TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial

Corte de Apelaciones con competencia en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua
(Actuando en sede Constitucional).
Maracay, 15 de noviembre de 2019
Años: 209º y 160º

Juez Ponente: Dr. Alfonso Elías Caraballo CAraballo.

Asunto principal : DP01-S-2019-000571.
Asunto : Provisorio 308

Sentencia
Accionada: Jueza Yelitza Coromoto Acacio Carmona, en su condición de jueza a cargo del Tribunal Único de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial en materia de Violencia contra la Mujer del estado Aragua.
Accionante: Alcibíades Visbal, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.5.628.378, en su carácter de imputado, debidamente asistido por los abogados Jairo Rodríguez y Marcos Colmenares, titulares de las cédulas de identidad números V.4.545.662 y V.6.547.367 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 93849 y 290.279 en su orden.

Delito: Abuso Sexual en la modalidad de Actos Lascivos.
Motivo: Acción de Amparo Constitucional en la modalidad de Habeas Corpus contra actuaciones judiciales en contra de la Jueza Yelitza Coromoto Acacio Carmona a cargo del Tribunal Único de Primera Instancia en función de Juicio del circuito judicial en materia de violencia contra la Mujer del estado Aragua.
Procedencia: Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Aragua (DP01-S-2019-000571) Nomenclatura de origen.

Decisión: Inadmisible (Interlocutoria con fuerza definitiva).
Nº de Decisión Juris: DG022019000063.

I
Recorrido procesal de la causa.
En atención a la acción de amparo constitucional en la modalidad de Habeas Corpus, interpuesta por el ciudadano Alcibíades Visbal, en su carácter de imputado ya identificado, en contra de la Jueza del Juzgado Único de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, se observa:
El día 12 de noviembre de 2019, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial, recibió el referido Amparo, dándole entrada en el Libro correspondiente llevado por este Despacho, y se designó ponente al Juez Presidente Dr. Alfonso Elías Caraballo Caraballo, quien con tal carácter lo suscribe la presente decisión y se solicito al Juzgado Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, remitir el expediente principal signado con el Nº DP01-S-2016-006170, a los fines de verificar las infracciones denunciadas por el accionante del presente Amparo, librándose en esa misma fecha el respectivo oficio de Nº 195-2019, siendo recibido el expediente en la misma fecha.
En este orden, la Corte de Apelaciones actuando en sede Constitucional, pasa a considerar lo siguiente:

II
Sobre la competencia para conocer de la presente acción de amparo.
Esta Alzada, actuando en sede Constitucional, debe determinar su competencia para conocer de la presente Acción de Amparo y al efecto observa:
Ahora bien, respecto a la competencia para conocer de la presente Acción de Amparo, intentada en contra de la actuación de la mencionada funcionaria como Jueza Única de Primera Instancia en función de Juicio del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, debe observarse en principio las reglas que al respecto establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 4, el cual precisa:
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (Negrillas y subrayado de esta instancia judicial en amparo).

Por su parte el artículo 7 eiusdem precisa:
Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley (Negrillas y subrayado de esta alzada).

Es así, que esta norma contenida en el artículo 4 de la ley especial de Amparo Constitucional indica el supuesto de procedencia y determina a su vez, la competencia del órgano judicial que debe conocer en primera instancia del Amparo en contra de actuaciones judiciales, a saber, un juzgado superior al que emitió el pronunciamiento, entendiendo en un sentido amplio el vocablo pronunciamiento, pues, el juzgado pudo sólo limitarse a ejecutar conforme a lo que consideró correcto, la orden impartida por el comitente e incurrir con ese accionar en una violación constitucional, sin que tenga que intervenir directamente lo ordenado por el Juez que lo comisionó, en caso de duda, debe observarse lo pertinente a la materia, conforme lo indica el artículo 7 supra trascrito. Así se razona.-
La precitada situación ya ha sido analizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en diversos fallos, en los cuales se ha dejado establecido que en lo que respecta a las acciones de amparo constitucional interpuesta en contra de las actuaciones judiciales de los juzgados de Municipio, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, son los competentes para conocer en primera instancia, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil; entre esos fallos, tenemos el número 1203/2011 dictado en fecha veinticinco (25) de julio del año 2011, con ponencia de la magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, expediente número 2011-0779 (Caso: Mariela del Carmen Ramírez), donde precisó:
…
Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así: /(…)
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta. /(…)
…
Así lo ha sostenido esta Sala en reiterada y pacífica jurisprudencia, dentro de la cual puede citarse la contenida en la sentencia Nº 2347/2001, que al respecto señaló lo siguiente:
“De la norma contenida en el artículo 4 se desprende, que cuando se trate de resoluciones, sentencias, actos u omisiones que lesionen derechos constitucionales imputables a tribunales que tengan en la escala organizativa del Poder Judicial un superior específico o natural, debe ser éste el competente para conocer de las acciones de amparo interpuestas contra aquél y ello sólo a condición de que los mismos hayan actuado fuera de su competencia”. Resaltado de este fallo.
Es preciso aclarar que la competencia para conocer en amparo viene dada por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por el criterio competencial establecido en la sentencia dictada en el caso Emery Mata Millán citada, por tratarse de una materia especial;
…

Tal criterio jurisprudencial concuerda con lo establecido en el ya muchas veces citado y confirmado fallo numero 1555/2000 del ocho (8) de diciembre (Caso: Yoslene Chanchamire Bastardo), en el cual se precisó que:
Con relación a los amparos que se incoen de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como ellos deberán ser conocidos por los jueces superiores a los que cometen la infracción constitucional, de acuerdo al derecho material que gobierna la situación jurídica lesionada, dichos jueces superiores conocerán en primera instancia de esos amparos, mientras que los superiores jerárquicos conocerán la alzada y la consulta legal (Negrillas de ésta Corte de apelaciones).

Para ahondar en lo ya indicado, se debe indicar lo establecido en el artículo 9 de la Ley Carrera Judicial (1998) que establece que los tribunales de la República están organizados en tres (3) escalafones, a saber: “A” que se refiere a Cortes de Apelaciones y Juzgados Superiores, “B” que en alusión a los Juzgados de Primera Instancia y “C” tocante a Juzgados de Municipio, orden en el cual son enunciados en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998) donde se precisa que “Son tribunales de jurisdicción ordinaria: Las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio”, es decir, la organización de la competencia objetiva de los tribunales establece una jerarquización por categoría o escalafón, en el cual, los juzgados de Municipio o categoría “C” son la primera instancia de conocimiento, siendo su superior los de Primera Instancia o categoría “B”, los cuales tienen como jerarca a las Cortes o Tribunales Superiores o categoría “A”, ello sin considerar las competencias especiales establecidas en la Ley o por la Resolución 2009-0006 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha dieciocho (18) de marzo del año 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.152, de fecha dos (2) de abril del año 2009, no aplicable en materia de Amparo Constitucional. Así se determina.-
Ora, visto el criterio establecido anteriormente, el cual ha sido reiterado y pacíficamente mantenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe este sentenciador constitucional declararse Competente para conocer de la presente Acción de Amparo, en contra de las actuaciones del Juzgado Único de Primera Instancia en función de Juicio del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, a tenor de lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia fundamento en los artículos 118, 119, 120 y 121 Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución Nº 2018-0022 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que creó esta Corte. Así se declara.-

III
De la admisibilidad de la acción de amparo
Resuelto el anterior punto referente a la Competencia, pasa de seguidas a pronunciarse este Juzgador en sede Constitucional acerca de la Admisión de la presente pretensión observando que:
La presente pretensión obra en contra de la ciudadana Yelitza Coromoto Acacio Carmona, en su condición de Jueza del Tribunal Único de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del circuito judicial penal del estado Aragua, por considerar que la jueza le violo fragantemente su derecho constitucional a la libertad, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, causando graves daños y perjuicios al ciudadano Alcibíades Visbal, con la decisión dictada en fecha 26 de septiembre del año 2019, señalando taxativamente el accionante, lo siguiente:

Yo Alcibíades Visbal, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.628.378, civilmente hábil de profesión comerciante domiciliado en la Ciudad de la Victoria del Estado Aragua , asistido en este acto por los abogados en ejercicio JAIRO RODRIGUEZ Y MARCOS COLMENARES, Titulares de la cedula de identidad Nro. V-4.545.662 y V-6.547.367, e inscritos en el impreabogado bajo el Nro.93849 y 290.279 y también de este domicilio actuando en mi condición de Agraviado en virtud que me encuentro recluido desde hace 6 meses en los calabozos del CICPC Subdelegación de Tejerías del Estado Aragua, la juez sin que tenga un pronunciamiento violando todo los lapsos procesales, es por eso que ocurro ante su competente autoridad con el debido respeto con el fin de interponer formalmente recurso de amparo a la libertad personal o HABEAS CORPUS, por cuanto como se dijo me encuentro actualmente ilegalmente privado de libertad personal en franca violación al derecho de la libertad previsto en el Art. 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela , recurso que expreso en los siguientes términos :

Antecedentes y fundamentos de la presente acción.

De la competencia del tribunal de Control para conocer la pretensiones de amparo constitucional a la libertad personal o HABEAS CORPUS.

Durante la vigencia de la constitución Nacional de Venezuela del año 1961, se estableció en la disparicion (sic) transitoria V, que el competente para conocer el HABEAS CORPUS era el juez de primera instancia, sin embargo debido al cambio producido por el nuevo sistema previsto en la novísima 1999 y el Código Orgánico Procesal Penal, los tribunales penales cambiaron de denominación y aunque no lleva el nombre de primera instancia tanto el de control como el de juicio desde de vista funcional se considera tanto el de control según lo dispuesto en el segundo aparte del ART.64 ejusdem hacer respecto ala garantía procesales y de conocer la acciones de amparo a la libertad y seguridad personal salvo cuando el presente agraviante sea un tribunal de la misma instancia caso el cual el tribunal competente será el superior jerárquico, en este caso la corte de apelación del circuito correspondiente, así mismo esta acción de amparo se fundamenta en la disposiciones constitucionales contenidas en los Art.26, que establece el derecho del ciudadano a una tutela judicial y efectiva otorgándole a cualquier persona el derecho, al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus interés y el Art.27 ejusdem, toda persona tiene derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales aun de aquellos o en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos.

Procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, publica, breve, gratuita y no sujeta formalidades y la autoridad judicial competente tendrá potestad para establecer inmediatamente la situación juridica infligida o la situación que mas se asemeje a ella todo el tiempo sera hbail y el tribunal lo tramitara con preferencia a cualquier otro asunto

LA ACCION DE AMPARO A LA LIBERTAD O SEGURIDAD PODRA SER INTERPUESTA POR CUALQUIER PERSONA

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno por las declaraciones del estado de excepción o la restricción de garantías constitucionales.

DE LA ANMISIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCION.

Resulta admisible tal como enunciara UT SUPRA, Por cuanto a la fecha me encuentro privado ilegitamnete de libertad ya que me la ciudadana juez del tribunal unico de juicio se pronuncio el dia jueves 26 de septiembre del 2019 en la sala dictando 21 años , luego como tiene elementos ni fundamentos para dictar sentencia definitiva no ha podido pronunciarse hasta la fecha violado los lapsos correspondiente a los Art. 111,107 y 106 de la ley Orgánica sobre el derecho a la mujer de una vida libre de violencia , dejándose detenido sin ningún elemento probatorio en un deposito judicial como lo es el CICPC de la subdelegacion de tejerias de Estado Aragua, deposito de acumulación de seres humanos y por la situación ya me encuentro muy enfermo con una enfermedad prostatica avanzada y mi salud esta muy deteriorada y quizás no pueda aguatar mas porque tampoco me trasladan o me llevan a un hospital, esta razón esta ciudadana juez ha violado el derecho fundamental consagrado en ART.44 de la constitución de la republica bolivariana de Venezuela y desarrollando en el ART 250 Del Código Orgánico Procesal Penal

Una vez administrada y constatada la violación constitucional enunciada no le corresponde a este tribunal de control sino por actos, decretos de su procedencia por cuanto se dan los supuestos necesarios para su interposición vale decir que se esta violando en tiempo presente una disposición constitucional lo cual es constatable asi mismo fundamento la presente solicitud en los ART 39, 40, 42,43 de la ley Organica de Amparo sobre derechos y garantias constitucionales

Por todo lo ante expuesto en mi propio nombre y representado por los abogados: JAIRO RODRIGUEZ Y MARCOS COLMENARES, Solicito de este juzgado decretar su libertad inmediata restituyendo la situación juridica infrigida por en cuanto el mismo esta privado de su libertad constitucional e ilegalmente al proceso pagando una pena que no he cometido

Estando como esta cubierto los extremos deley solicitamos de este juzgado se sirva ordenar la libertad sindilacion de ningun tipo. Por cuanto el bien juridico del cual expide la tutela judicial es muy delicada como lo constituye la libertad personal y no deja lugar a dudas, una vez cumplido los extremos de las normas el juez que tuviese conocimiento de asunto esta en la obligación de atender dicho mandato legal y decretar de inmediato la libertad de quien estuviese privado de la misma.

Es justicia que se solicito a la fecha de presentación.

En este orden de ideas, se deja constancia que en el expediente principal no se encuentra la sentencia, sino el acta de fecha 26 de septiembre del año 2019, emanada de la Jueza del Tribunal Único de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del circuito judicial penal del estado Aragua, donde estableció lo siguiente:

…ACTO SEGUIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 360 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL SE DECLARA CLAUSURADO EL DEBATE PROBATORIO PASANDO EL TRIBUNAL A DELIBERAR. ESTE TRIBUNAL DE JUICION EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER , EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PROCEDE A DICTAR LA DISPOSITIVA DEL FALLO EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS, ESTE JUSGADO DE PRIMERA NSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO UNIPERSONAL, EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUNLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: De Conformidad(Sic) Con(Sic) Lo(Sic) Establecido(Sic) En(Sic) El(Sic) Artículo(Sic) 349 Del(Sic) Código Orgánico Procesal Penal CONDENA al ciudadano ALCIBIADES VISBAL, natural de Caracas Distrito Capital, nacido en fecha 14-09-1956, de 65 años de edad, de profesión u oficio: obrero, estado civil: soltero, titular de la cedula(sic) de identidad V- 5.628.378, domiciliado en … POR ENCONTRARSE PROBADA LA COMISION(Sic) DEL DELITOD DE ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN, TIPIFICADO EN LOS ARTÍCULOS 259 Y 260 CON LOS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE. A CUMPLIR LA PENA DE VEINTIUN(sic) (21) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PRISIÓNO. Se MANTIENE MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SEGUNDO: … TERCERO: El condenado permanecerá en la condición que detenta actualmente privado de libertad. SE ORDENA SU TRASLADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ARAGUA CON SEDE EN TOCORON(sic). Hasta tanto el juez de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución, decide lo conducente, lo que garantiza el estado venezolano, el cumplimiento de la condena a la cual ha quedado sujeto, una vez que el juez de primera instancia en funciones de ejecución realice el computo correspondiente y decida de acuerdo a las previsiones legales, acerca de la forma de cumplimiento de la misma. CUARTO: Se mantienen(sic) la medida de protección y seguridad a favor de la víctima,…

En lo que respecta al acceso a la vía constitucional y la procedencia de la Acción de Amparo en contra de este tipo de actuaciones de particulares, observa quien aquí se pronuncia, que la norma contenida en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales (Negrillas de este Tribunal).

Por lo que en principio, toda persona natural o jurídica, puede ser amparada en el goce y disfrute de sus derechos y garantías constitucionales, derecho que va de la mano con el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 26 de la Carta Magna, resultando procedente en su definitiva, si cumple con los requisitos de admisibilidad y si se constata la existencia de una transgresión de tales derechos, por lo que, debe esta Corte una vez constatada su competencia, analizar los requisitos de Admisibilidad y Procedencia de la acción de Habeas Corpus interpuesta. Así se analiza.-
Respecto a los requisitos de forma para la Admisibilidad de la Acción de Amparo, establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, una vez consignada las actuaciones se verifica que se cumplen con los mismos. Así se indica.-
Ahora bien, en lo que respecta a las causales de Inadmisibilidad indicados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, observa estos jurisdicentes, que:

Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
…
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
…

Aunado a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 1233/2006 del diecinueve (19) de junio, con ponencia del magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, expediente número 2006-0650 (Caso: Yexineths Coromoto Ortiz de Araujo), estableció respecto a la interpretación del citado artículo y la utilización de la Acción de Amparo en el caso de existir medios procesales judiciales ordinarios que:

Al respecto, la Sala observa que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
Sobre este particular, se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos y garantías constitucionales.
En tal sentido, reitera la Sala el criterio sustentado en la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (Caso: Oly Henríquez de Pimentel), donde apuntó:
"Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. Por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.
Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo, tal como lo argumenta el accionante); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso”.
Así las cosas, se evidencia que la parte accionante utilizó el mecanismo ordinario de oposición al embargo preventivo con respecto de la decisión del 27 de enero de 2006 dictado por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el cual es suficientemente eficaz e idóneo para plantear su pretensión -la oposición a la medida de embargo de autos a tenor de lo establecido en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, para el caso del adolescente, ya que el mismo actuaba como un tercero interesado.

Por otra parte, contra la decisión accionada que fue dictada el 27 de enero de 2006, por el referido Juzgado Primero, el padre del adolescente accionante ejerció recurso de apelación según lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil -en virtud de que el auto accionado le producía a su criterio un gravamen irreparable según de desprende de la norma in comento, ya que la misma es una sentencia interlocutoria que le causó un gravamen”

En efecto, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, establece textualmente lo siguiente: “De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan un gravamen irreparable”.

De allí que, observa la Sala que para la admisibilidad de la acción de amparo constitucional, ante la existencia y utilización de la vía ordinaria, se requiere la demostración de su falta de idoneidad para restablecer la situación jurídica infringida y evitar se causen daños irreparables, por lo cual el accionante deberá justificar y fundamentarse la interposición del amparo en la inexistencia o inidoneidad de la vía ordinaria, lo cual aunque es señalado someramente por la accionante en el presente caso, ya que la misma no señala claramente el porque la interposición de la oposición a la medida de embargo no satisfacía su pretensión, pues la parte accionante en el presente caso utilizó la vía ordinaria establecida en la Ley para enervar el decreto de embargo a fin de satisfacer su pretensión -oposición-, la cual fue debidamente tramitada y declarada sin lugar por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia, el 7 de marzo de 2006.

Ahora bien, esta Sala considera ajustado a derecho el criterio sostenido por el a quo en el fallo apelado, al haber declarado la inadmisibilidad de la acción de amparo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, fundamentando para ello el hecho de que el accionante había ejercido el 13 de febrero de 2006 la oposición a la medida de embargo, pero representado en ese caso por su progenitor ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la cual fue declarada sin lugar el 7 de marzo de 2006, siendo la misma apelada por el progenitor el 9 de marzo de 2006. En consecuencia, resulta forzoso declarar sin lugar la presente apelación y confirmar la sentencia apelada. Así se decide.

Abundante y prolífica ha sido nuestra jurisprudencia patria en materia de interpretación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales referente a la Inadmisibilidad de la Acción de Amparo, y su Admisión como medio extraordinario para resolver las presuntas violaciones de derechos constitucionales, cuando haya optado por ejercer las vías ordinarias para ello o existiendo las mismas, no haya incoado acción alguna en contra de tal situación, por interpretación en contrario de la indicada norma, casos en los cuales resulta Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional, criterio reiterado en el fallo número 6/2012 dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha trece (13) de marzo, con ponencia de la magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, en el expediente número 2009-1135 (Caso: Vivian Ruíz Del Vizo Iglesias en amparo). Así se advierte.-
Por lo que, sólo y sólo sí, no existe un medio ordinario judicial idóneo para resolver dichas situaciones o en el caso de que existiéndolo, la parte logre demostrar que el mismo es Inidóneo para restablecer la situación jurídica y para evitar daños irreparables, casos en los cuales, aun existiendo un remedio procesal ordinario, se haría admisible la acción de amparo constitucional, en virtud de que sería el único medio capaz judicialmente para resolver dicha situación, como último medio de los existentes en la paleta de defensas judiciales contenidas dentro del bloque de la legalidad, la cual en virtud de lo gravoso de la situación para los derechos constitucionales del presunto agraviado, que deban ser reparados por esta especial y extraordinaria vía. Así se declara.-
En el caso de marras, la parte presuntamente agraviada goza del derecho a ejercer su formal Recurso de apelación en contra del fallo dictado por la Jueza accionada, ello en cumplimiento del debido proceso judicial como medio idóneo, ordinario, eficaz y suficiente para alcanzar la justicia, precisando que en su acción de amparo constitucional, no indicó la razón por la cual considera que no sería efectivo ese medio ordinario, para subsanar la alegada situación jurídica supuestamente infringida, la cual estaba pendiente a la fecha de interposición de la presente acción de Amparo Constitucional, ello aunado al hecho de que ya había sido decretada con anterioridad la medida sustitutiva a la privativa de libertad, carga ésta, que ha sido impuesta por la jurisprudencia patria vinculante al actor que intenta una Acción de Amparo existiendo medios ordinarios contra las actuaciones delatadas como agresoras de sus derechos y garantías constitucionales, para resarcir la supuesta infracción de su derecho constitucional a la libertad personal, contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se evidencia.-
Como consecuencia del anterior razonamiento, considera esta Corte, que la Acción extraordinaria de Amparo interpuesta en contra del Juzgado presunto agraviante, no es la vía idónea para resolver la controversia en el caso de marras, por cuanto el accionante debía esperar el pronunciamiento de la Jueza y ejercer después el formal Recurso de apelación, no cumpliendo con la carga de indicar porqué no sería eficaz tal vía procesal ordinaria para satisfacer su pretensión, resultando entonces, Inadmisible la presente acción de Amparo, de conformidad a la interpretación que en Contrario Sensu (Sentido contrario) del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como la doctrina desarrollada por nuestro máximo tribunal y así será declarado en el dispositivo de este fallo. Así se concluye.-

IV
Decisión.
Con los fundamentos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones con competencia en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, actuando en sede constitucional, en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
Primero: Su Competencia para conocer el presente Acción de Amparo incoado por el ciudadano Alcibíades Visbal, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.5.628.378, en su carácter de imputado, asistido por los abogados Jairo Rodríguez y Marcos Colmenares, titulares de las cédulas de identidad números V.4.545.662 y V.6.547.367 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 93849 y 290.279 en su orden, contra de la ciudadana Yelitza Coromoto Acacio Carmona, en su condición de Jueza del Juzgado Único de Primera Instancia en función de Juicio del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua.-
Segundo: Inadmisible la presente acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano Alcibíades Visbal, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.5.628.378, en su carácter de imputado, asistido por los abogados Jairo Rodríguez y Marcos Colmenares, titulares de las cédulas de identidad números V.4.545.662 y V.6.547.367 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 93849 y 290.279 en su orden, contra de la ciudadana Yelitza Coromoto Acacio Carmona, en su condición de Jueza del Juzgado Único de Primera Instancia en función de Juicio del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la Mujer del estado Aragua, por interpretación en contrario del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se indica en este fallo-
Tercero: La presente acción de Amparo Constitucional no fue interpuesta de forma Temeraria, pronunciamiento que se hace en atención al artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.-
Cuarto: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo por no haberse trabado la litis.-
Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión.
Los Jueces de la Corte,

Dr. Alfonso Elías Caraballo Caraballo.
Juez Presidente (Ponente).

Dra. Mirla Bianexis Malavé Sáez.
Jueza Superior .

Dra. Ingrid Carolina Moreno García.
Jueza Superior.

Abg. Deisy del Carmen Escalante Aguilar.
La Secretaria.
En la misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.

Abg. Deisy del Carmen Escalante Aguilar.
La Secretaria.

Expediente Nº Provisorio 308.
Nº de Decisión Juris: DG022019000063.
AECC/MBMS/ICMG/DdelCEA.-