia y resguardo definitivo; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todas las razones anteriormente señaladas, este Tribunal Único de Ejecución de la Sección de la Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta la PRESCRIPCION Y ELCESE de las medidas REGLAS DE CONDUCTA y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, establecidas en los artículos 620, 624 y 625 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesan sobre el sancionado D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), debido al decurso de un tiempo superior al dispuesto en la Ley que regula esta materia, para que opere la prescripción de las referidas sanciones, todo conforme a lo previsto en el artículo 616 eiusdem. SEGUNDO: decreta el CESE POR CUMPLIMIENTO de la sanción de LIBERTAD ASISTIDA, verificado como ha sido que el ciudadano D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), ha cumplido con los propósitos para los cuales fue concebida tal medida, lográndose así el fin socio-educativo a que se refiere el articulo 629 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, todo conforme con la norma 645 eiusdem. TERCERO: acuerda la LIBERTAD PLENA del sancionado D.J.C.A. (IDENTIDAD OMITIDA), de acuerdo a lo establecido en la norma 645 ibidem, en favor de quien se ordena emitir BOLETA DE LIBERTAD PLENA. CUARTO: acuerda la remisión de la causa en su oportunidad al Archivo Judicial Central, para su custodia y resguardo definitivo. QUINTO: líbrese las boletas de notificación a las partes. Diarícese. Déjese copia. Cúmplase.
LA JUEZ,

ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA
LA SECRETARIA,

ABG. YASDEICY HERRERA

En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, librando las boletas de notificación Nos. , los oficios Nos. y la boleta de libertad plena N° .

LA SECRETARIA,

ABG. YASDEICY HERRERA
Causa N°: EA-2198-13
ABGDS. ZRSG/yh