REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN, LOPNA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO UNICO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 26 de octubre de 2018 208° y 159° CAUSA: EA-2733-15. JUEZA: ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA. SECRETARIA: ABG. YASDEICY HERRERA. FISCAL 18° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. CARLOS ROJAS. DEFENSA PRIVADA: ABG. SANTOS CARDOZO. SANCIONADO: F.Y.R.R(IDENTIDAD OMITIDA) DELITO: ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACION. ASUNTO: PRESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA REGLAS DE CONDUCTA Y CESE POR CUMPLIMIENTO DE LIBERTAD ASISTIDA. Atendiendo a la garantía dispuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativa al ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y garantías establecidos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral del Estado, la Sociedad y la Familia, a la cual quedan obligados desde el momento de su concepción; y por cuanto, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela confiere jerarquía constitucional a los principios y normas contemplados en referida Ley especial, y toda vez, que entre las atribuciones que le corresponden a este Tribunal de Ejecución se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que las ordena y decretar el cese de las mismas cuando corresponda, es por lo que este Juzgado de Ejecución, efectúa análisis detenido al presente atado documental, en orden a emitir el pronunciamiento de ley, del cual se observa: En fecha 08/04/15 el Tribunal Primero (2°) de Juicio de esta Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, declara penalmente responsable a la ciudadana FRANLLELY YURAIMA ROMERO RUIZ, venezolana, nacida en fecha 15/07/99, titular de la cedula de identidad Nº V-26.849.819, residenciada en SECTOR SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CASA S/N, VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA, por la comisión del delito ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotor en concordancia con el articulo 80 del Código Penal, imponiéndole las sanciones LIBERTAD ASISTIDA y REGLAS DE CONDUCTA, por el lapso de DOS (2) AÑOS y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por el lapso de SEIS (6) MESES; motivo por el cual, mediante auto de fecha 23/04/15 queda firme la sentencia, y ordena la remisión de la causa a este Tribunal Ejecutor. En fecha 24/04/15, ingresa la presente causa seguida a la ciudadana FRANLLELY YURAIMA ROMERO RUIZ, al Tribunal Único de Primera Instancia en función de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal y en ocasión a eso, el día 29/04/15 se dicta el auto de ejecución de medidas, imponiéndolo en fecha 28/05/15. En fecha 16/04/18 se decreto la PRESCRIPCION de la medida SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Revisada como ha sido la presente causa se evidencia diversos informes del Programa de LIBERTAD ASISTIDA, donde se deja constancia que la sancionada cumplió satisfactoriamente con la finalidad de la medida, de igual manera se evidencia la ausencia de documentación que permita verificar el cumplimiento en forma total o parcial de la medida REGLAS DE CONDUCTA por lo que dado el tiempo transcurrido, esta Decisora, procede al estudio de la normativa relacionada con la institución de la prescripción de sanciones, contenida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 616 se contempla: “Las sanciones prescribirán en un termino igual al ordenado para cumplirlas mas la mitad. Este plazo empezara a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva, o desde la fecha en que se compruebe que comenzó en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomara como ultimo acto procesal, la fecha de la declaratoria de rebeldía”. (Cursivas del Tribunal). Deviene entonces de lo anterior, que cuando se trate de sanciones que no ameritan la privación de libertad, el Juez para poder considerar la institución jurídica de la prescripción debe tomar en cuenta: a) que exista una sentencia condenatoria definitivamente firme, esto es un pronunciamiento judicial donde se hayan agotado o dejado de ejercer los recursos y por tanto ya no pueda ser impugnado; y b) que se haya verificado el decurso del tiempo ordenado como sanción mas la mitad del mismo, tiempo que debe ser computado desde el día de la firmeza de la sentencia, desde la fecha de comprobación en la causa del incumplimiento, o de la declaratoria de rebeldía, si fuere el caso. En cuanto a la prescripción se ha señalado en doctrina que constituye un modo de liberarse de una obligación por el curso del tiempo, y el tiempo para tal figura extintiva no comienza si la obligación no ha surgido. Al respecto, Mendoza Troconis, en su Curso de Derecho Penal Venezolano Parte General Tomo III, señala que...” el Transcurso del tiempo sin ejecución de lo condenado hace inútil esa ejecución....”. (Cursivas del Tribunal). Igualmente, destaca el referido jurista, que:... “la pena tardía no tiene objeto, no es eficaz, no llena los fines buscados por la represión, se borra la necesidad de dar satisfacción al ofendido, se pierde el ansia de retribución, desaparece la importancia del delito y con ello pierde su sentido la pena”. (Cursivas del Tribunal). De ahí, se afirma que la prescripción es un medio que extingue la ejecución de la pena, que opera cuando ha transcurrido un determinado lapso de tiempo, que previamente esta establecido en la ley, sin que se haya verificado la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional a través de una sentencia firme; todo lo cual produce como efecto, la extinción para el Estado del poder de hacer efectivo el castigo al delincuente. Como en el caso de la acción penal, también la prescripción de la pena es de orden público, de allí que dadas las condiciones para que opere, es obligación del juez declararla. En este mismo orden de ideas, el articulo 645 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prescribe: “Cumplida la medida impuesta u operada la prescripción, el juez o la jueza de ejecución deberá de oficio o a solicitud del ente publico, Consejo Comunal u otra organización social, que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de la misma y en su caso, la libertad plena”. (Cursivas del Tribunal). Asimismo, se extraen del articulo 647 de la Ley Adjetiva Especial, en su encabezamiento, las funciones del juez de Ejecución, entre las que se encuentra en el literal “h”: “Decretar la cesación de la medida”. (Cursivas del Tribunal). Dicho lo anterior, y como quiera que el cese de las medidas esta supeditado a su cumplimiento o al decurso del tiempo por el cual opera la prescripción de las sanciones, y habida consideración, que de acuerdo a lo estipulado en la norma 616 de la Ley antes mencionada, las sanciones prescriben por el transcurso del tiempo mas la mitad, el cual debe ser contado desde el incumplimiento de la sanción o desde el día en que se declaro firme la sentencia definitiva (cuando no se inicio el cumplimiento). Así las cosas, se evidencia que la sanción REGLAS DE CONDUCTA, prescribe en el tiempo de TRES (3) AÑOS; y visto que desde 23/04/15 (fecha en la que quedo firme la sentencia) hasta la presente, han transcurrido TRES (3) AÑOS, SEIS (6) MESES Y TRES (3) DIAS, que sin lugar a dudas, sobrepasa el tiempo por el cual opera la prescripción de la referida medida, es por lo que estima esta Juzgadora, que lo procedente y ajustado en derecho, es decretar, como en efecto se hace, la PRESCRIPCION de la sanción en marras, y asimismo se decreta la CESACION POR CUMPLIMIENTO de la medida de LIBERTAD ASISTIDA, todas que pesan sobre la ciudadana F.Y.R.R(IDENTIDAD OMITIDA), antes identificada, es por lo que se ordena libertad plena a la mencionada sancionada, conforme a lo previsto en los artículos 616 y 645 de la Ley que regula esta materia; y así se decide. DISPOSITIVA Por todas las razones anteriormente señaladas, este Tribunal Único de Ejecución de la Sección de la Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta la PRESCRIPCION Y CESACION de la medida REGLAS DE CONDUCTA establecidas en los artículos 620 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesa sobre el sancionado F.Y.R.R(IDENTIDAD OMITIDA), debido al decurso de un tiempo superior al dispuesto en la Ley que regula esta materia, para que opere la prescripción de las referidas sanciones, todo conforme a lo previsto en el artículo 616 eiusdem. SEGUNDO: decreta la CESACION por cumplimiento de la medida LIBERTAD ASISTIDA, conforme a la norma 645 ibidem. TERCERO: decreta la LIBERTAD PLENA, acordando librar boleta de libertad plena a favor de la ciudadana F.Y.R.R(IDENTIDAD OMITIDA), de conformidad con lo establecido en el artículo 645 de la Ley Rectora en esta Competencia Especializada. CUARTO: ordena remitir la causa al Archivo Central para su cuido y resguardo definitivo, por cuanto para la fecha no hay más diligencias que practicar. Líbrese las boletas de notificación a las partes. Diarícese. Déjese copia. Cúmplase. LA JUEZ, ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA LA SECRETARIA, ABG. YASDEICY HERRERA En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, librando las boletas de notificación Nos. , los oficios Nos. y la boleta de libertad plena Nº . LA SECRETARIA, ABG. YASDEICY HERRERA Causa Nº: EA-2733-15 ZRSG/YG