TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO UNICO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN
SECCIÒN PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 14 de Mayo de 2019
209° y 160°
CAUSA: EA-2952-16.
JUEZA: ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA.
SECRETARIA: ABG. CHAYNA ALVAREZ.
FISCAL 17° DEL M. P: ABG. FLORALBA SALAZAR.
DEFENSA PRIVADA: ABG. NESTOR ALEXANDER PIQUE.
SANCIONADO: J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA).
DELITOS: ROBO AGRAVADO, PRIVACIÒN ILEGITIMA DE LIBERTAD Y AGAVILLAMIENTO.
ASUNTO: PRESCRIPCIÒN DE LA MEDIDA DE LIBERTAD ASISTIDA Y CESE POR CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA.

Atendiendo a la garantía dispuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativa al ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y garantías establecidos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral del Estado, la Sociedad y la Familia, a la cual quedan obligados desde el momento de su concepción; y por cuanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere jerarquía constitucional a los principios y normas contemplados en referida Ley especial, y toda vez, que entre las atribuciones que le corresponden a este Tribunal de Ejecución se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que las ordena y decretar el cese de las mismas cuando corresponda, es por lo que este Juzgado de Ejecución, efectúa análisis detenido al presente atado documental, en orden a emitir el pronunciamiento de ley, del cual se observa:
En fecha 06-04-2016 el Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia en Función de Juicio de esta Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, declara penalmente responsable al ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PRIVACIÒN ILEGÌTIMA DE LIBERTAD Y AGAVILLAMIENTO, tipificados en los artículos 458, 174 y 286 del Código Penal, respectivamente, imponiéndole la sanción de PRIVACIÒN DE LIBERTAD, por el lapso de UN (01) AÑO, y una vez cumplida ésta, las medidas socioeducativas de IMPOSICIÒN DE REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, por el tiempo de UN (01) AÑO, para ser cumplidas de manera simultánea; motivo por el cual, mediante auto de fecha 28-04-2016, queda firme la sentencia, y ordena la remisión de la causa a este Tribunal Ejecutor.
En fecha 03-05-2016, ingresa la presente causa seguida al ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), al Tribunal Único de Primera Instancia en función de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal y en ocasión a eso, se dicta el auto de ejecución de medidas en fecha 09-05-2016, en el cual quedó establecido que la medida de PRIVACIÒN DE LIBERTAD culmina en fecha 29-12-2016, acordando el traslado e ingreso del adolescente iuris en el Centro de Privativas de Libertad “Simón Rodríguez”, decisión que fue impuesta el 24-05-2016.
En fecha 02-12-2016 se realiza audiencia de Revisión de Medida, en la cual se acuerda el CESE de la medida PRIVATIVA DE LIBERTAD, y se sustituye por las medidas de cumplimiento simultáneo de REGLAS DE CONDUCTA y LIBERTAD ASISTIDA, por el lapso de UN (1) AÑO Y VEINTISIETE (27) DIAS.
En fecha 01-02-2018 se recibe comunicación procedente del Equipo Multidisciplinario de esta Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, mediante el cual se le informa a este Tribunal que el ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA) ha estado cumpliendo con la medida de REGLAS DE CONDUCTA.
En fecha 07-02-2019 se declaro en REBELDIA y se ordeno la UBICACIÓN del sancionado J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA).

Revisada como ha sido la presente causa, se evidencia que no consta en autos documentación alguna en cuanto al cumplimiento de la medida de LIBERTAD ASISTIDA, y dado el tiempo transcurrido, esta Decisora, procede al estudio de la normativa relacionada con la institución de la prescripción de sanciones, contenida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 616 se contempla: “Las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezara a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva, o desde la fecha en que se compruebe que comenzó en el expediente el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomara como último acto procesal, la fecha de la declaratoria de rebeldía”. (Cursivas del Tribunal).
Deviene entonces de lo anterior, que cuando se trate de sanciones que no ameritan la privación de libertad, el Juez para poder considerar la institución jurídica de la prescripción debe tomar en cuenta: a) que exista una sentencia condenatoria definitivamente firme, esto es un pronunciamiento judicial donde se hayan agotado o dejado de ejercer los recursos y por tanto ya no pueda ser impugnado; y b) que se haya verificado el decurso del tiempo ordenado como sanción más la mitad del mismo, tiempo que debe ser computado desde el día de la firmeza de la sentencia, desde la fecha de comprobación en la causa del incumplimiento, o de la declaratoria de rebeldía, si fuere el caso.
En cuanto a la prescripción se ha señalado en doctrina que constituye un modo de liberarse de una obligación por el curso del tiempo, y el tiempo para tal figura extintiva no comienza si la obligación no ha surgido. Al respecto, Mendoza Troconis, en su Curso de Derecho Penal Venezolano Parte General Tomo III, señala que...” el Transcurso del tiempo sin ejecución de lo condenado hace inútil esa ejecución....”. (Cursivas del Tribunal).
Igualmente, destaca el referido jurista, que:... “la pena tardía no tiene objeto, no es eficaz, no llena los fines buscados por la represión, se borra la necesidad de dar satisfacción al ofendido, se pierde el ansia de retribución, desaparece la importancia del delito y con ello pierde su sentido la pena”. (Cursivas del Tribunal).
De ahí, se afirma que la prescripción es un medio que extingue la ejecución de la pena, que opera cuando ha transcurrido un determinado lapso de tiempo, que previamente está establecido en la ley, sin que se haya verificado la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional a través de una sentencia firme; todo lo cual produce como efecto, la extinción para el Estado del poder de hacer efectivo el castigo al delincuente. Como en el caso de la acción penal, también la prescripción de la pena es de orden público, de allí que dadas las condiciones para que opere, es obligación del juez declararla.
Con respecto a las REGLAS DE CONDUCTA, se evidencia igualmente que riela en autos comunicación procedente del Equipo Multidisciplinario de esta Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, mediante el cual se le informa a este Tribunal que el ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), ha estado cumpliendo con las REGLAS DE CONDUCTA, cumpliendo satisfactoriamente con dicha medida, y en razón a todo lo anterior expuesto, el artículo 645 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prescribe: “Cumplida la medida impuesta u operada la prescripción, el juez o la jueza de ejecución deberá de oficio o a solicitud del ente público, Consejo Comunal u otra organización social, que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de la misma y en su caso, la libertad plena”. (Cursivas del Tribunal).
Asimismo, se extraen del artículo 647 de la Ley Adjetiva Especial, en su encabezamiento, las funciones del juez de Ejecución, entre las que se encuentra en el literal “h”: “Decretar la cesación de la medida”. (Cursivas del Tribunal).
Dicho lo anterior, y como quiera que el cese de las medidas está supeditado a su cumplimiento o al decurso del tiempo por el cual opera la prescripción de las sanciones, y habida consideración, que de acuerdo a lo estipulado en la norma 616 de la Ley antes mencionada, las sanciones prescriben por el transcurso del tiempo más la mitad, el cual debe ser contado desde el incumplimiento de la sanción o desde el día en que se declaro firme la sentencia definitiva (cuando no se inicio el cumplimiento).
Así las cosas, se evidencia que la sanción LIBERTAD ASISTIDA, prescribe en el tiempo de UN (01) AÑO, SIETE (07) MESES, VEINTE (20) DIAS Y DOCE (12) HORAS, ahora bien, desde la fecha 02-12-2016 (fecha en la cual se sustituyó la medida de Privación de Libertad), hasta el día de hoy han transcurrido TRES (03) AÑOS, CINCO (05) MESES Y DOCE (12) DIAS, tiempo que supera en demasía aquel por el que opera la prescripción de la sanción antes dicha, motivos por los cuales esta Juzgadora, estima que lo procedente y ajustado en derecho, es decretar, como en efecto se hace la PRESCRIPCION Y EL CESE de la medida LIBERTAD ASISTIDA que pesa sobre el ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA).
Ahora bien, y visto que de acuerdo al cómputo realizado en la presente causa, en cuanto a la sanción de REGLAS DE CONDUCTA, por el tiempo de UN (1) AÑO Y VEINTISIETE (27) DIAS, queda establecido que la referida medida se cumplió en su totalidad, y verificado como ha sido que el ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), ha cumplido con los propósitos para los cuales fue concebida tal medida, lográndose así el fin socio-educativo a que se refiere el artículo 629 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual se establece que la ejecución de las sanciones tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente y la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social, es por lo que esta Juzgadora, en atención al artículo 645 de la Ley ut supra mencionada considera procedente y ajustado a derecho decretar el CESE de la sanción de REGLAS DE CONDUCTA, establecida en los artículos 620 y 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; motivos por el cual se decreta la LIBERTAD PLENA al ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), librándose la boleta correspondiente toda vez que no queda ninguna otra medida por cumplir. Dado lo antes resuelto, se ordena dejar SIN EFECTO LA ORDEN DE UBICACIÒN Nº 132-19, de fecha 07-02-2019, mediante oficio Nº 223-19, por lo que se ordena remitir la causa al Archivo Central para su Archivo Definitivo; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todas las razones anteriormente señaladas, este Tribunal Único de Ejecución de la Sección de la Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta la PRESCRIPCION Y CESACION de la medida LIBERTAD ASISTIDA, establecida en los artículos 620 y 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesan sobre el sancionado J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), debido al curso de un tiempo superior al dispuesto en la Ley que regula esta materia, para que opere la prescripción de la referida sanción, todo conforme a lo previsto en el artículo 616 eiusdem. SEGUNDO: acuerda el CESE POR CUMPLIMIENTO de la medida de REGLAS DE CONDUCTA, establecida en el artículo 620 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesa sobre el ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA). TERCERO: se decreta la LIBERTAD PLENA al ciudadano J.D.C.M. (IDENTIDAD OMITIDA), librándose la boleta correspondiente toda vez que no queda ninguna otra medida por cumplir. CUARTO: se ordena dejar SIN EFECTO LA ORDEN DE UBICACIÒN Nº 132-19, de fecha 07-02-2019, mediante oficio Nº 223-19. QUINTO: se ordena remitir la causa al Archivo Central para su Archivo Definitivo. Líbrese las boletas de notificación a las partes. Diarícese. Déjese copia. Cúmplase.-
LA JUEZ,

ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA
LA SECRETARIA,
ABG. CHAYNA ALVAREZ.
En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, librando las boletas de notificación Nos. 1463-19 al 1465-19, boleta de libertad Nº 098-19 y oficios Nº 788-19 Y 789-19.
LA SECRETARIA,
ABG. CHAYNA ALVAREZ.
Causa N°: EA-2952-16- ABGDS. ZRSG/ejsv.-