REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 6 de agosto de 2019
209º y 160º
Asunto: AP41-U-2011- 000075 Sentencia N° 030/2019
Tipo: Interlocutoria
El 22 de febrero de 2011 las abogadas Rebeca Catan y Sulirma Vallenilla de Navarro, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 23.221 y 23.462, en ese orden, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad de comercio DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del ahora Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 10 de enero de 1973, bajo el N° 5, tomo 18-A, representación que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda del 20 de enero de 2010, inserto bajo el Nº 31, tomo 7; interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recurso contencioso tributario contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI CERC/DJT/2010/0186-5215 del 23 de noviembre de 2010 emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado el 3 de octubre de 2008, y confirmó la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios Nº SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/842 de fecha 1° de agosto de 2008 dictada por la División de Recaudación de la indicada Gerencia, en la que se le impuso multas por incumplimientos de deberes formales en materia de retenciones de impuesto al valor agregado durante las quincenas de los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2004; abril de 2005; junio de 2006; junio de 2007; y enero, febrero y marzo de 2008, por la cantidad total de cinco mil cuatrocientos diez coma seis unidades tributarias (5.410,06 U.T.), y se liquidó intereses moratorios por la cifra de bolívares siete mil setecientos sesenta y uno con veinte nueve céntimos (Bs.7.761,29).
Previa distribución, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Superior, por lo que se le dio entrada el 23 de febrero de 2011, ordenándose las notificaciones de Ley.
Después de sustanciarse el expediente, el 22 de mayo de 2012 este Tribunal dictó sentencia N° 0040/2012 en la que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario.
En fecha 11 de octubre de 2012 la representación judicial de la República apeló de la mencionada decisión y, por auto del 1° de noviembre del mismo año este Tribunal oyó la apelación en ambos efectos y remitió la presente causa a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
El 11 de octubre de 2016, se recibió la resulta de la mencionada apelación por medio del Oficio N° 2894 de fecha 28 de septiembre del mismo año, emitido por la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal, en el que consta -entre otros- la decisión Nº 00346 del 5 de abril de 2016, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso tributario.
Mediante diligencia presentada el 30 de julio 2019, la abogada Clarissa Barbarito, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 209.986, actuando con el carácter de abogada sustituta de la Procuraduría General de la República por Órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), requiere lo que de seguidas se transcribe:
“(…) solicito la remisión del Expediente (…) a la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital -Plaza Venezuela- del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con el objeto de proceder al cobro ejecutivo conforme a lo previsto en el artículo 288 del Código Orgánico Tributario de 2014. Es Todo.”.
Ahora bien, este Tribunal pasa pronunciarse en los términos siguientes:
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 del 18 de noviembre de 2014, dispone en su artículo 290 lo que a continuación se cita:
“Artículo 290. El cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como la ejecución de las garantías constituidas a favor del sujeto activo, se efectuara conforme al procedimiento establecido en este Capítulo.
La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias, corresponde a la Administración Tributaria.
El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación se suspenderá únicamente en los casos previstos en este Código.
El inicio del procedimiento de cobro ejecutivo previsto en este Código, genera de pleno derecho, el pago de un recargo equivalente al diez por ciento (10%) de las cantidades adeudas por concepto de tributos, multas e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen durante el procedimiento de cobro ejecutivo.”.
Nótese de la disposición anterior que la competencia para iniciar e impulsar el procedimiento de cobro ejecutivo y la ejecución de las garantías a favor del sujeto activo corresponde ahora a la Administración Tributaria.
Bajo tal circunstancia, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 00543 de fecha 14 de mayo de 2015, caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C. A., señaló lo siguiente:
“… corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente. Por lo tanto, esta Sala advierte la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenida mente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.” (Destacados de la sentencia).
De acuerdo con lo expuesto en líneas precedentes, este Superior Juzgado declara la falta de jurisdicción en la presente causa y ordena remitir el expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de que la misma inicie el procedimiento respectivo. Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa, interpuesta por la contribuyente DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., para iniciar e impulsar el “Cobro Ejecutivo” y todas sus incidencias.
Se ORDENA remitir el expediente judicial a la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), a los fines de que inicie el procedimiento de cobro ejecutivo.
Publíquese, regístrese y líbrese oficio.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (6) día del mes de agosto del dos mil diecinueve (2019). Año 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
El Juez,
Néstor Luís Correa Vielma La Secretaria,
Ana Alexandra González Launsett
La anterior decisión se publicó en la señalada fecha, a las once y veinticinco de la mañana (11:25 a.m.).
La Secretaria,
Ana Alexandra González Launsett
NLCV/ALGL/LAM
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