TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL
208° y 159°

Maracay, 21 de Febrero de 2019

CAUSA: 9C-23.953-18
JUEZ: ZORELBY MANAURE BELA.
SECRETARIO: EDMIR DÁVILA ARIAS.

FISCAL 31°: ABG. ANA OCHOA.

DEFENSA: ABG. ADRIANA VILLA y ABG. PABLO PARADAS.
ACUSADO: RAMON DE JESUS HIDALGO.
RAEMID DEL MILAGRO APONTE TABORDA.
ERIKA JOHANNA TROCEL MOLINA.
ESTALYS AMOS VILLANUEVA CORTEZ.

DELITO: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, y USO DE FACSIMIL, previsto y sancionado en el artículo 114 de la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones.

DECISION: APERTURA A JUICIO.

Se celebró la Audiencia Preliminar de conformidad con lo previsto en el Artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, con motivo de las acusaciones formulada por la Fiscal 31° del Ministerio Público, en contra del imputado 1-RAMON DE JESUS HIDALGO, titular de la cedula de identidad V-3.616.320, 2-RAEMID DEL MILAGRO APONTE TABORDA, titular de la cedula de identidad V-19.601.360, 3-ERIKA JOHANNA TROCEL MOLINA, titular de la cedula de identidad V-27.432.132, 4-ESTALYS AMOS VILLANUEVA CORTEZ, titular de la cedula de identidad V-25.684.884, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHOCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5 y 6 ordinales 1°, 2° y 3°, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El Fiscal del Ministerio Público narró los hechos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, solicitó la admisión de la acusación y ofreció las pruebas para el juicio oral y público, indicando su utilidad y pertinencia y solicitó el enjuiciamiento de los imputados, solicitando mantener la Medida decretada contra del referido ciudadano.
Los acusados:
1-RAMON DE JESUS HIDALGO, titular de la cedula de identidad V-3.616.320, de nacionalidad VENEZOLANA, de 78 años de edad, nacido en fecha 31-08-41, estado civil SOLTERO, de profesión u oficio: Indefinido, dirección: MUNICIPIO INDEPENDENCIA, CASA N° 30, SECTOR JESÚS HERNÁNDEZ, CALLE COLOMBIA, CASA N° 20, quien expuso: “No deseo declarar. Es todo”.
2-RAEMID DEL MILAGRO APONTE TABORDA, titular de la cedula de identidad V-19.601.360, de nacionalidad VENEZOLANA, de 27 años de edad, nacido en fecha 30-08-91, estado civil SOLTERO, de profesión u oficio: Publicista, dirección: CAMATAGUA, URBANIZACION LOS ROSALES, quien expuso: “No deseo declarar. Es todo”.
3-ERIKA JOHANNA TROCEL MOLINA, titular de la cedula de identidad V-27.432.132, de nacionalidad VENEZOLANA, de 20 años de edad, nacido en fecha 08-12-98, estado civil SOLTERO, de profesión u oficio: Indefinido, dirección: URBANIZACION RICARDO URRIERA, SECTOR N° 20, CASA N° 10, ESTADO CARABOBO, quien expuso: “No deseo declarar. Es todo”.
4-ESTALYS AMOS VILLANUEVA CORTEZ, titular de la cedula de identidad V-25.684.884, de nacionalidad VENEZOLANA, de 22 años de edad, nacido en fecha 31-12-96, estado civil SOLTERO, de profesión u oficio: Deportista, dirección: SIN DOMICILIO FIJO, quien expuso: “No deseo declarar. Es todo”.
SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL DERECHO DE PALABRA A LA DEFENSA ABG. ABG. ADRIANA VILLA, quien manifiesta: “Ciudadana Juez, basándonos en lo plasmado en actas, no existe el delito asociación para delinquir, ellos tres como se sabe, iban en la parte de atrás del vehículo, ellos no se conocen sino hasta encontrarse en la iglesia, es por esto que le solicito se aparte del delito de asociación para delinquir, así mismo, solicito el cambio de sitio de resolución para mi patrocinado, al centro de rehabilitación Luz y Vida, ubicado en la urbanización la Segundera, Cagua, estado Aragua, así mismo, solicito ciudadana juez, copias certificadas del acta y el auto fundada de esta audiencia. Es todo”.
SEGUIDAMENTE SE LE CEDE EL DERECHO DE PALABRA A LA DEFENSA ABG. PABLO PARADAS, quien manifiesta: “Ratifico toda y cada una de las partes del escrito acusatorio. Solicito el cambio de calificación por el delito de cómplice en el delito de robo agravado de vehículo automotor para los ciudadanos Raemid y Erika, así mismo, solicito medicatura forense al ciudadano Ramon de Jesús y a su vez, nos apegamos a la comunidad de la prueba, a su vez, solicito copias certificadas de la audiencia. Es todo”. El proceso se desenvuelve mediante actuaciones de los distintos sujetos intervinientes en el mismo, en lo respecta a los particulares, sea como parte o como tercero incidental. Dichas actuaciones deben realizarse bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas sean validas, no solo para cumplir con el esquema legal propuesto, si no para que las garantías procesales, de raíz constitucional (debido proceso, derecho a la defensa) sean cumplidas. Así, la constitución del acto que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa, la forma, satisfecho los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el ultimo los extrínsecos. De allí que, toda actividad procesal o judicial necesita para su validez llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, la estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de las cuales sean los varios tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuando se está cumpliendo con lo preceptuado por la norma, circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o validez de los actos procesales. La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que deben gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.

De igual modo, en la sentencia Nº 1100, de fecha 25 de julio de 2012, caso Edgar Brito Guedez, dispuso lo siguiente: en el proceso penal al Ministerio Publico corresponde, entre otras, la atribución de dirigir la investigación de los hechos punibles y de ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones, para buscar y asegurar los elementos de convicción y establecer la identidad plena de los autores de dichos hechos articulo 111 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

El debido proceso es el principio madre del cual dimanan todas y cada uno de los principios del derecho penal, este supone que los procesos judiciales se desarrollen con las garantías a las que alude la constitución; este proceso penal comprende un conjunto de garantías mínimas para el juzgamiento del encausado con una serie de requisitos y formas que le permitan materializar su defensa en condiciones de igualdad.

Por su parte la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de Justicia ha establecido en distintos criterios relacionados con el debido proceso lo siguiente:

“…El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran una recta y cumplida administración de justicia; la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho…”(Sentencia Nº 1655 de fecha 30/03/2007 de Francisco Carrasquero López).

“…El debido proceso debe ser entendido en el sentido de que en todo proceso deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley, de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva…” (Sentencia Nº 1654 de fecha 13/07/2005 de Luís Velásquez Alvaray)
Considerando pues que el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal faculta a los sujetos procesales intervenentes a solicitar al titular del ejercicio de la acción penal la práctica de diligencias de investigación necesarias a los fines de que acreditar sus tesis y pretensiones, debiendo la vindicta publica por auto acordar las mismas si las considera pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, debiendo constancia de su opinión en contrario.

Tal afirmación lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haciendo las siguientes aseveraciones en sentencias:

“…El COOP permite al imputado solicitar al Ministerio Publico, en la fase de preparatoria del proceso que se realicen una serie de diligencias para desvirtuar su responsabilidad penal de los hechos que se investigan (Carmen Zuleta de Merchán fecha 10/06/2010 Sent. Nro 578).

“…en ejercicio del derecho a la defensa, el imputado puede pedir al Ministerio Publico la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se les formulen, y el Ministerio Publico conforme lo preceptuado en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, las levara a cabo si las considera oportunas y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión en contrario…” (Luís Estella Morales Fecha 28/04/2009 Sent. Nro 418)

Observando este Tribunal que el Ministerio Publico dio respuesta oportuna a las solicitudes de las parte en fase de investigación, no se violo al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y obtener oportuna respuesta por parte de los órganos de la administración de justicia, y en atención a las siguientes normas constitucionales:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
De conformidad con el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Público ya que, se observa de su contenido y de lo narrado en audiencia que se encuentran satisfechos los requisitos formales para presentarla, toda vez que la misma narra los hechos así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, señala los fundamentos en los que se sustenta y las razones en las que sustenta la calificación jurídica de los hechos, asimismo, se admitieron pruebas para el Juicio Oral y Público, indicando la utilidad y pertinencia de cada una de los elementos probatorios, por estimar que existen elementos serios para solicitar el enjuiciamiento de la acusados y que constan en los fundamentos de la acusación presentada por el Ministerio Público, los cuales fueron narrados en la audiencia preliminar.

Admitida la Acusación, fue debidamente informado sobre las Alternativas a la Prosecución del Proceso procedentes y del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos con el cual obtendrían una rebaja de la pena a imponer; manifestando los ciudadano 1-RAMON DE JESUS HIDALGO, titular de la cedula de identidad V-3.616.320, 2-RAEMID DEL MILAGRO APONTE TABORDA, titular de la cedula de identidad V-19.601.360, 3-ERIKA JOHANNA TROCEL MOLINA, titular de la cedula de identidad V-27.432.132, 4-ESTALYS AMOS VILLANUEVA CORTEZ, titular de la cedula de identidad V-25.684.884, de manera individual: “No desea declarar”.
En consecuencia, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, admitida como ha sido la acusación formulada por el Ministerio Público, mediante el presente auto, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: SE ORDENA LA CELEBRACION DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO a los fines de juzgar los acusados 1-RAMON DE JESUS HIDALGO, titular de la cedula de identidad V-3.616.320, 2-RAEMID DEL MILAGRO APONTE TABORDA, titular de la cedula de identidad V-19.601.360, 3-ERIKA JOHANNA TROCEL MOLINA, titular de la cedula de identidad V-27.432.132, 4-ESTALYS AMOS VILLANUEVA CORTEZ, titular de la cedula de identidad V-25.684.884, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHOCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5 y 6 ordinales 1°, 2° y 3°, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
SEGUNDO: EN CUANTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO: el Tribunal hace las siguientes observaciones:
La prueba en el proceso penal está informada por dos principios fundamentales, la pertinencia y la necesidad de la prueba, entendiéndose por pertinencia, la relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho, o la relación directa o indirecta que el objeto de los medios tiene con el hecho y por necesidad, la exigencia de medios probatorios para crear convicción respecto a un estado de cosas que requiere constatación en cuanto a su existencia y significado, es a través de la prueba que se determina la certeza en la comisión de un hecho punible, la existencia de circunstancias calificantes y la culpabilidad o no de los presuntos autores o partícipes. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
Haciendo referencia nuevamente a la indicada Sentencia 1303 de la Sala Constitucional, la misma ha establecido:
“… Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otros aspectos, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor …(omissis)… ” (Subrayado del Tribunal).
A criterio de este Tribunal, y en atención a la sentencia anteriormente referida y una vez revisados los diferentes medios de pruebas ofrecidos, se observa que los mismos tienen relación directa con los hechos por los cuales se admitió la acusación y son indispensables para poder determinar la convicción en relación a la certeza o no en la comisión del hecho y poder determinar la posible responsabilidad o no del acusado. Siendo además que los mismos fueron obtenidos con estricta observación de las formas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que determinada su licitud y legalidad se ADMITEN EN SU TOTALIDAD los medios de pruebas ofertados por la FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, los cuales rielan del folio sesenta y ocho (68) al folio setenta y uno (71) y reverso del escrito acusatorio contenido en la pieza jurídica Nº 01 de la presente causa, los cuales se dan por reproducido en virtud de la celeridad procesal; correspondiéndole a la defensa el uso de los mismos en virtud de la comunidad de la prueba.
TERCERO: Se Mantiene la Privativa de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: Se declara sin lugar el cambio de sitio de reclusión solicitada por la defensa.

QUINTO: Se acuerda las copias certificadas del acta y auto fundado de la audiencia, solicitadas por las defensas.

SEXTO: SE EMPLAZA A LAS PARTES para que, en el plazo común de cinco (05) días, concurran ante el Juez de Juicio competente que le corresponda conocer la presente causa. Las partes fueron debidamente notificadas de la decisión dictada en audiencia y de la publicación del presente auto.
Quedaron los presentes notificados de la presente decisión. Déjese copia certificada de la misma. Se ordena remitir en su debida oportunidad las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines que sea distribuido entre los Jueces del Tribunal de Juicio que corresponda. Líbrese lo conducente. Cúmplase.
LA JUEZ,

ABG. ZORELBY MANAURE BELA.

EL SECRETARIO,

ABG. EDMIR DÁVILA ARIAS.

En esta misma fecha se cumplió con lo acordado en el presente auto.

EL SECRETARIO,

ABG. EDMIR DÁVILA ARIAS

CAUSA N° 9C-23.953-18
ZMB/ED