REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 14 de mayo de 2019
209º y 160º
ASUNTO: AH19-X-FALLAS-2019-000007
Asunto principal: AP11-V-2018-000107
PARTE QUERELLANTE: Ciudadano MANUEL ARELLANO PARRA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-931.414.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: CARMEN ELIANGELA FREITES TOUSSAINTT, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-10.806.303, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 69.479.
PARTE QUERELLADA: Sociedad mercantil INVERSIONES HUROMÓN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 23 de septiembre de 1983, bajo el Nº 66, Tomo 120-A-Pro., con posteriores modificaciones estatutarias, siendo la última la inscrita ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 30 de abril de 2004, bajo el Nº 28, Tomo 62-A-Sgdo. e inscrita ante el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-000179695-9.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA: No consta en autos representación judicial alguna.
MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL DE DESPOJO.
- I -
Se produce la presente incidencia en virtud de la solicitud de decreto de medida cautelar planteada por la representación actora mediante escrito de reforma de la querella presentado en fecha 12 de febrero de 2019 y en tal sentido se observa:
Mediante auto fechado 17 de diciembre de 2018, se admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión que por QUERELLA INTERDICTAL DE DESPOJO incoara el ciudadano MANUEL ARELLANO PARRA, contra la sociedad mercantil INVERSIONES HUROMÓN, C.A., ordenándose el emplazamiento de ésta, al segundo (2º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación e instándose a la parte actora a consignar los fotostatos respectivos, a fin de elaborar la compulsa correspondiente.
Posteriormente, mediante diligencia presentada en fecha 12 de febrero de 2019, la apoderada actora consignó escrito de reforma de la querella interdictal con sus respectivos anexos, con vista a lo cual por auto dictado en la misma fecha se admitió cuanto ha lugar en derecho la reforma de la querella interdictal de despojo, ordenándose el emplazamiento de ésta, al segundo (2º) días de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación e instándose a la parte actora a consignar los fotostatos respectivos, a fin de elaborar la compulsa correspondiente y abrir cuaderno separado de medidas.
Consta al folio 191 de la pieza principal del presente asunto distinguido AP11-V-2018-000107, que en fecha 8 de mayo de 2019, la representación actora dio cumplimiento a la consignación de los fotostatos requeridos para la elaboración de la compulsa y abrir cuaderno separado de medidas.-
Así, abierto el presente Cuaderno de Medidas, en fecha 9 de mayo de 2019, esta Juzgadora a fin de pronunciarse respecto a la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Alega la representación judicial de la parte actora en su último escrito de reforma de la demanda que su representado junto a su madre y su hijo, ambos fallecidos, ocupaba en calidad de arrendatario por más de treinta y tres (33) años de manera pacífica, legítima, notoria, pública y no equivoca, un inmueble constituido por un apartamento identificado con el Nº 21-A, Residencias “LORENAL”, Avenida Araure, Urbanización CHUAO-BARUTA, estado Miranda, en virtud de un contrato verbal celebrado con el ciudadano HUGO ROJAS MONCADA, titular de la cédula de identidad Nº 33.106, ya fallecido, quien indica fue el propietario de dicho inmueble y quien posteriormente constituyó una compañía denominada INVERSIONES HUROMÓN, C.A., colocando el referido inmueble como parte del capital de la misma, y cuya representante legal es la ciudadana MERCEDES CONTRERAS NUNES,
Que en fecha 3 de febrero de 2017, al tener conocimiento de la hospitalización del hijo del actor, la apoderada de la compañía se dirigió a la ubicación del inmueble objeto del presente juicio y tomó posesión arbitraria e ilegitima del inmueble, sin orden judicial alguna, no encontrándose ninguna persona del grupo familiar que habitaban allí, únicamente al momento del desalojo, se encontraba la adolescente hija de la ciudadana MARIBEL BUSTOS, quien colaboraba con la familia, prestando cualquier apoyo que en líneas generales necesitaren, en especial con el hijo de su representdo..
Que el desalojo se realizó cuando la adolescente esperaba a su mamá, e intempestivamente, la apoderada de la parte demandada se hizo acompañar de dos funcionarios de la policía del módulo que se encuentra cerca del inmueble, presuntamente engañados, que entraron a la fuerza pues rompieron y fracturaron las dos (2) cerraduras del inmueble.
Que acudió a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento y Vivienda en el mes de febrero de 2017, los cuales notificaron a la apoderada judicial de la parte demandada que al recibir la notificación, realizó una inspección notariada de los bienes que mantenía secuestrados que se encontraban dentro del bien inmueble y materializó una desocupación de bienes enviándolos a un depósito.
Que el ciudadano MANUEL ARELLANO PARRA, sufrió el despojo del inmueble por la parte demandada, a través de su apoderada MERCEDES CONTRERAS NUNES, el cual se materializó con el desalojo arbitrario y la materialización y desocupación de los bienes muebles que se encontraban dentro del bien inmueble.
En el capítulo V del escrito de reforma denominado “ DE LAS MEDIDAS CAUTELARES”, indicó la representación actora lo siguiente:
“… Ha sido criterio doctrinal y jurisprudencial en nuestro Derecho Procesal Civil que tales medidas, que contiene requisitos exigidos por el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para que el Juez, revestido como está del AMPLIO PODER CAUTELAR … que tiene establecido y conferido en el Código de Procedimiento Civil, y reconociendo la potestad que el Juez para la apreciación de las pruebas y argumentos de las incidencias cautelares, al observar que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al DECRETO DE LA MEDIDA en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 del mismo Código.
…omissis..
Nuestro más alto Tribunal de la República en su SALA DE CASACIÓN CIVIL con la ponencia de la Magistrado ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO en el expediente Número 204-00085, dictó y publicó sentencia en fecha 21 de Junio del 2005, en cuyo fallo dictaminó que el Juez debe decretar la Medida Preventiva, si están llenos los extremos de Ley, SIN QUE PUEDA ESCUDARSE EN SU DISCRECIONALIDAD PARA NEGARLA… Esto, lo señalo con el mayor respeto posible hacia Usted como Juzgadora como una solicitud que se clama, a fin de que mi poderdante vea que existe justicia en la tierra.
En otra sentencia dictada por la misma Sala el 27 de Julio de 2004, dictaminó que las Medidas Preventivas establecidas respecto del Título del C.P.C., las decretara el Juez sobre todo, cuando exista Riesgo Manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo dictado; pero para que el Juez dicte la medida preventiva la parte que la solicite, debe proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustentes. En el presente caso, se dan los dos (02) elementos esenciales para que proceda la medida preventiva a saber: “1º) La Presunción grave del Derecho que se reclama” – vale decir el FUMUS BONI JURIS; y, 2º) “El riesgo real y comprobables de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva”, es decir, “EL PERICULUM IN MORA”, se piensa que la demandada quiere vender el inmueble. De manera que conforme a la idea de la Sentencia emanada de la Sala Político Administrativa Nº 00773, del 27-05-2003, con Ponencia Magistrado Hadel Mostafá Paolini, que sentó, que el otorgamiento de las providencias cautelares, procede en los supuestos establecidos en el Artículo 585 del CPC, cuando se han verificado efectivamente y en forma concurrente, los 2 elementos necesarios para su procedencia. En relación al periculum in mora el eminente procesalista civil italiano, PIERO CALAMANDREI, sostiene que: “…Consiste en la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho…”
Por lo que refiere a la investigación sobre el peligro, al conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir dentro del mismo procedimiento cautelar la certeza sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo. En nuestro País, el autor RAFAEL ORTIZ ORTIZ, expresa que el “PERICULUM IN MORA”, es la probabilidad potencial de peligro de que es contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Por ello, la doctrina lo denomina “PELIGRO DE INFRUCTUOSIDAD DEL FALLO…”.- Según el eminente Procesalista Venezolano, RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, señalo que: “El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza que necesariamente transcurre desde la deducción o introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra es, los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada (Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Páginas 299 y 300- Caracas 1995)-. –El 11-03-2000, La Sala de Casación Civil del Tsj, Expediente Nº: 997-0, señala: …omissis…
Según la Sala de Casación Civil, del T.S.J., el criterio actual es que el artículo 585 del C.P.C., emplea el término: “DECRETARÁ”, en modo imperativo, con lo cual, le es impartida, una orden al Juez, que no debe descartar. …
En concordancia con ello al artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, es más claro aún, pues establece que de ser insuficiente la prueba consignada para acreditar los extremos exigidos en el artículo 585 del C.P.C; el Juez, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Asimismo, esa norma dispone que, en caso contrario, esto sea si considera suficiente la prueba aportada para acreditar los extremos del referido artículo 585 del mismo Código, el Juez DECRETARÁ LA MEDIDA Y PROCEDENCIA A SU EJECUCIÓN.
LA SALA CONSTITUCIONAL ha dejado consagrado, con carácter vinculante que:” LOS ARTÍCULOS 26 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTABLECEN EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A GOZAR DE UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LA CUAL COMPRENDE, NO SOLO EL ACCESO A LA JUSTICIA SINO QUE TODA SENTENCIA SEA OPORTUNAMENTE EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE PROFERIDA…”.-
En este caso, no existe sentencia, pero existe un riesgo de que cuando se termine el juicio, y a mi mandante le sea restituida la posesión, ya no exista el bien inmueble objeto del interdicto restitutorio, pues ya habrá sido vendido.
En razón, pues de que el amplio poder cautelar que tiene el Juez, persigue que la majestad de la Justicia, en su aspecto práctico, no sea ineficaz,, consecuencialmente, cuando dicta una sentencia definitiva en un proceso, sea en primera o en segunda instancia, a solicitud de la parte debe decretar la medida preventiva conducente para evitar la INFRUCTUOSIDAD DEL FALLO.
En virtud de para la procedencia de las medidas se requiere el señalamiento de los requisitos previstos en el Artículo 585 Ejusdem, es decir, el fomus boni iuris y el periculum in mora, y verificada la concurrencia de los mismos el Juez debe acordarlas. Me permito transcribir lo que señala el autor: EMILIO CALVO BACA, en el Código de Procedimiento Civil de Venezuela, Publicado por Ediciones Libra, año 2001, página 2001,
… omissis …
Como expliqué anteriormente, esta solicitud la fundamento en el Libro Tercero del citado Código de Procedimiento Civil, y cuyo Título I que establece las Medidas Preventivas, y muy especialmente el Artículo 585, que me permito transcribir:
… omissis …
En este caso en concreto existe tal riesgo, ya que se presume pretende vender el bien inmueble. Ahora bien, considerando que para que una medida cautelar sea procedente, es necesario que se cumplan dos requisitos necesarios y concurrentes,, estos son la presunción grave del derecho que se reclama que es él (sic): FOMUS BONI IURIS, y la presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo: PERICULUM IN MORA.
Tomando en cuenta pues, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que señala que el Juez, las decretará solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia y el derecho que se reclama, me permito acudir ante su digna instancia a fin de que considere la aplicación de tal medida, ya que es conocimiento público la situación crítica y el índice inflacionario que atravesamos en la actualidad, que lamentablemente tienen incidencia en todo, hecho que constituye el PERICULUM IN MORA.
Cabe destacar, que según CARNELUTTI, el término prevención lo usa al explicar el concepto de proceso voluntario, y el término cautelar, que utiliza en cuanto al proceso el mismo nombre, considera que son dicciones sinónimas y que implican a su vez el acto de prever; es decir, ver previamente por el arreglo de un conflicto de intereses. Según De la Roche, en su obra “MEDIDAS CAUTELARES”; señala acerca de la Naturaleza de las medidas provisionales, lo que transcribo a continuación:
“…Las providencias cautelares se diferencian de la acción preventiva definitiva en la permanencia de sus efectos, pues éstos son provisionales y depende la medida en su existencia de un acto judicial posterior, al servicio del cual se dicta…” …
Con vista a lo anteriormente expuesto y a los fines de garantizar las resultas del preente proceso judicial solicito se DECRETE MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR SOBRE EL BIEN INMUEBLE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: bien inmueble Protocolizado por ante el Registro Público del Primer (1º) Circuito del Municipio Baruta Estado Miranda bajo los siguientes datos registrales: Protocolo: Primero; Tomo 42; Número: 25; Folio: 0; Año: 1975; Fecha: 28-11-1975…” (Resaltado de la cita)
- II-
Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, así como los recaudos acompañados esta Juzgadora pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:
Establecen los artículos 585, 588 y 600 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado….”
Artículo 600: “Acordada la prohibición de enajenar y gravar, el Tribunal, sin pérdida de tiempo, oficiará al Registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretenda enajenarlos o gravarlos, insertando en su oficio los datos sobre situación y linderos que constaren en la petición.
Se considerarán radicalmente nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubieren protocolizado después de decretada y comunicada al Registrador la prohibición de enajenar y gravar. El Registrador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización.”
En tal sentido considera oportuno esta Juzgadora, citar criterio jurisprudencial al respecto:
“…tratándose de una solicitud de medida preventiva y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 585 del C.P.C., la oportunidad para acompañar el medio de prueba que constituya presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama, es el momento en que se introduce la respectiva solicitud …” (Sentencia del 7 de octubre de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. José Luis Bonnemaison, Sala de Casación Civil)
“…es indispensable para acordar alguna de las medidas cautelares, que el solicitante presente prueba, aun cuando sea presuntiva, del derecho que se reclama y de que existe riesgo de que se haga ilusoria la ejecución del fallo .En relación con esta última existencia, esta Corte, ha precisado … que el riesgo debe aparecer manifiesto, esto es, patente o inminente …” (Sentencia de la Corte en Pleno, del 22 de febrero de 1996, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó)
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia dictada en fecha 29 de mayo de 1996 estableció:
“…El indicado presupuesto normativo cautelar –periculum in mora-, se encuentra explícitamente consagrado en el tenor del Art.585 del C.P.C.,(…), y el mismo rige, por remisión expresa, para las providencias cautelares genéricas, innominadas o indeterminadas que contempla el parágrafo primero del Art. 588 eiusdem…
… (el) presupuesto normativo cautelar –periculum in mora- ha sido formulado por el legislador venezolano en el texto del Art. 585 del C.P.C., empleando la técnica legislativa de los doctrinalmente denominados “ conceptos jurídicos indeterminados”…”
Por su parte, la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria, en fecha 4 de junio de 2004, dictaminó lo siguiente:
“…En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al fumus bonis iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de un buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo calculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…
…El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama…
…“En el caso sub examine, la Alzada acuerda la medida preventiva requerida por la parte actora, pero sin que existan elementos probatorios en autos que conllevan a determinar la existencia del periculum in mora -…-, conducta esta que conlleva a la infracción del Art. 585 del C.P.C. por falsa aplicación, así como el contenido del Art. 588 eiusdem, en razón de que no se comprobó la concurrencia de los requisitos señalados en dichos conceptos normativos para acordar la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la accionante …”
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé estableció lo que de seguida se transcribe:
“... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...”
El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una cautela, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes. De tal manera que ese poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en la necesidad de que el solicitante de una medida cautelar, cumpla con la prueba de los anteriores requisitos, a los fines de garantizar un debido proceso y una verdadera defensa, sin que de esa forma ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos subjetivos por una medida cautelar dictada de manera arbitraria.
Ahora bien, con relación al periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Por su parte con relación al fomus boni iuris, se establece que éste deviene de la presunción de buen derecho probada por quien solicita la medida, así pues, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.-
Al respecto considera oportuno para esta Juzgadora mencionar lo establecido en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que ninguna de estas medidas podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se libren.
Así, respecto a la medida de prohibición de enajenar y gravar, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 792, de fecha 03 de agosto de 2004, determinó:
“…En efecto, evidencia esta Sala que el formalizante impugna el pronunciamiento del ad quem de que la medida de prohibición de enajenar y gravar “…deja de tener efecto, la medida decae, deja de existir, es como si nunca hubiere existido…” si no coinciden los datos de registro, porque en criterio del recurrente, si bien para la fecha en que el registrador recibió el oficio no existía registrado ningún documento mediante el cual Elias Mousaffi A. vendió el inmueble a Arnoldo Martínez, ello en ningún caso puede conducir a entender que la medida perdió vigencia, pues considera que el Registrador ha debido mantenerla hasta que fuese presentado el documento para su protocolización.
Sobre el particular, Pedro Alid Zoppi señala en su libro Providencias Cautelares (Págs. 48,49,54,55,63,116 al 120, Vadell Hermanos Editores. 1992), lo siguiente:
“…Las medidas que deben afectar bienes propiedad de la persona contra quien se libran, son las de embargo y prohibición de enajenar y gravar…
(Omissis)
…la medida se cumple simplemente con un oficio al Registrador Subalterno de la ubicación del inmueble o derecho real afectado…
(Omissis)
…la prohibición de enajenar y gravar versa exclusivamente sobre bienes inmuebles o derechos inmobiliarios anotados en el Registro, el nuevo artículo 600 repita(sic) –salvo suprimir la frase “en la misma audiencia”- el contenido del derogado artículo 374 en cuanto a disponer que en el oficio se insertarán los datos “sobre situación y linderos que constaren en la petición” (de la medida), pero debió aprovecharse para exigir del peticionario que aportara, además, los datos del registro del título correspondiente, para que el Registrador pueda obrar con conocimiento de causa y hacer la anotación del caso; empero pensamos que los Tribunales deberán requerir siempre del interesado que consigne esos datos, indispensables y necesarios para la efectividad de la prohibición, pues no basta con la situación y linderos del inmueble… sin conformarse con los datos que “consten en la petición”, pues puede ser que estén equivocados o alterados, y de exigirse copia del título se evitará cualquier duda o posterior controversia en la identidad de la cosa o derecho real…
(Omissis)
…En lo tocante a la prohibición, su ejecución es –como antes- muy sencilla y simple: El Tribunal le envía una comunicación escrita (oficio) al registrador del lugar donde está situado el inmueble o los inmuebles para que no protocolice ningún documento, y si lo hace el acto es “radicalmente nulo”, además de la responsabilidad en que puede incurrir el funcionario registral…
(Omissis)
…Si de prohibición se trata, pues esta obra contra título registrado a nombre de la persona afectada, por lo que no se concibe que se la estampe sobre título de otro; y si hay un error, equivocación o inadvertencia, entonces se suspenderá sin necesidad de la formal oposición, lo mismo si el Registrador nota que el inmueble estaba ya traspasado por el afectado, caso en el cual no estampará nota alguna…”. (Negrillas de la Sala)
En el caso bajo estudio, de una revisión de los recaudos y elementos consignados por la parte actora de la pieza principal del presente asunto distinguido AP11-V-2018-000107, insertos del folio del folio 16 al 64, ambos inclusive y del folio 127 al 133, ambos inclusive, constituidos por instrumento poder, planillas de pago, inspección ocular notariada, inspección judicial, contrato de arrendamiento, acta conciliatoria, denuncia realizada por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) y documento protocolizado ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 28 de noviembre de 1975, bajo el Nº 25, Tomo 42 del Protocolo Primero, correspondiente al documento de propiedad del inmueble sobre el cual solicita se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar, y al realizarse el análisis de rigor a los mismos y de las jurisprudencias parcialmente transcritas acogidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y aplicados al presente asunto observa esta Directora del proceso que la solicitud de medida cautelar pretendida por la parte demandante, contraviene lo establecido por nuestro legislador en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que consta de la certificación registral consignada específicamente del folio 127 al 133, que la titularidad del inmueble sobre el cual solicita se decrete la medida no pertenece a la parte demandada, sino a un tercero que no es parte en el presente juicio, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta forzoso para este Juzgado, negar como en efecto SE NIEGA por IMPROCEDENTE la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora. ASÍ SE DECIDE.-
- III -
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión contenida en la QUERELLA INTERDICTAL DE DESPOJO incoada por el ciudadano MANUEL ARELLANO PARRA, contra la sociedad mercantil INVERSIONES HUROMÓN, C.A., ampliamente identificados al inicio, DECLARA: SE NIEGA por IMPROCEDENTE la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la parte actora, por contravenir lo establecido en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
CAROLINA GARCÍA CEDEÑO
YEISA REQUENA CASTAÑEDA.-
En esta misma fecha, siendo las doce y cincuenta y siete minutos de la tarde (12:57 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
ABG. YEISA REQUENA CASTAÑEDA
Asunto: AH19-X-FALLAS-2019-000007
INTERLOCUTORIA
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