TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DE LA SECCIÓN PENAL ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 05 de Octubre del 2019
209° y 160°
CAUSA: 2CA-9471-19
JUEZA: ABG. ALIANI CASTILLO
DELITO: ACTO CARNAL
AUTO FUNDADO DE AUDIENCIA ESPECIAL DE PRESENTACION ACORDANDO MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA

Realizada como fuere la audiencia de presentación en el presente asunto penal, pasa de seguidas este Órgano Jurisdiccional de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente a emitir auto fundado en virtud de decisión dictada en Audiencia de Presentación realizada el día de hoy al adolescente HECTOR ABRAHAM CONTRERAS DUQUE, venezolano, titular de la cedula de identidad Nro. V.-30.655.095, natural de Maracay, estado Aragua, de 16 años de edad, nacido en fecha 01-07-2003, profesión u oficio: estudiante, residenciado en EL SECTOR PARAPARAL II, VEREDA 01, CASA NUMERO 02, DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCANTARA DEL ESTADO ARAGUA, de conformidad al artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas Adolescentes, audiencia en la cual la Fiscalía 17° del Ministerio Público, puso a disposición de este Juzgado al referido adolescente, por estar presuntamente incurso, en el delito de ACTO CARNAL, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal Venezolano. Solicitó se judicializara la aprehensión del a

dolescente de conformidad con la Sentencia 457 de fecha 11-08-2008 de la Magistrada Deyanira Nieves, la aplicación del Procedimiento: ORDINARIO, y MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, de conformidad con el articulo 582 en sus literales “b ” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En este sentido, se le impuso al adolescente del Derecho que le asiste en que le sea recibida su correspondiente declaración si así lo considera conveniente, de igual forma se le impuso del Precepto Constitucional contenido en el ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la exime en confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento; se le comunicó detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra. Se le instruyó también, que su declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, que tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ella recaen, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias. Fue impuesta igualmente, señalándole a la adolescente los derechos y garantías consagrados en los artículos 538 al 549 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

En este estado la Juez escuchó al adolescente: HECTOR ABRAHAM CONTRERAS DUQUE., venezolano, titular de la cedula de identidad Nro. V.-31.079.934, quién expuso: “Nosotros tenemos un año de noviazgo y los padres de ellos nos querían separar, es todo”.

En este estado la Juez escucho a la victima MARÍA JOSÉ VELOZ CARRASQUEL titular de la cedula de identidad numero v- 32.096.033, quien manifestó lo siguiente “Buenas tardes el no me obligo a mantener relaciones, estuvimos de acuerdo los dos, y yo fui la que le propuse esa idea de manifestar en la denuncia esa historia y el estuvo de acuerdo, nosotros somos novios desde hace año y medio, es todo”.

Acto seguido se le cede el derecho de palabra a la defensora publica ABG. ABG. Carmen Morales, quien expuso: ““Buenas tardes, esta defensa invoco el principio de presunción de inocencia de conformidad con el articulo 40 y 49 ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solicita una medida menos gravosa, contemplado en el artículo 582, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas, visto que mi representado ha sostenido una relación sentimental con la victima desde hace año y medio aproximadamente y los padres de la presunta víctima estaban al tanto de esta relación, es todo”.

Una vez oídas las partes, el Tribunal estima necesario hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar en lo que respecta a la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que se JUDICIALICE la aprehensión del adolescente en este acto presentado, el Tribunal observa que efectivamente, de lo expuesto por la fiscalía y del contenido de las actuaciones presentadas donde indica que: “En fecha 04 de Octubre de 2019, se presento previa boleta de citación ante el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas Sub delegación Mariño, el adolescente Héctor Contreras Duque, titular de la cedula de identidad V-30.655.095, por cuanto el mismo fue mencionado en entrevista realizada en fecha 03-10-2019 a la adolescente Genesis, donde mediante investigaciones de campo, entrevistas realizadas en torno al presente caso se logro precisar que el adolescente arriba identificado, mantiene una relación sentimental e intima con la niña quien figura como víctima y en virtud de que sus padres no aceptaban tal relación sentimental, el adolescente conmino y manipulo a la misma con el propósito de que le mintiera a sus padres y así desvirtuar la relación que mantenían, una vez obtenida dicha información se procedió a practicar la aprehensión del adolescente..”

Visto de lo anteriormente expuesto se desprende que evidentemente la aprehensión del imputado HECTOR ABRAHAM CONTRERAS DUQUE, venezolano, titular de la cedula de identidad Nro. V-31.079.934, no se produjo en circunstancias que permitieran calificarla como Flagrante, sin embargo, quien aquí decide que lo procedente y ajustado a derecho, es que se judicialice la aprehensión del adolescente.

Aunado a ello, tal y como lo citó esta Jurisdicente en Sala, en el presente caso se hace oportuno traer a colación lo sostenido por la Sala de Casación Penal del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en el fallo proferido en fecha 11-08-2008, expediente Nº C08-96, bajo la ponencia de la Magistrado DEYANIRA NIEVES, en la cual ad peden literae se dispuso lo siguiente:

“…Al respecto, considera la Sala, y así quedó asentado por el Juzgado Segundo de Control en la Audiencia de Presentación de Imputados, que si bien es cierto, la detención del ciudadano JORGE LUIS CAMACHO GIMÉNEZ, se realizó en violación al artículo 44, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo declararse la nulidad de la misma, por cuanto no existía ni orden de aprehensión ni fue sorprendido in fraganti, pues no es menos cierto que, el allanamiento se realizó con motivo a la averiguación signada con el expediente N° H-529.340, por uno de los delitos Contra la Libertad Individual (SECUESTRO).

Posteriormente, al ser presentado el imputado en dicha Audiencia de Presentación, los Fiscales del Ministerio Público solicitaron Medida Privativa Preventiva de Libertad (en base a un cúmulo de elementos de convicción llevados a cabo con anterioridad a dicha detención, y que fueron señalados por el Juzgado Segundo de Control al emitir sus pronunciamientos, en los cuales hace mención a las “…actas de entrevista rendidas por los ciudadanos Honel Salcedo, Jeiker Rafael Torres Vegas, Yohomer Felipe López Sequera, Jesús Antonio Laya Durán, Tania Lucia Caro y Alexis Caro…”), la cual fue acordada con fundamento a la ocurrencia de un hecho punible que merece tal sanción, la acción penal no se encuentra prescrita, existen fundados elementos para estimar que el mismo ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible (delito de secuestro), aunado a la existencia razonable del peligro de fuga por la pena que podría llegarse a imponer. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en un caso muy particular lo siguiente: “…esta Sala advierte que la privación judicial preventiva de libertad, tiene como fundamento la ocurrencia de un hecho punible que merezca tal sanción; que la acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible y que exista una presunción razonable -por la apreciación de las circunstancias del caso en particular- de que exista un peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de investigación, lo que implica que dicha medida puede decretarse aún en el supuesto que un Tribunal de Control no estime que exista delito flagrante en la audiencia oral respectiva…” (Sentencia N° 2176, del 12-09-2002).

De lo antes expuesto, considera la Sala, que efectivamente dicha Medida Privativa Preventiva de Libertad, impuesta al ciudadano imputado JORGE LUIS CAMACHO GIMÉNEZ, se aplicó a pesar de haberse decretado la nulidad sólo en cuanto a la detención, pues no existió orden de aprehensión ni había delito flagrante, no obstante, al haberse realizado la Audiencia de Presentación de Imputados, consideró el Juzgado Segundo de Control que tal solicitud Fiscal, debía ser acordada en base a las argumentaciones antes expuestas, y no como lo plantea la defensa que fue sólo con fundamento a la declaración (extrajudicial) rendida por el prenombrado ciudadano, al momento de su detención, lo cual sabemos que la misma no tiene validez sino fuese hecha ante un Juzgado de Primera Instancia correspondiente, debiendo estar asistido por un defensor, y habiéndosele informado de sus derechos y garantías constitucionales y procesales.

En este mismo orden de ideas, aparece demostrado en las actas que integran el presente expediente, que los Representantes del Ministerio Público, venían investigando el hecho punible con posterioridad al allanamiento practicado en la residencia del imputado, aunado a ello, tal y como se mencionó precedentemente, tal solicitud de Medida Privativa Preventiva de Libertad, se hizo en virtud del cúmulo de elementos de convicción que permitieron ejercer la acción al órgano fiscal, los cuales constan en dicha solicitud, así como en la Acusación presentada el 26 de marzo de 2008, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control, entre los cuales destaca, el Acto de Reconocimiento en Rueda de Individuos, en el cual la ciudadana (víctima) Betty Isabel Morera, reconoció al ciudadano imputado JORGE LUIS CAMACHO GIMÉNEZ…”

En segundo lugar, con relación al procedimiento a seguir para la presente causa, observa este Tribunal que el representante del Ministerio Público, solicitó que se aplicara el ordinario por cuanto faltan diligencias por practicar, por lo tanto, este Tribunal considera con lugar la presente petición, toda vez que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, en consecuencia se acuerda la prosecución del presente caso por el procedimiento ordinario, por cuanto nos encontramos en una fase de investigación y el Ministerio Público tiene un lapso para realizar la respectiva investigación para posteriormente presentar el acto conclusivo a que hubiere lugar, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, y en atención a que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es al titular de la acción penal quién conoce que elementos restan por recabar en la investigación para emitir el acto conclusivo más próximo a la finalidad del proceso, que no es otro que la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho.-

En tercer lugar, y con relación a la precalificación jurídica propuesta por el Ministerio Público en la audiencia especial, el delito de ACTO CARNAL, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal Venezolano. Solicitó la aplicación del Procedimiento: ORDINARIO, se JUDICIALICE la aprehensión y se acuerde MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, de conformidad con el articulo 582 literal “b”, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, este Tribunal de Control de la Sección Penal del Adolescente, la comparte por cuanto de las actuaciones que cursan en la presente causa, se evidencian suficientes elementos de convicción que hacen presumir a quien aquí expone que el joven pueda estar incurso en la comisión del delito. En el caso en estudio, el Ministerio Público, como titular de la acción penal solicitó la imposición de medidas cautelares para la adolescente, por lo que corresponde estimar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, determinando en primer lugar la irreprochabilidad penal del hecho imputado y los elementos de convicción presentados, en tal sentido, se observa que el delito imputado y que ha sido acogido por esta juzgadora es el de ACTO CARNAL, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal Venezolano, atribuible al adolescente, de la revisión de las actas que comprenden el presente asunto se pudo observar asimismo, que existe un hecho punible, el cual no se encuentra evidentemente prescrito, siendo procedente decretar para la adolescente la medida solicitada por el Ministerio Público prevista en el artículo 582 literal “b” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, consistente en: Supervisión y Vigilancia de su representante legal presente en sala, por lo que se acuerda la remisión de la presente causa a la Fiscalía 17º del Ministerio Público a los fines de que prosiga con la investigación; y así se decide.

DISPOSITIVA

Este JUZGADO SEGUNDO de Primera Instancia en Funciones de Control de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, Decide: PRIMERO: Se JUDICIALIZA la aprehensión, conforme a la Sentencia Nº 457, de fecha 11 de agosto del 2008, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves. SEGUNDO: Se decreta se ventile el procedimiento por la vía ORDINARIA en la presente causa a los fines que el ministerio Público continúe con la investigación. de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal por aplicación supletoria del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. TERCERO: El Tribunal acoge la precalificación fiscal por del delito de ACTO CARNAL, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal Venezolano. CUARTO: Se decreta la MEDIDA CAUTELAR para al adolescente: HECTOR ABRAHAM CONTRERAS DUQUE, de conformidad con el artículo 582 literal “b” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, consistente en: Supervisión y Vigilancia de su representante legal presente en sala. QUINTO: Se acuerda la remisión de la presente causa a la fiscalía 17° del Ministerio Publico del estado Aragua. De esta forma ésta Juzgadora da cumplimiento a lo previsto en el Artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la fundamentación de toda decisión emitida por el Tribunal.-Publíquese, Regístrese, Diarícese y Cúmplase.
LA JUEZA

ABG. ALIANI CASTILLO GALEANO.
EL SECRETARIO

ABG. DANIEL DIAZ RAMIREZ.

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.-

LA SECRETARIA

ABG. DANIEL DIAZ RAMIREZ.

Causa 2CA-9471-19
ACG/