TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO ÙNICO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 21 de Enero de 2019
208° y 159°
CAUSA: EA-3083-16.
JUEZA: ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA.
SECRETARIA: ABG. CHAYNA ALVAREZ.
FISCAL 17° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. FLORALBA SALAZAR.
DEFENSA PÚBLICA 5ª: ABG. EDILIA AVILA.
SANCIONADO: L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA).
DELITO: ROBO AGRAVADO.
ASUNTO: PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIBERTAD ASISTIDA Y REGLAS DE CONDUCTA.

Atendiendo a la garantía dispuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativa al ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y garantías establecidos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral del Estado, la Sociedad y la Familia, a la cual quedan obligados desde el momento de su concepción; y por cuanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere jerarquía constitucional a los principios y normas contemplados en referida Ley especial, y toda vez, que entre las atribuciones que le corresponden a este Tribunal de Ejecución se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que las ordena y decretar el cese de las mismas cuando corresponda, es por lo que este Juzgado de Ejecución, efectúa análisis detenido al presente atado documental, en orden a emitir el pronunciamiento de ley, del cual se observa:
En fecha 27/10/2016 el Tribunal Segundo (2°) de Control de esta Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, declara penalmente responsable al ciudadano L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA), por la comisión del delito ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal. Imponiéndole la sanción PRIVACION DE LIBERTAD, por el lapso de DOS (2) AÑOS, motivo por el cual, mediante auto de fecha 14/11/2016 queda firme la sentencia, y ordena la remisión de la causa a este Tribunal Ejecutor.

En fecha 17/11/2016, ingresa la presente causa seguida a L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA), al Tribunal Único de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal y en ocasión a eso, se dicta el auto de ejecución de medidas el 22/11/2016, el cual fue impuesto en fecha 13/12/2016.
En fecha 29/11/2017 se celebra audiencia en la cual se revisa la medida PRIVACION DE LIBERTAD, y se ordena su sustitución por las sanciones REGLAS DE CONDUCTA y LIBERTAD ASISTIDA, por el tiempo OCHO (8) MESES Y DOCE (12) DIAS.
En fecha 29/11/2018 se dicta decisión en la cual se ordena la ubicación del sancionado por incumplimiento de sanciones, no ejecutada a esta fecha.

Revisada como ha sido la presente causa, se observa que no existen constancias del acatamiento de la medida REGLAS DE CONDUCTA y en cuanto a la LIBERTAD ASISTIDA, se aprecia en el Informe procedente del programa de Libertad Asistida San José, que la interrumpió el 11/12/2017, y sumado a eso, tampoco ha sido ejecutada la ubicación de fecha 29/11/2018, por lo que dado el tiempo transcurrido, esta Decisora, procede al estudio de la normativa relacionada con la institución de la prescripción de sanciones, contenida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 616 se contempla: “Las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezara a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva, o desde la fecha en que se compruebe que comenzó en el expediente el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomara como último acto procesal, la fecha de la declaratoria de rebeldía”. (Cursivas del Tribunal).

Deviene entonces de lo anterior, que cuando se trate de sanciones que no ameritan la privación de libertad, el Juez para poder considerar la institución jurídica de la prescripción debe tomar en cuenta: a) que exista una sentencia condenatoria definitivamente firme, esto es un pronunciamiento judicial donde se hayan agotado o dejado de ejercer los recursos y por tanto ya no pueda ser impugnado; y b) que se haya verificado el decurso del tiempo ordenado como sanción más la mitad del mismo, tiempo que debe ser computado desde el día de la firmeza de la sentencia, desde la fecha de comprobación en la causa del incumplimiento, o de la declaratoria de rebeldía, si fuere el caso.

En cuanto a la prescripción se ha señalado en doctrina que constituye un modo de liberarse de una obligación por el curso del tiempo, y el tiempo para tal figura extintiva no comienza si la obligación no ha surgido. Al respecto, Mendoza Troconis, en su Curso de Derecho Penal Venezolano Parte General Tomo III, señala que...” el Transcurso del tiempo sin ejecución de lo condenado hace inútil esa ejecución....”. (Cursivas del Tribunal).

Igualmente, destaca el referido jurista, que:... “la pena tardía no tiene objeto, no es eficaz, no llena los fines buscados por la represión, se borra la necesidad de dar satisfacción al ofendido, se pierde el ansia de retribución, desaparece la importancia del delito y con ello pierde su sentido la pena”. (Cursivas del Tribunal).

De ahí, se afirma que la prescripción es un medio que extingue la ejecución de la pena, que opera cuando ha transcurrido un determinado lapso de tiempo, que previamente está establecido en la ley, sin que se haya verificado la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional a través de una sentencia firme; todo lo cual produce como efecto, la extinción para el Estado del poder de hacer efectivo el castigo al delincuente. Como en el caso de la acción penal, también la prescripción de la pena es de orden público, de allí que dadas las condiciones para que opere, es obligación del juez declararla.

En este mismo orden de ideas, el artículo 645 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prescribe: “Cumplida la medida impuesta u operada la prescripción, el juez o la jueza de ejecución deberá de oficio o a solicitud del ente público, Consejo Comunal u otra organización social, que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de la misma y en su caso, la libertad plena”. (Cursivas del Tribunal).

Asimismo, se extraen del artículo 647 de la Ley Adjetiva Especial, en su encabezamiento, las funciones del juez de Ejecución, entre las que se encuentra en el literal “h”: “Decretar la cesación de la medida”. (Cursivas del Tribunal).

Dicho lo anterior, y como quiera que el cese de las medidas está supeditado a su cumplimiento o al decurso del tiempo por el cual opera la prescripción de las sanciones, y habida consideración, que de acuerdo a lo estipulado en la norma 616 de la Ley antes mencionada, las sanciones prescriben por el transcurso del tiempo más la mitad, el cual debe ser contado desde el incumplimiento de la sanción o desde el día en que se declaro firme la sentencia definitiva (cuando no se inicio el cumplimiento).

Así las cosas, se evidencia que las sanciones LIBERTAD ASISTIDA y REGLAS DE CONDUCTA, prescriben en el tiempo de UN (1) AÑO Y DIECIOCHO (18) DIAS, ahora bien, desde la fecha 11/12/2017 (interrupción de la medida de Libertad Asistida), hasta el día de hoy, han transcurrido UN (01) AÑO, UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS, y desde la fecha de la revisión de la Privativa de Libertad, el 29-11-2017, a esta han corrido, UN (1) AÑO, UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS, tiempos ambos que superan en demasía aquellos por lo que opera la prescripción de las sanciones antes dichas, motivos por los cuales esta Juzgadora, estima que lo procedente y ajustado en derecho, es decretar, como en efecto se hace, la PRESCRIPCION Y EL CESE de las medidas REGLAS DE CONDUCTA y LIBERTAD ASISTIDA, que pesan, sobre el ciudadano L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA); motivos por los cuales se decreta la libertad plena al ciudadano L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA), librándose la boleta correspondiente. Dado lo antes resuelto, se ordena dejar SIN EFECTO LA ORDEN DE UBICACIÓN N° 231-18, de fecha: 29/11/2018, mediante oficio N° 2412-18, por lo que se ordena remitir la causa al Archivo Central para su Archivo Definitivo; y así se decide.
DISPOSITIVA
Por todas las razones anteriormente señaladas, este Tribunal Único de Ejecución de la Sección Penal de la Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta la PRESCRIPCION Y CESACION de las medidas de LIBERTAD ASISTIDA y REGLAS DE CONDUCTA, establecidas en los artículos 620, 624 y 625 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesan sobre el sancionado L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA), debido al curso de un tiempo superior al dispuesto en la Ley que regula esta materia, para que opere la prescripción de las referidas sanciones, todo conforme a lo previsto en el artículo 616 eiusdem. SEGUNDO: decreta la libertad plena al ciudadano L.A.G.G (IDENTIDAD OMITIDA), librándose la boleta correspondiente. TERCERO: ordena dejar SIN EFECTO LA ORDEN DE UBICACIÓN N° 231-18, de fecha: 29/11/2018, mediante oficio N° 2412-18. CUARTO: Se ordena remitir la causa al Archivo Central para su Archivo Definitivo. Líbrese las boletas de notificación a las partes. Diarícese. Déjese copia. Cúmplase.-
LA JUEZ,

ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA

LA SECRETARIA,

ABG. CHAYNA ALVAREZ

En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, librando las boletas de notificación Nos. 234-19 AL 236-19, los oficios Nos. 089-18 AL 091-19 y la boleta de libertad plena N° 013-19 .
LA SECRETARIA,