REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL

Realizada como ha sido en esta misma fecha audiencia especial de presentación de detenidos en la presenta causa Nº 2C-38.144-20, seguida al ciudadano CARLOS ALBERTO ALEJOS, titular de la cedula de identidad Nº V-16.141.148, natural de ZARAZA, Estado Guárico, nacido en fecha 25-06-1978, de 44 años de edad, de profesión u oficio Albañil, residenciado en: BARRIO SAN CASIMIRO, CARRETERA NACIONAL, SECTOR EL TAPARO, FRENTE LA GRANJA AVICENTRO, teléfono: 0424-289.10.30(PADRE RICHARD MORALES). Este Tribunal Segundo en función de Control, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 232 y 240 del Código Orgánico Procesal Penal, procede de inmediato a publicar el presente auto, realizando previamente las siguientes consideraciones:
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Una vez iniciada la audiencia especial, las partes hicieron sus exposiciones y alegatos, el imputado rindió declaración, previa imposición del precepto previsto en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los derechos contenidas en los artículos 127 y 133 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:
El ciudadano Fiscal ABG. ANDROSS MITCHELL previa narración sucinta de los hechos y esbozando los elementos de interés criminalístico, expone: “Buenas tardes, esta representación Fiscal como titular de la acción penal, con las atribuciones conferidas en los artículos 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 37, numeral 16, de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, pone a disposición ante este Tribunal al ciudadano CARLOS ALBERTO ALEJOS , cuyas circunstancias de tiempo, modo y de lugar en la cual ocurre la aprehensión del mismo están ampliamente narradas en acta de investigación policial, en tal sentido solicito se decrete libertad sin restricciones, por cuanto el mismo presenta solicitud administrativa. Es todo”.
Seguidamente se impone a los imputados del precepto previsto en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como los derechos contenidas en los artículos 127 y 133 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se identifica y declara:
CARLOS ALBERTO ALEJOS, titular de la cedula de identidad Nº V-16.141.148, natural de ZARAZA, Estado Guárico, nacido en fecha 25-06-1978, de 44 años de edad, de profesión u oficio Albañil, residenciado en: BARRIO SAN CASIMIRO, CARRETERA NACIONAL, SECTOR EL TAPARO, FRENTE LA GRANJA AVICENTRO, teléfono: 0424-289.10.30(PADRE RICHARD MORALES). Expone: “No deseo declarar. Es todo”.
Seguidamente se le cede el derecho de palabra a la defensa publica ABG. VIVIANA FAJARDO, quien expone: “Solicito se decrete libertad sin restricciones, por cuanto es una solicitud administrativa y no lo requiere ningún tribunal, es todo”.
DE LA DECISIÓN
El representante del Ministerio Publico pone a disposición ante este Tribunal al ciudadano CARLOS ALBERTO ALEJOS, titular de la cedula de identidad Nº V-16.141.148, natural de ZARAZA, Estado Guárico, nacido en fecha 25-06-1978, de 44 años de edad, de profesión u oficio Albañil, residenciado en: BARRIO SAN CASIMIRO, CARRETERA NACIONAL, SECTOR EL TAPARO, FRENTE LA GRANJA AVICENTRO, teléfono: 0424-289.10.30(PADRE RICHARD MORALES); cuyas circunstancias de tiempo, modo y de lugar en la cual ocurre la aprehensión del mismo están ampliamente narradas en acta de investigación policial, en tal sentido solicitó una LIBERTAD PLENA.-
El proceso penal exige la adopción de medidas de coerción personal, precautelativas, destinadas a evitar que vean frustradas las exigencias de justicia y que incidan en la libertad de movimiento del imputado. Precisamente, es el espíritu del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando justifica la motorización del proceso en función del esclarecimiento de los hechos, y de la consecuencia de la justicia por la aplicación del derecho; tales postulados no trascenderían de un ideal intangible, ilusorio, si el proceso no dispusiera de mecanismos cautelares tendentes a hacer efectivo el sistema de Administración de Justicia. Entre ellos, imperan naturalmente las medidas de coerción personal, cuyo propósito fundamental es garantizar la presencia del imputado mientras se desenvuelve el iter procedimental.-
Ahora bien, en el presente caso se estima que NO CONCURREN las circunstancias a que se refieren los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la señalada en el numeral 3 del referido artículo 236, a saber; una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Por tal motivo es procedente la LIBERTAD PLENA del ciudadano CARLOS ALBERTO ALEJOS, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.-