TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, veintidós de mayo de dos mil dieciocho
208º y 159º

ASUNTO: AP31-S-2017-007705

SOLICITANTE: MARIANGELI PATRICIA VALENZUELA GODOY, titular de la cédula de identidad número V.-21.134.811.

APODERADA JUDICIAL DEL SOLICITANTE: ALEYDIS DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 196.403.

MOTIVO: SOLICITUD DE DIVORCIO (fundamentada en la sentencia N° 693 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 2 de junio de 2015).
En primer lugar, se observa que se inició la presente solicitud de divorcio fundamentada en la sentencia N° 693 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 2 de junio de 2015, a través de escrito presentado por la abogada ALEYDIS DEL CARMEN GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 196.403, actuando en carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIANGELI PATRICIA VALENZUELA GODOY, titular de la cédula de identidad número V.-21.134.811.
En su respectivo escrito, la solicitante manifestó que el 28 de marzo del 2016, contrajo matrimonio civil, ante el Registrador Civil Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, fijando su último domicilio conyugal en la calle 7-12, Edificio Monte Blanco, Piso 3, Apartamento 18, Urbanización Vista Alegre, Parroquia El Paraíso, Municipio Libertador del Distrito Capital; que durante la unión conyugal no procrearon hijos, y no adquirieron bienes en la comunidad conyugal. Señalaron que mantenían una separación fáctica desde el 20 de septiembre de 2016, por lo que solicitaba se declarara su divorcio, con fundamento en el artículo 185 del Código Civil, y en especial con la Sentencia Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su distribución, correspondiendo su conocimiento a este Despacho.
En fecha 09 de enero de 2018, se admitió la solicitud, ordenándose la citación del Ministerio Público, con la finalidad de que expusieran lo que considerara pertinente en la solicitud.
El día 25 de enero de 2018, compareció la abogada Teresa de Jesús Medina, y presentó diligencia mediante la cual consignó poder otorgado por el ciudadano JOSÉ GREGORIO LUQUEZ ABREU, en su carácter de conyugue de la solicitante.
La Secretaria en fecha 13 de marzo de 2018, libró la boleta de citación dirigida al ciudadano Fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia de fecha 9 de abril de 2018, la apoderada judicial del ciudadano JOSÉ GREGORIO LUQUEZ ABREU, se dio por citada en nombre de su representado y aceptó lo alegado por la solicitante.
Previa notificación de la representación del Ministerio Público, en fecha 16 de mayo de 2018, compareció la ciudadana YNES DIAZ ORELLANA, en su carácter de Fiscal Provisorio Nonagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y mediante diligencia manifestó que nada tiene que objetar.

Ahora bien, los solicitantes como fundamento de su pretensión consignaron los siguientes instrumentos:

- Copia certificada del acta de matrimonio, Acta Nº 157, Tomo 01, Folio 157, expedida ante el Registro Civil Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, de la cual se desprende que en fecha veintiocho (28) de marzo de 2016, los ciudadanos: MARIANGELI PATRICIA VALENZUELA GODOY y JOSÉ GREGORIO LUQUEZ ABREU, contrajeron matrimonio civil. En relación al referido documento, esta sentenciadora le da pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil. Así se establece.
- Copias simples de las cédulas de identidad de los solicitantes, las cuales se tienen como fidedignas en conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
II
Dicho lo anterior pasa el Tribunal a emitir pronunciamiento con relación a la presente solicitud en los términos siguientes:

La solicitud de divorcio que nos ocupa se fundamenta en el artículo 185 del Código Civil y en especial en la sentencia vinculante N° 693, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 2 de junio de 2015, en el expediente Nº 12-1163 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que estableció lo siguiente:
“(…) Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica, por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional de la decisión número 0319, publicada el 20 de abril de 2012, dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, interpuesta por el ciudadano Francisco Anthony Correa Rampersad, asistido por el abogado Luís Quintana, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el numero 76.140.
SEGUNDO: REALIZA una interpretación constitucionalizante del Articulo 185 del Código de Procedimiento Civil y fija con carácter vinculante el criterio interpretativo contenido en el presente fallo respecto al articulo 185 del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación integra del presente Fallo en la Pagina Web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la gaceta Judicial y la gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicara expresamente:
“Sentencia de la sala Constitucional que realiza una interpretación constitucionalizante del articulo 185 del Código de Procedimiento Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el articulo 185 deL Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho articulo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…
(…)
…Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva…” (negrillas y subrayado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes trascrito, el cual esta sentenciadora acata, se desprende que la Sala Constitucional en apego a la Carta Magna y con el objeto de hacer cumplir el Derecho al Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva de las partes, concatenado con el artículo 20 constitucional, plantea que toda persona tiene derecho al libre derecho de desenvolvimiento de su personalidad (es decir, que el Estado y la sociedad deben respetar la libertad conductual), sin más limitaciones que las que deriven del derecho de los demás y del orden público social; asimismo, las personas pueden actuar de acuerdo a sus costumbres culturales y religiosas, sin transgredir el derecho de sus semejantes, de convivir en armonía y sana paz, razón por la cual esta sentenciadora considera procedente la solicitud planteada por la ciudadana MARIANGELI PATRICIA VALENZUELA GODOY, y así lo hará constar en el dispositivo de fallo.-
III
DECISIÓN
Con base en los razonamientos que anteceden, este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de divorcio formulada, y en consecuencia, DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que unía a los ciudadanos: MARIANGELI PATRICIA VALENZUELA y JOSE GREGORIO LUQUEZ ABREU, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V.-21.134.811 y V.-22.278.754, respectivamente, contraído en fecha 28 de marzo de 2016, ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. Así se decide.-
Regístrese, publíquese y déjese copias certificadas de la misma a los efectos de su inclusión en la carpeta de copiadores de sentencia llevada por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
LA JUEZ,

ARELIS GABRIELA FALCON LIZARRAGA
LA SECRETARIA

FRANCYS PONCE GRATEROL
En esta misma fecha, siendo las dos y cincuenta y dos minutos de la tarde (2:52 p.m.), se publicó el anterior fallo.
LA SECRETARIA

FRANCYS PONCE GRATEROL
AGFL/FDE/Fidel