REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 28 de junio de 2018 208º y 159º Asunto: AP71-R-2018-000234. Accionante: RAÚL ENRIQUE SANTANA TARBAY, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.240.372. Apoderado Judicial: Abogado Raúl Santana Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 59.586. Agraviante: Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Motivo: Amparo Constitucional (Desistimiento). Capítulo I ANTECEDENTES En la acción de amparo constitucional que ejerciera el ciudadano RAÚL ENRIQUE SANTANA TARBAY, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.240.372, contra la decisión dictada el 28 de mayo de 2012, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante diligencia del 18 de abril de 2018, el apoderado judicial del acciónate desistió de la acción de amparo constitucional cuya procedencia fue denegada por no constar en autos instrumento poder que le faculte para tal acto procesal. Mediante diligencia del 25 de junio de 2018, compareció el apodera judicial del accionante y consignó el instrumento poder que lo faculta para desistir, cuya procedencia pasa este Tribunal a analizar en base a las siguientes consideraciones: Capítulo II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil Bolívares (Bs. 5.000,00)”…”. De la norma anteriormente transcrita, se observa que el Legislador otorga al accionante en amparo la posibilidad de desistir de la acción interpuesta, como único mecanismo de autocomposición procesal, siempre que no se trate de la violación de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. Por su parte, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil -aplicable al procedimiento de amparo por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales-, establece: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación por el tribunal”. Así las cosas, al constatarse que la presunta lesión denunciada por la parte actora no afecta al interés general, y por tanto, las buenas costumbres o el orden público a los fines de proceder a su homologación, observándose además el instrumento poder que acredita a quien desiste para tal acto procesal, debe por tanto procederse a su homologación, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide. Capítulo III DECISIÓN En fuerza de lo expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: HOMOLOGA el desistimiento efectuado el 18 de abril de 2018, y ratificado el 25 de junio de 2018, por el Abogado Raúl Santana Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 59.586, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAÚL ENRIQUE SANTANA TARBAY, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.240.372, de la acción de amparo constitucional que interpusiera en contra de la decisión dictada el 28 de mayo de 2012, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condenatoria en costas. Tercero: Archívese el expediente. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 28 días del mes de junio de 2018. Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación. El Juez Provisorio Raúl Alejandro Colombani El Secretario Leonel Rojas En esta misma fecha siendo las 3:00 p.m., se registró y publicó la anterior sentencia. El Secretario Leonel Rojas RAC/lr* Exp. No. AP71-R-2018-000234