REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO MONAGAS JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. Maturín, cuatro (04) de julio de dos mil dieciocho 208º y 159º ASUNTO: NP11-L-2017-000582 Visto en informe pericial presentado por el ciudadano Ricardo Mendoza Chauran, Licenciado en Administración colegiado bajo el Nº 13.980, en su condición de experto contable designado en el presente juicio; este Juzgado previa su revisión evidencia que, el Escrito de Informe de Experticia Complementaria, no se corresponde con lo ordenado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial mediante sentencia definitivamente firme de fecha 25 de mayo de 2018, cursante a los folios 69 al 72 y su vto, ambos inclusive, toda vez que en la experticia complementaria presentada, el experto procedió a calcular el bono de alimentación con el ultimo ajuste de la Unidad Tributaria, siendo lo correcto calcularlo por la base de la Unidad Tributaria al momento que es generado dicho bono por la Unidad Tributaria Vigente al momento del calculo. En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República, siendo importante traer a colación la decisión Nº 1193 del 29 de octubre de 2010, en la cual se señalo lo siguiente: “…Según lo dispuesto en la norma citada la labor del experto debe ser la determinación cuantitativa de la condena, sobre la base de unos lineamientos o puntos que debe indicar la sentencia […]. Los peritos no pueden actuar como jueces y decidir qué conceptos deberán incluirse en el salario para configurar el salario normal establecido en la ley y, decidir así qué monto corresponde pagar a la empresa demandada por diferencia de prestaciones sociales. La labor de los expertos debe limitarse a una cuantificación monetaria de esos conceptos, que deben estar limitados en la sentencia misma, para evitar así que se produzcan extralimitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en el fallo, lo que podría fomentar la apertura de un nuevo contradictorio en fase de ejecución judicial… (sic)” E igualmente en sentencia Nº 2364 de fecha 18 de diciembre de 2006, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que: “…El precedente criterio ha sido ampliamente estudiado por la Sala de Casación Civil, en fallo del 4 de junio de 1997 citado por Jesús Eduardo Cabrera Romero en su obra Revista de derecho probatorio Nº 12, año 2000, que estableció: …Antes de ordenar la ejecución del fallo, con el complemento de la experticia, aun cuando no exista impugnación de su contenido, el juez como director del proceso y en defensa del orden público, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, debe examinar la legalidad de lo actuado por el experto, para determinar si se encuentra dentro del supuesto del artículo 249 arriba trascrito, pues dicha actuación está sometida al control de legalidad del juez de la ejecución. Así se decide. Expone la Sala que la posibilidad de controlar de oficio el dictamen pericial se cimienta en el cumplimiento de los principios de control de la legalidad de los actos y de la tutela judicial efectiva, que garantiza a su vez, el estado de derecho, postulados de rango constitucional y procesal, por lo que comparte plenamente que la experticia complementaria del fallo es revisable, de oficio, en los términos expuestos ut supra. Así se establece…” En consecuencia, visto los criterios Jurisprudenciales antes reproducidos y lo expuesto, este Juzgadora, procede a anular la experticia presentada; y a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, debe forzosamente quien decide, de conformidad con lo previsto en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que permite al Juez o Jueza mantener la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, y a objeto de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso, Repone la causa al estado, de que el experto contable designado y juramentado, Licenciado Ricardo Mendoza Chauran, realice una nueva experticia complementaria del fallo ajustándose a los parámetros establecidos en la decisión de fecha 25 de mayo de 2018, en el sentido de adecuar el bono de alimentación con la Base de la Unidad Tributaria (12 y 15) diaria, para la fecha que es generado el beneficio, calculados a la ultima Unidad Tributaria vigente. Así se decide. DECISION Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Reponer la presente causa al estado de que el experto contable designado y juramentado, Licenciado RICARDO MENDOZA CHAURAN, colegiado bajo el N° C.P.C. 13..980, realice una nueva experticia complementaria del fallo ajustándose a los parámetros establecidos en la decisión de fecha 25 de mayo de 2018. SEGUNDO: La nulidad del informe pericial realizado por el experto contable cursante a los folios 86 al 93, ambos inclusive, del expediente. Se le concede al experto tres días hábiles para presentar el nuevo informe de experticia complementaria del fallo.- Publíquese, regístrese y déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, Cuatro (04) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018). Año 208º de la Independencia y 159º de la Federación. La Jueza, Abog° Nimia Acosta Islanda La Secretaria,