REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas Maturín, diez (10) de diciembre de 2019 209° y 160° ASUNTO: NP11-R-2019-000028 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA Sube a esta alzada el presente asunto contentivo del recurso de apelación, ejercido por el abogado José Armando Sosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.464, en su carácter de apoderado judicial de la entidad de trabajo Baker Hughes Venezuela, sociedad en comandita por acciones, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de fecha 14 de noviembre de 2019, que declaró con lugar la demanda por cobro de beneficios laborales interpuesta en contra de su representada, por los ciudadanos Diógenes Castro, Leandro Jesús Muñoz Díaz, Jonattan Lira, Oscar Ulises Jiménez Sosa, Nayibeth Muñoz Zaragoza, Darling del Carmen Millán González, Joel Núñez Rivero y Ramón Agustín Hernández, Víctor Ceferino Figueroa Sarabia, Angel Gabriel Acero Calanche, Lisandro José Paredes Lara, Ronald Alberto Urbáez Chirinos y Juan Alberto Urbáez, titulares de las cédulas de identidad números 9.902.601, 10.110.748, 11.780.590, 16.064.471, 13.589.410, 14.338.990, 13.249.353 y 12.013.942, 4.913.199, 16.325.740, 11.338.265, 17.124.674 y 3.488.276, respectivamente. En fecha 26 de noviembre de 2019, recibe este juzgado superior el presente asunto y por auto de esa misma fecha, fija la oportunidad para que tenga lugar la audiencia oral y pública, al cuarto (4°) día de despacho siguiente a las once de la mañana (11:00 a.m.), la cual fue celebrada en fecha 02 de diciembre de 2019, dejándose constancia mediante acta de la comparecencia al acto tanto de la parte recurrente como de la parte actora. En su oportunidad quien decide procedió a dictar en forma oral el dispositivo del fallo y pasa a reproducir el mismo en los siguientes términos: Alegatos de la parte demandada recurrente. La representación judicial de la parte actora recurrente, pasó a fundamentar el motivo de su apelación indicando que comparecen ante esta instancia, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Quinto en primera instancia para el caso de los trabajadores ya previamente nombrados. Que no han ocurrido por la justificación de la incomparecencia, sino que lo han hecho dada la jurisprudencial sobre Coca-cola Fensa, Vepaco, pacífica y reiterada donde se puede alegar la situación que sea contraria a derecho, la petición de la demanda o incluso el pago liberatorio. Que la demanda es contraria a derecho, por cuanto la misma no debe proceder conforme a la ley; sino que además hay pago liberatorio en algunos de los demandantes. Alega, que no existe la posibilidad de que se aplique la consecuencia jurídica contenida en el artículo 131, de la admisión de los hechos, porque básicamente la demanda se fundamenta en que se apliquen un complejo de situaciones establecidas en un acuerdo, referido a un pliego de peticiones que se realizó por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, que se originó como un pliego conciliatorio en el año 2011 y que luego se convirtió en un pliego conflictivo, el cual tuvo un acuerdo final, después de varios acuerdos parciales en el año 2013. Que los demandantes solicitan simplemente que se les aplique como norma el acuerdo alcanzado. El recurrente indica, que no cree en que para este caso, la admisión de los hechos deba tener consecuencia jurídica, porque en realidad no se está afirmando ningún hecho; sino lo que se pide como norma es que se aplique un acuerdo alcanzado entre las partes. También añade que no procede porque allí se establecieron quienes eran los trabajadores que tenían que recibir los conceptos que se ofrecieron pagar, lo cual era $1.000, 00 dólares por persona por año hasta esa fecha. Que se estableció una diferenciación que no es un concepto vacio; sino que tiene un contenido, una caracterización que es el hecho que tiene los trabajadores en una situación similar. Que muchos de los trabajadores que estuvieron solicitando el pliego, no terminaron en la firma del acuerdo final, porque e bien desistieron o hubo un acuerdo parcial, y adicionalmente no le es aplicable a otros trabajadores que no estuvieren en esa situación similar por ocasiones del cargo, como lo es al administrativo, a los trabajadores que no estuvieren en funciones operativas fuera de la base, a los trabajadores que no fueran a campo, a los trabajadores que estuvieren en labores de mantenimiento o de jardinería en la empresa, no les aplica. Que el concepto es que se debe demostrar esa situación similar. Que la empresa en su momento por decisión propia, estableció quienes eran los trabajadores que debían recibir, ya que por su puesto se trataba de una coalición de trabajadores y no de una discusión de un contrato colectivo, no es acuerdo de normativa laboral, punto éste -a su decir- debe considerase, pues se trató de una petición por una coalición de trabajadores determinada. Que conforme a la ley orgánica del trabajo y su reglamento, y conforme a la jurisprudencia que pacíficamente a regulado esto, eso sólo beneficia a los trabajadores que estuvieron en la coalición y ni siquiera a todos los allí estuvieron; sino a los trabajadores que tuvieren una relación de trabajo vigente al momento de la firma del acuerdo. Que independientemente de las consecuencias del artículo 131, y de su incomparecencia, es carga de los trabajadores demostrar que están en el supuesto de hecho, por cuanto eso no se modifica por la incomparecencia; siendo que así lo ha dicho la Sala Constitucional, todo en cuanto en casos procesales, si usted no acude y la demanda no debe proceder y no le es aplicable o no es sujeto de eso, la demanda no debe proceder. De otra parte procedió el recurrido en señalar que, también han hecho pagos y acuerdos en los casos de Darwin Millán, Nayibeht Muños y con Diógenes Castro, y consta en el escrito de apelación los pagos realizados. Menciona que a la Señora Nayibeht Muños, se le pago la cantidad de $32.189, 12 dólares, y pide en esta demanda $7.000, 00, dólares y se le ha pagado tres veces eso, consta en documento original firmado por la trabajadora. Que al ciudadano Darwin Millán, se le pagó una bonificación por egreso de $18.516,66 dólares consta al anexo C, producido en escrito de apelación. Y que teniendo una cosa juzgada proveniente de la bonificación de egreso; se pueda establecer que por una incomparecencia deba decirse que tiene razón el demandante. Por último, procede en señalar, -pide se resuelva en esta instancia-, y es que la sentencia comete un error, que como la demanda está basada o cuantificada en moneda en extranjera, condena en moneda extranjera y ordena hacer una indexación conforme a los Índices de Inflación del Banco Central de Venezuela y además ordena el pago de intereses moratorios y conforme a jurisprudencia que regulan la materia, se establece que si Usted tiene una obligación que pagar, por supuesto no debe pagarse en razón a una relación nominal, por cuanto en un país inflacionario se ajustar el valor. Pide se declare sin lugar la demanda. Alegaciones del recurrido. Alega la representación judicial de los accionantes, que si bien no interpusieren recurso de apelación alguno, toda vez que, se encuentran conformes con la decisión dictada en primera instancia, siendo que la misma declaró con lugar la demanda ejercida, tiene algunos razonamientos a expresar: En primer lugar –dice-, el recurrente apela al acta de admisión de los hechos de fecha 07 de noviembre del año 2019, que en dicha acta se declara la admisión de los hechos, y esa acta es de carácter inapelable por tratarse de un acata de mero trámite. Y señala, que así lo ha establecido la jurisprudencia. En segundo lugar, indica que, el recurrente, no señala el caso fortuito, o causa mayor, el hecho del príncipe o causa ajena no imputable a las partes que sea previsible pero no evitable por las cuales no compareció a la audiencia preliminar y en ese sentido –dice- que el fundamento presentado carece de validez, pues, debió el recurrente centrarse en demostrar las causas de su incomparecencia a la audiencia. De otra parte advierte, que el recurrente procedió en señalar que los accionantes no son beneficiarios del pliego que se inició en la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, y que culmina con la decisión de la Inspectoría del Estado Delta Amacuro, en fecha 20 de junio del año 2013, y sobre ello alega: que en fecha 02 de junio del año 2010, el sindicato que representaba a los trabajadores interpone ante el Ministerio del Trabajo del estado Monagas un pliego de peticiones con carácter conciliatorio en contra de la empresa BJ Services, hoy día Baker Hugges, relacionado a unas reclamaciones sobre conceptos laborales los cuales no fueron cancelados a sus representados a lo largo de la relación laboral a falta de la aplicación de Convención Colectiva Petrolera y entiéndase estos conceptos como: tiempo de viaje, bono nocturno, horas extras, ayuda de ciudad y utilidades. Menciona, que mal puede señalar el recurrente que sus representados no son acreedores del beneficio alcanzado por más de tres años de negociaciones y discusiones entre las partes, quienes finalmente a fin de llegar a un acuerdo, se acuerda un pago de $1.000, 00 dólares por año, para todos los trabajadores que se encontraren en situación similar; y dicho pago debe considerase como una indemnización retroactiva por los conceptos dejados de percibir a lo largo de la relación laboral. Que la Prescripción no opera por cuanto el acta que contiene el pago que debe realizarse, no contempla limite sobre a quien deba pagarse y a quién no. Que los trabajadores que prestaren servicios en los años del 2000 al 2013, son acreedores de dicho pago, y el acta es clara respecto de ello. Que los pagos realizados a los trabajadores, nada tienen que ver con la reclamación. Por último consideró la representación judicial de los accionantes, se tome la decisión en base a los hechos discutidos en la presente audiencia, y se declare el recurso de apelación sin lugar, por cuanto se corresponde con hechos que nada tienen con la demanda y no hay alegaciones de parte del recurrente que justifiquen su incomparecencia. Para decidir, pasa este tribunal a considerar lo siguiente: De una revisión a las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal observa lo siguiente: Trata de una demanda por motivo cobro de pasivos laborales, presentada por los ciudadanos: Diógenes Castro, Leandro Jesús Muñoz Díaz, Jonattan Lira, Oscar Ulises Jiménez Sosa, Nayibeth Muñoz Zaragoza, Darling del Carmen Millán González, Joel Núñez Rivero y Ramón Agustín Hernández, Víctor Ceferino Figueroa Sarabia, Angel Gabriel Acero Calanche, Lisandro José Paredes Lara, Ronald Alberto Urbáez Chirinos y Juan Alberto Urbáez, antes identificados, contra la empresa Baker Hughes Venezuela, sociedad en comandita por acciones, en fecha 18 de octubre del año 2017, asistidos y representados por los profesionales del derecho ciudadanos Jenny Josefina Benavides y Gustavo Alberto Mata Ruiz, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 88.358 y 52.782, en su orden; la cual es admitida a excepción de los ciudadanos Ronald Alberto Urbáez Chirinos y Juan Alberto Urbáez, en fecha el 23 del mismo mes y año, librándose exhorto para los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción judicial del estado Zulia, para la notificación de la parte demandada. En fecha 24 de octubre de 2017, la abogada Jenny Benavides, sustituye el poder que le otorgaran los co-demandantes en la persona de la abogada Brigitte Manuela Prieto Reyes, inscrita en el Inpreabogado el número 137.035 y domiciliada en Ciudad Ojeda estado Zulia y solicita sean nombradas correo especial a los fines de agilizar la notificación de la parte demandada, lo que fue acordado por el Tribunal de Primera Instancia mediante autos de fecha 25 de octubre de 2017 y 31 de enero de 2018. En fecha 1° de marzo de 2018, los abogados Jenny Benavides y Gustavo Mata, solicitan se deje sin efecto el nombramiento de correo especial y se continúe con el procedimiento para la notificación de la entidad de trabajo demanda. El 22 de marzo del mismo año, mediante diligencia, el abogado Gustavo Mata solicita copias certificadas, las cuales fueron acordadas en fecha 23 del mismo mes y año. El 10 de julio de 2019, la abogada Jenny Benavides, a través de diligencia, solicita sea ratificado el exhorto librado a los fines de la notificación de la parte demandada. En fecha 16 de octubre de 2019, el juzgado de la causa recibe las resultas de la notificación de la parte demandada. En fecha 07 de noviembre de 2019, tuvo lugar la audiencia preliminar, dejándose constancia de la incomparecencia a la misma de la parte demandada ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, publicándose la sentencia bajo estudio, en fecha 14 de noviembre de 2019, que declaró con lugar la demanda interpuesta. De manera que, constituyen estas las actuaciones más importantes que sucedieron en este expediente. DE LA SENTENCIA RECURRIDA El Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, dictó sentencia declarando con lugar la demanda interpuesta, en los siguientes términos: “Vista la presunción de admisión de los hechos, este sentenciador toma como cierto y admitido la relación de trabajo entre los ciudadanos DIOGENES CASTRO, LEANDRO JESÚS MUÑOZ DÍAZ, (…) y la demandada BAKER HUGHES DE VENEZUELA, S.C.P.A. De acuerdo a la presunción de admisión de los hechos, este sentenciador toma como cierto lo alegado por los demandantes, procediendo a realizar los cálculos por cada co-demandante. (Omisis) La sumatoria de los montos calculados arroja la cantidad de Cincuenta y Cuatro Mil Dólares americanos (US $ 54.000,00); la cual, de acuerdo a lo estipulado en la (sic) normativas legales vigentes en el país, y que se reflejaran en esta decisión, debe ser convertida en moneda de curso legal en el país, al tipo de cambio corriente en el lugar y fecha de pago…” CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Surge necesario para esta Alzada en razón de los planteamientos efectuados por la parte demandada recurrente en la audiencia oral de apelación efectuada ante este Tribunal, analizar previamente, el alegato esgrimido sobre la perención de la instancia. La perención de la instancia, figura jurídica contenida en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patria, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la citada Ley adjetiva. A ese respecto establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente: Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. En virtud de lo anterior, la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá declarar consumada la perención- bien sea de oficio o a instancia de parte-, excepto en aquellos casos en los cuales corresponda al juez emitir un pronunciamiento, tales como admisión de la demanda, la fijación de una audiencia y admisión de pruebas. En efecto, el análisis del contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite establecer que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia, en los lapsos procesales establecidos; en consecuencia, el abandono del juicio por las partes procesales lleva a concluir que éstas, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio...”. Del criterio up supra se interpreta que el legislador expresamente ha querido sancionar esa inactividad procesal en que incurre la parte accionante por un periodo determinado, habida cuenta que, en muchas ocasiones, se da inicio a un juicio, empero, no se procura darle el debido impulso a fin de su efectiva conclusión. Así las cosas, sobre la perención de la instancia indica la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en sentencia No 909/2004, donde se sentó que mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendentes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponda exclusivamente al juez. De este mismo modo, en decisión de fecha 1° de junio de 2001 de la Sala Constitucional (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero) en la que se dijo que la perención por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra, que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo dicha inactividad. Por lo que puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en el lapso legalmente establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una actuación procesal, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). En el caso de autos, la parte demandante interpone demanda por cobro de pasivos laborales, en contra de la entidad de trabajo Baker Hughes Venezuela, sociedad en comandita por acciones, que fue recibida por el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en fecha 18 de octubre de 2017, la cual fue admitida el día 23 del mismo mes y año. Ahora bien, de una revisión de las actuaciones que cursan en el presente expediente, vistas y estudiadas éstas, observa esta juzgadora que la causa se encontró inactiva desde el día primero (1°) de marzo de 2018, fecha en la cual solicita deje sin efecto el nombramiento de correo especial y se proceda a practicar la notificación de la parte demandada, siendo la siguiente actuación – que implicara impulso procesal – en fecha 10 de julio de 2019, cuando solicita sea ratificado el exhorto librado para tal fin. Siendo que la perención un instituto de naturaleza procesal, que sanciona la actitud omisiva y pasiva de las partes cuando, teniendo que cumplir ciertas cargas procesales indispensables para el desarrollo del proceso, se abstiene de ejecutarlas al indefectible transcurso del tiempo (1 año). Institución esta que como se ha sostenido jurisprudencialmente se verifica de pleno derecho y no es renunciable por las partes y, puede ser declarada aun de oficio por el tribunal, en aras de evitar que los juicios permanezcan sin impulso procesal de manera indefinida; con lo que se persigue se disminuyan los casos de paralización de las causas durante largos períodos, para con ello favorecer la celeridad procesal, ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil (Vid. s. S.C. n .º 1828/ 2007). Cuya declaratoria como lo ha referido la Sala Político Administrativa, es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines (vid. sentencia no 546 del 28 de abril de 2011, caso: Municipio Cabimas del Estado Zulia). Entendido así, al constituir el proceso un instrumento fundamental para la realización de la justicia y es obligación del Estado que los órganos jurisdiccionales impartan justicia de forma transparente (ex artículos 257 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), la perención de la instancia se configura cuando se dan los supuestos que establece la ley (artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), por tanto, debe declararse con independencia de si quien solicita su declaratoria es o no parte, ya que ésta se verifica de pleno derecho o incluso puede ser declarada de oficio por el juez. (S.C. Nº 1.438 del 30 de julio de 2004). De conformidad con lo antes expresado, debe acotarse que la perención de la instancia, requiere como supuestos de procedencia, que concurran los siguientes requisitos: i) uno objetivo, como es la inactividad de las partes, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; ii) otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, iii) la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año. Así, con respecto a la institución de la perención, debe indicarse que la misma se verifica por la ausencia de actuación de la parte, que implique impulso procesal, por el transcurso de determinado período, que trae como consecuencia la extinción de la instancia, por lo que, esa condición objetiva constituida por el transcurrir del tiempo, bastaría por sí sola para que produjera la extinción anormal del proceso, sin embargo, al ostentar la perención el carácter de orden público, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional, su procedencia debe someterse a una evaluación de las circunstancias fácticas del caso concreto, en virtud que, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva y en atención a la finalidad del proceso, delimitada a aquellos eventos de inactividad para los cuales la ley tenga prevista dicha consecuencia jurídica, ello, con el objeto de verificar su procedencia y no ordenar la reposición inútil de una causa, en franca contravención a lo establecido en el artículo 257 del texto constitucional, pues si bien el decreto de perención procede de oficio o a solicitud de parte, también es cierto que lo que se pretende con tal institución procesal es evitar la pendencia indefinida del proceso. Conteste con lo antes expuesto, a efectos de determinar el inicio del cómputo del término de inactividad se debe tener en cuenta la última actuación procesal, que supere con creces el lapso legalmente establecido, ya que dicha sanción es de carácter objetivo, puesto que para su declaratoria el juzgador se limita al cotejo entre dos fechas, la de la última actividad y el transcurso de un año, cuyo impulso procesal corresponde al juez. Por lo que ante la inactividad de las partes en el lapso de un año, en los términos expresados, el juez debe declarar de oficio o a instancia de parte, la perención. Por tanto, al no realizar la parte demandante durante más de un (1) año, acto, diligencia o solicitud que procurara la prosecución del juicio, durante el lapso comprendido entre el 1° de marzo de 2018 y 10 de julio de 2019, denota su desinterés, pues no reveló el ánimo de que el proceso siguiera su curso normal en la primera instancia. En consideración a todo lo antes expuesto, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio operó indefectiblemente la perención de la instancia, en virtud del transcurso del tiempo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin que se hubiere realizado en el proceso algún acto capaz de impulsarlo hacía su culminación, es más, lo que se evidencia es un evidente abandono del proceso por parte de los demandantes, por lo que no le queda otra alternativa a este Juzgado que declarar la perención de la instancia en el presente causa, por tanto, al haber operado de pleno derecho dicha sanción procesal, resulta procedente la delación de la parte demandada recurrente y como consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación ejercido. Así se decide. DECISIÓN Por las razones anteriores este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de fecha 14 de noviembre de 2019. SEGUNDO: PERENCION DE LA INSTANCIA, de la demanda interpuesta por los ciudadanos Diógenes Castro, Leandro Jesús Muñoz Díaz, Jonattan Lira, Oscar Ulises Jiménez Sosa, Nayibeth Muñoz Zaragoza, Darling del Carmen Millán González, Joel Núñez Rivero y Ramón Agustín Hernández, Víctor Ceferino Figueroa Sarabia, Angel Gabriel Acero Calanche, Lisandro José Paredes Lara, contra la entidad de trabajo Baker Hughes Venezuela, S.C.P.A. Particípese de la presente decisión al Tribunal a quo. Líbrese oficio. Se advierte a las partes que el lapso para ejercer el recurso pertinente, comenzará a transcurrir a partir del primer día hábil siguiente a la publicación de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen en su oportunidad. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación. Publíquese, regístrese y déjese copia. La Jueza, Abg. Xiomara Oliveros Zapata. La Secretaria, Abg. Carmen Milagros Rojas. En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. se dictó y publicó la anterior decisión. Conste. La Sctria. Abg. Carmen M. Rojas.