TSJ Regiones - Decisión

I. ANTECEDENTES

Suben las presentes actuaciones relacionadas con el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 25 de marzo de 2019 (Folios 103 al 107), mediante la cual declaró “(…) LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa (…)”

II. DE LA APELACIÓN

En fecha 10 de abril de 2019 (Folios 108 al 109 y vueltos), el demandante apeló de la sentencia anteriormente señalada, indicando entre otras cosas, lo siguiente: “(…) APELO Al (sic) fallo dictado por este tribunal en fecha 25 de Marzo (sic) del (sic) 2019 (…)”

III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

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Visto todo lo anterior, este juzgador observa que el núcleo de la apelación interpuesta se circunscribe en verificar la procedencia o no de la perención breve declarada por el juzgado a quo, para lo cual resulta menester realizar las siguientes consideraciones:

Este juicio comenzó mediante demanda contentiva de pretensión de desalojo de local comercial interpuesta en fecha 21 de marzo de 2018, por el ciudadano Juan Alberto González, contra el ciudadano Yeferson Arrechea Hurtado, ambos arriba identificados. (Folios 1 al 2 y vueltos)

En fecha 2 de mayo de 2018 el juzgado a quo admitió la pretensión del demandante. (Folio 21)

Posteriormente, se realizaron una serie de actuaciones procesales, hasta que el día 18 de diciembre de 2018, el juzgado a quo declaró la nulidad del auto de admisión de la pretensión y repuso la causa al estado de admitirla nuevamente. (Folio 89 al 95)

Contra la anterior decisión la parte actora no interpuso recurso alguno, sino que, por el contrario, en fecha 11 de enero de 2019, procedió a consignar un nuevo escrito de demanda, equivalente a una reforma de la misma. (Folios 96 al 97 y vueltos)

En fecha 11 de enero de 2019 la parte demandante reformó el escrito de demanda. (Folios 96 al 97 y vueltos)

En virtud de lo anterior, el juzgado a quo admitió en fecha 21 de enero de 2019 la reforma realizada y ordenó emplazar a la parte demandada. En esa misma fecha la parte demandante solicitó que el tribunal fijara una audiencia conciliatoria. (Folios 98 y 99)

En fecha 28 de enero de 2019 el juzgado de la causa fijó el quinto (5to) día siguiente a que constara en autos la citación del demandado para que se llevara a cabo una audiencia de conciliación. (Folio 100)

En fecha 13 de febrero de 2019 el demandante de autos se “dio por notificado” del auto anteriormente identificado. (Folio 101)

En fecha 19 de marzo de 2019 el apoderado judicial de la parte actora consignó las copias necesarias para la elaboración de la compulsa y solicitó que la citación del demandado se efectuara mediante otro alguacil de esta circunscripción judicial. (Folio 102)

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Una vez detallado todo lo anterior, se debe partir indicando que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (…)”

La perención de la instancia es definida como el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, en cuanto no medie el interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal.

Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como una norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, en cualquier estado y grado del proceso, todo lo cual resalta su carácter imperativo.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, de fecha 01 de junio de 2001, señaló lo siguiente: “(…) la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento (…)”. Igualmente, explica la misma Sala en sentencia de fecha 17 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón, que: “(…) la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aún en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el Tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia (…)”.

Asimismo, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en juicio de José Barco vs. Seguros Caracas Liberty Mutual, determinó los requisitos para la procedencia de la perención breve de la instancia, ratificada en fecha 27 de marzo de 2007, por la misma Sala con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, que estableció lo siguiente:
“(…) Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
…Omissis…
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
…Omissis…
…esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece…”. (Cursivas y negrillas del texto, subrayado de la Sala).
De conformidad con el precedente jurisprudencial trascrito, constituye una obligación legal para lograr la citación, diligenciar en el expediente dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, para poner a la orden los medios, recursos, la ayuda, etc, necesarios para lograr la citación del demandado, siendo esto una muestra de interés del actor, en la continuación del juicio, siempre que el emplazamiento y/o la citación del demandado, deba practicarse en un lugar que se encuentre a una distancia mayor a 500 metros de la sede del tribunal. Asimismo, surge otra obligación impuesta al alguacil, funcionario del tribunal, quién debe dejar constancia en el expediente, que el actor cumplió o no con tal obligación y, por lo tanto, debe especificar qué se puso a la orden del tribunal, de manera concreta y precisa.
De igual forma, la referida sentencia establece que ese precedente jurisprudencial es aplicable a aquellas causas que hayan sido admitidas, al día siguiente de la fecha en la cual se produjera dicho fallo (…)” (Negrillas y subrayado agregado)
Conforme a los criterios jurisprudenciales antes señalados, y acogidos por este juzgador, se observa que la parte actora debe cumplir con la obligación (carga procesal) de la citación de la parte demandada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, a los fines que se verifique la concurrencia de los siguientes supuestos: 1) Que conste la facilitación de los recursos necesarios para el traslado del alguacil para la práctica de la citación, o en su defecto, la consignación de los emolumentos necesarios para tal fin, cuando la parte demandada se encuentre a una distancia mayor de quinientos (500) metros de la sede del tribunal y 2) la consignación de los fotostatos necesarios para la elaboración de las compulsas.

En razón a lo antes expuesto, esta alzada verificó de las actas procesales que conforman el presente expediente que en fecha 21 de enero de 2019 (Folio 98) el juzgado a quo admitió la pretensión contenida en la reforma de la demanda, siendo entonces a partir del día siguiente de esa fecha el inicio del lapso de los treinta (30) días continuos que tenía la parte demandante para impulsar la citación del demandado, los cuales vencían el día 20 de febrero de 2019. (Vid. Sentencia No. 00449 de la Sala Político Administrativa de fecha 14 de marzo de 2007)

En tal sentido, evidencia quien decide, que luego de admitida la pretensión contenida en la reforma de la demanda y dentro del lapso anteriormente mencionado, la parte demandante no fue diligente en consignar las fotocopias necesarias para la elaboración de la boleta de citación de los demandados, ni se observa en autos que haya ofrecido trasladar al alguacil del juzgado a quo, o en su defecto, le fuese otorgado los emolumentos necesarios para la práctica de la citación ordenada, toda vez que, el domicilio del demandado (Calle Cuarta Avenida, Barrio Santa Rosa Sur I, No 55, Maracay, estado Aragua) dista a más de quinientos (500) metros de la sede del tribunal de la causa. En consecuencia, inexorablemente se debe concluir que en el presente caso procede la declaratoria de la perención de la instancia, tal y como lo señaló el juzgado a quo.
Por todo lo anterior, esta alzada deberá declarar sin lugar la apelación interpuesta y confirmar la sentencia recurrida en los términos aquí establecidos. Así se declara.
IV. DISPOSITIVA

Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho arriba mencionadas, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Guillermo Linares, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 230.857, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JUAN ALBERTO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-7.218.418, contra la decisión dictada en este expediente por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 25 de marzo de 2019.

SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida en los términos expuestos por esta alzada. En virtud de ello:

TERCERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia, extinguida la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Se condena en costas a la parte recurrente en conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes de la presente decisión.
Déjese copia, publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, al décimo quinto (15º) día del mes de julio de 2019. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR

DR. RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN
LA SECRETARIA

ABG. LISENKA CASTILLO
En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo la 1:00 pm.

LA SECRETARIA

ABG. LISENKA CASTILLO

RCGR/LC/er
Exp. C-18.720-19