TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 22 de Julio de 2019
209° y 160°

ASUNTO PRINCIPAL: NE01-G-2004-000004

En fecha 23 de octubre de 2007, se recibió por ante el entonces Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, el presente expediente el cual remiten mediante oficio N° 2007-6609, proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, contentivo del Recurso de Nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar, incoado por el ciudadano IVÁN GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.365.830, actuando en su carácter de Procurador General del Estado Monagas, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS.
En fecha 24 de octubre de 2007, se le da entrada a la presente demanda y asimismo, se ordenó notificar al Procurador General del estado Monagas, a fin que manifestase su interés en el presente juicio.
En fecha 07 de febrero de 2012, se dictó auto ordenando notificar al Procurador General del Estado Monagas, a los fines que manifieste su interés en el presente juicio; siendo recibido el mencionado oficio en fecha 08/07/2010, tal como consta de sello húmedo y firma, el cual fue consignado por el alguacil en fecha 22 de julio de 2010, folio 80 del expediente judicial.
En fecha 22 de septiembre de 2010, se dictó auto reanudando la causa y asimismo, se ordenó notificar al Procurador General del estado Monagas, a fin que manifestase su interés.
En fecha 12 de enero de 2012, la sustituta del Procurador General del estado, solicitó el abocamiento en la presente causa, folio 85; siendo acordado mediante auto de fecha 19 de enero de 2012.
En fecha 07 de febrero de 2012, se reanudó la presente causa, ordenándose notificar nuevamente al Procurador General del estado a fin que manifieste su interés, el cual fue recibido en fecha 02/03/2012, tal como consta de sello húmedo y firma, el cual vale decir fue consignado por el ciudadano alguacil en fecha 08 de marzo de 2012.
En fecha 23 de mayo de 2016, la sustituta del Procurador General del estado, solicitó la perención de la presente causa.
En fecha 09 de noviembre de 2016, la otrora jueza de este juzgado, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 19 de junio de 2019, se dictó auto mediante el cual la Jueza Provisoria designada en este despacho se aboca al conocimiento de la presente causa.
I
ANTECEDENTES DEL CASO

En fecha 08 de marzo de 2004, este Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, recibió el presente escrito de demanda.
En fecha 12 de marzo de 2004, este Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, dictó sentencia en la cual declaró su Incompetencia para conocer la presente causa.
En fecha 24 de febrero de 2006, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó remitir el presente expediente a este Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, en virtud de haberlo declarado competente para conocer de la presente causa.
II
UNICO
Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, así se observa que el presente recurso fue recibido en fecha 23 de octubre de 2007, proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, posteriormente en fecha 07 de febrero de 2012, se libra oficio dirigido al Procurador General del Estado Monagas parte demandante, a los fines que manifieste su interés en el presente juicio, no obstante, se constata que hasta la presente fecha la parte demandante no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuidad al proceso, sólo solicitó en fecha 23 de mayo de 2016, la perención de la presente causa; instando a este Tribunal a proseguir con la fase subsiguiente del presente juicio, produciendo una absoluta inacción de la parte actora, existiendo por tanto una paralización en el mismo que hace presumir el decaimiento del interés.
En este sentido, debe señalar este Juzgado que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 956 de fecha 10 de junio de 2001, (caso: Fran Valero González), señalo lo siguiente:
“…A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
(…)Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, oéste pueda existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
(…) Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez, sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(…)La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin
(…) La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen.
(…) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fie, o las explicaciones poco convicentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción”
En consonancia con el mismo criterio anteriormente establecido, se trae a colación lo expresado por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante la decisión Nº 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia Nº 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala Nº 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (…)” (Resaltado de este Juzgado).

Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, los cuales fueron ratificados por la mencionada Sala Constitucional en sentencia de fecha 18 de Diciembre de 2015, (expediente 14-1077), la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito, la inactividad produce la perención de la instancia.
En total consonancia con los criterios establecidos up supra, en el presente caso se verifica que desde la fecha 23 de octubre de 2007, cuando se recibió el presente expediente proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; posteriormente en fecha 07 de febrero de 2012, se libra oficio dirigido al Procurador General del Estado Monagas parte demandante, a los fines que manifieste su interés en el presente juicio, así se observa que el presente Recurso de Nulidad se encuentra en fase de pronunciarse en relación a la admisión del mismo, lo descrito up supra permite observar, concretamente respecto a la fecha en que se realizó el último acto procesal, que el expediente se encuentra en un evidente e inequívoco estado que deja entrever su paralización.
Tal situación, conlleva a sostener, que en la actualidad existe en la causa una ausencia de interés en la consecución de actuaciones procesales que la hagan permanecer activa, independientemente del estado en que se encuentra, pues el interés no sólo es esencial para la interposición de una determinada pretensión, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, lo cual se extiende a sus distintas fases o etapas, en virtud que resulta inútil y gravoso para la función jurisdiccional, la acumulación o guarda de un asunto en el que actualmente no existe interesado.
En este sentido, se aprecia que el interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a esta instancia judicial, ha debido mantenerse presente hasta la efectiva realización y materialización de la tutela judicial invocada, puesto que ello supone igualmente la realización de actos procesales de impulso que devienen del interés propio del derecho individual que ostenta por una circunstancia o situación real que elevó ante este órgano de administración de justicia, la cual le fue reconocida con la finalidad de evitar un daño a su situación jurídica particular.
Ahora bien, entiende este Juzgado Superior que por el largo tiempo transcurrido sin actos de procedimiento, ha desaparecido hasta la presente fecha, el interés procesal en la consecución del proceso, en virtud de no haber constancia en el expediente de la comparecencia de parte interesada, sino hasta la fecha 23 de mayo de 2016, en diligencia presentada por ls sustituta del Procurador General del estado Monagas, quien solicitó la perención de la presente causa (que no corresponde al caso de autos), así que ha operado indefectiblemente la pérdida del interés procesal conforme a las jurisprudencias transcritas. Así se declara.
Con base al análisis antes expuesto este Juzgado decreta la PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la presente causa. Así se declara.

II
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR PÉRDIDA DE INTERÉS PROCESAL; en el presente Recurso de Nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar, incoado por el ciudadano IVÁN GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.365.830, en su carácter de Procurador General del Estado Monagas, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS.
Publíquese, Regístrese, Notifíquese al Procurador General del Estado Monagas, de conformidad al artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y artículo 82 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Monagas.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro. En Maturín, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Abg. Mircia Rodríguez González
El Secretario.

Abg. José Andrés Fuentes

En la misma fecha, siendo las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. Se deja constancia que se realizará la inserción en el sistema Juris 2000, así como su publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia, una vez se restablezca el sistema referido y la conexión a Internet. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.

El Secretario.

Abg. José Andrés Fuentes

MAR/JAF/ll.-
ASUNTO: NE01-G-2004-000004