TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas

208° y 159°
PARTE DEMANDANTE: ciudadano: FABIO EDGAR ROMERO DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.695.599 y de este domicilio.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicios ciudadanos JESUS ANTONIO RAMOS RIVAS, MARIA MAGDALENA AZOCAR PARIS y JOSÉ ANTONIO TORREALBA LEDEZMA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 17.080, 64.823, 69.334, respectivamente y de este domicilio, (según se desprende de instrumento poder cursante al folio 05 al 09 del presente expediente).-
PARTE DEMANDADA: ciudadanos: OSCAR RAFAEL ROMERO RIVAS y DAMELIS HIDROGO, venezolanas, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad N°. V-10.061.508 y V-11.448.342, respectivamente y de este domicilio, (según se desprende de instrumento poder cursante al folio 05 al 09 del presente expediente).-
APODERADOS JUDICIALES DE LA CIUDADANA DAMELIS HIDROGO: abogados en ejercicios ciudadanos MILAGRO FARIÑA, BLANCA ROJAS, SOLANGE MARCANO y OSMAL BETANCOURT, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 106.767, 34.796, 41.295 y 68.727, respectivamente y de este domicilio, (según se desprende de instrumento poder cursante al folio 05 al 09 del presente expediente).-
DEFENSOR JUDICIAL DEL CIUDADANO OSCAR RAFAEL ROMERO RIVAS: abogado en ejercicio ciudadano SERGIO BORATZU MAIDAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.631 y de este domicilio.-
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO.-
EXPEDIENTE Nº: 10.484.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-

Se inicia la presente causa, por demanda interpuesta por el abogado ciudadano: JOSÉ ANTONIO TORREALBA LEDEZMA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.299.269, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano: FABIO EDGAR ROMERO DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.695.599, contra los ciudadanos OSCAR RAFAEL ROMERO RIVAS y DAMELIS HIDROGO, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad N°. V- V-10.061.508 y V-11.448.342, respectivamente y de este domicilio.-

Seguidamente, en fecha 23 de junio del 2.010, se recibe por distribución la demanda y se admite por auto de fecha 30 de del mismo mes y año, ordenándose la citación de los ciudadanos: OSCAR RAFAEL ROMERO RIVAS y DAMELIS HIDROGO, ut supra identificados, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia de autos de la última citación que se haga, a fin de que de contestación a la demanda.-

En fecha 02 de julio del 2.010, comparece ante el Tribunal el abogado ciudadano: JOSÉ ANTONIO TORREALBA LEDEZMA, con el carácter de autos, a los fines de consignar los EMOLUMENTOS para la práctica de la citación de la parte demandada.-

En fecha 21 de julio del año 2.010, la alguacil VIRGINIA NAVARRO, da en cuenta al Tribunal que se traslado a practicar la citación de los ciudadanos: OSCAR RAFAEL ROMERO RIVAS y DAMELIS HIDROGO, los cuales no se encontró en el lugar.-

En fecha 26 de julio del 2.010, el abogado en ejercicio JOSÉ ANTONIO TORREALBA LEDEZMA, comparece ante este Tribunal para solicitar que se libre CARTEL DE CITACIÓN. Siendo este acordado en fecha 29 de julio del 2.010.-

En fecha 22 de septiembre del 2.010, el abogado en ejercicio JOSÉ ANTONIO TORREALBA LEDEZMA, comparece ante este Tribunal en su condición de apoderado judicial de la parte actora, para consignar publicación de carteles de citación.-
En fecha 04 de octubre del 2.010, el secretario deja constancia que se traslado a fijar cartel de citación en la morada de los demandados.-
En fecha 08 de noviembre del 2.010, el representante judicial de la parte demandante solicita la designación de defensor judicial en el presente juicio. Cumplidas las formalidades de ley, procede el defensor judicial a contestar la demanda en fecha 11 de febrero del 2.011.-
En fecha 17 de febrero del 2.011, comparece la ciudadana DAMELIS MARINA IDROGO DE ROMERO, debidamente asistida por la abogada MILAGRO FARIÑAS y procede a contestar la demanda.-
En fecha 10 de marzo del 2.011, la ciudadana DAMELIS MARINA IDROGO DE ROMERO, confiere poder apud acta a los abogados en ejercicio MILAGRO FARIÑA, BLANCA ROJAS, SOLANGE MARCANO y OSMAL BETANCOURT.-
En fechas 15 y 16 de marzo del 2.011, ambas partes hicieron uso de su derecho de probar.-
En fecha 30 de junio del 2.011, el Tribunal procede a suspender el asunto hasta tanto curse en autos, el agotamiento de la vía administrativa que establece la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda.-
Ahora bien, observa este Tribunal que en el presente juicio han transcurrido más un (1) año, sin que la parte demandante haya efectuado acto de procedimiento alguno, es por lo que esta Juzgadora pasa a decretar la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, bajo las siguientes consideraciones:
ÚNICA
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandante.

3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes…” o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”. (Subrayado Nuestro).-
Por otra parte, dispone el artículo 269 ejusdem, que: “La perención se verifica de derecho…. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
En virtud de tales normas, se puede observar que la regla general en materia de perención, es que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención.-
La Enciclopedia Jurídica Opus, define la perención como: “la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo”. Y su finalidad se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, de la forma siguiente: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso”.

En este sentido, el Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala: “Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”

De esta manera, tenemos que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.-

Nuestra Ley Adjetiva Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, solicitud o impulso, cuando alguna disposición exige que el juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieran realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina que la perención se verifique de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado señala, “La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquel debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga” (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil).-

Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal de la República, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de junio de 2.001, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha apuntado en relación a la perención de la instancia, lo que de seguidas se copia en extracto:

“(…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. (…) por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad especifica en determinados plazos (caso del articulo 354 del código de procedimiento civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del código de procedimiento civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. (…) También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el articulo 271 del código de procedimiento civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden publico, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el articulo 271 del código de procedimiento civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden publico, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menos, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, p que, los derechos alimentarios del menor –por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo por noventa días…”

Así las cosas, tenemos que el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé para los casos de inactividad procesal, la sanción de perención de la instancia cuando tal inactividad sea de un (1) año.-

Ahora bien, en el caso de marras la inactividad de la parte accionante superó el año requerido por el legislador, para, vale decir, desde el día 12 de abril de 2.016, hasta los actuales momentos, situación está que hace procedente la Institución de la Perención de la Instancia. Y así se decide.-

DECISIÓN

En fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con los artículos 267.1 y 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por haber transcurrido más de un (01) año sin que la parte impulsara el proceso, conforme a lo previsto en el en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia de la anterior declaratoria, no hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-

En virtud de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria a publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, asimismo se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará el archivo del presente expediente.-

Publíquese. Diaricese. Regístrese. Déjese copia para el copiador de sentencias.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la ciudad de Maturín, a los veintiuno (21) día del mes de septiembre del año 2.018. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.-
LA JUEZA SUPLENTE,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.

EL SECRETARIO TEMPORAL

ABG. MARTIN MORILLO

Siendo las 11:00 a.m. se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.-

EL SECRETARIO TEMPORAL

ABG. MARTIN MORILLO

EXP. 10.484-
ABG: NRR/>>>.-