REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, ocho (08) de junio de dos mil dieciocho 208º y 159º ASUNTO: DP11-N-2012-000006 S E N T E N C I A PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil VENEZOLANA DE CAMIONES INTERNACIONAL C.A. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abogada RUBRIA SARAI YOLL SANCHEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 58.110. PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS ANASTACIO GIRARDOT, MARIO BRICEÑO IRAGORRY, SANTIAGO MARIÑO, FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, COSTA DE ORO Y LIBERTADOR DEL ESTADO ARAGUA. BENEFICIARIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO: El ciudadano GREGORIO RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, portador de la cédula de identidad No. V-11.983.053. MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. SENTENCIA Por cuanto en fecha 06 de noviembre de 2017, fui debidamente juramentada por la Rectoría Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el cargo de Juez Provisorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, según Oficio signado con los Números CJ-3.113-2017 y CJ-3.114-2017, emanados de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que en sesión de fecha 11 de octubre de 2017, conforme a los cuales se acordó mi designación como Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en virtud del traslado del ciudadano Juez José Tadeo Herrera Silva al Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, me ABOCO de oficio al conocimiento de la presente causa, conformada por una (01) pieza principal constante de ciento nueve (107) folios útiles, y un (01) cuaderno de medida cautelar constante de dieciséis (16) folios útiles distinguido con el No.DP11-R-2012-000074 nomenclatura del Tribunal. En fecha 17/01/2012, la abogada RUBRIA SARAI YOLL SANCHEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 58.110, en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil VENEZOLANA DE CAMIONES INTERNACIONAL C.A, presento Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Providencia Administrativa de fecha 18 de mayo del 2011, signada con el No. 0265-11 dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Anastacio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, el cual se asignó bajo el número DP11-N-2012-000006 nomenclatura de este Tribunal, correspondiendo por distribución su conocimiento ante este Juzgado, que lo recibe por auto de fecha 19 de enero del año 2012. . En fecha 24 de enero del año 2012, se dicta auto mediante el cual el Tribunal se abstiene de admitirlo, con fundamento a lo establecido en el artículo 33 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ordena la notificación de la parte recurrente. Posteriormente, en fecha 02/02/2012, la parte recurrente presento escrito subsanando las omisiones supra indicadas, procediendo este Tribunal en fecha 07 de febrero 2012 a admitir el recurso de nulidad ordenándose librar las respectivas notificaciones a los intervinientes. En fecha 19/02/2014, el Tribunal emitió auto donde se insto a la parte recurrente a los fines de que consigne los fotostatos necesarios para practicar la notificaciones ordenadas (folio 107). En fecha 14/02/2012, fue publicada decisión que declara, IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte recurrente en nulidad, siendo ordenado el cierre de dicho cuaderno de medidas mediante auto de fecha 25/09/2012 (folio 16). Ahora bien, revisadas las actas procesales que conforman este asunto, y verificado como ha sido por esta Juzgadora que la parte recurrente no cumplió con lo ordenado por el Tribunal, `ya que hasta la presente fecha no ha presentado las copias necesarias, a los fines de su certificación destinadas a dar cumplimiento a las notificaciones ordenadas, lo que ha imposibilitado la continuidad de este procedimiento, y por cuanto no se observa ninguna actuación de la parte recurrente, tendiente a impulsar dicha notificación, lo que se traduce en una evidente pérdida de interés de la parte accionante en dar continuidad al proceso. Y así se establece.- En razón de ello, precisa esta Juzgadora en la revisión de las actuaciones que cursan en el presente expediente, que la causa se encuentra inactiva desde el día 19 de febrero del año 2014 fecha en la cual este tribunal estableció lo siguiente: “ INSTA a la parte recurrente a los fines de que consigne los fotostatos necesarios para practicar dichas notificaciones…” Habiendo así, transcurrido hasta la presente fecha un periodo superior a seis (06) años, sin que la parte recurrente cumpliera su carga procesal de consignar las copias requeridas para de dar continuidad al procedimiento e impulsar las notificaciones ordenadas, por lo que se desprende una evidente falta de interés e impulso procesal de la parte accionante en la continuidad de la causa. Al respecto, establece el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que, “…toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”. Así la cosa, se verifica que en el presente asunto, la última actuación en esta causa fue, auto dictado por este Tribunal que ordena agregar a los autos la consignación negativa del mencionado alguacil, y en virtud que desde la referida fecha, no se observa ninguna otra actuación de la parte recurrente, tendiente a impulsar este asunto, durante un periodo mayor a cuatro (4) años, para dar continuidad a la presente causa. En este sentido, es preciso resaltar, el criterio establecido por la Sala de Casación Social, en Sentencia de fecha 03 de diciembre de 2015, caso: Cervecería Regional contra Diresat-Aragua): “Ahora bien, del examen de las actas que integran el expediente se observa que una vez que el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, admite la demanda de nulidad en fecha 20 de julio de 2011, subsiguientemente la parte accionante no realizó ninguna actuación desde el 17 de julio del año 2013, volviendo a actuar mediante diligencia en fecha 6 de mayo del año 2015, al solicitar que se practicaran las notificaciones previstas en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así las cosas, aunque se observa que se produjeron dos decisiones, la primera de declinatoria de competencia y la otra en la que el segundo Tribunal aceptó la competencia, se evidencia que la parte accionante en el período antes mencionado, no realizó ninguna actuación y por lo tanto, no le dio impulso a las notificaciones, de conformidad con lo establecido en el citado artículo. En consecuencia, la empresa demandante no efectuó en el expediente, dentro del año siguiente a su última actuación de fecha 17 de julio del año 2013, ningún acto del procedimiento dirigido a impulsar el curso del proceso, que excluyera su paralización eventual, durante el lapso señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En virtud de lo anterior, concluye esta Sala que la perención de la instancia declarada por el tribunal a quo en la decisión recurrida, resulta ajustada a derecho, toda vez que era la parte accionante quien tenía la carga de impulsar la práctica de la notificación de los particulares directamente beneficiados como destinatarios del acto administrativo objeto de la pretensión de nulidad (negrillas nuestras)…” En estricto acatamiento del criterio que antecede, que este Tribunal acoge plenamente; y verificado como ha sido, que en la presente causa la parte recurrente efectuó su última actuación en fecha 02/02/2012 (folio 67), y hasta la presente fecha ha transcurrido un periodo superior a seis (06) años; igualmente se verifica de las actas procesales que conforman este expediente que la última actuación registrada corresponde al auto dictado en fecha 19/02/2014 hasta la actualidad, sin que se verifique en autos ninguna actuación de la parte recurrente en Nulidad, para dar continuidad o impulsar este procedimiento, en tal virtud quien aquí decide considera que se han cumplido los extremos legales previstos para ser declarada la Perención en derecho y en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el precitado artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para quien Juzga declarar la consumada PERENCIÓN DE LA INSTANCIA . Así se establece. D I S P O S I T I V O Conforme a los razonamientos de hecho y de Derecho antes expuestos, este Juzgado Primero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo De La Circunscripción Judicial Del Estado Aragua; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y Extinguido el Procedimiento conforme a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: Una vez que se encuentre definitivamente firme la presente decisión se ordena dar por terminado y remitirlo al archivo judicial. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque la presente decisión se dictó de oficio y no resuelve el fondo de la controversia. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dictada, firmada y sellada en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a los ocho (08) días del mes de junio del año 2018. LA JUEZ Abg. LISSELOTT CASTILLO YEPEZ LA SECRETARIA Abg. BETHSI RAMIREZ LCY/BR.