TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

SOLICITANTES: MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de la cédula de identidad Nosº V- 17.922.451 y V- 13.599.778, respectivamente.-

APODERADO JUDICIAL DE LOS SOLICITANTES: MARIA JOSE FARIAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 232.862.-

MOTIVO: EXEQUÁTUR
Exp. Nº: AP71-S-2019-000012

I.- DE LA PRETENSIÓN.-
Mediante escrito presentado en fecha 19.03.2019, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, asistidos por la ciudadana MARIA JOSE FARIAS, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 232.862, solicitaron la admisión del procedimiento de Exequátur, esto para que la Sentencia de divorcio de mutuo acuerdo dictada el 21.06.2018, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA, N° 838/2018, posea eficacia y fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela.
II. ACTUACIONES EN ESTA INSTANCIA.-
Conoce éste Tribunal la solicitud de Exequátur interpuesta por los ciudadanos MARIA MANUELA SANZ GOMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, asistido por la ciudadana MARIA JOSE FARIAS, de la sentencia que declaró divorcio de mutuo acuerdo de los cónyuges formado por MARIA MANUELA SANZ GOMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA, en fecha 21.06.2018, quienes contrajeron matrimonio civil en fecha 23.10.2009, por ante el Registro Civil del Municipio El Hatillo, del estado Miranda.
Cumplida la distribución legal, le correspondió el conocimiento del asunto a éste Juzgado Superior Primero quien por auto de fecha 10.05.2019 (f. 26) le dio entrada, y admitió dicha solicitud en cuanto ha lugar de Derecho, ordenándose notificar al Fiscal del Ministerio Público de turno de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 20.06.2019, el Alguacil Temporal de éste Tribunal, ciudadano ROBERTO QUINTERO, dejó constancia de haber entregado la notificación ordenada al Fiscal de Turno del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue debidamente recibida.
En fecha 28.06.2019, el ciudadano VICTOR JOSÉ SÁEZ GUAITA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino Centésimo Octavo, manifestó no tener objeción alguna a este procedimiento de Exequátur.
Éste Tribunal Superior Primero pasa a decidir dicha Solicitud, bajo las siguientes consideraciones:

III. MOTIVACIONES PARA DECIDIR.-
* De la Competencia de Este Tribunal Superior.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el 06 de febrero de 1999, las normas del Código de Procedimiento Civil, que regulaban este aspecto quedaron parcialmente derogadas. En efecto, los requisitos de fondo para la eficacia de los actos emanados de las autoridades extranjeras se encuentran previstos en el Capítulo Décimo, artículos 53 al 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En cuanto a la tramitación del Exequátur, esto es, su aspecto adjetivo, se encuentra regulado en los artículos 852 al 856 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo ello así, debe atenderse a lo previsto en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, la referida norma dispone lo siguiente:
Artículo 856: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables”.

En línea con lo expuesto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en reiterada Jurisprudencia, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de Octubre de 1999 y 6 de Agosto de 1997, que lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso es lo que a continuación se expresa: “... no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las ‘partes’ en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte ‘condenatoria’ o ‘absolutoria’ de una de ellas…” (SPA, 06 de agosto de 1997, caso: Nací Yanette Mejía Chacón vs. Horst Herrmann)”.
En razón de ésta disposición, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no Contencioso.
Es en este último aspecto, donde se evidencia el carácter no contencioso de la disolución del matrimonio declarado por la sentencia de divorcio, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA en fecha 21.06.2018, constatándose de dicho procedimiento que su naturaleza jurídica no es contenciosa, pues no se verificó del fallo elementos de contradicción alguno, el cual se sustentó en el hecho de que los ciudadanos MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, solicitaran de mutuo acuerdo el divorcio, siendo entonces el caso que nos ocupa evidentemente de carácter no contencioso, en consecuencia éste Tribunal Superior se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur. ASÍ SE ESTABLECE.
** Del Análisis de la Pretensión Interpuesta
Observa ésta Superioridad que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, derogatorio de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, respecto a los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, expresamente señala: “Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1) Que hayan sido solicitadas en materia Civil o Mercantil o, en general, en materia de Relaciones Jurídicas Privadas;
2) Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3) Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;
4) Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capitulo IX de esta Ley;
5) Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6) Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tanga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera”.

Con vista a lo anteriormente trascrito, éste Tribunal pasa a verificar los requisitos correspondientes para la procedencia al presente proceso, previsto en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado contenido en la mencionada sentencia, al respecto se observa:
1.- Que la sentencia de fecha 21.06.2018 emanada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA, versa sobre la disolución de un vínculo matrimonial, es decir, una sentencia de divorcio, la cual constituye materia de naturaleza Civil, cumpliéndose en ese sentido el primer extremo de dicho artículo.
2.- La sentencia en comento tiene fuerza de Cosa Juzgada de acuerdo con la legislación de la CIUDAD DE BARCELONA DEL REINO DE ESPAÑA vale decir, tiene plena firmeza, dándose de esta manera el segundo extremo del artículo 53 eiusdem.
3.- Que del contenido de la sentencia no se observa que hayan estado en reclamación derechos reales referidos a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual se cumple el tercer extremo fijado en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
4.- Que en el presente caso no observa esta Juzgadora, que con la sentencia objeto de Exequátur, se le haya arrebatado a la República Bolivariana de Venezuela la jurisdicción para conocer del asunto bajo análisis, por cuanto para la fecha en que fue dictada la sentencia por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA, los ciudadanos MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, tenían su residencia en la CIUDAD DE BARCELONA DEL REINO DE ESPAÑA, con lo que efectivamente se encuentra satisfecho el extremo del mencionado artículo 53 ibidem, pues el Tribunal que dictó la sentencia tenía jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo a la legislación del CIUDAD DE BARCELONA DEL REINO DE ESPAÑA, principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de las tantas veces mencionada Ley de Derecho Internacional Privado.
5.- Constata ésta Juzgadora, que en el presente proceso se evidencia el cumplimiento del requisito, referido a la citación de las partes, ello, en primer lugar, en virtud de que fue de mutuo acuerdo el Divorcio y en segundo lugar, porque se evidencia de la sentencia que en todo momento los cónyuges manifestaron su voluntad de separarse sin posibilidad alguna de unirse nuevamente.
6.- Observa éste Tribunal que no consta ni se desprende de autos que, la sentencia debidamente apostillada, sea incompatible con sentencia de data anterior que tenga autoridad de Cosa Juzgada, ni que se encuentre pendiente en los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, algún juicio o demanda referidos al mismo objeto y personas, iniciado previamente al dictamen de la sentencia extranjera cursante a los autos del expediente, traducida por interprete público.
7.- Esta Superioridad considera que la referida sentencia, objeto de la solicitud de exequátur, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley Venezolana, ya que el proceso se manejó por mutuo acuerdo, motivo que contempla nuestra legislación Civil para la declaratoria de divorcio en el artículo 185 del Código Civil, al haberse iniciado por solicitud de Divorcio.
En este sentido, considera éste Tribunal que la sentencia extranjera de fecha 21.06.2018, reviste las formalidades necesarias para ser considerada auténtica en la CIUDAD DE BARCELONA DEL REINO DE ESPAÑA y se encuentra debidamente apostillada, la cual cumple con los extremos exigidos en el Convenio de La Haya de fecha 05.10.1961, que la hace válida en Venezuela, según se desprende del documento inserto a los autos.-
Constata éste Tribunal Superior Primero, que cumplidos como se encuentran en el presente caso bajo estudio, los extremos consagrados en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, debe ésta Superioridad declarar el pase en autoridad de Cosa Juzgada a la sentencia de Divorcio emanado del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA en fecha 21.06.2018, entre los ciudadanos MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, para que surta sus efectos legales dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECLARA.
IV.- DISPOSITIVA.-
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: Se concede EFICACIA EN SU TOTALIDAD Y FUERZA EJECUTORIA en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de fecha 21.06.2018, emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE BADALONA ESPAÑA, mediante la cual declaró la disolución del matrimonio formado por MARIA MANUELA SANZ GÒMES y EDUARDO ARMAS JERONIMO, ambos identificados en autos, quienes contrajeron matrimonio, ante el Registro Civil del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, quedando insertada la referida acta de matrimonio bajo el N° 297 de fecha 23 de Octubre del 2009.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los ______________________ días del mes de ¬_________________ de dos mil Diecinueve (2019). Años 209º de y 160º
LA JUEZ,

DRA. INDIRA PARÍS BRUNI.

EL SECRETARIO,

ABG. JHONME R. NAREA TOVAR.

En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo, siendo las diez y veinte minutos de la mañana. (10:20 a.m).
EL SECRETARIO,

ABG. JHONME R. NAREA TOVAR.

IPB/JNT/hector g
Exequátur/Def.
Materia: Civil
Exp. Nº AP71-S-2019-000012